Si la UdeA pide ayuda, ¿la Gobernación responde?
La Universidad de Antioquia hoy enfrenta una multicrisis que pone en riesgo su futuro, su calidad y sus ejes misionales. Para cerrar este año, la Universidad necesita $178.000 millones. Además, el Consejo Superior Universitario pidió a las unidades académicas que reduzcan $100.000 millones para el 2026. En el episodio #62 de Hablalo conversamos con Mauricio Alviar, exdocente y exrector de la UdeA y ahora secretario de Educación de Antioquia, sobre su papel y el de la Gobernación en la crisis, las medidas que se han tomado y lo que le depara a la Universidad. Entrevista: Valeria Londoño Morales y Santiago Bernal Largo. Producción: Carmelo, José Manuel Holguín, Valeria Londoño Morales, Isabella Navarrete Barrero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
¿Para qué votamos el 12 de marzo si no podemos elegir rector?
La consulta para la rectoría cuestiona los alcances de la democracia universitaria y que los resultados de la votación no sean vinculantes, pone en duda la incidencia de los estamentos en el proceso de designación rectoral. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / María Camila Monsalve A. Terminada la consulta electrónica y multiestamentaria del 12 de marzo, el actual rector y candidato a la reelección, John Jairo Arboleda, obtuvo la mayoría de los votos en seis de los siete estamentos que pueden participar de esta. Sin embargo, la consulta no es vinculante y la victoria de Arboleda no garantiza su designación para un tercer periodo. En cambio, es el Consejo Superior Universitario (CSU), actualmente conformado por ocho personas, el que tiene la potestad de elegir quién va a representar y dirigir la segunda universidad pública más importante del país. Para entender la forma de gobierno de la UdeA, y de todas las IES públicas del país, hay que volver a la ley 30 de 1992. Ésta establece que el consejo superior es el máximo órgano de dirección de cada universidad y está integrado por: la ministra de educación (o su delegado/a), el gobernador en el caso de las IES de carácter departamental (como la UdeA), una delegada del presidente de la república. Además, un representante por cada uno de los siguientes grupos: directivas académicas, profesores, egresados, estudiantes, sector productivo y exrectores universitarios. Actualmente, el Consejo Superior lo conforman: la ministra, Aurora Vergara; el gobernador, Andrés Julián Rendón; la delegada de presidencia, Salomé Restrepo; el representante de las directivas académicas, Wber Orlando Ríos; el de los profesores, Pablo Andrés Cuartas; el de los egresados, José Gustavo Jiménez; el del sector productivo, Marcos Ossa Ramírez; el de los exrectores, Jaime Restrepo y, desde el 2004, la representación estudiantil está vacante por decisión de este estamento. La ley 30 y el estatuto general de la UdeA definen que una de las funciones de las ocho personas que hacen parte del CSU es la de elegir al nuevo rector o rectora. En una universidad en la que hay aproximadamente 39 mil estudiantes y 6 mil docentes, además de los grupos de egresados, empleados y jubilados, vale la pena preguntar: ¿qué tan democrático es este sistema? La respuesta no se puede definir como algo en blanco y negro, más bien, se deben tener en cuenta todos sus matices. Deiman Cuartas Celis es economista, filósofo y profesor del Instituto de Estudios Políticos. Él menciona que el valor de la consulta multiestamentaria radica en su “carácter de indagación en la comunidad sobre quién considera que debe regir el destino del gobierno universitario”. En todo caso, el CSU hace una lectura de las consultas. Cuartas agrega: “si miramos, terminan siendo una minoría las que toman la decisión de quién será el nuevo rector o rectora”. El profesor explica que este sistema atiende a las circunstancias históricas que atravesaba la universidad y el país en el momento que fue aprobada la ley 30. Pero, “pasadas varias décadas, hay nuevas realidades. Además de tener un gobierno y una democracia universitaria, las personas y estamentos que componen la universidad como comunidad política no solo reclaman una representación, sino una participación más activa”. Cuartas menciona que las consultas no son solo mecanismos de indagación, sino que también permiten legitimar al candidato que elige el CSU. Esta idea la profundiza el abogado Carlos Mario Patiño, quien ha participado activamente de la campaña del candidato Luquegi Gil: “La consulta tiene un efecto esencialmente de legitimidad, porque si bien hay abstención, los que votamos en esa consulta participamos de los estamentos y del resto de escenarios de gobernabilidad. Entonces, si bien numéricamente no somos mayoría, políticamente sí representamos”. Lo anterior resulta clave a la hora de entender cómo votan algunos de los representantes de los estamentos. Por ejemplo, es usual que el voto del representante de egresados y profesores obedezca al resultado de la consulta electrónica, “el voto de los profesores debe asignarse en razón de la consulta, no por un asunto normativo, sino porque es el compromiso de los representantes profesorales”, resalta Patiño. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes (de pregrado o de posgrado) también participan en las consultas, pero a diferencia de los profesores o egresados, no hay un representante estudiantil ante el CSU que pueda votar en la designación. Esto ha sido así desde el 2004, por la postura de este estamento de no elegir un delegado/a por considerar que no representa la variedad de intereses o posturas que hay en la universidad. El estamento estudiantil es el segundo grupo más numeroso, detrás de los egresados, pero aun así, es uno de los que menos participa en las consultas. En el 2018 la abstención fue del 82,31%, en el 2021 llegó al 94.37% y este año al 85.5%. Las razones pueden variar: simple desinterés o desconocimiento, la sensación de que el voto no hace ninguna diferencia o que el hecho de que la consulta no sea vinculante, y que el CSU tenga la libertad de designar a cualquier candidato deja la sensación de que el proceso no es democrático y, por lo tanto, no vale la pena participar de este. Cuartas y Patiño coinciden en otro punto: lo difícil que es gobernar en la Universidad de Antioquia. Lo atribuyen a la diversidad de intereses de todos los estamentos que la conforman y, aunque el CSU no esté jurídicamente obligado a acatar el resultado de la consulta, el que lo haga permite lograr una gobernabilidad relativa. Aunque no ha sido siempre el caso. John Jairo Arboleda, fue ganador en las consultas de 2018 y 2021, y en cada caso designado por el CSU. Pero, hace nueve años, por ejemplo, Mauricio Alviar no ganó la consulta en ninguno de los estamentos, en cuatro de ellos ocupó el tercer lugar de las votaciones y, aun así, fue designado para el periodo 2015-2018. Este año se presentaron diez candidatas y candidatos al proceso de designación. Tras la consulta, el margen de ventaja que obtuvo