Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos**.
Desde julio de 2024 hay cierres viales en la calle 73 a la altura de los barrios El Progreso, El Volador y Córdoba, de las comunas 5 y 7 de Medellín. Los contratistas con uniforme gris, la maquinaria que rompe las calles y tumba los muros, las polisombras verdes y los letreros —‘pare’, ‘siga’, ‘prohibido el ingreso’, ‘inicio de obra’ y ‘peligro’— dan cuenta de las primeras actividades de obra para la construcción del futuro Metro ligero de la 80.
“Cuando esa máquina suena, eso es como si fuera la guerrilla que entrara a desplazarnos: ta-ta-ta-ta-ta… ¡pum! Cae el cemento, caen piedras, caen techos”. Aunque la época y el lugar son muy distintos, Rubiela Quesada dice que no ve la diferencia entre los grupos armados que desplazaban a la gente en el campo y “los que ahora aplican la norma, la ley y los decretos” para despojarla a ella de sus propiedades en la ciudad.
Rubiela vive en la zona hace más de 35 años. Compró una casa grande y esquinera de El Progreso, junto con un local, para reemplazar la pensión a la que nunca pudo cotizar porque sus trabajos siempre fueron informales; planeaba dejarles a sus hijos algo sobre lo cual construir y producir cuando ella faltara o no pudiera trabajar. Ahora la casa va a desaparecer por un precio “irrisorio” y el local, que fue panadería y restaurante, está cerrado hasta que las obras lo reduzcan a escombros.
¿Cuánto vale el progreso?
En septiembre de 2021, cuando Rubiela apenas se estaba recuperando de las pérdidas económicas que le dejó sostener un negocio propio en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, apareció otro término nuevo y alarmante. “¿Ustedes en plena pandemia nos vienen a tratar con palabras de expropiación? En este momento nos están cogiendo con una mano adelante y otra atrás”, les reclamó ella a los y las funcionarias de la EDU que reunían a los vecinos del sector.
La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es una entidad pública descentralizada, adscrita a la alcaldía de Medellín, mediante la cual se ejecutan programas de gestión urbana en el distrito. En este caso, es la responsable de adquirir los predios necesarios para el proyecto Rinconcito Ecuatoriano, uno de los tres intercambios viales estratégicos para construir el sistema de transporte masivo que recorrerá 13.25 kilómetros del occidente de la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala del metro.
Esta obra complementaria, que fue anunciada mediante el Decreto Municipal 328 de 2021 y está proyectada para ser entregada en agosto de 2027, había avanzado un 58% en la gestión sociopredial hasta mayo de 2025, es decir, 73 de los 120 predios que se requieren en la zona fueron entregados “voluntariamente”, según la EDU. Rubiela no hace parte de esa cifra: “Nosotros estamos pidiendo precios justos; no nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que el progreso acabe con nuestra familia”.
A Rubiela le ofrecieron $113 millones por su casa de 90 metros cuadrados ubicada en estrato cuatro, o sea, poco más de un millón de pesos por metro cuadrado. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que es la entidad contratada por la EDU para realizar los avalúos corporativos (la base del pago por los predios), fue la misma que, en 2018, estimó que el valor comercial (precio real de mercado) del metro cuadrado en los barrios de estrato cuatro sobrepasaba los $ 4 millones.
La principal queja de los y las moradoras es que los avalúos de la Lonja están congelados en el 2016, año en el que se anunció el proyecto del Metro de la 80 mediante el Decreto Municipal 1189. Si bien el anuncio es un instrumento para evitar la especulación sobre el suelo, por el aumento del precio de vivienda en el Valle de Aburrá en los últimos años, es imposible que al vender sus casas al valor comercial del 2016, o de 2021 como es el caso de los afectados por el Rinconcito Ecuatoriano, encuentren una igual o mejor en el mercado inmobiliario actual.
Rubiela no fue la única que exigió que se le hiciera un nuevo avalúo y que recibió un no como respuesta. Algunos acudieron a otras entidades y encontraron diferencias superiores al 40 % entre el avalúo comercial y el corporativo. Lograron demostrar que los precios son injustos y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les dio la razón. En agosto del 2024 el mandatario anunció que entregaría compensaciones económicas a las familias por encima del valor de compra de la EDU para que reciban el 100 % de los avalúos comerciales, pero sin tener en cuenta la depreciación que han sufrido sus casas durante los ocho años que el proyecto tardó en comenzar.
Los comerciantes en el olvido
La promesa de Gutiérrez aumentó la preocupación de Rubiela. El Decreto 0818 de 2021, la Política Pública de Protección a Moradores que estas personas exigen que se aplique, en realidad tiene un nombre más completo y su sigla es “PPPMAEP”. Esas últimas letras corresponden a las Actividades Económicas y Productivas y, sin embargo, la Alcaldía, la EDU y el Metro no se han pronunciado sobre las necesidades particulares de este gremio.
“Nosotros a través de nuestros negocios valorizamos un sector en expansión y es injusto que el progreso de la ciudad acabe con quienes lo impulsamos. Muy triste. Hoy como comerciantes no nos ofrecen compensaciones; les ofrecen por las casas a las familias, pero al comerciante lo están dejando fuera”, dice Rubiela.
La política pública define el lucro cesante como cualquier ganancia, renta, ingreso o utilidad neta que se deja de percibir a causa de la obra de utilidad pública, independientemente de si es una práctica económica formal de diferente escala o informal. Para Rubiela, ese lucro cesante se traduce como estar en quiebra: “Estoy sobreviviendo como Dios me lo permite, tengo unos hijos estudiando en la universidad y nos vemos a veces con dificultades para muchas cosas porque ya no percibo ingresos”.
Después de trabajar a puertas cerradas durante la pandemia, Rubiela decidió cerrar su local. Tras el abandono de los predios cercanos, quedó oculto por las polisombras de la obra e invadido por la hierba y la basura que dejaban los habitantes de calle. Como ocurrió con otros comercios, se han ido los vecinos a los que ofrecían sus productos y servicios, no hay transeúntes que puedan convertirse en nuevos clientes y a nadie le interesa arrendar un local con esos problemas.
Luego le robaron el portón del negocio. Rubiela cuenta que la cuadra “se volvió un atracadero y abrir con ese encerramiento es trabajar para los ladrones”. La inseguridad, que les obliga a cerrar sus negocios, es otra causante del lucro cesante propiciada por el mismo proyecto, pero la EDU solo reconoce las indemnizaciones desde el momento en que recibe los predios y no respecto a las afectaciones previas. Rubiela no ha aceptado la oferta que le hicieron por su local, pues considera que también es injusta porque no tiene en cuenta las ventajas de localización: es cercano a almacenes de cadena y a la segunda etapa del centro comercial Florida.
Adicionalmente, la política pública habla de los gastos de arriendo temporal, e incluye los gastos de desmonte, traslado, embalaje, acomodación y montaje de los bienes muebles de las viviendas y unidades económicas y productivas; y para cada una de esas etapas designa un salario mínimo legal vigente. Pese a esto, Rubiela dice que le ofrecieron un millón de pesos para arrendar una casa con local y medio millón para el trasteo: “Todo lo que tengo en el local es pesado, grande, hay vitrinas, no alcanzo a sacar ni siquiera el horno con 500 mil pesos”.
Promesas que no llegan al bolsillo
En los barrios donde ya se completó o se adelantó gran parte de la gestión sociopredial hay propietarios a los que la EDU se demoró en pagarles lo acordado o aún no lo ha hecho, por lo que han tenido que endeudarse y desmejorar su calidad de vida después de ceder sus viviendas o negocios. Gloria Ortiz fue una de las primeras habitantes de San Germán en aceptar la oferta por su casa, un área de 78 metros cuadrados cercana al Éxito de Robledo y a las universidades del sector.
A comienzos de 2024 se fue a vivir en arriendo mientras construía su nueva casa en el lote que compró en Travesías, una vereda del corregimiento de San Cristóbal. “Si yo hubiera sabido que a mí me iba a ir como me ha ido, porque esto me ha deteriorado emocional, física y familiarmente, yo hubiera seguido insistiendo y tal vez hasta me habría quedado y no hubiera entregado la casa, pero fue la presión”, piensa Gloria.
Como en otros casos, el avalúo estaba desfasado. Gloria considera que le dieron el equivalente a un “garaje” por su casa de dos pisos y que incluso a vecinos con propiedades más antiguas les fue mejor. Aun así, aceptó irse porque sabía que no encontraría algo en el mismo sector y creyó que le alcanzaría para empezar desde cero en las afueras de la ciudad. A la EDU le corresponde pagar, por ejemplo, la desconexión de los servicios públicos, “pero eso no lo desembolsan ni a los ocho ni a los quince días, se demoran dos y hasta nueve meses”, cuenta ella.
Lo mismo pasó con el arriendo. Cuando le pagaron el primero de los seis meses que establece la norma, ya había pasado más de un año de haberse mudado y en ese tiempo ella cubrió el gasto con su pensión, eso afectó su estabilidad económica. El dinero por el predio se lo dieron en dos cuotas, con una compró el terreno y la otra se demoró tanto en llegar que tuvo que hacer préstamos para poder terminar su casa: “Asumí deudas que yo no tenía, le debo al trabajador que nos hizo la construcción y revocó la casa, entonces me pregunto: ¿esos perjuicios quién los va a pagar?”.
Por eso, en diciembre acudió al Comité Intersectorial de Direccionamiento Estratégico de la Política Pública (CIDEPP), que es el encargado de estudiar cada caso para otorgar o no las compensaciones que prometió el alcalde. “Fue muy difícil porque todo pasaba por una cantidad de filtros, tanto del Metro, como de la EDU, entonces los pagos estaban más bien demorados. Eso fue una lucha titánica. Ellos vinieron, me visitaron como para legalizar que sí estaba en arriendo”, dice Gloria. Además, para verificar que con los recursos que le habían dado no le alcanzaba. A mediados de 2025 recibió el dinero de la compensación y pudo acondicionar la casa para habitarla con su familia.
Como Gloria, varios moradores han manifestado que los requisitos son tantos y tan específicos que pocos pueden cumplirlos. En respuesta a un derecho de petición, la EDU le dijo a De la Urbe que, en los tres tramos del Metro de la 80, identificó 334 familias que podrían ser beneficiarias de la compensación y de estas notificó a 320, pero no especificó cuántas más la solicitaron ni tampoco si les fue aprobada o no. En cuanto al intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano, identificó 78 familias, de las cuales ocho cuentan con un acto administrativo expedido para la compensación y tres ya recibieron el pago.
A la fecha, la EDU ha entregado más de $29.650 millones, es decir, el 74 % del fondo de $40 mil millones que prometió el alcalde. Aunque no respondió a cuántas compensaciones para el proyecto Metro de la 80 corresponden esos recursos, apenas van tres de las 78 posibles compensaciones para el Rinconcito Ecuatoriano. ¿Cómo se va a distribuir lo que queda del dinero? Este es otro aspecto en el que los moradores se sienten víctimas de engaños o, como dicen ellos, de “pañitos de agua tibia” que usan las instituciones para hacer frente a sus reclamos sin ofrecer verdaderas soluciones.
Información a medias, desconfianza completa
La política pública también habla de espacios de información oportuna, verificable y accesible sobre la obra y sus avances. Desde 2020, cuando comenzaron las socializaciones del proyecto se han realizado más de dos mil actividades con los habitantes de las zonas de influencia, según el Metro de Medellín. Quienes asisten a esos encuentros han notado que los funcionarios solo leen diapositivas con tecnicismos, dicen cosas distintas en cada reunión, sugieren que no es necesario tomar nota, no responden a todas las preguntas y, si se les reclama por alguna inconsistencia, les echan la culpa a sus compañeros de trabajo o a otra entidad.
Gustavo Naranjo vive en Belén La Gloria y ha investigado sobre el proyecto por su cuenta. Su lucha contra el Metro y la EDU no es para que le ofrezcan un precio justo y pueda irse conforme, sino para que reconozcan que su predio no es de utilidad pública. De los tres planes parciales del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín que están en el recorrido del Metro de la 80, solo uno tiene planos en detalle, y esto se debe a que cada plan necesita su propia formulación y aprobación, pero eso no se puede hacer con recursos del proyecto. Y ese es uno de los argumentos que tiene Gustavo: “Es totalmente irresponsable que ellos inviten a negociación o determinen enajenación y demolición sin tener diseños definitivos”.
Los planos que hay son preliminares, se pueden modificar dependiendo de las licencias urbanísticas que se les otorguen a esos planes parciales y claro, de la voluntad política. Los habitantes del barrio El Volador interpusieron una acción popular y, en julio de 2023, un juez falló a su favor y logró que se cambiara el diseño y la ubicación de los patio-talleres del Metro de la 80 que iban a construirse encima de sus predios. Con esas modificaciones, en 2024 se adoptó el Plan Parcial El Progreso, el único hasta ahora y que incluye el primer tramo de la obra.
Pero la casa de Gustavo está sobre la carrera 80, frente a la Clínica Vida, y hace parte del tramo 3, cobijado por el Plan Parcial San Germán. Para que el metro pase por ahí, según le explicó uno de los arquitectos del proyecto, se necesitan 27.5 metros distribuidos así: 6 para cada vía, norte y sur; 8 para los vagones, 2.5 de ciclorruta y 5 repartidos en los andenes de cada lado. Gustavo es ingeniero, pero dice que todos los propietarios deberían hacerse la misma pregunta que él y podrían resolverla, pues sabe que de su casa a la malla de la clínica hay 30 metros de distancia. “Desde el punto de vista técnico, yo no le estorbo al proyecto de movilidad, eso no tiene ni pies ni cabeza”. Él teme que el espacio de más que están buscando y que afecta su predio sea utilizado para fines distintos a los del proyecto: “La movilidad es un derecho, pero que me retiren mi casa, junto con la de enseguida, para construir edificios y lucrarse ellos, eso no lo vamos a permitir”.
En 2016, bajo la marca Negocios Metro de Medellín, el Metro formalizó sus actividades y fuentes de ingresos no tarifarias en tres áreas: ecosistemas de pago, consultorías y formaciones y captura de valor del suelo. Es por esta última que Gustavo sospecha que su predio, una vez lo tumben bajo la figura de utilidad pública, lo van a utilizar para hacer edificios. Lo cierto es que el Metro declara que están “enfocados en el aprovechamiento de la infraestructura existente y en los corredores de movilidad proyectados, formulación de operaciones urbanas y desarrollos inmobiliarios”.
**Este informe hace parte del especial periodístico sobre las afectaciones del Metro de la 80, puedes navegarlo, explorar la línea del tiempo y la galería en el siguiente enlace: Desarrollo en marcha y futuros en pausa
