En la UdeA la paz se contrata, pero no llega ni al 1 % del presupuesto general
En junio de 2024 se agudizó la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. Desde la administración central, se ha hecho un llamado a tomar medidas de austeridad para solventar la crisis. Surgen preguntas sobre cómo se pueden ver afectados los proyectos de paz en esta situación. Entre 2018 y 2023, la Universidad de Antioquia ha hecho 64.766 contratos, en las modalidades de compraventa, consultoría e insumos, de los cuales 573 corresponden a proyectos e iniciativas dirigidas a la construcción de paz y memoria. La inversión en iniciativas de este tipo ha sido de 7.700 millones de pesos, que representa apenas el 0,44 % del total de presupuesto de gastos, que en 2023 asciende a 1,7 billones de pesos. En comparación, un solo contrato con la CIS (Corporación Universitaria de Servicios) realizado en 2021 tiene un valor más alto (7.900 millones) que todos los contratos de paz. Durante este período, la Facultad de Comunicaciones y Filología (la unidad académica con mayor número de inversión en contratación) ha suscrito 238 contratos, acumulando un total de 509 millones de pesos, es decir, un 6,6 % del gasto total en contratos sobre paz de la UdeA. 2021 fue el año con mayor cantidad de contratos, con un total de 109, de los cuales 50 también fueron de la FCF. La siguiente gráfica expone todos los contratos relacionados a temas de paz y conflicto entre 2018 y 2023, divididos por año, la dependencia y el tipo de contratación: Gráfica 1: Número de contratos relacionados a temas de paz y conflicto por dependencia. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA. Si bien se podría decir que la suma destinada a la contratación relacionada con paz y memoria en los últimos 6 años no es tan baja, al compararla con el presupuesto general de la Universidad solo para el 2024, se observa que el porcentaje es tan mínimo que, habría que multiplicarlo 216 veces para igualar esta cantidad. El presupuesto total desde 2018 hasta 2023 es de 7,1 billones de pesos, lo que significa que la contratación para la paz representa solo el 0,10 %. En ninguno de los años los contratos destinados a temas de paz logran superar el 1 %. Gráfica 2: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. Tabla 1: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. La paz: un tema recurrente en la UdeA La Universidad de Antioquia es una institución que, históricamente, le ha apostado a la construcción de paz y memoria como uno de los ejes centrales en el ámbito de la docencia y la investigación. Los proyectos con este enfoque han llegado a distintos territorios, teniendo un alcance significativo en ellos. Sin embargo, ante las recientes medidas de austeridad por la crisis financiera, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará con estos proyectos? El 20 de junio de 2024, La vicerrectoría general de la Universidad de Antioquia publicó una circular en la que anunciaba la implementación de unas medidas de austeridad para contener la crisis financiera que ha afrontado desde los últimos años, y que este año se agudizó, cuando en mayo la universidad anunció que se retrasaría el pago de nómina. «Acogiendo el llamado y las orientaciones del Consejo Superior Universitario (…) compartimos un primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo y garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.» En las medidas contempladas en la circular firmada por el Vicerrector general – para ese momento ejerciendo funciones de rector – Elmer de Jesús Gaviria Rivera, se incluyen: la suspensión de contratación de profesores vinculados, ocasionales, de cátedra y de empleados para actividades especiales con cargo a los fondos generales; la reducción de horas cátedra en el plan de trabajo de los docentes; y la reducción de gastos de transporte, viáticos, insumos, publicidad y uso de TIC. En la gráfica se compara el presupuesto y el total de gastos de la Universidad por año, entre 2018 y 2023. Se observa que desde 2022 los gastos excedieron el presupuesto general, tanto que al año siguiente, los gastos lograron estar 59.500 millones de pesos por encima del presupuesto, es decir que la universidad tuvo que buscar otras maneras para solventar el dinero en el que se excedió en gastos. Gráfica 3: Presupuesto histórico de la universidad en los últimos años, comparado con sus gastos. Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la UdeA. Varias dudas persisten sobre las medidas de austeridad. Por ejemplo, ¿cómo se verán afectadas las actividades relacionadas con la investigación o extensión, especialmente aquellas vinculadas con procesos de memoria y construcción de paz en los que la Universidad ha sido pionera? A lo largo de su historia, la Universidad de Antioquia se ha interesado en trabajar temas de paz, memoria y conflicto desde distintos ámbitos. Víctor Casas, coordinador de Hacemos Memoria, unidad de la Universidad que investiga y promueve un diálogo público sobre el conflicto armado y las violaciones de Derechos Humanos en Colombia, señala que «La Universidad de Antioquia ha estado históricamente comprometida con la paz, la memoria y el conflicto, no como una moda, sino como parte de su identidad». En 2017, surge la Unidad Especial de Paz (UEP) como respuesta a la necesidad de las unidades académicas de contar con un espacio para coordinar y transversalizar acciones de construcción de paz que se implementan desde todas las unidades académicas, tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Fue creada formalmente en 2018 mediante una resolución del Consejo Superior Universitario. Su objetivo es articular, gestionar y
Así viven los combatientes que salieron de prisión para aliviar la salud y promover la paz
Crédito: Cruz Roja. Uno de los temas en los que han llegado a acuerdos las delegaciones del Gobierno y el ELN son los alivios humanitarios para la población carcelaria de esa guerrilla. Para explicar de qué se trata, visitamos a un grupo de integrantes del ELN que salieron de prisión, debido a sus condiciones clínicas, para ejercer como promotores o gestores de paz. Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar. Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar. Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos. Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo. A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión. Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz. La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones. Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones. ¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado? Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad. El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades. En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico. De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública. Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses
Paz es paz, pero plata es plata
El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro. Ilustración: Sara Uribe de los Rios El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali. La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico. Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016. Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la
Documental: Diario de un encuentro de paz
El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) «La Plancha», en Anorí, Antioquia, es el lugar en el que lo excombatientes del Frente 36 de las Farc han hecho su tránsito a la vida civil y campesina. Durante el primer semestre de 2018, un grupo interdisciplinario de profesores y estudiantes, de la Universidad de Antioquia, llegó a este ETCR para realizar actividades de capacitación y entablar un diálogo de saberes. Este documental es el registro de el encuentro de paz de estas dos comunidades. https://www.youtube.com/watch?v=f710kybdH4I&t=94s