“No se puede manejar de la misma forma un batallón que una universidad pública”
John Jairo Arboleda, rector de la UdeA designado para un tercer período, habló del ambiente en el que el Consejo Superior Universitario se decantó por él. Además, respondió a varias de las críticas que le han formulado desde varios sectores de la Universidad, como que su gestión ha sido “permisiva”. El rector John Jairo Arboleda en el 10|12 Lab, donde se grabó la entrevista. Allí anunció propuestas sobre la duración del período de la rectoría. Foto: Juliana Restrepo Santamaría. El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) reeligió a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, con seis votos a favor. En la sesión extraordinaria que se realizó en la Gobernación de Antioquia, Arboleda recibió el apoyo del sector productivo, el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el representante del profesorado, el de las directivas académicas y el de los egresados. El período 2024-2027 será el tercero en línea para él, no obstante, en esta entrevista aseguró que será el último. A propósito de su designación, De la Urbe habló con Arboleda sobre lo que la comunidad universitaria puede esperar de esta nueva gestión; y le planteó algunas dudas y cuestionamientos que quedaron tras la campaña, como su figura de candidato-rector y su relación con sectores del empresariado antioqueño. En un inicio, usted no estaba en las cuentas de las candidaturas, ¿por qué decidió volverse a lanzar? La normatividad universitaria permite que haya una postulación en el ejercicio del cargo. Desde lo personal, uno tiene que tomarse unos tiempos distintos. Así es que las decisiones son muy al final del proceso, y por eso precisamente quedé en el último lugar de la inscripción. También había sucedido en la primera (para el período 2018-2021). Yo era decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (2016-2017), y pensaba mucho en la toma de la decisión porque ‒siempre lo he dicho‒ no es un cargo, es una enorme responsabilidad la que uno asume; y para eso tiene que tomarse su tiempo para pensarlo, para discutirlo con muchas personas cercanas y, sobre todo, para preguntarle a la familia si están dispuestos a acompañar tantas ausencias. Terminó una campaña donde hubo mucha desinformación con respecto a las candidaturas. ¿Qué lectura hace sobre ese panorama? Muy lamentable. Yo lo sufrí. Lo sufrí porque yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia a los académicos universitarios de la dirigencia política nacional es que nosotros nos basamos en hechos, en cifras, y en la proyección que creemos que debe tener la Universidad. Yo no creo que haya cabida en un debate de estos para noticias falsas, mentiras completas, verdades a medias o para algunos comentarios tendenciosos. Y eso, desafortunadamente, nos pasó. Pero ya por fortuna sucedió el proceso de designación y esperamos recuperar nuestro espacio. En medio de ese panorama, unos carteles lo señalaban entre los aspirantes “del GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño). ¿Tiene alguna relación con el GEA o con el empresario Manuel Santiago Mejía? Tengo una relación interinstitucional. La Universidad de Antioquia y quien ocupe su rectoría hacen parte de la Junta Asesora del CUEE 2.0 (Comité Universidad Empresa Estado), y allí se encuentran todos los empresarios del departamento: los grandes, los medianos y especialmente los pequeños. Yo he tenido relación con el doctor Manuel Santiago en virtud de su participación en el Consejo Superior Universitario por muchos años. Él hace parte de la Junta Directiva del Hospital Alma Mater de Antioquia desde que era IPS universitaria, y ha sido un egresado de la Universidad que siempre ha estado muy atento en generar puentes de comunicación cuando se trata de gobiernos locales, regionales o nacionales, y también con el resto del empresariado. Tengo muy buena relación con los empresarios de Antioquia, con algunos de Colombia, e incluso en otras regiones. A mí me parece que es una gran oportunidad para que ellos conozcan de cerca la universidad pública, y sobre todo para que acompañen y apoyen muchos de los procesos que desarrollamos en los territorios. El 2 de abril el sector productivo votó por usted, cuando en principio había votado por la profesora Natalia Gaviria. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que el gran valor de mi candidatura fue la consulta. La comunicación que se conoció del Intergremial es que ellos se acogían también a esa consulta y que postulaban mi nombre. Y a raíz de lo que se suscitó con la elección de rector en la Universidad Nacional, el señor presidente hizo dos trinos en los cuales decía: uno, que se haga público por quién votan, así sea secreto el proceso; y dos, que apoyen a quien ganó en las consultas. ¿Cree que ser candidato-rector lo favoreció de alguna manera? Yo creo que favorece, sin duda. Primero por trayectoria, segundo por conocimiento del desempeño y funcionamiento de la institución; y por supuesto, cuando uno lleva seis años en el cargo hay mucha más gente que lo conoce y que ha trabajado con uno, y seguramente entre esas personas hay alguna preferencia por algún nombre, alguna figura en particular. Pero también hay riesgos. Yo creo que, en situaciones tan difíciles como las que nos toca administrar a las universidades públicas en nuestro país, es más fácil cometer errores, tener opiniones contrarias a lo que uno haya hecho. Finalmente, lo que se critica es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho es difícil de criticar, aunque también pueden venir críticas en cosas que se dejan de hacer. ¿Qué tan involucrado quiere estar en el debate sobre la reforma a la Ley 30? Como rector, lo que me toque hacer como la figura que represento. Pero sobre todo yo quiero ser un gran promotor de la participación que debemos tener los universitarios y la sociedad, porque yo creo que no podemos perder esta hermosa oportunidad de construir, porque este es un tema del orden nacional. La Ley Estatutaria de Educación va a generar la imperiosa necesidad de establecer no una reforma de la Ley 30,
¿Para qué votamos el 12 de marzo si no podemos elegir rector?
La consulta para la rectoría cuestiona los alcances de la democracia universitaria y que los resultados de la votación no sean vinculantes, pone en duda la incidencia de los estamentos en el proceso de designación rectoral. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / María Camila Monsalve A. Terminada la consulta electrónica y multiestamentaria del 12 de marzo, el actual rector y candidato a la reelección, John Jairo Arboleda, obtuvo la mayoría de los votos en seis de los siete estamentos que pueden participar de esta. Sin embargo, la consulta no es vinculante y la victoria de Arboleda no garantiza su designación para un tercer periodo. En cambio, es el Consejo Superior Universitario (CSU), actualmente conformado por ocho personas, el que tiene la potestad de elegir quién va a representar y dirigir la segunda universidad pública más importante del país. Para entender la forma de gobierno de la UdeA, y de todas las IES públicas del país, hay que volver a la ley 30 de 1992. Ésta establece que el consejo superior es el máximo órgano de dirección de cada universidad y está integrado por: la ministra de educación (o su delegado/a), el gobernador en el caso de las IES de carácter departamental (como la UdeA), una delegada del presidente de la república. Además, un representante por cada uno de los siguientes grupos: directivas académicas, profesores, egresados, estudiantes, sector productivo y exrectores universitarios. Actualmente, el Consejo Superior lo conforman: la ministra, Aurora Vergara; el gobernador, Andrés Julián Rendón; la delegada de presidencia, Salomé Restrepo; el representante de las directivas académicas, Wber Orlando Ríos; el de los profesores, Pablo Andrés Cuartas; el de los egresados, José Gustavo Jiménez; el del sector productivo, Marcos Ossa Ramírez; el de los exrectores, Jaime Restrepo y, desde el 2004, la representación estudiantil está vacante por decisión de este estamento. La ley 30 y el estatuto general de la UdeA definen que una de las funciones de las ocho personas que hacen parte del CSU es la de elegir al nuevo rector o rectora. En una universidad en la que hay aproximadamente 39 mil estudiantes y 6 mil docentes, además de los grupos de egresados, empleados y jubilados, vale la pena preguntar: ¿qué tan democrático es este sistema? La respuesta no se puede definir como algo en blanco y negro, más bien, se deben tener en cuenta todos sus matices. Deiman Cuartas Celis es economista, filósofo y profesor del Instituto de Estudios Políticos. Él menciona que el valor de la consulta multiestamentaria radica en su “carácter de indagación en la comunidad sobre quién considera que debe regir el destino del gobierno universitario”. En todo caso, el CSU hace una lectura de las consultas. Cuartas agrega: “si miramos, terminan siendo una minoría las que toman la decisión de quién será el nuevo rector o rectora”. El profesor explica que este sistema atiende a las circunstancias históricas que atravesaba la universidad y el país en el momento que fue aprobada la ley 30. Pero, “pasadas varias décadas, hay nuevas realidades. Además de tener un gobierno y una democracia universitaria, las personas y estamentos que componen la universidad como comunidad política no solo reclaman una representación, sino una participación más activa”. Cuartas menciona que las consultas no son solo mecanismos de indagación, sino que también permiten legitimar al candidato que elige el CSU. Esta idea la profundiza el abogado Carlos Mario Patiño, quien ha participado activamente de la campaña del candidato Luquegi Gil: “La consulta tiene un efecto esencialmente de legitimidad, porque si bien hay abstención, los que votamos en esa consulta participamos de los estamentos y del resto de escenarios de gobernabilidad. Entonces, si bien numéricamente no somos mayoría, políticamente sí representamos”. Lo anterior resulta clave a la hora de entender cómo votan algunos de los representantes de los estamentos. Por ejemplo, es usual que el voto del representante de egresados y profesores obedezca al resultado de la consulta electrónica, “el voto de los profesores debe asignarse en razón de la consulta, no por un asunto normativo, sino porque es el compromiso de los representantes profesorales”, resalta Patiño. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes (de pregrado o de posgrado) también participan en las consultas, pero a diferencia de los profesores o egresados, no hay un representante estudiantil ante el CSU que pueda votar en la designación. Esto ha sido así desde el 2004, por la postura de este estamento de no elegir un delegado/a por considerar que no representa la variedad de intereses o posturas que hay en la universidad. El estamento estudiantil es el segundo grupo más numeroso, detrás de los egresados, pero aun así, es uno de los que menos participa en las consultas. En el 2018 la abstención fue del 82,31%, en el 2021 llegó al 94.37% y este año al 85.5%. Las razones pueden variar: simple desinterés o desconocimiento, la sensación de que el voto no hace ninguna diferencia o que el hecho de que la consulta no sea vinculante, y que el CSU tenga la libertad de designar a cualquier candidato deja la sensación de que el proceso no es democrático y, por lo tanto, no vale la pena participar de este. Cuartas y Patiño coinciden en otro punto: lo difícil que es gobernar en la Universidad de Antioquia. Lo atribuyen a la diversidad de intereses de todos los estamentos que la conforman y, aunque el CSU no esté jurídicamente obligado a acatar el resultado de la consulta, el que lo haga permite lograr una gobernabilidad relativa. Aunque no ha sido siempre el caso. John Jairo Arboleda, fue ganador en las consultas de 2018 y 2021, y en cada caso designado por el CSU. Pero, hace nueve años, por ejemplo, Mauricio Alviar no ganó la consulta en ninguno de los estamentos, en cuatro de ellos ocupó el tercer lugar de las votaciones y, aun así, fue designado para el periodo 2015-2018. Este año se presentaron diez candidatas y candidatos al proceso de designación. Tras la consulta, el margen de ventaja que obtuvo