¿Para qué votamos el 12 de marzo si no podemos elegir rector?
La consulta para la rectoría cuestiona los alcances de la democracia universitaria y que los resultados de la votación no sean vinculantes, pone en duda la incidencia de los estamentos en el proceso de designación rectoral. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / María Camila Monsalve A. Terminada la consulta electrónica y multiestamentaria del 12 de marzo, el actual rector y candidato a la reelección, John Jairo Arboleda, obtuvo la mayoría de los votos en seis de los siete estamentos que pueden participar de esta. Sin embargo, la consulta no es vinculante y la victoria de Arboleda no garantiza su designación para un tercer periodo. En cambio, es el Consejo Superior Universitario (CSU), actualmente conformado por ocho personas, el que tiene la potestad de elegir quién va a representar y dirigir la segunda universidad pública más importante del país. Para entender la forma de gobierno de la UdeA, y de todas las IES públicas del país, hay que volver a la ley 30 de 1992. Ésta establece que el consejo superior es el máximo órgano de dirección de cada universidad y está integrado por: la ministra de educación (o su delegado/a), el gobernador en el caso de las IES de carácter departamental (como la UdeA), una delegada del presidente de la república. Además, un representante por cada uno de los siguientes grupos: directivas académicas, profesores, egresados, estudiantes, sector productivo y exrectores universitarios. Actualmente, el Consejo Superior lo conforman: la ministra, Aurora Vergara; el gobernador, Andrés Julián Rendón; la delegada de presidencia, Salomé Restrepo; el representante de las directivas académicas, Wber Orlando Ríos; el de los profesores, Pablo Andrés Cuartas; el de los egresados, José Gustavo Jiménez; el del sector productivo, Marcos Ossa Ramírez; el de los exrectores, Jaime Restrepo y, desde el 2004, la representación estudiantil está vacante por decisión de este estamento. La ley 30 y el estatuto general de la UdeA definen que una de las funciones de las ocho personas que hacen parte del CSU es la de elegir al nuevo rector o rectora. En una universidad en la que hay aproximadamente 39 mil estudiantes y 6 mil docentes, además de los grupos de egresados, empleados y jubilados, vale la pena preguntar: ¿qué tan democrático es este sistema? La respuesta no se puede definir como algo en blanco y negro, más bien, se deben tener en cuenta todos sus matices. Deiman Cuartas Celis es economista, filósofo y profesor del Instituto de Estudios Políticos. Él menciona que el valor de la consulta multiestamentaria radica en su “carácter de indagación en la comunidad sobre quién considera que debe regir el destino del gobierno universitario”. En todo caso, el CSU hace una lectura de las consultas. Cuartas agrega: “si miramos, terminan siendo una minoría las que toman la decisión de quién será el nuevo rector o rectora”. El profesor explica que este sistema atiende a las circunstancias históricas que atravesaba la universidad y el país en el momento que fue aprobada la ley 30. Pero, “pasadas varias décadas, hay nuevas realidades. Además de tener un gobierno y una democracia universitaria, las personas y estamentos que componen la universidad como comunidad política no solo reclaman una representación, sino una participación más activa”. Cuartas menciona que las consultas no son solo mecanismos de indagación, sino que también permiten legitimar al candidato que elige el CSU. Esta idea la profundiza el abogado Carlos Mario Patiño, quien ha participado activamente de la campaña del candidato Luquegi Gil: “La consulta tiene un efecto esencialmente de legitimidad, porque si bien hay abstención, los que votamos en esa consulta participamos de los estamentos y del resto de escenarios de gobernabilidad. Entonces, si bien numéricamente no somos mayoría, políticamente sí representamos”. Lo anterior resulta clave a la hora de entender cómo votan algunos de los representantes de los estamentos. Por ejemplo, es usual que el voto del representante de egresados y profesores obedezca al resultado de la consulta electrónica, “el voto de los profesores debe asignarse en razón de la consulta, no por un asunto normativo, sino porque es el compromiso de los representantes profesorales”, resalta Patiño. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes (de pregrado o de posgrado) también participan en las consultas, pero a diferencia de los profesores o egresados, no hay un representante estudiantil ante el CSU que pueda votar en la designación. Esto ha sido así desde el 2004, por la postura de este estamento de no elegir un delegado/a por considerar que no representa la variedad de intereses o posturas que hay en la universidad. El estamento estudiantil es el segundo grupo más numeroso, detrás de los egresados, pero aun así, es uno de los que menos participa en las consultas. En el 2018 la abstención fue del 82,31%, en el 2021 llegó al 94.37% y este año al 85.5%. Las razones pueden variar: simple desinterés o desconocimiento, la sensación de que el voto no hace ninguna diferencia o que el hecho de que la consulta no sea vinculante, y que el CSU tenga la libertad de designar a cualquier candidato deja la sensación de que el proceso no es democrático y, por lo tanto, no vale la pena participar de este. Cuartas y Patiño coinciden en otro punto: lo difícil que es gobernar en la Universidad de Antioquia. Lo atribuyen a la diversidad de intereses de todos los estamentos que la conforman y, aunque el CSU no esté jurídicamente obligado a acatar el resultado de la consulta, el que lo haga permite lograr una gobernabilidad relativa. Aunque no ha sido siempre el caso. John Jairo Arboleda, fue ganador en las consultas de 2018 y 2021, y en cada caso designado por el CSU. Pero, hace nueve años, por ejemplo, Mauricio Alviar no ganó la consulta en ninguno de los estamentos, en cuatro de ellos ocupó el tercer lugar de las votaciones y, aun así, fue designado para el periodo 2015-2018. Este año se presentaron diez candidatas y candidatos al proceso de designación. Tras la consulta, el margen de ventaja que obtuvo
Ella también se hubiera reído
No quería entrar en la discusión de manera personal, pero me parece necesario. Todos tenemos situaciones que nos duelen y la mía es la muerte de mi mamá, que ocurrió hace diez años. Un día me hicieron un chiste sobre esto. No me reí, no porque me enojara, sino porque era un chiste malo. «A veces lo más gracioso por decir es cruel», dice Dave Chappelle al iniciar The Bird Revelation (2017). Ese especial de comedia fue fuertemente criticado por los chistes que hizo, especialmente por los relacionados con el movimiento #MeToo, el cual se amplificó en redes sociales por denunciar agresiones sexuales después de las acusaciones al exproductor de cine Harvey Weinstein. Chappelle también fue cuestionado por otros especiales que lanzó en Netflix. En 2021, la comunidad LGBTIQ+ presionó a la plataforma, tanto en redes sociales como con protestas frente a sus instalaciones en Los Ángeles, para que retirara The Closer (2021), debido a los chistes que el comediante estadounidense hizo sobre la población transgénero. Sin embargo, la compañía se negó. Hay quienes dirán que es solo comedia, que hace parte de la libertad de expresión; otros argumentarán que se trata de un discurso de odio. ¿Hasta dónde puede llegar la comedia? La ONU define el discurso de odio como «cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita ‒o también comportamiento‒ que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son», en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Si bien en este tipo de especiales de comedia encontramos algunas de estas características, ¿dónde está la diferencia entre atacar a alguien y hacer un chiste sobre una situación? En el cine, por ejemplo, el público suele ver con mejores ojos el abordaje de los temas delicados por medio del drama que por medio de la comedia. Pareciera que uno es una reflexión y el otro es una burla, pero el humor siempre ha sido crítico. Además, tanto el cine como la comedia son expresiones artísticas. Sus ideas están inspiradas por la realidad, pero se transforman para ser llevadas a la ficción. Sus temas pueden ser cuestionados por ser polémicos; sin embargo, si este tipo de situaciones no pasaran en la realidad, quizás no serían expresadas en el arte. George Carlin, que es considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor comediante de stand up de la historia, tenía un humor irreverente que cuestionaba a la religión, la política, la educación, el aborto, entre otros temas. En una de sus intervenciones en Back in Town (1996) dice: «Estos conservadores provida están obsesionados con el feto hasta los nueve meses. Después de eso no quieren saber nada de ti». Si llegó a ser tan polémico, ¿por qué sigue siendo recordado como uno de los mejores? Quizás los tiempos han cambiado y ya no nos parece tan polémico; o simplemente, en ese momento, los fragmentos de especiales de comedia no eran tan virales ni tan fáciles de sacar de contexto. «No puedes pretender que la comedia, imprudente o de otro modo, no tenga consecuencias en el mundo real. Las tiene. Puede reforzar (o retar) la manera en que la gente piensa. Se repite en los parques infantiles y en el trabajo. No es libre de consecuencias», dice el crítico de comedia Brian Logan en un artículo del diario The Guardian, refiriéndose a los especiales de Chappelle en Netflix en 2017. Cualquier idea, sea o no desde el humor, puede influenciar a alguien. Lo curioso es que Logan vea como una amenaza el estimular a la gente a pensar. Es muy difícil satisfacer a todos con el arte, porque para eso tendríamos que ponernos todos de acuerdo. Los comediantes de antes son más aceptados, nos parecen menos controversiales. Y tiene mucho sentido, porque están criticando los sucesos de su época, no los de la actual. Un chiste sobre el holocausto puede ser menos polémico ahora que en su momento. Pareciera que es menos ofensivo por el tiempo que ha pasado. Pero en la actualidad un chiste sobre la comunidad LGBTIQ+ puede llegar a ofender a mucha gente. Es entendible, ya que es un grupo que ha sufrido mucho y ha luchado por sus derechos. Aunque también es necesario entender que la comedia, desde la crítica, está para abordar los temas actuales. De eso se trata: de mostrar lo ridículas que son las situaciones de la vida real, incluso aquellas en las que se insultan y atacan a los grupos minoritarios y étnicos. Tratar estos temas desde la sátira y la ridiculización, y que podamos reírnos de esto, demuestra que más que una burla, es una crítica hacia nosotros mismos como sociedad. Habrá personas que no estén de acuerdo y las entiendo. Hay cosas que ofenden a cada uno. Lo dijo el mismo Chappelle: «Todo es gracioso hasta que te pasa a ti». Incluso, él cuenta en The Closer la trágica historia de cómo se suicidó una amiga transgénero y, de repente, hace un chiste. Reconoce que es inapropiado, pero como su amiga era comediante, y la conocía bien, sabe que se hubiera reído. Ahí me di cuenta de que no tenía nada de malo ver, de vez en cuando, la muerte de mi mamá con humor. Ella también se hubiera reído.
El salto de fe de Daniel Quintero
Dos conciertos gratuitos de música cristiana reunieron a casi 90 mil personas mientras terminaba la Feria de las Flores del 2023. Entre los asistentes estuvieron el entonces alcalde Daniel Quintero y Diana Osorio, su esposa. «Aquí empezó todo hace cuatro años, donde pusimos en manos de Dios nuestro gobierno», escribió el exalcalde en sus redes sociales junto a esta foto tomada en lo alto del barrio Popular después de renunciar a su cargo. Foto: Instagram @quinterocalle. El 14 de octubre de 2023, en la iglesia Comunidad Medellín se celebró el servicio de las siete de la noche como ocurre todos los sábados. El encargado de la predicación fue el pastor Andrew McMillan, fundador de la iglesia. McMillan les habló a sus fieles de dos conciertos de música cristiana en los que esa congregación participó durante la Feria de las Flores y, antes de pedir un aplauso, dijo: “Daniel y Diana Marcela, gracias por el apoyo de ustedes abriendo la ciudad a este tiempo de adoración. Estamos muy agradecidos”. El pastor miraba a una sección de asientos cerca del escenario principal. Allí estaban Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio. Las sillas tenían la marca de “reservados” y estaban en una zona acordonada junto a las de otras personas del staff de la iglesia. Cuando terminó el servicio, ambos se despidieron de varios de los pastores y salieron por una puerta cerca del escenario que daba directo a una calle del barrio San Diego. Los conciertos de los que habló el pastor McMillan hicieron parte del A Pesar de Todo Tour, un evento de música cristiana con dos fechas en Medellín, el 6 y 7 de agosto de 2023, al que asistieron aproximadamente 90 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, entre ellos, Daniel Quintero y Diana Osorio. En ambos eventos participaron unos 15 invitados entre oradores, pastores y artistas nacionales e internacionales. Las dos fechas se llenaron y la mayoría de los asistentes venían de decenas de comunidades e iglesias cristianas de la ciudad y el departamento. Días antes, el exalcalde Quintero afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que estos conciertos serían los más grandes de música cristiana realizados en Latinoamérica. También dijo que serían el cierre de la Feria de las Flores, a pesar de que no aparecían en la programación oficial publicada por la Alcaldía de Medellín. Pastores de las iglesias organizadoras, Comunidad Medellín y Gracia Church, le dijeron a De la Urbe que la Alcaldía y EPM estuvieron en la lista de entidades que apoyaron la realización de los conciertos y que tuvieron un acercamiento directo con Quintero y Osorio para la coordinación de estos. Comunidad Medellín fue fundada en abril de 1994 por los esposos y pastores estadounidenses Andrew y Kathy McMillan. Llegaron a la ciudad como misioneros de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, de Cali. Esta, a su vez, fue fundada en 1976 por dos pastores que llegaron de Virginia, Estados Unidos, y que también fundaron el grupo Misión Sudamérica que actualmente tiene 53 iglesias desplegadas en Colombia, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Suiza y Venezuela. En febrero de 2023, Comunidad Cristiana de Fe Medellín pasó a llamarse solo Comunidad Medellín. Además, se desligó de Misión Sudamérica y de su red de iglesias con la intención de expandirse de manera independiente. Hoy los pastores principales de Comunidad Medellín son Juan Guillermo Ricaurte, exjugador de Atlético Nacional, y Liliana Restrepo, su esposa, además del matrimonio McMillan que todavía hace parte de la iglesia. «Quintero empezó a mostrarse cada vez más cercano a la fe y eso es algo público, en sus consejos de gobierno siempre mencionaba a Dios» Gracia Church es la otra iglesia que participó en la organización de los conciertos. Tuvo un rol protagónico al ser la encargada de gestionar el estadio y la logística de este. Fue fundada por el pastor y empresario Richard García, un migrante dominicano que llegó a Texas, Estados Unidos, y en 2012 fundó el Ministerio Gracia en la ciudad de Arlington. Más tarde, la iglesia adoptó el nombre con el que es conocida en la actualidad. Después, abrió sedes en Georgia y Nuevo México, Estados Unidos. Siguió su expansión en Tabasco, México; Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y la última que abrió fue en Medellín, en 2022. Ese mismo año organizó el primer gran concierto. El pastor de la sede de Medellín es el administrador de empresas Alejandro Herrera, quien dijo que a su iglesia asisten entre 40 y 50 personas por servicios y le aseguró a De la Urbe que los pastores García y McMillan han tenido contacto de manera constante con el matrimonio de Daniel Quintero y Diana Osorio. Agregó que las conversaciones para la elección de las fechas de los conciertos fueron directamente con el despacho del alcalde. Además, Herrera confirmó que la gestión para usar el estadio fue realizada por su iglesia directamente con la Alcaldía de Medellín: “Desde el año pasado [2022] se dio esa gestión. Gente del gremio de espectáculos culturales supo del concierto que nosotros queríamos hacer y ellos nos llevaron con la Alcaldía”. Aunque no ofreció detalles sobre quién facilitó ese enlace con la Alcaldía, Herrera sí dijo que para el momento en que empezaron a planearse los eventos, Quintero “venía desde hacía meses buscando hacer un concierto cristiano”. Por eso, el acercamiento de los pastores con el alcalde y su esposa fue clave para que coincidieran sus intereses. “No habían encontrado el cómo ni el con quién hacerlo y llegamos nosotros y empezamos a hacer ese nexo con ellos. Ustedes quieren esto y nosotros también”, contó el pastor. El A Pesar de Todo Tour solo ha tenido cinco conciertos, dos en República Dominicana y los tres restantes en Medellín. Eso porque, además de los dos conciertos con los que cerraron la Feria de las Flores del 2023, ya en 2022 esas iglesias habían organizado otro, también con el “apoyo logístico” de la Alcaldía, según asegura Herrera. Ese apoyo podría explicar por qué buena parte de esos
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
Poor Things: ¿hasta qué punto es aceptable la libertad de una mujer?
El 25 de enero se estrenó en Colombia Poor Things, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone. Esta adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, ha sido controversial por su apuesta bizarra y explicita y por las diversas interpretaciones de su contenido que oscilan entre halagos por ser feminista y críticas que la tachan de romantizar la pedofilia. Foto: Searchlight Pictures. Hablar de Poor Things y de su mensaje requiere una disección rigurosa, como las que practica el doctor Godwin Baxter en sus clases de medicina. Requiere entender que en esta película, más que en muchas otras, es fundamental establecer el pacto poético para sumergirse sin miramientos en su mundo bizarro y absurdo. Y requiere trascender las acusaciones de apología a la pedofilia y glorificación del trabajo sexual para desentrañar lo que tiene para decir sobre la experiencia de ser mujer. Bella Baxter es una mujer nacida de la inserción del cerebro de un bebé en el cráneo de su madre suicida que murió ahogada. Habita un cuerpo adulto de mujer a la par que experimenta el mundo con la curiosidad e inocencia de una niña, y a través de sus sentidos y curiosidad se relaciona con una sociedad que no está preparada para recibir una mujer desinteresada en las cadenas que le impone. Esta extraña Frankenstein, producto del ingenio morboso de un científico loco que no le permite salir de casa, comienza, casi simultáneamente, a interesarse en el mundo exterior y a explorar el placer sexual, viviendo su nueva vida entre la emoción por las posibilidades de la existencia que se presentan ante ella y los deseos de control de los hombres que la rodean. Todos, con mayor o menor bondad en sus intenciones, esperan que ella se adapte al molde que le han diseñado en sus mentes y se descolocan al ver que, aunque ciertos aspectos de Bella satisfacen sus expectativas, ella es mucho más que las facetas que se acomodan a sus deseos. La película no aborda la sexualidad de Bella como un vehículo hacia la libertad, sino que cuestiona en qué medida es aceptable para los hombres la liberación sexual de la mujer. A través del sexo Bella descubre el placer y el conflicto de ser mujer, o como diría ella, «azúcar y violencia». Desde el descubrimiento de la masturbación hasta la prostitución, se permite explorar diferentes formas de sexualidad femenina y en cada una de ellas descubre los lastres que las acompañan: prohibición, posesividad, manipulación, explotación. El sexo como libertad es defectuoso en tanto les sirve a los hombres a su alrededor para ejercer su poder sobre ella. Bella parte siendo una increíble compañera para Duncan, entusiasta y ávida de sexo, pero cuando comienza a escaparse de sus manos y a adquirir una complejidad molesta para sus expectativas de posesión, se convierte en un absoluto tormento. Él quisiera que Bella fuese pura sumisión y deseo sexual, en cambio Alfie, el ex marido de su cuerpo, asume ese deseo sexual como el obstáculo para su sumisión; y Swiney, la dueña del burdel de París, valora su deseo, pero preferiría que no viniera con esa mente hábil y curiosa que le plantea cuestionamientos sobre las dinámicas del prostíbulo. Al fin y al cabo, lo que les molesta es que el placer de Bella le pertenezca a ella. Aunque la película se expanda a toda la experiencia de Bella en su interacción con el mundo, su centro nunca deja de ser la sexualidad de la mujer, cayendo en el pecado de Barbie de poner el comentario de la película bajo una luz evidente, pero con mucha más gracia y un mejor balance entre historia y mensaje. Esto no significa que ratos no descuide su propia trama, dejando un par de huecos como la pregunta por su menstruación, las enfermedades sexuales o el papel de Felicity; y sacrificando una exploración más exhaustiva de otras facetas del mundo, que solo se vislumbra en su máxima expresión con la aparición aquellos amigos del barco que le hablan de filosofía y desgracia. A pesar de los defectos del guion, Poor Things es una película redonda, con cada aspecto, desde la cinematografía hasta la banda sonora, contribuyendo a la potenciación de la experiencia sensorial. Los colores vibrantes, los cielos expresivos, las ciudades victorianas pero futuristas y los sonidos discordantes de la banda sonora nos permiten sentir el mundo como Bella, en toda su agobiante maravilla, mientras apreciamos su crecimiento y la evolución de su mirada de la mano de Emma Stone, que da una actuación fascinante capaz de dar vida de forma convincente a un personaje que fácilmente podría caer en una ridícula caricatura. Con la producción más grande de su carrera, Yorgos Lanthimos consigue ofrecer algo completamente diferente a lo antes visto en su filmografía, sin abandonar la rareza, la pregunta incesante y el interés por la naturaleza humana que tanto lo caracteriza. Poor Things no es una doctrina sobre mujeres, sexo y libertad, porque Lanthimos no vende certezas, es un punto de partida para discutir las relaciones que se entretejen entre las tres y conversar con el feminismo.
La nueva mesa del poder en la UdeA: hacia el cambio de rectoría
Los resultados de las últimas elecciones presidenciales y regionales reconfiguraron la composición del Consejo Superior Universitario de cara a la próxima elección de rector. Tanto el presidente Petro como el gobernador Rendón tendrán votos en esa designación en marzo de este año. El 24 de noviembre de 2023, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, comenzó a conformar su gabinete. Uno de los primeros nombres que reveló fue el de Mauricio Alviar como secretario de Educación. La designación recorrió los pasillos de la Universidad de Antioquia, de la que Alviar fue rector entre 2015 y 2018. Las conversaciones entre burbujas de café y puestos informales de venta no se debían solo a que fuera un viejo conocido de la UdeA, sino a las polémicas que rodearon su rectoría y que auguran un ambiente tenso. Alviar asumió el cargo como secretario a pocos meses de que termine la rectoría de John Jairo Arboleda. En marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá elegir quién ocupará ese cargo para el período 2024-2027, durante casi el mismo tiempo en el que Rendón estará en la Gobernación y Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín. Una nueva rectoría Después del cierre del periódico De la Urbe, la UdeA dio a conocer las nueve candidaturas acreditadas para el proceso de designación del nuevo rector: Carlos Fernando Arroyave, John Mario Muñoz, Elvia María González, Luquegi Gil Neira, Natalia Gaviria Gómez, Ramón Javier Mesa, Jaime Andrés Cano, Javier Darío Fernández y el actual rector, John Jairo Arboleda, son las opciones sobre la mesa del CSU. Antes de que se conocieran oficialmente, las “maquinarias” académicas ya estaban en marcha. Quienes tienen asiento en el CSU elegirán quién ocupará ese cargo, y allí la figura del gobernador de Antioquia es clave. No solo porque es quién lo preside, sino también por la influencia que puede tener sobre otros integrantes de ese consejo, máximo órgano de dirección y gobierno en las universidades del país desde la Ley 30 de 1992. Como explica el rector Arboleda, los gobernadores suelen delegar la participación en el CSU en su secretario de Educación. Esto significa que Mauricio Alviar volverá a ser un participante asiduo de esas reuniones, ya no como rector, una posición en la que tenía voz pero no voto, sino como portador de la voluntad del nuevo gobernador. La politóloga Maritza Trujillo, quien fue relatora de las reuniones del CSU y ahora es docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA, considera que el nombramiento de Alviar se explica porque conoce sobre la administración de las universidades públicas. Es economista y fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Además, como rector de la UdeA, también fue representante de las universidades estatales ante el Consejo Nacional de Educación Superior y, tras terminar su gestión, fue designado como representante de los exrectores ante el mismo CSU. Incluso Salomé Restrepo, representante del presidente Gustavo Petro ante el CSU, considera que la presencia de Alviar “es una gran oportunidad para contar con un aliado conocedor del sistema de educación pública”. Esa opinión es cuando menos curiosa si se tiene en cuenta que ambos, Restrepo y Alviar, estarán sentados en la mesa como representantes de dos sectores políticamente antagónicos. Con el triunfo de Rendón en la Gobernación y la previa llegada de Petro a la Presidencia de la República, el CSU de la UdeA tiene una conformación inédita. Pese a ser los órganos máximos de gobierno en cada universidad pública, la distribución del poder dentro de los consejos superiores ha sido motivo de reclamo por parte de varios estamentos universitarios, principalmente los estudiantiles. Esto porque consideran que quienes toman algunas de las decisiones más importantes en sus instituciones no representan los intereses de las comunidades universitarias. En el caso de la UdeA, la silla del representante de los estudiantes está vacía desde el 2004, cuando terminó el período de Wilmar Mejía. En diferentes momentos los estudiantes han justificado esa decisión por cuestionamientos a la representatividad concentrada en una sola persona y porque su participación puede validar decisiones en las que su influencia sería mínima. La distribución de los nueve puestos del CSU ha favorecido la concentración del poder presidencial en las universidades. El presidente de la República nombra a un representante, pero también lo hace el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, puede llegar a tener influencia en el nombramiento de otros integrantes, como el representante de los exrectores. Y aunque no es parte del poder presidencial, el gobernador de Antioquia también tiene más de un puesto: el suyo, en propiedad o delegado en el secretario de Educación, y además influye en el nombramiento del representante del sector productivo, que se elige entre candidatos postulados por los gremios económicos del departamento. En las últimas décadas, los gobernadores de Antioquia no se han alejado mucho de la línea política presidencial, por lo que unos y otros puestos podían conformarse como un bloque de poder dentro del CSU. Es allí donde está lo inédito del nuevo CSU, en la distancia explícita y evidente entre los gobiernos nacional y departamental. Los demás puestos los ocupan representantes de profesores y egresados, así como del Consejo Académico. Además de esta distribución –que es uno de los puntos que el Gobierno nacional quiere cambiar mediante su propuesta de reforma a la Ley 30–, un elemento adicional sugiere que puede haber tensiones en el CSU: la coincidencia de Alviar y Arboleda. Ambos se disputaron la rectoría de la Universidad para los dos últimos períodos; Alviar fue elegido en 2015 por encima de Arboleda, y luego, en 2018, perdió contra este en su intento de relección. Restrepo, la representante de Petro, agregó que no desconoce que pueden existir diferencias políticas, pero dijo que “la universidad es un valor superior a las disputas partidistas”, por lo que asegura que seguirá trabajando con la Gobernación. Por su parte, el rector Arboleda aseguró que, más allá de sus líneas políticas, los gobernantes han sido “respetuosos” de la autonomía de la UdeA y “no tienen mayor
Educación y GenZ, esa conversación incómoda – Editorial
Es un momento crítico. Por eso, es necesario encontrar códigos que nos permitan entendernos y encausar esta discusión. Hasta el proyecto de universidad como lo conocemos está en riesgo y quizás sea necesario construir y acordar uno nuevo. Las descripciones sobre una generación se parecen mucho a los horóscopos que otorgan ciertas características a grupos de personas basadas en lo aleatorio de una fecha de nacimiento. Sin embargo, esas formas de etiquetar, que a su vez crean relatos que se transforman en identidades, tienen cierta utilidad. Requerimos de las categorías para entendernos, tanto como de la crítica permanente hacia las generalizaciones, los prejuicios, las injusticias, las cadenas y las condenas que esas etiquetas pueden entrañar. Hablar de los centennials o Generación Z –como ha sido con los millenials– encarna ese riesgo de reproducir como universales características que no lo son; de desdibujar las experiencias particularísimas de cada individuo en su contexto histórico y social, en su experiencia única, personal e intransferible. Esa es la primera salvedad necesaria para encarar una discusión urgente: ¿cómo nos estamos relacionando con la GenZ y sus necesidades en el sistema educativo? Y ¿cómo los GenZ se están adaptando a las demandas que este les impone? No son preguntas caprichosas: cualquiera involucrado en procesos pedagógicos podrá dar cuenta de las tensiones crecientes que implica esa relación, sobre todo si lo hace desde la docencia; y podrá confirmar que no es una preocupación abstracta, que se hace cada día más concreta, tanto desde los descalificativos que se refieren a una «generación de cristal», hasta aquellos que, aún con torpeza, tratan de adaptar sus métodos de enseñanza. Lejos de definir cómo son quienes nacieron más o menos entre 1995 y 2010, es posible describir en qué contexto crecen: un mundo hiperconectado en el que las desigualdades se convierten en barreras de acceso para millones; una multiplicación exponencial de información y contenidos que parecen «al alcance de la mano», pero nos llegan con la mediación tiránica de los algoritmos y las inteligencias artificiales; un quiebre radical respecto a las narrativas ideológicas de la modernidad que nos avoca a una crisis permanente de sentido; una desmaterialización de los entornos laborales y educativos que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de adaptación; una emergencia climática que podemos seguir minuto a minuto, pero frente a la cual no se han tomado decisiones drásticas para frenarla; y un largo etcétera que incluye nuevas guerras, pandemias y tantas otras herencias que las generaciones más adultas les han dejado a las jóvenes para que resuelvan… si pueden. Esta generación representa un quiebre en la relación con el conocimiento. Así lo sugiere el quiebre en el efecto Flynn, un fenómeno de aumento de la inteligencia que se mide por medio de ciertas pruebas, que ha sido significativo y sostenido desde 1930 en países como Estados Unidos y Noruega. Varios estudios, principalmente del norte global, señalan que ese efecto se estancó e incluso reversó en las últimas dos décadas. En una simplificación riesgosa, esto significaría que los nativos digitales son «menos inteligentes». Pero hay que insistir en que se trata de unas pruebas específicas que son insuficientes para medir todo lo que la inteligencia implica. La contracara de esa conclusión puede leerse en la advertencia que el filósofo francés Michel Serres hacía en Pulgarcita (2014): las generaciones más jóvenes piensan distinto: «Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas, ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza«. Reconocer el trecho entre acusarles de ser menos inteligentes y comprender que piensan distinto puede enmarcar mejor esta discusión, pero es necesario entender ese cambio en la forma de pensar. Hay nuevos sistemas de valores, más sensibilidad frente a la salud mental y la necesidad de equilibrar el trabajo con otras dimensiones de la vida; también sobre las identidades sexuales y de género y sobre la emergencia climática. Y, por supuesto, hay un cambio de actitud frente al sistema educativo que implica que menos jóvenes incluyen la educación superior tradicional en su proyecto de vida. En 2019, el filósofo y experto en educación Francisco Cajiao lo señalaba así para Razón Pública: «Las historias de jóvenes que se vuelven ricos de la noche a la mañana con un canal de YouTube, diseñando una aplicación o con una idea interesante hacen mella en quienes necesitan una excusa para no embarcarse en proyectos difíciles y de largo plazo». Según Cajiao, en la última década dejó de aumentar el número de matriculados y las universidades comenzaron a perder estudiantes. En la UdeA, por ejemplo, han decrecido los aspirantes: para el 2020-I, antes de la pandemia, fueron 50.490, mientras que para 2023-II fueron 27.119, casi la mitad. Pero quizás el «cambio de cabeza» aluda a algo más profundo. El filósofo y profesor tunecino Pierre Lévy –alumno de Serres– plantea cuatro revoluciones culturales: la escriba, la alfabética, la tipográfica y la algorítmica. La tipográfica parte de la invención de la imprenta y se corresponde con la revolución industrial y con la aparición del Estado-nación. También con la creación de la escuela moderna, masiva, obligatoria y con programas homogeneizados. Hoy atravesamos la revolución algorítmica. Es el momento de la economía de la información y de las humanidades digitales; también de la transformación hacia una inteligencia colectiva que se nutre de la individual mediante la «memoria común». Este momento implica otros relacionamientos en los que estar cerca de una fuente de conocimiento pierde relevancia. Como llama la atención Lévy, «el problema es repensar la educación en este entorno». ¿Significa que universidades como la nuestra caducaron? ¿Basta con volcar los esfuerzos hacia la integración de plataformas tecnológicas como nuevos canales para viejos discursos? ¿Es momento de
La jugada prohibicionista del alcalde
Foto: Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas. La «jugada» de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público. Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una «criminalización administrativa mediante restricciones policiales» y una «falsa solución a los problemas de seguridad». La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras. El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos. Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial. Esa fue la parte que le quedó faltando. Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto. El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos. A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019. Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados. En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos. Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa. En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.
Paz es paz, pero plata es plata
El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro. Ilustración: Sara Uribe de los Rios El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali. La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico. Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016. Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la
Nuevo mapa político de Antioquia: más coaliciones y más alcaldesas
Con el 99,97% de las mesas informadas (15.837 de 15.841) por parte de la Registraduría, el mapa político del departamento para los próximos cuatro años ya está definido. ¿Qué tanto cambió con respecto a 2019? Foto: Colprensa. Este es el panorama en los 125 municipios de Antioquia: en 80, las alcaldías quedaron en manos de coaliciones, es decir, alianzas entre dos o más agrupaciones políticas para llegar al poder y tomar decisiones en el gobierno de turno. Esta figura no es nueva en Colombia, pero se formalizó en la Constitución de 1991. En 39 municipios ganaron partidos o movimientos políticos con personería jurídica; y en seis ganaron candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral define a estos grupos como figuras temporales que permite “postular listas y candidatos a una determinada contienda electoral”. El Valle de Aburrá: el corazón electoral del departamento En los 10 municipios del Valle de Aburrá se registraron 1’639.774 votos. Esto significa que de todos los votos de Antioquia, el 56,07% se concentra en esta subregión. En Medellín, Federico Gutiérrez, quien obtuvo 689.519, arrasó con el partido Creemos (en 2015 ganó la Alcaldía con 246.221 votos). Esta mismo partido logró la alcaldía de Copacabana con Jonathan Pineda. En La Estrella, el grupo significativo “Una Estrella para todos” ganó con la candidata Liliana Ramírez, prima de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. De acuerdo con los resultados de preconteo, le ganó al candidato Carlos Ramírez por 10 votos. En los siete municipios restantes del Valle de Aburrá, los ganadores fueron candidatos avalados por coaliciones. Gráfica: Walter Arias Hidalgo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todo el departamento habían 5’246.344 personas registradas para votar en las Territoriales del 2023. Es decir, de cada cien votantes registrados en el país 13 eran de Antioquia. Este departamento solo es superado por Bogotá en potencial electoral. Creemos, el partido de Fico, obtuvo 751.495 votos para sus diferentes candidatos a las alcaldías en Antioquia, la votación más alta para una agrupación política en el departamento y una de las más altas en Colombia. Sin embargo, estos resultados solo se reflejan en tres municipios donde ganaron los candidatos: Medellín y Copacabana (Valle de Aburrá) y Entrerríos (Norte). Antioquia ha sido un bastión del partido Centro Democrático. Sin embargo, este partido solo ganó en tres municipios: Andes, Donmatías y San Rafael. A pesar de esto, el partido de Álvaro Uribe se quedó con la Gobernación de Antioquia. Es la primera vez que lo consigue. El tradicional Partido Conservador logró 10 alcaldías. Es el partido político, en solitario, que más municipios conquistó. Le siguen el Partido de la U, Alianza Verde y el Partido Liberal. Cada uno logró cuatro. El auge de las coaliciones Las coaliciones se quedaron con 80 alcaldías, el 64%. Esto significa que hubo un incremento del 43% con respecto a 2019, cuando esos grupos ganaron en 56 municipios. Las subregiones donde más vencieron estos pactos fueron Oriente y Suroeste. Cada una con 18 alcaldías. Las coaliciones dificultan el análisis sobre cuál es la postura de un/a mandatario/a municipal frente al Gobierno Nacional. Por ejemplo, en el municipio de Abejorral (Oriente) el candidato ganador fue Manuel Alberto Guzmán de la coalición Unidos Volvemos a Creer. Esta coalición está conformada por el Partido Liberal Colombiano, alineado con el gobierno; el Partido Conservador Colombiano, en independencia y el Partido Cambio Radical que está en oposición. Más alcaldesas A partir de 2024 habrá un 120% más de mandatarias en Antioquia. Fueron 22 las mujeres que se quedaron con las riendas de sus municipios, la mayoría en las subregiones de Oriente y Occidente. En 2019 ganaron 10, cinco menos que en las elecciones de 2015. El aumento de alcaldesas y de coaliciones, y la disminución de partidos o movimiento políticos con personería, y de grupos significativos de ciudadanos, son algunos de los datos que configuraron el nuevo mapa político de Antioquia, al menos en lo que tiene que ver con quienes estarán a la cabeza de las administraciones municipales. Finalizado el preconteo de votos inicia el proceso de escrutinio, el cuál dará de manera oficial el nombre de cada alcalde y alcaldesa de los municipios. Este proceso puede tardar días y en algunos casos puede arrojar que el margen de error del preconteo dio por ganador a un candidato diferente al que pueda quedar en el escrutinio. En La Estrella, por ejemplo, la diferencia entre un candidato y otro es de solo 10 votos y puede que con el escrutinio el candidato ganador sea diferente al que dio el preconteo. En todo caso, en los próximos días se confirmará definitivamente el nuevo mapa político de Antioquia que estará vigente por los siguientes cuatro años. Gráfica: Walter Arias Hidalgo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.