Vida Maitamá: un tesoro natural en peligro
El complejo de páramos de Sonsón late con vida propia. Detrás de su belleza se esconde una lucha entre la conservación y los intereses individuales. Esta es la historia de un lugar donde la protección del ambiente y los ingresos que genera el turismo entran en disputa. Estudiantes de la Universidad de Antioquia durante una visita al cerro La Vieja. Foto: Linda Valentina Ramírez. Cuando llegaron a la cima no había espacio para acampar. Aun así armaron dos carpas para pasar la noche, talaron frailejones para aumentar el espacio y prendieron una fogata. Los frailejones están en peligro de extinción, crecen entre uno y dos centímetros y medio por año y pueden tardar hasta 100 años en alcanzar su altura máxima. Se ubican en las partes más altas de los páramos (entre los 2700 y los 4400 metros sobre el nivel del mar) y usan su cuerpo como una esponja para captar la humedad de la neblina y luego convertirla en el agua que baja hacia las quebradas y los ríos. En el complejo de páramos de Sonsón queda el cerro Las Palomas, conocido también como Vida Maitamá. Allí crece un frailejón endémico llamado Espeletia restricta y se descubrió en los últimos años una especie de orquídea llamada Pleurothallis maitamae, conocida ahora como la orquídea maitamá. Hace dos años un grupo de turistas acampó en la punta de este cerro y cortó algunos de los frailejones que había allí. En ese momento, en todo el cerro se podía hacer turismo. Meses después, el 9 de octubre de 2024, las autoridades locales prohibieron cualquier turismo en el cerro y, posteriormente, en abril de 2025, cerraron para el turismo ciertas zonas de La Vieja, otro cerro aledaño. El cierre se justificaba en la afectación medioambiental. Luisa Arbeláez, periodista de Sonsón, tiene una postura clara sobre el tema: no está de acuerdo con el turismo que allí se hace, ya que este no considera el daño medioambiental. Jatin Castañeda, directora local de Turismo, menciona que tampoco está de acuerdo: “Lo que pasa es que ellos, los guías empíricos, perdón la expresión, solamente quieren ganar plata”. Dice que la Alcaldía no apoyaba el turismo a los páramos porque de cualquier forma lastimaba al medioambiente, pero como institución tampoco lo pueden evitar por completo. Según Natalia Zapata, fundadora de la Asociación Ambiental y Social de Mujeres Rurales Amigas del Páramo, “el turismo en el cerro se disparó tras la mejora de la seguridad en la zona, especialmente después de que se puso de moda el turismo de altura y se descubrió el frailejón endémico” en 2020. Todo esto llevó a una masificación turística sin vigilancia ni control y los guías turísticos que venían de otras partes subían con grupos de hasta 30 personas, hacían fogatas y dejaban basura, lo cual degrada el ecosistema, ya que la materia orgánica se descompone más lento debido al frío. Aun así, en Sonsón hay personas que ven el turismo en el complejo de páramos como una oportunidad de trabajo. En la vereda Manzanares vive Fredy Orozco en una casa de paredes blancas y techo de teja. Él es un hombre alto, de unos 50 años, que hace recorridos guiados por los cerros de Sonsón. Antes de subir se alista: viste sombrero de paja, camisa verde fosforescente con la imagen de La Vieja y una chaqueta beige. Nubia, su esposa, de estatura baja y cabello negro lacio, prepara el desayuno que le entrega a los turistas: arepa con quesito, huevo, tortas de maíz, carne y arroz con chocolate en aguapanela. Alrededor de la casa donde viven hay un árbol de guayaba agria, otros de aguacate y varios cultivos de papa criolla. Fredy es campesino, en realidad el turismo solo le representa un ingreso extra. Manzanares está dividida en tres partes: centro, abajo y arriba. Está repleta de tres cultivos: cebolla larga, papa criolla y aguacate. De acuerdo con Leidy Orozco, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Manzanares, “el turismo en la zona surgió después del año 2005”, cuando mejoró la seguridad en varios lugares como el camino a Murringo, cascadas, cuevas y, el más famoso, La Vieja. En la zona de páramos algunos de los cultivos más comunes son la cebolla de rama y el aguacate. Foto: Linda Valentina Ramírez. En 2025, antes de las regulaciones, el turismo estaba en apogeo. Antes de la pandemia el turismo llegaba hasta el pueblo, pero después el ecoturismo tomó fuerza y subir los cerros de La Vieja y Las Palomas se volvió un atractivo debido a la cercanía y la seguridad para visitarlos. Los guías de Manzanares, entre ellos Fredy, siempre habían sido los encargados de guiar. Él llevaba alrededor de 23 años subiendo, pero empezaron a llegar nuevos guías provenientes de agencias de afuera del municipio. Primero les pagaban a los locales, luego se aprendían el camino y comenzaban a ofrecer los recorridos por su cuenta. Junto con su sobrino, Fredy es uno de los dos guías que quedan en la zona. Él brinda el recorrido acompañado de sus dos perros: Júpiter, pequeño, blanco y con manchas cafés, y Oso, de un pelaje café y negro. Durante el ascenso a La Vieja, Fredy habló sobre las regulaciones y el cierre de Las Palomas: “Ya nos tienen aquí con unas reglas y nos pusieron muchas reglamentaciones más. Pero las estamos respetando, ya que a nosotros nos conviene también. Porque es que si el morro nos lo ayudan a controlar, no hay peligro de que nos lo cierren. Es como yo le dije al alcalde: ‘Es que ustedes están fomentando el turismo en Sonsón y cerrando lo que hay de turismo’”. De hecho, la Alcaldía adoptó un plan local de turismo que va desde 2022 a 2031 con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y aprovechar el potencial turístico de la región. Justamente, Jatin había mencionado que desde la administración municipal tenían planeado cerrar el cerro La Vieja este año debido al daño que hay en la flora y fauna.
Tras los rastros del higo
En el corregimiento Alto de Sabanas, en Sonsón, el higo, único cultivo de su tipo en Antioquia, lleva más de 200 años aferrado a la tierra. Llegó a exportarse a Estados Unidos y España, pero hoy libra su batalla más difícil: sobrevivir al avance imparable del aguacate. Productores, emprendedores y artistas se niegan a dejarlo morir. El corregimiento Alto de Sabanas, productor de higo en Sonsón, tiene 2325 habitantes. Foto: Jannín Cortés. El higo es el fruto producido por el nopal, planta de la familia de las cactáceas. En Antioquia, lejos de ser una planta desértica constituye una rareza botánica en el paisaje, tanto por su origen foráneo en Mesoamérica como por las particulares condiciones que requiere para crecer y fructificar. En el departamento solo crece en Sonsón, donde los vientos cálidos que ascienden desde el cañón del río Arma le ofrecen un hogar ideal en el corregimiento Alto de Sabanas. Aunque la historia de su llegada ha sido difícil de rastrear, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón afirma que hay ejemplares con más de 200 años de vida. Pero, con el tiempo, la apuesta económica del municipio dio un giro cruel e implacable con las higueras. Pese a su arraigado valor cultural, la planta pasó de ser promesa de prosperidad a ser reemplazada por cultivos de mayor rentabilidad. Durante los años 80 y 90, el higo alcanzó su cima gracias a las exportaciones a Estados Unidos y España. Productores grandes y pequeños unieron fuerzas en 1988 para crear Coprohigo, una cooperativa que fue el corazón de este comercio y que también apoyaba a los cultivadores cafeteros. Sin embargo, quebró en el 2002. Desde la creación de Coprohigo “se empezó a manejar un monopolio del higo”: se adueñaron de los clientes de afuera, compraban a los campesinos a precios bajos y, en épocas de cosecha, no compraban o pagaban valores insignificantes para manipular el mercado en Bogotá y mantener precios altos”, explica Donnovan Velásquez, secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón. Tras la quiebra de la cooperativa, la idea de trabajar como asociación quedó en el olvido. Según Velásquez, ha sido difícil recuperarla debido a la desconfianza que persiste entre los productores después de aquellas experiencias. “Hoy venden a dos o tres comercializadores que están comprando en el municipio, y desde la secretaría estamos tratando de que entre una empresa exportadora”, señala. Lo cierto es que recorrer Alto de Sabanas permite ver en algunos sitios un tipo de cementerio: donde antes había higueras hoy hay lotes talados. Llevarlo al resto del mundo En el 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inauguró en Sonsón la planta de procesamiento y empaque de aguacate Hass más grande del país, propiedad de las multinacionales Westfalia Fruit (Sudáfrica) y Agricom (Chile). La instalación, con capacidad para procesar 20 toneladas por hora y hasta cuatro millones de kilos al año, desplazó a varios cultivos ya predominantes, entre ellos el higo. Para ese año, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), había 96 hectáreas sembradas de higo y 3670 de aguacate. Muchos campesinos que aún mantienen sus higueros han optado por diversificar e incluir el aguacate. Yenifer Betancur, emprendedora de Venga le Higo, iniciativa agroturística alrededor de esta planta en Alto de Sabanas, explica que hoy la mayoría de las familias conservan una porción pequeña de sus tierras para el higo y el resto lo cultivan con otros productos más rentables. Esa tendencia coincide con las cifras de la UPRA para 2024: en el municipio había 5479 hectáreas sembradas de aguacate (49.3 % más que en 2019), frente a solo 69 de higo (28 % menos). “El aguacate Hass es mucho más rentable desde el punto de vista económico y también en términos de mano de obra. Si a alguien le dicen que le van a pagar 80.000 pesos por un día recogiendo aguacate o lo mismo por un día recogiendo higo, yo creería que elegiría el aguacate, porque además el trabajo del higo es muy complejo”, afirma Velásquez. Según el funcionario, la dificultad radica en tres aspectos. Uno es la técnica de cosecha, pues las plantas son muy altas y requieren garrotes para alcanzar los frutos. El segundo es la pelusa; tras la cosecha, el lavado implica retirarla manualmente, lo que es un trabajo arduo que deja a muchos con callos endurecidos por las tunas. El último, la vida poscosecha: el higo es frágil y un golpe basta para que se empiece a fermentar y adquiera un olor vinagroso. Además, señala que hacen falta máquinas básicas, como las que permiten retirar la pelusa del fruto, una labor que, por la división sexual del trabajo, ha recaído históricamente en las mujeres cultivadoras. El nopal crece en Sonsón incluso desde antes de que el municipio tuviera nombre. Foto: Jannín Cortés. La búsqueda de un nuevo mercado Durante décadas, la parte del nopal que más provecho traía era el higo y el resto del cactus quedaba sin uso. En los últimos años, sin embargo, han surgido emprendimientos y nuevas formas de comercialización que buscan romper con ese modelo tradicional. En gobiernos anteriores se fomentaba el cultivo mediante beneficios para los campesinos como el abono, los fertilizantes y las herramientas para la siembra. Sin embargo, la administración actual dejó de hacerlo pues “no está de acuerdo con incentivar la cosecha si no se está vendiendo en el mercado”, afirma el secretario de Agricultura. Según Velásquez, la Alcaldía se está enfocando en la poscosecha, la transformación y la comercialización del producto. Comenta que han trabajado con la Universidad Católica de Oriente, en la convocatoria Alianza Ruta Sostenible, en la que se hizo un plan de comercialización y transformación. Los tres comerciantes que compran el higo de Sonsón lo venden en el resto del país. Sin embargo, ese “monopolio”, como lo llama Velásquez, hizo que el precio del higo cayera y que les pagaran a los campesinos precios muy bajos. “El objetivo del plan de comercialización es llegar a los mercados nacionales
Tradiciones de jaula y canto
En el Caribe colombiano hay costumbres que poco se nombran fuera de la región, o que, cuando se nombran, despiertan un debate cada vez más encendido entre lo que se hereda y lo que la ética cuestiona y la ley prohíbe. Los concursos de canto de aves son una de estas, pero también una costumbre de patio y solar, de ocio y de vida cotidiana. Los concursantes suelen mantener a los pájaros bajo sombra antes de cantar, para preservar su “ánimo”, es decir, que estén tranquilos y puedan rendir bien en el concurso. Foto: María Andrea Canchila. Así como hace décadas Joche cogió un mochuelo en las montañas de María para dárselo al cantautor caribeño Adolfo Pacheco, quien en un gesto de amor se lo regaló a su novia o como Oscar Wilde en el lejano Reino Unido imaginó un ruiseñor que se dejaba morir por amor mientras ofrecía su último canto, también en el Caribe colombiano el canto de las aves ha inspirado sus costumbres. La captura y el encierro de estos animales para hacerlos competir con su canto es una práctica heredada de los españoles en las Islas Canarias que todavía sobrevive en la costa. Una escena que vuelve a repetirse hoy, 21 de septiembre, bajo la sombra de un árbol campano en Sincelejo. *** “A este le puse Nueva York, porque es nombre de ganador”, me dice Mario Oliva mientras sostiene con orgullo una jaula gris que contiene a uno de sus pájaros: un congo bajero, como lo llaman en la región, su nombre científico es Sporophila crassirostris, cuyo nombre significa algo así como “amante de las semillas de pico grueso”. Nueva York acaba de imponerse en un concurso de canto de bajeros con un récord destacado: 37 cantos en cinco minutos, superando por mucho a sus 11 contrincantes, que alcanzaron apenas 15. Mario sonríe satisfecho, como si cada nota entonada fuera también suya. El pájaro, pequeño y de plumaje oscuro, se mantiene firme, con el pecho erguido, como si supiera que esa mañana se ganó el aplauso de todos. Según cuentan los asistentes, ese fue el último concurso de bajeros que se realizó en Sincelejo, la capital de Sucre, en 2025. La razón es casi natural: entre mayo y septiembre, los bajeros entran en su mejor época de canto. Es su temporada alta. Pero al terminar la temporada, muchos comienzan la muda o disminuyen su intensidad vocal. Ese día desde las siete de la mañana comenzaron a llegar hombres aficionados a la crianza y la tenencia de estas aves cantoras. El punto de encuentro fue un lote privado abandonado en el barrio El Caribe, en el suroeste de la capital sabanera. Pronto se acomodaron en sillas Rimax, en medio de conversaciones bajo un sol intenso y temperaturas que rozaban los 32 grados. Dos horas después de que llegaran los primeros, justo cuando se repartía el primer tinto servido en vasos plásticos, la tertulia ya tomaba fuerza. Mientras conversaban, paseaban a los pájaros de un lado a otro, colocándolos en alambres colgados sobre las ramas de los árboles. –Eso es para que no se les vaya el genio —intervino otro de los aficionados que estaban por competir. –¿El genio? —pregunté. –Si los mueven quedan activos y no se “pasman” para cantar —complementó Jorge María, uno de los canaricultores más reconocidos del lugar. Conocía a Jorge porque era muy amigo de mi tío Tairon Velilla, quien fue pajarero —como llaman en la costa a quienes crían aves cantoras— durante muchos años, hasta sus últimos días de vida. Él se obsesionó con los canarios timbrados españoles y compartió con Jorge la afición desde hace unos 30 años, el mismo tiempo que llevan reuniéndose en este lugar para hacer concursos de canto. Desde que inicia la temporada de competiciones, los pajareros se reúnen allí cada 15 o 30 días para enfrentar a varias especies: canario criollo, rositas o meriños, bajeros y sinsontes. Todas son especies nativas del paisaje sabanero conseguidas mediante la caza o la compra, actividades que, por más pasión que despierten, son ilegales. “Aquí los que nos joden son los animalistas —me dice Jorge mientras toma un sorbo del tinto—, que no entienden que uno hace esto por afición, ni siquiera por negocio. Esto es para venir, reunirnos, conversar, tener un hobby. Nosotros no tratamos mal a los pájaros; al contrario, los cuidamos mucho”. Según Laura Rubio Rocha, bióloga y fundadora de la Corporación Ruta Natural, el encierro afecta a las aves de muchas formas: las induce al estrés e incluso al automutilamiento. En cautiverio también pierden la posibilidad de alimentarse de manera adecuada y de reproducirse, lo que disminuye la variabilidad genética. Aunque los concursantes y tenedores de estas aves aseguran hacerlo con cuidado y compromiso, Laura advierte que el peligro es inminente: “si se escapan, pueden poner en riesgo la fauna nativa mediante la transmisión de enfermedades y otros impactos sobre los ecosistemas”. En Colombia, la tenencia de aves silvestres como mascotas está prohibida desde 2016 por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de ese año), también conocido como Código de Policía. Desde su radicación se iniciaron las sanciones ante este tipo de actividades, lo que incluye multas y decomiso de los animales que encuentren en cautiverio. La norma deja claro que los concursos de canto con aves nativas —como los que se hacen en la costa— y su crianza en cautiverio son prohibidos y clandestinos. Este lote pertenece a Jorge Enrique Mendoza Vergara, dueño de la empresa Jomeve, que produce y comercializa materiales para la construcción. Los vecinos lo utilizan para sus actividades recreativas, entre ellas el concurso de canto de aves. Foto: María Andrea Canchila. Mientras avanza la mañana y se suman competidores, Jorge me comenta que, probablemente, estos sean los últimos concursos. Cree que la ley está cada vez más estricta. “Yo no creo que podamos seguir así por mucho tiempo. Mira que Petro y la senadora [Andrea] Padilla están bien insistentes con acabar todo esto”, añade. Desde
Semillas nativas: la lucha comunitaria por la soberanía alimentaria en el Atrato
En El Carmen de Atrato, campesinos y científicos han descubierto que la única manera de salvar sus semillas es poniendo a dialogar lo ancestral con lo técnico. De ese encuentro nació un protocolo intercultural que hoy protege la vida del territorio. Ilustración por Luisa Fernanda Arango. Es luna menguante y Ligia Ortega ya tiene sus semillas preparadas. A sus 68 años —que a veces le pesan en el cuerpo pero no en la memoria— dice que sus manos han aprendido a reconocer las de mejor calidad, esas que pueden resistir un clima cada vez más cambiante. Como muchos otros campesinos de El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, Ligia se sabe custodia de uno de los patrimonios naturales más importantes de su pueblo: las semillas nativas. Es reconocida como una sabedora del territorio y se asume guardiana y narradora de prácticas que no deberían desaparecer. Nació en una familia de agricultores, en un hogar atravesado por la herencia antioqueña y la chocoana, donde cultivar la tierra era parte de la vida cotidiana. “El Carmen de Atrato es un municipio frío y montañoso —explica—. Estamos en una parte bajita, pero alrededor hay muchas cimas. Incluso el río Atrato nace en una de esas montañas inmensas. Cuando llega a nuestro municipio ya viene más crecido, y cuando avanza por el Chocó se vuelve navegable”. Así describe Ligia el territorio que la vio crecer. En su memoria hay un Carmen distinto; uno más frío, en el que vivían envueltos en neblina, y el río Atrato era “vida pura”, con peces grandes, agua cristalina y familias que se bañaban sin miedo a enfermarse. Hoy, dice con tristeza, “ese río ya no tiene color claro”, y los peces han ido desapareciendo, arrasados por la actividad minera. Hace unos veinte años, el municipio era conocido como la despensa agrícola de Quibdó, por la riqueza de sus suelos y la abundante producción que abastecía los mercados de la capital chocoana. Desde muy pequeña, Ligia ayudaba a su papá —agricultor toda la vida— en las labores del campo y recuerda que su familia siempre tuvo una profunda vocación agrícola. “Aquí se cultiva de todo —relata—. Antes solo dábamos café, naranja y un plátano que conocíamos como el enano. Pero ahora producimos guanábana, borojó, fríjol, marañón y cebolla en rama. Sin embargo, ya no es como antes: las veredas se han ido apagando, muchas semillas antiguas se han perdido y el clima ha cambiado tanto que ahora incluso tenemos más variedades de café”. Esa preocupación colectiva abrió el camino para que campesinos, sabedores e investigadores unieran esfuerzos en la recuperación y cuidado de las semillas nativas. *** En un convite formado por 20 campesinos de la zona y dos sabedores —entre ellos, Ligia—la comunidad se reúne en una jornada de trabajo colectivo con investigadores de Agrosavia —Corporación colombiana de investigación agropecuaria— para limpiar el terreno, seleccionar las semillas y proceder a sembrarlas. Allí se entrelazan sus saberes tradicionales, transmitidos de generación en generación, con nuevas técnicas validadas científicamente que, señala Ligia, son fundamentales para que los cultivos crezcan bien y sin plagas. Ella, así como sus compañeros de jornada, sabe que tanto la preservación de semillas criollas —aquellas que no han sido intervenidas genéticamente— como el rescate y la protección de la vocación ancestral de producción agrícola de El Carmen de Atrato es tal vez su misión más importante.Y es, al mismo tiempo, la manera que tienen de proteger esa relación profunda y simbólica que los une con el río. Durante las últimas décadas, las semillas han sufrido una profunda transformación y vulneración debido a la expansión de la minería industrial por parte de la empresa MINNER S.A., propiedad de la canadiense Atico Mining Corporation. A partir de las cerca de 6.356 hectáreas destinadas a la explotación de cobre y otros minerales, la actividad minera ha contaminado el territorio, deteriorado los suelos y el río, y reducido drásticamente la disponibilidad de alimentos. A esto se suma que, en mayo de 2025, la licencia de operación fue renovada por 30 años más. El municipio hoy enfrenta una crisis de seguridad alimentaria, la desaparición de semillas y cultivos tradicionales, el abandono del campo por parte de los jóvenes y la pérdida progresiva de conocimientos agrícolas ancestrales. Ramón Cartagena, miembro de los Guardianes del río Atrato, relata que hoy los jóvenes prefieren trabajar en la mina antes que cultivar la tierra y esa elección ha ido vaciando las veredas de campesinos. También, ha llevado al municipio a perder su capacidad de autoabastecimiento; hoy buena parte de los alimentos que consumen en Carmen de Atrato son traídos desde municipios como Urrao. Algunas semillas, como las de la calabaza ‘Victoria’ y dos variedades de fríjoles, ya han desaparecido.Unas cuantas más, como la del fríjol petaco, están en riesgo de extinguirse. Y a esto se suma un problema adicional: la dificultad de los caficultores para vender su producción, ya que desde el 2022, la tienda de la Cooperativa de Caficultores de Andes —que compraba la producción local— cerró, obligando a los productos a movilizarse hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su cosecha. Esto ha provocado que el café, que alguna vez sostuvo a muchas familias, hoy se quede embodegado en las fincas o sea vendido a intermediarios que pagan casi nada por él. Las palabras de Ramón destilan la nostalgia de un territorio que fue fértil antes de que la minería “cambiara al pueblo” y lo volviera un lugar donde los jóvenes ya no sueñan con el campo. Recuerda árboles desaparecidos —como el comino o el cedro— como si fueran familiares que se marcharon sin despedirse. También evoca semillas que ya no se encuentran en la región y cómo su ausencia se llevó consigo una parte de la memoria campesina. Y aun así, en medio de esa tristeza, hay una ternura enorme en la forma en que recuerda la siembra: “Muy empírico todo”, dice, un aprendizaje nacido de observar a los mayores, de manos que crecieron con ellos más que de
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
Los juegos del cobre en Putumayo
La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero
Sembrando resistencias
Parque principal de Támesis, Antioquia. Foto: María Camila García Patiño. Se siembra resistencia como se siembra cualquier cosa: con cariño, paciencia, voluntad, y, sobre todo, con esperanza de poder cultivar sus frutos. En su tercera acepción, el diccionario de la RAE define resistencia como “un conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio”. La cultura y el arte intencionados en las nuevas generaciones, el poder del agua, la fuerza en los actos cotidianos del campesinado y la búsqueda por desarrollar nuevas economías han llevado a la comunidad de Támesis por diferentes caminos para alejarse de la sombra que amenaza con oscurecer su futuro. Creemos en la importancia y el impacto del periodismo universitario como una herramienta a nuestro alcance para dar a conocer las historias de una comunidad que se enfrenta a la minería en su territorio. Como periodistas en formación tenemos un compromiso con la verdad y la rigurosidad en la investigación; no tenemos un afán extractivista donde llegar a un lugar, sacar lo que necesitamos e irnos son actos sucesivos. Dentro de nuestras posibilidades buscamos mostrar de forma fiel lo que sucede en Támesis para dar a conocer algunas de las dinámicas de resistencia a la minería que allí se manifiestan. Los tamesinos esparcen semillas y siembran resistencias. Nosotros, estudiantes de periodismo, miramos de cerca sus brotes, los investigamos y ayudamos a que estos sean vistos. Si la minería acecha, Támesis resiste La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra. Anneth Sofía Huérfano Torres | annethsofia.huerfano@udea.edu.co Sofía Parra Álvarez | s.parra1@udea.edu.co Reportaje: Si la minería acecha, Támesis resiste En Támesis, la resistencia a la minería se cultiva como la tierra: con paciencia, esperanza y voluntad colectiva. Cuatro fuerzas sostienen esa defensa del territorio: la labor cotidiana del campesinado, la protección del agua, la apuesta por un turismo que conserva en lugar de extraer y una cultura que transmite memoria y unión. Presiona cada botón para conocer las historias. Agua En Támesis, el agua se convirtió en el corazón de la defensa territorial. Desde los nacimientos y los ríos hasta el agua que sale por la llave, cada gota impulsa la resistencia a la minería. Documental: El agua que cuidamos Reportaje: La minería no calma la sed Campesinos Los campesinos fueron la primera voz en alertar sobre los riesgos del extractivismo. Con su conocimiento del territorio, demuestran que la tierra vale más cuando se cultiva. Entrevista: Voces que siembran siempre y resisten cuando toca Entrevista: Recetario para cosechar resistencias Cultura El arte, a través de la pintura, la música y el encuentro, se transformó en una herramienta defensiva. Cada expresión reafirma que el territorio no es mercancía sino identidad. Serie web: Semillas de resistencia Taller: Sembrando historias Turismo El turismo emergió como una alternativa que valora el paisaje y a sus comunidades. Montañas, cascadas y petroglifos hacen parte de la historia de un pueblo que elige cuidar. Pódcast: Las caras del turismo Dirección – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Asistencia de dirección – Valeria Londoño Morales Producción – Pablo Giraldo Vélez y Janis Ascanio Maestre Diseño web – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Diseño sonoro – Gisele Tobón Arcila Reportaje – Anneth Sofía Huérfano Torres y Sofía Parra Álvarez Agua – Janis Ascanio Maestre, Cristian Dávila Rojas, Valeria Londoño Morales, Salomé Tangarife Rico y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Campesinos – Anneth Sofía Huérfano Torres, Pablo Giraldo Vélez, Daniel Esteban Gómez Penagos, Sofía Parra Álvarez y Gisele Tobón Arcila Cultura – Heidy Johana Díaz Chaverra, Verónica Lucía Zarama Guerrero, Sara Hoyos Vanegas y Joan Manuel Guarín Castañeda Turismo – Natalia Chaverra Cadavid, Gissell Alejandra Galindres Inguilán y Estefanía Salazar Niño
Guainía se le planta a la minería con el turismo
En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció
Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo
En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara
Miguel Ángel Pabón, el defensor ambiental que se oponía a una represa y desapareció en 2012
Entre 2009, cuando inició la construcción de Hidrosogamoso, y 2014, cuando empezó a funcionar la hidroeléctrica, fueron asesinados al menos seis defensores del territorio, y uno más fue desaparecido. Esta es la historia del último de ellos. Aunque en 2020 hubo una condena a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel, su cuerpo aún no ha aparecido. Foto: Jaime Moreno Vargas. ¿Quién era usted, Miguel Ángel? ¿Por qué caminaba tanto con unos zapatos muy incómodos, que además le sacaban ampollas? ¿Por qué vivía obsesionado con ayudar a los más pobres si a veces no tenía ni para las tres comidas diarias? ¿Por qué cuando les pedí que me dijeran que era lo que más recordaban de usted, dos personas coincidieron en que sus abrazos se caracterizaban por ser amplios, largos, sin medida de tiempo ni espacio? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información sobre las condiciones en que usted desapareció, a las 11 de la noche del 31 de octubre de 2012? ¿Quiénes eran los hombres armados que lo sacaron de su casa ese día? ¿Por qué querían hacerle daño? ¿Dónde está ahora, Miguel Ángel? De Miguel Ángel Pabón quedan pocos registros gráficos, pero muchísimos recuerdos entre los compañeros que, durante cuatro años, lo acompañaron a luchar contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidrosogamoso. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Existe un Día Internacional de Acción Contra las Represas. La mayoría de la gente —al menos la que no vive cerca o la que no trabaja en eso que el diccionario define como una “obra para contener o regular el curso de las aguas, generalmente de hormigón armado”— desconoce la efeméride, pero los líderes sociales y defensores ambientales de nueve municipios de Santander la tienen marcada en sus agendas desde hace por lo menos 15 años. Por eso eligieron el 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción Contra las Represas, para bloquear la entrada del campamento de los 4.000 obreros que desde hacía dos años avanzaban en la construcción de la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto hidroeléctrico que prometía ser uno de los mayores generadores de energía y desarrollo de Colombia. Aunque la protesta estaba agendada para las 6 de la mañana, Miguel Ángel Pabón estuvo ahí, en el campamento El Cedral, a 67 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conduce a Barrancabermeja, a las 4 de la madrugada. Ya era una cara visible de quienes defendían al río Sogamoso y a las comunidades de la zona. No solo porque el desvío del cauce del río estaba comenzando a alterar su seguridad alimentaria, en una región donde la pesca jugaba un papel muy importante en el sustento de la gente. También porque muchos se enteraron de la existencia de la hidroeléctrica cuando ya había empezado su construcción. Y porque no había claridad de si Isagen, la empresa a cargo del proyecto, había realizado todos los estudios necesarios para prever si el embalse aumentaría la sismicidad de la zona, en un departamento que acumula más del 60 % de los temblores de Colombia. Ese 14 de marzo, a los campesinos y pescadores se unieron estudiantes, ambientalistas, miembros de distintos sindicatos y varias decenas de volqueteros que trabajaban en la obra: hacía tres meses que Isagen no les pagaba sus servicios. Duraron tres días en la entrada del campamento. “Ese bloqueo fue un hecho político muy importante. Un punto de quiebre en nuestras luchas sociales”, me cuenta trece años después Mauricio Meza, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, que hoy dirige la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso, una oenegé creada en Santander hace casi 30 años. Hecho político. Punto de quiebre en las luchas sociales. Y acción que también influyó en la desaparición de Miguel Ángel. De eso está convencido Mauricio. “Esas volquetas luego se supo que eran de ‘paracos’ y de manes que robaban gasolina. Ellos dijeron que se sumaban al bloqueo y se iban detrás de nosotros para que les pagaran, pero cuando al segundo día de protesta nos mandaron al ESMAD y comenzaron a darnos con todo, uno de los contratistas de las volquetas que nos había ayudado sacó un revólver y empezó a dispararles, y eso me puso a desconfiar mucho porque significa que la movilización estaba infiltrada”, afirma. Ese contratista se llama Jorge Larrota Portilla y en 2020 fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel. El problema es que el cuerpo aún no ha aparecido y, por ello, oficialmente sigue reportado como desaparecido. Mauricio Meza, uno de los amigos más cercanos de Miguel Ángel Pabón, sostiene una foto del líder desaparecido en octubre de 2012. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Según un documental web de la organización ambientalista Censat Agua Viva, titulado “Remolinos de guerra y desarrollo en el río Sogamoso en Santander”, entre 2009, año en que comenzó la construcción de la represa, y 2014, año en que empezó a funcionar, al menos seis defensores ambientales fueron asesinados, y uno más resultó desaparecido. Luis Alberto Arango Crespo fue asesinado el 12 de febrero de 2009. Lideraba la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la ciénaga del Llanito, de Barrancabermeja. Herbert Sony Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2009. Era el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja. Marco Tulio Salamanca Calvo fue asesinado el 3 de septiembre de 2009. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marta, del municipio de Girón. Honorio Llorente Meléndez fue asesinado el 17 de octubre de 2009. Presidía la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches. Jairo Rodríguez Caro fue asesinado el 13 de abril de 2011. Era líder comunitario de la vereda Marta, la misma de Marco Tulio. Miguel Ángel Pabón Pabón fue desaparecido el 31 de octubre de 2012. Era uno de los creadores del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Los Acacios, en San Vicente de Chucurí, y miembro del movimiento Ríos Vivos Santander. Y Armando Caballero Toscano fue asesinado