Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional
La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.
Denuncias por VBG aumentan un 40% después de la crisis de 2022
En 2023, las denuncias de violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia aumentaron en 59 casos en comparación con el año anterior. Con esto se podría entender que, si en 2022 en una clase de 15 personas, un estudiante denunció por violencia de género,en la misma clase al año siguiente serían entre 2 y 3 estudiantes quienes harían la denuncia. Este incremento se produjo un año después del paro estudiantil que tuvo lugar en 2022, cuando estalló una crisis de casos denunciados en forma de escrache, principalmente en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Políticas. Tras esto, se demandaron mejoras en la Ruta Violeta, el mecanismo destinado para atender estos casos. Y aunque se logró llegar a acuerdos con la administración universitaria, un año después las denuncias de casos aumentaron significativamente. El aumento de denuncias no solo se registra dentro de las instalaciones de las distintas sedes de la universidad, sino que también ha crecido notablemente en situaciones que ocurren fuera de la institución e involucran a personas de la comunidad universitaria. Las denuncias se clasifican dependiendo de si los hechos ocurrieron dentro o fuera de la universidad, y si sucedieron durante actividades académicas, como clases o salidas de campo. Las denuncias dentro de la universidad aumentaron un 128,57%, mientras que las ocurridas fuera crecieron un 6,12%. Esto indica que el problema no se limita al campus, sino que se extiende a otros espacios donde interactúan estudiantes, docentes y personal administrativo. Crisis de 2022: los escraches que pararon la universidad La Universidad de Antioquia comenzó en 2018 un proceso para crear una política de prevención y atención a las violencias basadas en género, en conjunto con colectivas y la comunidad universitaria. Como resultado, se estableció la Ruta Violeta, un mecanismo que ofrece apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia de género, tanto dentro como fuera del campus. No obstante, en 2022, el funcionamiento de la Ruta Violeta fue fuertemente cuestionado tras una crisis desatada por una serie de denuncias a través del escrache, una denuncia pública directa contra los presuntos responsables. Esta situación llevó a la Asamblea General de Estudiantes, con el liderazgo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, a convocar un paro estudiantil exigiendo mejoras y mayor efectividad en la Ruta Violeta. Una de las principales razones detrás de la crisis fue la histórica falta de atención a los casos de violencia basada en género, según Sofía Velásquez, integrante del comité de género de la UdeA. Velásquez también afirma que el pliego de exigencias priorizaba la visibilización de la problemática más que acciones directas para su mejora. Esto llevó a que, el 6 de septiembre de 2022, el rector John Jairo Arboleda firmara un compromiso para cumplir con el pliego. A pesar de las expectativas de mejora tras la firma del compromiso, Sofía Velásquez señala que, dos años después, y en medio de una nueva crisis, solo se han cumplido parcialmente 2 de los 10 puntos del pliego de peticiones. Los avances logrados corresponden al punto cuatro, que propone asesoría para mejorar los mecanismos de prevención y manejo de casos de violencia de género, y al punto ocho, que sugiere la separación preventiva de docentes denunciados. Sin embargo, los otros ocho puntos siguen sin ser atendidos, lo que podría haber contribuido a la crisis actual. «Desnaturalizar la violencia es naturalizar la prevención; naturalizar la prevención es tener espacios cómodos» -Sofía Velásquez, Comité de Género UdeA. El 90% de las denuncias de violencia de género en la Universidad de Antioquia son de mujeres En la Universidad de Antioquia, por cada hombre que denuncia violencia de género, hay aproximadamente ocho mujeres que también lo hacen. En total, 315 mujeres y 33 hombres han presentado denuncias, lo que significa que las mujeres representan el 90% de los casos, mientras que los hombres constituyen solo el 9,42%. Esta disparidad refleja una tendencia histórica, en la que las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables a la violencia de género. Además, los datos sobre los vínculos entre los agresores y las víctimas en la Ruta Violeta muestran una realidad preocupante. Fuera de la universidad, el 75,45% de las víctimas no sabe si su agresor tiene alguna relación con la institución. Dentro de la universidad, el 40,94% de los casos señala a otros estudiantes como agresores, mientras que el 34,65% denuncia a docentes. Aumento en los tipos de violencia En el comunicado de la Asamblea General de Estudiantes, se menciona la presencia de prácticas como el ‘buitreo’, que consiste en tomar y publicar fotos no consentidas de personas, principalmente mujeres, con el objetivo de fomentar el acoso cibernético. Por esta y otras razones, la asamblea exigió la identificación y clasificación de los diferentes tipos de violencia de género. Tras el acuerdo de cumplimiento del pliego de exigencias, la Ruta Violeta pasó a ser gestionada por la Colectiva Justicia Mujer, que asumió una nueva administración del mecanismo. Aunque la mayoría de tipos de violencia basada en género (VBG) mostraron un aumento, la violencia sexual fue la más reportada, representando el 59,71% de los casos. Esto significa que, de cada diez denuncias, al rededor seis eran por violencia sexual. En 2023, no solo crecieron los casos en general, sino que ciertos tipos de violencia aumentaron de manera notable. La violencia psicológica subió un 354,16%, la violencia sexual cibernética se disparó un 1200%, y la violencia institucional aumentó un 2000%. Además, en 2023 se registraron 22 casos de violencia económica, un tipo de violencia de género que no había sido considerado en 2022. En 2022, el número de casos coincidía con el tipo de violencia reportada. Sin embargo, en 2023 se registraron 205 denuncias de casos únicos, que se clasificaron en 315 tipos de violencia. Esto refleja un cambio en la forma de medir y analizar los tipos de violencia desde 2022, lo que complica la comprensión de las tendencias y dinámicas sociales necesarias para identificar oportunamente los distintos tipos de violencia. Al respecto, el equipo Violeta explica que, con la llegada de la nueva coordinadora,
22 mujeres de la FCF nos contaron…
Los testimonios a continuación pertenecen a 22 mujeres de la Facultad de comunicaciones y Filología que participaron en una encuesta anónima sobre los micromachismos que han vivido en la Facultad por parte de compañeros, colegas, profesores o alumnos.
74 mujeres de la FCF dijeron…
74 mujeres de la Facultad de Comunicaciones y Filología respondieron una encuesta anónima en la que se les preguntó cuáles micromachismos han experimentado en cualquier momento de su estancia en la Facultad.
Editorial: Celebrar en medio de la multicrisis
En el contexto de urgencia que vive la Universidad de Antioquia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Editorial de la edición 108 del periódico De la Urbe. Con la edición 108 del periódico De la Urbe celebramos nuestros primeros 25 años, y decir que son los primeros es un grito esperanzado por nuestra supervivencia porque, como de costumbre, estamos en medio de una tormenta que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Como para variar, celebramos en medio de la crisis. Pero ¿de cuál? Usamos la palabra crisis como aprendemos a hablar. En América Latina, Colombia, Medellín y la Universidad de Antioquia siempre ha sido y será una palabra útil para describir casi cualquier cosa que nos pasa. Ese término corto, directo y contundente –aunque de profundas limitaciones explicativas– nos sirve para nombrar desde las violencias que sufrimos hasta las hecatombes que nos imaginamos y desde la incertidumbre por nuestro futuro en el planeta hasta la imposibilidad de que todas las personas tengan un plato de comida en su mesa. Pero este uso encarna una paradoja: la idea de crisis alude a un momento, a una coyuntura, a la aparición de una situación que irrumpe en cierta normalidad y amenaza con trastocarla y transformarla; no obstante, en nuestro contexto, parece que la crisis es la regla, tanto que es difícil identificar largos períodos desprovistos de esta. [Consulte aquí la versión digital del periódico De la Urbe 108] Decía el pensador italiano Antonio Gramsci en una de sus frases más célebres que “la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Muchas cosas viejas han muerto en estos 25 años. El mundo en el que nació De la Urbe ya no existe. En octubre de 1999, cuando circuló nuestra primera edición, no había finalizado la guerra en los países de la antigua Yugoslavia ni habían sido derrumbadas las Torres Gemelas. No había fracasado el proceso de paz con las Farc en el Caguán, ni había comenzado la era de la “seguridad democrática” que recrudeció el conflicto armado colombiano. Tampoco había salido al mercado el primer smartphone, así como la masificación de la internet y los computadores personales parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la realidad. En ese momento, la Universidad de Antioquia vivía otras crisis más relacionadas con las violencias políticas, los asesinatos selectivos y las persecuciones que con su subsistencia financiera, pero la desfinanciación estructural ya estaba en proceso gracias a una ley aprobada siete años antes: la Ley 30 de 1992. Hoy, el proyecto de universidad pública está en vilo porque, entre otras razones, los reclamos de estos últimos 30 años no han logrado que los gobiernos y el Congreso reformen de fondo ese sistema de financiación lesivo y regresivo. «La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer» Antonio Gramsci En medio de esta crisis, la única salida propuesta por quienes toman las decisiones, tanto desde la rectoría como desde la Gobernación, es reducir la Universidad a su mínima expresión. Lo llaman “austeridad”, pero en realidad es una contracción que afecta las posibilidades de garantizar el derecho a la educación digna y de calidad. Y, de paso, aplaza las discusiones urgentes sobre la necesidad de que el sistema educativo se adapte y actualice para mantenerse vigente frente a las necesidades de la región. Es cierto que con frecuencia abusamos de la palabra crisis para nombrar problemas irresueltos o para inventar catástrofes de las que no tenemos certeza, pero también lo es que en este momento esa idea resulta apenas justa e incluso se queda corta porque ante la gravedad de los problemas, las soluciones son tímidas, incorrectas e insuficientes. En este contexto de urgencia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Estas atraviesan las concepciones del Estado sobre qué es y para qué sirve la educación superior, ponen de manifiesto las violencias basadas en género, raza y clase enquistadas en el sistema educativo y evidencian los condicionantes del modelo económico con su desvalorización social de la ciencia, la academia, el pensamiento crítico y un gran etcétera. Las páginas de nuestro periódico no alcanzarían para hacer el inventario de todas las crisis que nos atraviesan. Sin embargo, en esta edición de aniversario, la 108, abordamos algunas: además de la UdeA, hablamos de los cuidados y la pirámide demográfica, del envejecimiento del campo, de la crisis climática y las políticas locales de mitigación de sus efectos, de la inteligencia artificial y el trabajo… Hablamos del presente y del futuro, porque de algo estamos seguros: estos primeros 25 años nos han enseñado la importancia de estar no solo para contar aquello que muere, sino también para dar cuenta de lo que puede nacer.
La Colectiva Justicia Mujer espera respuestas de la UdeA
La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que brindó asesoría psicojurídica a las mujeres denunciantes por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, anunció el fin de su contrato con la Universidad el 29 de mayo de 2024, en medio de la emergencia por esas violencias, “debido a las tensiones recurrentes y las diferencias agravadas en el segundo semestre del año 2023, cuando se iniciaron conversaciones de cara a un nuevo contrato”, según señalaron en un comunicado. Después de la finalización del primer contrato, el 18 de febrero de 2024, accedieron a firmar otro por 62 días para hacer el cierre de los procesos. Este se formalizó el 18 de marzo de 2024, pero la CCJM siguió trabajando durante los 28 días entre uno y otro por solicitud de Bienestar Universitario. Según dijo la CCJM en mayo, no suspendió la prestación de los servicios para priorizar “el cuidado de las víctimas, lo que ocasionó una importante carga financiera en la organización. Este aspecto, así como el retraso de los pagos pendientes se ha abordado con Bienestar Universitario sin contar con una respuesta clara y de fondo”. Seis meses después, la CCJM sigue sin recibir el pago por ese trabajo, que calculan en más de 88 millones de pesos. Nathalia Álvarez, subdirectora de la CCJM, cuenta que durante estos meses han mantenido contacto con la dirección de Bienestar Universitario, encargada de la Ruta Violeta; primero con Marcela Ochoa, directora hasta junio de este año y ahora vicerrectora de Docencia, y luego con Juan Gabriel García, actual director. “Con él hemos tenido un cruce significativo de correos, pero hasta ahora no nos ha respondido qué se va a hacer con esta situación”, cuenta Álvarez. Añade que en agosto les dijo en una reunión que no estaba al tanto de la situación, pese a que allí había personas que sabían de los acuerdos previos: “Nos dijo casi como que demandemos a la Universidad, y quedó con el compromiso de hacer la consulta y respondernos”. El último correo al director lo enviaron el 2 de octubre. Desde De la Urbe le preguntamos a Juan Gabriel García qué pasaría con el pago de la CCJM y el 10 de octubre contestó que les responderían directamente a ellas: “Cualquier pago realizado desde una entidad pública, al comprometer recursos públicos, está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos tanto en las normas generales de contratación como en el Estatuto de Contratación particular de la Universidad de Antioquia”. Esta situación se da en medio de la crisis financiera de la UdeA. Aunque la CCJM entiende que el silencio de la Universidad podría justificarse en esa coyuntura, escalarán el asunto legalmente. “Si se mantienen en su posición de no responder, avanzaremos con una acción de tutela; y si no da respuestas de fondo y asume este compromiso tendríamos que continuar con los mecanismos legales. Nos parece un desgaste innecesario, porque tanto a la Universidad como a nosotras nos saca del centro, que es lograr una universidad libre de violencias”, apuntó Álvarez. A pesar de no haber recibido respuestas sobre el pago, el 22 de agosto la Universidad les solicitó una precotización para “contratar el servicio de asesoría de representación técnica en procesos penales y disciplinarios en favor de personas víctimas por hechos de violencias basadas en género”. La Dirección de Bienestar Universitario está adelantando la apertura de una licitación pública con ese propósito, como lo anunció la Universidad en junio, aunque esto no se aclaraba en el documento enviado a la CCJM. Pese a no tener contrato con la UdeA, la colectiva sigue acompañando 21 procesos de 13 mujeres que, según afirman, no encontraron condiciones para ser representadas por ZEA Abogadas, la firma que quedó a cargo tras la salida de la CCJM.
La profe Lauren: entre la negligencia institucional y el apoyo feminista
Su caso representa las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencias basadas en género cuando activan la Ruta Violeta, un mecanismo institucional que se ha quedado corto para responder a las complejidades de esos hechos y que ha suscitado manifestaciones de docentes y estudiantes durante 2024 en la UdeA.
La criminalización a la protesta social de las mujeres: otra VBG
El hostigamiento a las mujeres marchantes del 8M ocurrido en la ciudad de Medellín, es también una violencia basada en género. Catalina Cano, abogada feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia opina al respecto en esta entrevista. Conoce más de esta conversación sobre derechos humanos y violencias basadas en género aquí.
La criminalización a la protesta social de las mujeres: otra VBG
El hostigamiento a las mujeres marchantes del 8M ocurrido en la ciudad de Medellín, es también una violencia basada en género. Catalina Cano, abogada feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia opina al respecto en esta entrevista.
Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA
Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran