La PCH Generadora Alejandría utiliza en sus procesos las aguas del río Nare. Fotografía: Yesica Natalia Gómez Giraldo
“Aquí nos hicieron una carretera”, “Nos arreglaron la vía”, “Hicieron esa carretera porque antes el camino era más pa’ arriba, por un monte”, “De las cosas buenas que trajo la generadora fue que nos hicieron carretera, nosotros no teníamos”.
Los habitantes de las veredas Los Naranjos, del municipio de Santo Domingo, El Remolino, de Alejandría, y Fátima, de Concepción, están de acuerdo en una cosa: lo mejor que trajo la Generadora Alejandría, pequeña central hidroeléctrica (PCH) ubicada en el río Nare, en medio de estas tres veredas, fue la construcción de la carretera de Los Naranjos.
Lo primero que se ve al llegar a Los Naranjos es el contraste entre el mal estado de la carretera principal que comunica a los municipios de Santo Domingo y Alejandría, con la vía pavimentada que va desde allí hasta la entrada de la generadora.
Estas tres veredas hacen parte de un corredor geográfico que conecta al Oriente con el Nordeste, una zona que, en los 90, estuvo en disputa por el ELN y los paramilitares y que en la última década se ha vuelto estratégica para los proyectos de generación de energía. La PCH Generadora Alejandría empezó su construcción en 2013 y, pese al consenso que hay sobre los beneficios de la carretera que arregló la empresa, hoy los pobladores se preguntan qué pasó con otros compromisos de palabra que asumió esta y aseguran que de haber contado con mejor información, habrían exigido mayores compensaciones por los efectos sociales y ambientales.
¿Inversión social?
La PCH Generadora Alejandría es una iniciativa público-privada del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Las obras de su primera etapa costaron cerca de 120 mil millones de pesos y la licencia ambiental fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional Cornare.
Esa autoridad ambiental autorizó en 2011 la construcción de una PCH a filo de agua, con capacidad para generar 15 megavatios, que funcionaría con dos turbinas. La PCH fue inaugurada en agosto de 2016, pero en 2021 la empresa recibió el visto bueno para la construcción de una tercera turbina.
Las licencias ambientales no son documentos tallados en piedra, algunas veces reciben modificaciones con el paso de los años. Uno de los requisitos para el licenciamiento es el estudio de impacto ambiental en el que cualquier empresa interesada en ejecutar este tipo de proyectos debe evaluar tres componentes: las afectaciones ambientales, económicas y sociales. Además, debe presentar medidas de manejo de impacto para la prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos.
En 2014, una nota del diario Portafolio afirmaba que “del costo total del proyecto, estimado [en ese momento] en 95 mil millones de pesos, la PCH Generadora Alejandría destinaría un total de 600 millones de pesos para la inversión social, con los que las comunidades de su zona de influencia recibirían beneficios en educación, deporte, cultura y restauración de su patrimonio histórico”. En otras palabras, ese proyecto destinaría poco más del 0,6 % de su costo a la inversión para las comunidades cercanas.
“La Generadora ha pintado la escuela, nos apoyan con regalos en navidad para los niños. Cada año organizan una salida pedagógica. Y construyeron un tanque para que nos llegara el agua y los baños y pudiéramos volver a clases después de la pandemia”, dice Osman Palacio, profesor del Centro Educativo Rural de Los Naranjos, sobre los recursos que ha invertido la empresa en estas veredas, que paradójicamente no tienen acueductos.
Sin embargo, Sergio Calderón, líder juvenil de Alejandría e integrante del colectivo Utopía Alejandría, dice que “las empresas con intereses extractivistas ponen en marcha unos discursos de persuasión y generan un acondicionamiento y un aprestamiento del terreno, para que las comunidades no se opongan y no resistan”. Para defender su postura, Calderón agrega que “el proceso de socialización y de concertación de la PCH se dio a espaldas de la comunidad. Cuando se iba a empezar a ejecutar ya tenía las licencias y las condiciones normativas y legales para implementarse y desarrollarse”. Por otro lado, Olga Alzate, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Los Naranjos comenta: “Nosotros al principio decíamos que muy bueno, porque esos proyectos traen mucho progreso por acá, que por la gente y todo, pero no pensamos en las consecuencias”.
La socialización del proyecto se hizo por separado con los habitantes de las tres veredas. Aunque llegaron a acuerdos puntuales sobre la inversión en cada territorio, de esas reuniones no quedó ningún acta o documento que soportara esos compromisos. Es en parte, por esa razón, que Sergio Calderón afirma que la persuasión está “alimentada de promesas que no se cumplen nunca y que son muy difíciles de concretar en el territorio”.
Entre los compromisos que según los habitantes de las veredas asumió la Generadora Alejandría estaba llevar internet a las casas de la vereda Fátima. Ese acuerdo se cumplió. En Los Naranjos, la empresa se comprometió a financiar proyectos productivos con animales como peces, pollos y ganado. “Era una especie de semillita para que en un futuro uno pueda sustentarse de eso”, dice Jairo Mejía, habitante de esa vereda. Sin embargo, algunas personas cuestionan que las familias beneficiadas tenían que cumplir con dos condiciones: que sus integrantes hubieran trabajado en la construcción de la primera fase y llevaran más de un año viviendo en la vereda.
Entre tanto, en la vereda El Remolino, el compromiso fue la construcción de una vía hasta la escuela donde en la actualidad no hay clases porque son muy pocos los niños en edad escolar, pero que es usada como centro comunitario y espacio para las reuniones de la Junta de Acción Comunal. Casi seis años después, la vía no se ha construido y, según María Zapata, habitante de esa vereda, la empresa respondió que no pudo hacer la obra porque Cornare no le otorgó el permiso. No obstante, esa misma autoridad ambiental le aseguró a De la Urbe que nunca recibió una solicitud para la construcción de esa carretera.
Amalita Cardona, ingeniera ambiental de Cornare, afirma que las empresas en sus licencias asumen compromisos explícitos a los cuales las autoridades ambientales pueden hacer seguimiento. “Sin embargo, hay otros compromisos voluntarios que asumen con la comunidad dentro del proceso de socialización. La empresa en ocasiones habla de unos cambios muy grandes, y esa es una generación de expectativas en la que nosotros somos muy enfáticos al recomendarles ser muy prudentes al hablar con las comunidades”.
“De velo de novia a velo de quinceañera”
Él área donde se ubica la PCH, entre los municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo está atravesada por el río Nare y diferentes quebradas. El hito geográfico más importante para los habitantes de la zona es el Velo de Novia, una imponente cascada que fue nombrada así debido a la similitud que tiene la caída de agua con un velo.
Gladys Vanegas, habitante de Los Naranjos, dice que en la comunidad hay preocupación porque la caída del agua ha disminuido: “Primero la cascada era inmensa, uno se paraba por el bordo y la brisa lo alcanzaba, ya ahorita no. Y el río se ve mucho más seco. Primero era un velo de novia, ahora parece un velo de quinceañera”.
A la comunidad también le preocupa el agua para el consumo de las casas y los animales y para los cultivos, agua que viene de nacimientos de la montaña. “Ese chorrito no era tan pequeño, él bajaba con más fuerza. Más adelante nos podemos quedar sin agua. Un cuñado mío que vive arriba en la montaña dice que el agua se le secó”, comenta César López, habitante de El Remolino.
Dentro del componente ambiental de la licencia, las empresas deben hacer una caracterización de las especies animales y vegetales que confluyen en la zona de impacto para garantizar su preservación. Sin embargo, esos efectos adversos que muchos campesinos le atribuyen a la Generadora Alejandría no están documentados porque no existe un mecanismo de seguimiento que involucre a la comunidad. Al respecto, Cornare responde que está en constante comunicación con los proyectos: “Ellos deben enviarnos informes anuales, trimestrales y hasta mensuales para asegurar el cumplimiento de lo exigido en la licencia”, le dijo a De la Urbe Oladier Ramírez, secretario general de Cornare.
Ante ese panorama, Gladys resume con una afirmación lo que sienten los pobladores cuya palabra y experiencia es insuficiente para exigir que los proyectos no afecten su territorio: “Una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que uno ve”.
“Empezar de cero”
En el componente socioeconómico de la licencia, aunque no precisa un número, la empresa aseguró que generaría empleos para mano de obra no calificada y priorizaría a los habitantes de estas veredas. Por ejemplo, en El Remolino, Edilberto Metaute y su esposa Estela Valencia hicieron alimentos y alquilaron su finca para albergar a los trabajadores que vinieran de afuera. Y en Los Naranjos, Jairo Mejía y su esposa Olga Alzate también se encargaron de la alimentación.
Otras personas trabajaron en la fase de construcción. Ovidio López, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Remolino, hizo parte de la obra durante más de dos años. “El trabajo fue bueno y el sueldo era bastante”, dice López. “El problema fue que tuve que dejar la finca quieta o pagarle a alguien para que la cuidara, entonces cuando el trabajo se terminó, me tocó volver a empezar de cero con los cultivos”.
Colectivos como Movete, Utopía Alejandría y la Corporación Jurídica Libertad (CJL) aseguran que este tipo de proyectos afectan de diferentes maneras el tejido social, y en el Oriente antioqueño han originado un proceso de descampesinización. Lo más común es que las personas dejen por períodos prolongados sus actividades agrícolas y campesinas para trabajar por salarios atractivos, sobre todo durante la fase de construcción. Pero en muchas ocasiones, cuando las obras terminan y retornan a los trabajos de sus fincas, se encuentran con el deterioro de sus actividades tradicionales y, a veces, con la necesidad de abandonar sus territorios o buscar otras alternativas para su sustento.
En el Oriente hay actualmente 17 PCH funcionando, de acuerdo con la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación. Es decir, que pasaron exitosamente el proceso de estudios, licenciamiento ambiental y construcción. La CJL ha acompañado política, jurídica y socialmente a varias comunidades que se han organizado y han llevado a cabo un litigio estratégico, con acciones de nulidad contra los actos administrativos que otorgan las licencias. De esa forma han frenado proyectos como Porvenir 2 y Cocorná 3.
Sobre casos como el de la PCH Generadora Alejandría, Vanesa Vasco, abogada e investigadora de la CJL, dice que “hay exigencias que se pueden seguir realizando así ya esté construida y esté en funcionamiento. La comunidad tiene que organizarse y articularse, para que la empresa pueda verlos como actores políticos e interlocutores válidos a quienes responderle”.
De la Urbe contactó a Rodrigo Arenas, gerente de la PCH Generadora Alejandría, y en una primera conversación informal aseguró que la empresa ha hecho inversiones obligatorias y voluntarias en la zona. “Hemos puesto pozos sépticos, cemento para rieles, donamos tubos para su acueducto y hemos apoyado proyectos agropecuarios, entre otras cosas”.
Pero luego, al solicitar una entrevista para hablar en detalle sobre las inquietudes de las comunidades y solicitar los acuerdos previos a las obras, la empresa remitió a Nicolás Pérez, quien actúa como enlace entre la Generadora Alejandría y la comunidad. Pérez se negó a ampliar la postura de la empresa y respondió que la información solicitada “es de muy difícil consecución dentro de todos los archivos de la empresa, ya que es información de muchos años y no se encuentra compendiada”.
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A las 6:30 de la mañana algunas personas de las tres veredas salen a esperar uno de los pocos buses que va hacia Santo Domingo. El paradero está ubicado justo en el cruce de la carretera que pavimentó la empresa con la vía principal que conecta a ese municipio con Alejandría. Normalmente, son tres recorridos de ida y vuelta, pero debido al mal estado de la vía actualmente solo pasan dos, uno en la mañana y otro al mediodía.
Por esta vía también pasan volquetas con materiales y camionetas que llevan a los ingenieros y obreros que trabajaban en el montaje de la nueva turbina. La mayoría de trabajadores viene de otras partes del país. Con el avance de esa construcción, está previsto que más vehículos pesados hagan ese recorrido y que aumente el deterioro de la carretera principal.
Sergio Calderón recuerda que durante la primera fase de construcción de la PCH el casco urbano de Alejandría pasó de ser “apacible y tranquilo, a ser rumbero y fiestero. El consumo de alcohol y de drogas aumentó y la explotación sexual se disparó”. Y asegura que ese fenómeno se está repitiendo por la construcción de la nueva turbina.
A eso se suma el avance de proyectos similares en la zona. Uno de ellos es la PCH Nare, ubicada en una zona a la que se llega por una vía terciaria que parte de Alejandría. Ese proyecto, propiedad de Isagén, tiene licencia ambiental desde 2018 y en la región crece la expectativa por el inicio de unas obras que, aunque no tienen una fecha exacta, le sumaría a la tensión que existe en la zona por el uso de sus ríos para generar energía