Fotografía: Ana María Ortega
Desde julio y durante más de dos meses, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) dejó de recibir las ediciones diarias de los periódicos El Tiempo y El Colombiano para la consulta de sus visitantes. La razón es simple: las suscripciones con esos medios se vencieron y no fueron renovadas oportunamente. Esa situación, además de afectar la consulta diaria de cientos de personas, puso en riesgo los procesos de salvaguarda y archivo en una de las hemerotecas más importantes de Medellín.
Aunque parezca un asunto menor, lo que ocurrió con las suscripciones hace evidente una crisis más grande. La institución, que actúa como centro del Sistema Público de Bibliotecas, ha pasado en el último año por un proceso de cambios administrativos que han impactado algunos de sus procesos y además tuvo una reducción para este año de más de 1800 millones de pesos respecto a su presupuesto de 2021.
Sin embargo, Ángel Ovidio González, director de la BPP, le dijo a De la Urbe que lo sucedido con los periódicos no es un problema de plata, sino consecuencia de la Ley de Garantías y de las restricciones de contratación que conlleva esa norma. A principios de septiembre, los periódicos seguían sin llegar.
Los problemas en la BPP tienen antecedentes más profundos. En noviembre de 2021, el alcalde Daniel Quintero le pidió la renuncia a Shirley Zuluaga, quien dirigió la entidad desde 2016. En ese momento, la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) le envió al alcalde una carta en la que se ofrecía para participar en la elección de la persona que ocuparía la dirección, pues era “fundamental que una institución de este tipo sea dirigida por profesionales con formación en el área de las ciencias de la información, críticos, con experiencia y sensibilidad”.
Pero la Alcaldía no tuvo en cuenta ese llamado y en diciembre nombró a González, un político liberal, cercano al senador Julián Bedoya, exsecretario de Gobierno de Sopretrán, administrador de empresas y sin experiencia en bibliotecas o en el sector cultural. La llegada de González a la Piloto generó un pronunciamiento del Comité Institucional Asesor del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, que reúne a 15 organizaciones culturales entre las que se encuentran la EIB, Comfama, la Fundación Ratón de Biblioteca y la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia. En un comunicado del 20 de diciembre de 2021, ese comité dijo que rechazaba “esta manera de gobernar, de espalda a las agremiaciones y al sector profesional que respalda el ejercicio de la BPP”.
Al nombramiento de González, le siguió la reducción en el presupuesto asignado a la BPP por la Alcaldía de Medellín. En 2021, la BPP recibió por transferencias municipales poco más de $4600 millones; en 2022, teniendo en cuenta que ya no hay restricciones a las actividades presenciales como consecuencia de la pandemia, las transferencias bajaron a $2759 millones, una disminución del 42 %.
González reconoció que esa situación forzó la parálisis de dos proyectos: por una parte, el de la Biblioteca Digital que tiene el objetivo de digitalizar contenidos para hacerlos más asequibles a la ciudadanía. Por otra, el Museo Cámara de las Maravillas, que consistía en crear una sala dentro de la BPP con juegos interactivos y exposiciones. “Sin embargo, el funcionamiento normal de la biblioteca no se ha visto afectado. Habrá proyectos que no se han podido adelantar o nos ha tocado utilizar mejor los recursos”, aclara el director.
No obstante, decisiones como esa motivaron en julio la salida de Sebastián Trujillo, subsecretario de Lectura y Bibliotecas de la Alcaldía de Medellín. En su carta de renuncia, el funcionario dijo que “las apuestas políticas deben ir acompañadas de la voluntad presupuestal” y que el Sistema de Bibliotecas, los Eventos del Libro y el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico no están en las prioridades de la actual administración.
Fotografía: Archivo Biblioteca Pública Piloto
Bibliotecas para las familias
La Piloto no abre los domingos ni los festivos desde hace más de 15 años, pero las demás bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cubren esa ausencia con una programación cultural que se extendía los siete días de la semana. Sin embargo, el pasado 11 de julio, una resolución de la Secretaría de Cultura anunció una modificación en sus horarios y dejó sin el servicio a los usuarios que visitaban las bibliotecas esos días. La decisión se reversó a principios de septiembre, pero ese ir y venir demostró que hay prioridades que no están cubiertas.
“Hemos descubierto que las familias son las que principalmente visitan las bibliotecas los fines de semana. Los grandes regalos que le hace la biblioteca a la familia se los hace los domingos”, le dijo a De la Urbe Didier Álvarez Zapata, profesor de la EIB. Álvarez, que es especialista en bibliotecología pública, agrega que la ciudad está poniendo en riesgo no solo su patrimonio cultural sino compromisos internacionales como el que tiene con la Unesco, entidad que financió la creación de la BPP en 1952. “La desfinanciación desdice de una tradición cultural y social bibliotecaria muy fuerte que tiene la ciudad. No atiende a los compromisos y las directrices internacionales que tiene este país con las Naciones Unidas y está yendo contra una tradición que ya la ciudad tiene instalada: la ciudad necesita sus bibliotecas abiertas los fines de semana”, dice el profesor Álvarez.
Por su parte, Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura, reconoce los impactos de la reducción presupuestal, pero apunta a un problema administrativo y de capacidad de gestión: “Que no haya suscripciones a unos periódicos o revistas es simplemente ineficiencia administrativa, no hay otra razón”.
Pero el profesor Álvarez insiste en las decisiones políticas y las prioridades. “El alcalde no es sensible al poder de las bibliotecas como organismos constructores de comunidad y conocimiento significativo en las comunidades”. Para él, la falta de una base presupuestal “fija y creciente” evita que se puedan implementar nuevos proyectos y que se acerquen otros públicos. Eso implica, según dice, “condenar a las bibliotecas a la desaparición”.