Ni es mar, ni es playa. Es innovación cosmética
La obra no estaba incluida dentro de los proyectos estratégicos que la alcaldía presentó a inicio del cuatrienio, ni durante la discusión del Plan de Desarrollo. Pero el proyecto ya arrancó.En el episodio #56 de Hablalo conversamos con César Hernández, exdirector de Planeación de Medellín y defensor del proyecto, quien nos explicó que para estos proyectos de espacio público generalmente no se contemplan los efectos de estas obras en el costo de vida de la ciudad, sino que buscan mantener el concepto de Medellín como una ciudad innovadora ante la mirada de los turistas, con el fin de superar la estigmatización de Medellín como la ciudad más violenta del mundo hace 20 años. Entrevista: Valeria Morales Londoño y Juana Zuleta Betancur. Producción general: Valeria Morales, Juana Zuleta, Santiago Vega y Daniela Sánchez.
Selva en fuga: el tráfico de madera que devora los bosques bolivianos
En la frontera entre Bolivia y Perú, el paso de madera ilegalmente extraída de la Amazonía, incluso de zonas protegidas, es común y se hace en medio de un entramado de corrupción en varios niveles y con la participación de grupos que siguen operando entre las sombras, invisibles pero presentes. Los controles de los dos Estados son pocos, a veces no llegan a tiempo y otras, nunca. Los bosques del departamento de Pando, Bolivia, ocupan una superficie aproximada de 6,4 millones de hectáreas, de las cuales 94 % corresponden a bosques tropicales. Inserto completamente en la Amazonía, este departamento alberga una rica biodiversidad. Los árboles de sus bosques pueden alcanzar más de 40 metros de altura y vivir varios siglos. Foto: Eduardo Franco & Ernest Drawert. Selva adentro, en el norte del departamento de Pando, Bolivia, la vegetación parece tragarse la ruta. El paisaje se vuelve más denso y menos vigilado. En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con Perú. Por este camino, los vehículos escasean. Solo las motocicletas cruzan el monte con frecuencia, muchas cargadas hasta con cuatro miembros de una familia, incluidos niños. Por el mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes. No vienen por turismo ni por parentesco. Son traficantes de madera. https://delaurbe.udea.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Drone-bosques-Pando-Bolivia.mp4 “Sí, hemos vendido madera a peruanos”, admite un miembro de la comunidad rural campesina, usualmente llamados comunarios, que prefiere no revelar su nombre. Lo hace sin orgullo ni temor, como quien comenta algo cotidiano. “En triple”, explica. Cuando le preguntamos si entra hasta la comunidad, la respuesta llega sin vacilación: “Entra hasta donde sea. Rompe el monte”. Los triples son grandes camiones con tres pares de ruedas parecidas a las de un tractor. Su carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador, e ingresados a Perú desarmados como chatarras. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar y son usados para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada. Una vez hecho el trato con el comunario, los triples ingresan atropellando la selva con su doble tracción, resistiendo el barro y trepando pendientes. En ellos van los responsables de cortar y cargar la madera: taladores y estibadores. Llevan motosierras, combustible, y los llamados “castillos”: una herramienta de metal que une a dos motosierras para que puedan cortar al mismo tiempo, aserraderos móviles que pueden transformar un tronco de 40 metros en tablones en cuestión de horas. Operan de noche, en grupos pequeños, eficaces. Entran, cortan, acumulan la madera en lugares conocidos como “rodeos” y finalmente, los estibadores la cargan a los triples para regresar a Perú. «Las especies codiciadas son: mara, cumarú, cedro, roble, y almendrillo. Paradójicamente, las últimas tres tienen prohibición de extracción y se encuentran bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres». (CITES). Algunos cruzan incluso los límites de la Reserva Manuripi, donde la extracción maderera comercial está completamente prohibida. Aun así, los campamentos se montan. Los motores rugen. Los árboles caen. La ley es apenas un murmullo. Desde 2005, los guardaparques han realizado operativos para desalojar campamentos y quemar triples incautados. El último se registró en 2023, según un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Nos pide reservar su nombre. Los traficantes han puesto un precio sobre su cabeza. Lo que se arriesgan a hacer no es menor. Transportar madera ilegal por rutas bolivianas debería implicar el cruce de al menos algún punto de control. Pero en toda la carretera recorrida por nuestro equipo periodístico, solo se encontraron dos controles policiales. El más cercano a las comunidades, en Empresiña, es apenas una cabaña de madera con una cuerda colgante que se alza para dar paso. «No hay puntos de control forestal. No existen oficinas de aduana. Y cuando no hay papeles que acrediten el origen de la madera, los billetes hacen el trabajo. Con sobornos, los oficiales miran a otro lado. Todo tiene lugar en un paisaje que parece diseñado para el contrabando, donde los árboles valen más muertos que vivos». Los papeles que blanquean la madera ilegal Después de viajar en triple, la madera es cargada a un camión semitrailer y se moviliza con la obtención de una Guía de Transporte Forestal (GTF) falsificada. Cuando es legal, esta guía se trata de un documento oficial emitido por el Estado peruano, que “ampara la movilización de productos y subproductos forestales maderables”. El camión “triple” peruano decomisado en febrero de 2025 por la ABT Pando en un operativo en la comunidad Alta Gracia, municipio de Filadelfia, está estacionado afuera de sus oficinas en Cobija. Foto: Eduardo Franco. Pero nada en este negocio ilícito es gratuito. Obtener una de estas guías, esa hoja que abre las barreras al contrabando, no es un trabajo sencillo ni barato. Hasta ahora, dos grandes entramados han sido develados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Madre de Dios, departamento peruano que comparte una línea fronteriza de aproximadamente 120 kilómetros con Bolivia. El primero, en 2020, se denominó “Los Hostiles de la Amazonía”. Una red de extracción, acopio y transporte de madera con ayuda interna, cuya organización se divide en tres grupos: los comercializadores, que se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y otros; los tramitadores o blanqueadores, quienes consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios; y los funcionarios, que a cambio de dinero no registran la documentación ni verifican el volumen o especie de la madera transportada, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales. La investigación de este caso se abrió en distintas fases y en
Grises
Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.
¿Cambiar el mapa de Colombia? Cómo la gobernanza indígena en la Amazonía invita a imaginar un país distinto
Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) llevan 34 años en el limbo jurídico: la Constitución de 1991 las reconoció, los pueblos amazónicos ya las ejercen, pero el Estado aún no las formaliza. El racismo estructural, la resistencia al cambio y la burocracia han frenado el proceso en la Amazonía, limitando sus contribuciones para contener las amenazas que hoy la acechan. “Las narrativas del mundo donde solo el humano actúa, esa centralidad, silencia todas las otras presencias”.Ailton Krenak Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios. Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza. Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas que nos mostraban en las clases de geografía cuando señalaban: “allá, la selva”. Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar. La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos. Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades. Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes y surgen del vapor de agua que se libera en la atmósfera, y que influyen en los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua dulce. Imagen aérea del río Mitú. Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos. Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —lo que se conoce como la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio. “El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas. “Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas. Para eso han trabajado desde hace años y por esa razón, cada cierto tiempo, ella y otros líderes amazónicos, deben viajar a Bogotá desde sus comunidades para reuniones con funcionarios públicos, cooperantes y aliados. Cada vez que sale, Yucuna tiene que navegar desde su comunidad Mamurá hasta La Pedrera, un viaje de 12 horas en lancha por el Mirití Paraná y luego por el Caquetá, dos ríos que serpentean en medio de la selva. Las múltiples tonalidades de verde la acompañan en el camino por donde suben y bajan embarcaciones con pasajeros y provisiones. Tras el largo viaje llega a La Pedrera, la población más grande de esta zona. Ahí hay una pequeña pista de aterrizaje desde donde, al día siguiente, toma un vuelo de 45 minutos rumbo a Leticia y después otro, de una hora y 40 minutos, a Bogotá. Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros. Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes. Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales. El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos
¿Cómo prepararnos ante emergencias por las lluvias? Un bombero responde
El bombero Juan Pablo Osorio explica que toda familia debería tener un plan frente a las posibilidades de que su hogar se vea afectado por las lluvias. Tenga en cuenta estas recomendaciones, pues las autoridades pronostican que durante mayo seguirá lloviendo en Medellín y sus alrededores. Juan Pablo Osorio, Bombero del cuerpo de bomberos de la Pintada, Antioquia. Foto: cortesía. Tras las fuertes lluvias en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez declaró el estado de calamidad pública el pasado martes 29 de abril. Según las cifras del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), más de 1.721 personas pertenecientes a 532 familias resultaron afectadas en menos de una semana, entre finales de abril e inicios de mayo. Los sectores más afectados fueron los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado. El DAGRD identificó otros puntos críticos en las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén). Juan Pablo Osorio, de 26 años, oriundo de Medellín, es integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Pintada, Antioquia. Es bombero desde hace 5 años y es tecnólogo en Atención prehospitalaria de la Corporación Universitaria Adventista. Aunque trabaja en La Pintada, a finales de abril atendió una emergencia por un deslizamiento de tierras donde había casas en construcción en el barrio Buenos Aires. Desde su experiencia atendiendo desastres de este tipo, cuenta que ante todo hay que estar atentos al terreno, a las grietas y a procurar, en la medida de lo posible, no realizar obras mayores en época de invierno. Frente a la llegada de la temporada de lluvias, las autoridades de Medellín han fortalecido sus estrategias de prevención para reducir el riesgo de emergencias. Osorio explicó que la Alcaldía cuenta con un plan para actuar en estos casos: “La Alcaldía de tiene un plan de acción específico para la recuperación (PAER) el cual se socializa y se pone en marcha junto al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. Allí hay varias dependencias, como bomberos, organismos de socorro y secretarías del Distrito, donde disponen de recursos para la atención de estos eventos.” No obstante, la prevención no solo depende de las entidades oficiales, sino también de la comunidad. Osorio menciona que las recomendaciones pueden ser muy variadas: mantener canoas, bajantes y desagües limpios, por ejemplo, son algunas de las más sencillas. Agrega que el riesgo en las zonas más vulnerables muchas veces se manifiesta a través de señales que la comunidad debe aprender a identificar: “Hay cambios muy sutiles, otros probablemente no tanto, como grietas en el terreno, pequeños movimientos de tierra, o los árboles cambiando su grado de inclinación”. “No solo tienen algo planeado para actuar frente a una emergencia, también hay planes para actuar previo a los sucesos, y también existe el SIATA, por ejemplo, que se encarga del monitoreo de laderas y cauces mediante drones, sensores y algunos otros equipos.” Juan Pablo Osorio En caso de presentarse una inundación o un deslizamiento cerca de una vivienda, recomienda, ante todo, mantener la calma: “Todas las familias deberían tener un plan familiar de emergencias, donde tengan planeado cosas como qué van a llevar y dónde se van a encontrar en caso de evacuar”. Él menciona que es necesario tener en cuenta qué tipo de emergencia es, ya que todas son cambiantes y diferentes. Posterior al hecho, recomienda seguir todas las recomendaciones que den los organismos de socorro y las instituciones que realizan acompañamiento en las zonas afectadas. Osorio también destaca la importancia de las capacitaciones comunitarias como un pilar clave en la gestión del riesgo. Según él, tanto el DAGRD como los cuerpos de bomberos, en conjunto con las comisiones y comités de gestión del riesgo, brindan apoyo a las comunidades en los asuntos de preparación, prevención y mitigación, entre los cuales incluyen la creación de planes familiares de emergencias o primeros auxilios, entre otras. En estos esfuerzos también juegan un papel clave los líderes barriales y las juntas de acción comunal, quienes pueden ser los primeros en multiplicar el mensaje preventivo: “Realizando campañas para la limpieza de los cauces de afluentes hídricos, haciendo sensibilización a la comunidad del cómo actuar, permaneciendo alerta a laderas, fuentes hídricas y construcciones”, menciona. Por otro lado, es importante que la comunidad sepa cómo reportar posibles amenazas antes de que se conviertan en una emergencia. Osorio aclara que para reportar cualquier novedad como agrietamientos en laderas, edificios o represamientos de agua, el canal oficial es la línea única del 123. Finalmente, agrega que Medellín cuenta con protocolos claros para los distintos escenarios climáticos. No solo se piensa en la reacción ante la emergencia, sino también en su anticipación, además de los planes para otro tipo de emergencias que se puedan presentar en temporadas secas: “No solo tienen algo planeado para actuar frente a una emergencia, también hay planes para actuar previo a los sucesos, y también existe el SIATA, por ejemplo, que se encarga del monitoreo de laderas y cauces mediante drones, sensores y algunos otros equipos.” Según información del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales), en Medellín, hay dos temporadas lluviosas, la primera entre finales de marzo y principios de junio, y la segunda desde finales de septiembre extendiéndose hasta diciembre. Ante las emergencias por las lluvias, se puede hacer uso de herramientas que brinda el Siata (desde su app o su versión web), que hace predicciones climatológicas útiles para la prevención al momento de tomar decisiones en el día a día.
¿Pincel o píxel? ¿Quién manda en el arte hoy?
Esta semana, las redes sociales se inundaron con una gran cantidad de imágenes generadas por ChatGPT y otras IA con el estilo característico del Studio Ghibli. La tendencia generó debate entre artistas, animadores e ilustradores, muchos de los cuales expresaron su rechazo al uso de la IA en la creación de este tipo de contenido.
Denuncias por VBG aumentan un 40% después de la crisis de 2022
En 2023, las denuncias de violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia aumentaron en 59 casos en comparación con el año anterior. Con esto se podría entender que, si en 2022 en una clase de 15 personas, un estudiante denunció por violencia de género,en la misma clase al año siguiente serían entre 2 y 3 estudiantes quienes harían la denuncia. Este incremento se produjo un año después del paro estudiantil que tuvo lugar en 2022, cuando estalló una crisis de casos denunciados en forma de escrache, principalmente en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Políticas. Tras esto, se demandaron mejoras en la Ruta Violeta, el mecanismo destinado para atender estos casos. Y aunque se logró llegar a acuerdos con la administración universitaria, un año después las denuncias de casos aumentaron significativamente. El aumento de denuncias no solo se registra dentro de las instalaciones de las distintas sedes de la universidad, sino que también ha crecido notablemente en situaciones que ocurren fuera de la institución e involucran a personas de la comunidad universitaria. Las denuncias se clasifican dependiendo de si los hechos ocurrieron dentro o fuera de la universidad, y si sucedieron durante actividades académicas, como clases o salidas de campo. Las denuncias dentro de la universidad aumentaron un 128,57%, mientras que las ocurridas fuera crecieron un 6,12%. Esto indica que el problema no se limita al campus, sino que se extiende a otros espacios donde interactúan estudiantes, docentes y personal administrativo. Crisis de 2022: los escraches que pararon la universidad La Universidad de Antioquia comenzó en 2018 un proceso para crear una política de prevención y atención a las violencias basadas en género, en conjunto con colectivas y la comunidad universitaria. Como resultado, se estableció la Ruta Violeta, un mecanismo que ofrece apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia de género, tanto dentro como fuera del campus. No obstante, en 2022, el funcionamiento de la Ruta Violeta fue fuertemente cuestionado tras una crisis desatada por una serie de denuncias a través del escrache, una denuncia pública directa contra los presuntos responsables. Esta situación llevó a la Asamblea General de Estudiantes, con el liderazgo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, a convocar un paro estudiantil exigiendo mejoras y mayor efectividad en la Ruta Violeta. Una de las principales razones detrás de la crisis fue la histórica falta de atención a los casos de violencia basada en género, según Sofía Velásquez, integrante del comité de género de la UdeA. Velásquez también afirma que el pliego de exigencias priorizaba la visibilización de la problemática más que acciones directas para su mejora. Esto llevó a que, el 6 de septiembre de 2022, el rector John Jairo Arboleda firmara un compromiso para cumplir con el pliego. A pesar de las expectativas de mejora tras la firma del compromiso, Sofía Velásquez señala que, dos años después, y en medio de una nueva crisis, solo se han cumplido parcialmente 2 de los 10 puntos del pliego de peticiones. Los avances logrados corresponden al punto cuatro, que propone asesoría para mejorar los mecanismos de prevención y manejo de casos de violencia de género, y al punto ocho, que sugiere la separación preventiva de docentes denunciados. Sin embargo, los otros ocho puntos siguen sin ser atendidos, lo que podría haber contribuido a la crisis actual. «Desnaturalizar la violencia es naturalizar la prevención; naturalizar la prevención es tener espacios cómodos» -Sofía Velásquez, Comité de Género UdeA. El 90% de las denuncias de violencia de género en la Universidad de Antioquia son de mujeres En la Universidad de Antioquia, por cada hombre que denuncia violencia de género, hay aproximadamente ocho mujeres que también lo hacen. En total, 315 mujeres y 33 hombres han presentado denuncias, lo que significa que las mujeres representan el 90% de los casos, mientras que los hombres constituyen solo el 9,42%. Esta disparidad refleja una tendencia histórica, en la que las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables a la violencia de género. Además, los datos sobre los vínculos entre los agresores y las víctimas en la Ruta Violeta muestran una realidad preocupante. Fuera de la universidad, el 75,45% de las víctimas no sabe si su agresor tiene alguna relación con la institución. Dentro de la universidad, el 40,94% de los casos señala a otros estudiantes como agresores, mientras que el 34,65% denuncia a docentes. Aumento en los tipos de violencia En el comunicado de la Asamblea General de Estudiantes, se menciona la presencia de prácticas como el ‘buitreo’, que consiste en tomar y publicar fotos no consentidas de personas, principalmente mujeres, con el objetivo de fomentar el acoso cibernético. Por esta y otras razones, la asamblea exigió la identificación y clasificación de los diferentes tipos de violencia de género. Tras el acuerdo de cumplimiento del pliego de exigencias, la Ruta Violeta pasó a ser gestionada por la Colectiva Justicia Mujer, que asumió una nueva administración del mecanismo. Aunque la mayoría de tipos de violencia basada en género (VBG) mostraron un aumento, la violencia sexual fue la más reportada, representando el 59,71% de los casos. Esto significa que, de cada diez denuncias, al rededor seis eran por violencia sexual. En 2023, no solo crecieron los casos en general, sino que ciertos tipos de violencia aumentaron de manera notable. La violencia psicológica subió un 354,16%, la violencia sexual cibernética se disparó un 1200%, y la violencia institucional aumentó un 2000%. Además, en 2023 se registraron 22 casos de violencia económica, un tipo de violencia de género que no había sido considerado en 2022. En 2022, el número de casos coincidía con el tipo de violencia reportada. Sin embargo, en 2023 se registraron 205 denuncias de casos únicos, que se clasificaron en 315 tipos de violencia. Esto refleja un cambio en la forma de medir y analizar los tipos de violencia desde 2022, lo que complica la comprensión de las tendencias y dinámicas sociales necesarias para identificar oportunamente los distintos tipos de violencia. Al respecto, el equipo Violeta explica que, con la llegada de la nueva coordinadora,
25 años de anécdotas para un periodismo siempre joven
En medio de la celebración de nuestras bodas de plata nos tomamos un tinto y nos reunimos con personas del pasado y el presente de De la Urbe. Recordamos el camino que hemos recorrido para aventurarnos a imaginar el futuro que vendrá.
Alrededor del 70% de los foráneos que estudian en la UdeA viven con menos de $1.500.000
La sede de Medellín de la Universidad de Antioquia cuenta con más de 100 programas de pregrado, en los que un 39,26% de los estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 proviene de municipios de fuera del Valle de Aburrá. Esto significa que de cada 10 estudiantes de la UdeA, entre 3 y 4 son foráneos. La vida foránea implica gastos económicos para sostenimiento que se dan en condiciones diferentes a las de un lugareño. Arriendo, alimentación y transporte son algunos de los gastos normales para un foráneo, y que los locales pueden tener cubiertos. Teniendo en cuenta que Medellín encabeza la lista de ciudades colombianas más caras para vivir, resulta lógico preguntarnos ¿Cuánto le cuesta a los foráneos de la sede Medellín de la UdeA su foraneidad? ¿Cuántos y de dónde vienen los foráneos? *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia En Ciudad Universitaria y otras sedes en Medellín de la UdeA hay 21.264 estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 (con fecha de corte del 26 de agosto); de ellos 8.348 proceden de municipios de fuera del Valle de Aburrá. 12.916 son no foráneos para objeto de esta investigación. Los foráneos de la sede de Medellín en la UdeA son una muestra variada de todo el país, hay estudiantes de 31 de los 32 departamentos, el único que no tiene ninguna representación en 2024-2 es Guainía. Sin contar con los estudiantes provenientes de otras regiones de Antioquia, los departamentos de Córdoba, Nariño y Caldas son los que envían más jóvenes a estudiar en Medellín. Aunque no sorprende que Córdoba encabece la lista, si se hace curioso que regiones que geográficamente están muy alejadas de Antioquia, como Nariño y Norte de Santander, atraigan estudiantes hasta esta tierra. Your browser does not support the video tag. Los 3 pregrados con más foráneos matriculados en 2024-2, son: medicina, con 901; seguido por ingeniería civil con 352 y en tercer lugar ingeniería industrial con 328. Estas, a su vez, son las carreras con más estudiantes matriculados de la sede Medellín. Los 1.581 foráneos matriculados en estas tres carreras representan un 18,8% del total de foráneos inscritos este semestre, si bien es una gran cantidad de estudiantes, esto también nos habla de la dispersión en las carreras de los foráneos, pues algunos de ellos vienen hasta la UdeA por la oferta de algunas carreras particulares que muy pocas o ninguna otra universidad pública ofrecen. Diego, Ana, Santiago y Karol son estudiantes foráneos de la UdeA. Diego es de Arauquita, Arauca, y estudia bioingeniería; Ana y Santiago estudian comunicación audiovisual, ella viene de Ibagué, Tolima y él de Pasto, nariño; y Karol vino desde Cúcuta, Norte de Santander para estudiar periodismo. Los cuatro tienen en común la decisión de mudarse hasta Medellín para estudiar en la UdeA, pues es la única universidad pública que ofrece el programa que a ellos les apasiona. *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia ¿Cuánto cuesta tu «foraneidad»? Cómo ya se ha mencionado, Medellín es la ciudad más cara de Colombia. Así qué para que un foráneo pueda vivir en Medellín debe afrontar mayores retos económicos. Muchos de ellos provienen de lugares en donde el costo de vida es mucho menor, al llegar a Medellín descubren lo costosa que puede ser esta ciudad, incluso pueden llegar a gastar el doble de dinero de lo que necesitaban antes de vivir en este valle. Según una encuesta que realizamos entre foráneos de la UdeA, más del 70% de los estudiantes foráneos matriculados en la sede Medellín viven con $1.500.000 o menos. El 34,2% de los foráneos viven con menos de $1.000.000, y tan solo un 11,7% viven con más de $2.000.000. Un foráneo que sobrevive con $1.500.000 por lo general arrienda habitaciones cerca de la U para ahorrarse los pasajes, o podría arrendar un apartaestudio en sectores como Aranjuez, Campo Valdés, o Prado y llegar caminando hasta la Universidad. Los que viven con más de $2.000.000 pueden vivir en lugares con mejores condiciones, pagar transporte con más tranquilidad, y no tienen que preocuparse por el costo de su alimentación. Por otro lado, quienes viven con $1.000.000 o menos están obligados a vivir en habitaciones pequeñas cerca a la universidad, para ahorrarse el transporte, y el dinero para su alimentación es inestable, haciendo que algunos sacrifiquen alguna de las tres comidas del día. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA Estos gastos los cubren los propios foráneos trabajando mientras estudian, o sus familias enviándoles dinero. Trabajar implica que tengan menos tiempo para estudiar, parchar o incluso dormir. Por otra parte, cuando son los padres los encargados de enviar el dinero para su subsistencia es problemático cuando ellos no tienen un ingreso mensual fijo, cuando de su salario dependen más miembros de la familia, o cuando sus ingresos son muy bajos para garantizar a sus hijos una vida digna en Medellín. Diego es uno de esos foráneos que depende económicamente de su padre, pero él no tiene un ingreso mensual fijo, el padre de Diego es porcicultor y vive del día a día. A Diego le envían dinero quincenalmente, y no todas las quincenas le llega la misma cantidad de dinero, depende de la economía de su padre. Y cuando en la quincena le llega muy poco, la situación económica de Diego es afectada lo cual se refleja en el recorte de gastos que debe hacer para su permanencia en la universidad. El 49% de los foráneos matriculados en la UdeA -sede Medellín- tiene a sus familiares como únicos responsables de sus gastos, mientras el 15,3% trabajan para cubrir sus gastos. El otro 35,8% recibe ingresos mixtos. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA ¿Cuánto cuesta tu pieza? Según las recomendaciones de ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un arriendo no debe superar el 40% de los ingresos recibidos. Con base en la encuesta que realizamos, para la mayoría de foráneos el arriendo ideal debería rondar los 600.000 pesos, ya que más del
Arauquita se está quedando solo
Mamá estaba por empezar su clase. Era febrero de 2022. Miró la lista de sus niños de prescolar y cuando subió la mirada, no encontró a uno de ellos. Así empezó todo, con un niño que un día faltó a clase y no volvió más. En adelante cada vez más pupitres empezaron a quedarse vacíos.