Las violencias basadas en género (VBG) son y han sido desde hace muchos años una lamentable realidad en todas las esferas sociales, más aún en las institucionales. Ha sido así no solo desde cuando empezamos a investigarlas formal y concretamente en las universidades colombianas hace más de veintidós años: muchas generaciones de estudiantes han contado como parte de sus anécdotas universitarias la cantidad de estrategias desplegadas para protegerse de verdaderos predadores sexuales, como los llama la literatura norteamericana que ha investigado el tema desde la década de los 70.
Los patrones no varían mucho en los perfiles de quienes acosan, que resultan ser molestamente reiterados: varones en edad mediana, con algún nivel de jerarquía por el cargo, el vínculo, el estatus o el privilegio que tienen con la institución, convencidos de la normalidad y naturalidad de su comportamiento por los usos y las costumbres de los pasillos universitarios y por el “eso siempre ha pasado”. Tampoco en las respuestas institucionales que por años fueron las mismas: silenciamiento, encubrimiento, eliminación de archivos y actas comprometedoras, negociación por fuera de los canales académicoadministrativos; aparte de la contundente, rotunda y aplastante negación.
Pero sucede que sí, que las circunstancias, la valentía y el coraje que ha inspirado a las personas afectadas, mayoritariamente mujeres jóvenes, estudiantes, también trabajadoras y profesoras con alta movilidad y precarización laboral, y sujetos feminizados en cualquiera de esas categorías, ya hace inocultable e imposible negar que los acosos laborales y sexuales, la educación sexista, la violencia epistémica, la discriminación, el prejuicio, la alta sexualización de los contenidos de clases, las bromas, los gestos y los comentarios son parte del día a día de las aulas.
Que, lastimosamente, por cotidianas, esas violencias se desestiman en sus efectos y en sus marcas en la vida de quienes transitan por las universidades con la idea de formarse profesional, técnica, ética, cultural y políticamente. Cinco años de estancia promedio para una persona en una universidad es un punto de inflexión, de proyección e impulso. O puede ser también de temor, dolor y traumas que dejan huella para su vida.
No olvidemos que hay personas esperando respuesta a las quejas que presentaron o a las denuncias que interpusieron ante autoridades competentes. Otras que han sido revictimizadas con contrademandas y persecuciones que han llegado incluso a las personas que les han acompañado en el proceso. Hay una deuda pendiente con todas ellas. Todas las formas de violencia son cien por ciento evitables, las VBG con mayor razón lo son, su existencia entre nosotros no tiene hoy justificación alguna y eso lo debemos tener muy presente.
Ocuparse de este tema no es menor, es una deuda que tenemos con las que lastimosamente no están, las que suspendieron semestre con la ilusión de no tener que tomar una clase con el único que sabe del tema, pero que es el mismo que no la deja dormir; las que pusieron en conocimiento de su situación a las unidades académicas que nunca registraron los hechos o se ocuparon de ellos formalmente; las que fueron inducidas a desistir y a quienes desde el comienzo se les advirtió que no pasaría nada.
Ninguna persona que se sienta parte de la Universidad de Antioquia podrá volver a decir hoy que las VBG no son relevantes ni ameritan nuestra atención. Egresadas como Nataly, Juderus, Enedy y Marjorie, víctimas de violencia feminicida, la más extrema de todas las violencias en contra de las mujeres, son la última ratio de la emergencia universitaria decretada por la Mesa Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias y por la Asamblea General de Profesores y Profesoras de la Universidad de Antioquia. Nada, absolutamente nada, justifica la existencia y persistencia de las VBG en el campus, ya no. Todas y cada una de las vidas universitarias afectadas de múltiples maneras por esta problemática importan y por eso vamos a trabajar mancomunadamente en ello.
Por Nataly, Juderus, Enedy y Marjorie; las violencias basadas en género no caben en el campus universitario.