La multicrisis todavía es violeta
A más de un año del último estallido por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, poco ha cambiado la forma como se abordan estos casos. Más allá de las aristas financieras y de gobernabilidad de la multicrisis de la UdeA, las demandas respecto a las VBG no se han resuelto. Dos personas han sido sancionadas en 2025. El 8 de agosto de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-235, con la que ampara los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias de cuatro estudiantes de la UdeA que fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) y violencias sexuales presuntamente cometidas por un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre 2017 y 2018. Según explica la nutricionista Laura Franco en su tesis de maestría en Salud Pública “El cis-tema de atención a las violencias basadas en género y violencias sexuales”, las VBG constituyen un problema de salud pública por sus implicaciones en la vida de las víctimas: la vulneración a derechos como la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. La UdeA atiende estas violencias por medio de la Ruta Violeta. La ruta fue creada en 2023 gracias a la presión de la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexocorpogenéricas y el Comité de Género de la Universidad, como una reestructuración del mecanismo dispuesto por la institución desde 2018. “El movimiento de mujeres y disidencias sexocorpogenéricas ha sido el elemento estructural para mantener vigente la urgencia de no dejar esto en segundos renglones dentro de las prioridades institucionales”, afirma Franco en entrevista con De la Urbe. Para junio de 2025 la Ruta Violeta tenía 117 casos activos: 32 en análisis de noticia ‒etapa en la que se revisan las quejas o informes‒, 78 en fase de investigación o instrucción y siete en etapa de juzgamiento o fallo, según el último informe de gestión del Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la UdeA, responsable de estos procesos. El informe indica que en el primer semestre de este año se emitieron dos fallos, ambos sancionatorios: uno contra un empleado administrativo y otro contra un estudiante de pregrado. En 2024 hubo cuatro fallos sancionatorios. Ninguno de los seis ha sido contra docentes. Dos miradas sobre la Ruta Violeta Juan Gabriel García, director de Bienestar, asegura que el mecanismo goza de más confianza institucional, que se ha fortalecido porque antes eran tres personas y ahora son cinco y que, además, cuenta con respaldo financiero a pesar de la crisis económica de la UdeA. “Sabemos que los temas financieros en la Universidad no vienen del todo bien, pero esta es una apuesta decidida de la administración y sabemos la necesidad. Por eso no se ha afectado, ni se prevé que se vaya a afectar”, expresa García. Al contrario, una estudianta del Comité de Género, quien pidió ser nombrada así y reservar su identidad, considera que la Ruta Violeta “todavía funciona con las uñas” y que no responde bien a las necesidades universitarias. Sostiene que, desde el comité, han percibido que “en términos materiales y reales no ha habido una apertura para hablar con el estudiantado, sino que más bien son muy recelosos con sus procesos” porque tardan meses en publicar los informes de gestión, incluso cuando el comité los solicita. La estudianta menciona que, al principio, en los espacios de diálogo era evidente la rivalidad entre la institucionalidad y los movimientos asamblearios y que aún es una conversación difícil. Mientras tanto, García asegura que han “intentado tener los oídos muy abiertos para escuchar y conversar dónde fortalecer y poder atenderlo”. A esa percepción de hermetismo por parte de la administración se suman otras críticas recurrentes sobre situaciones contra el “deber ser” de la atención a las VBG: prácticas revictimizantes; múltiples casos declarados como inhibitorios (no se resuelve el caso por falta de cumplimiento de requisitos); personal escaso y cambiante para un mecanismo que, según Bienestar, cada vez recibe más quejas; atención centralizada y casi ausente en las regiones y en las unidades académicas; autoevaluación “insuficiente” de la Ruta Violeta y una necesidad de presión constante por parte del movimiento estudiantil para que se implementen las mejoras. En su tesis, Franco explica que la falta de celeridad de la Universidad en la atención de los casos de VBG se debe a que se le da poca importancia al tema por la posición subordinada que siguen ocupando las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas en la institución y a la existencia de un “pacto cognitivo institucional”. Es decir, un acuerdo tácito en el que se evita cuestionar a los agresores debido a su estatus y en el que la institución no prioriza acciones de justicia para las víctimas por “proteger” su propio prestigio. De la UdeA a la Corte Constitucional Desde diciembre de 2022, antes de la aprobación de la creación de la Ruta Violeta, y hasta el 19 de mayo de 2024, la asesoría psicojurídica, psicosocial y la representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Justicia Mujer (CJM). Sin embargo, por tensiones técnicas y políticas con la administración, la CJM decidió no renovar el contrato. La firma que quedó encargada de esa atención es Zuluaga Espinosa Abogadas, que no accedió a dar una entrevista porque no había “alguna profesional disponible” para atenderla. Sin embargo, la CJM siguió acompañando el caso de las cuatro estudiantes que llegó a la Corte Constitucional. Aunque fueron atendidas por la Universidad, por solicitud del acusado el proceso pasó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, donde estuvo quieto casi dos años; solo se movió para su traslado a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá, donde tampoco hubo avances. Ante la falta de respuesta, las estudiantes y la CJM entutelaron a la Procuraduría General. La tutela llegó a la Corte Constitucional. A juicio del máximo
Trabajar por los sueños, así no se cumplan en vida: El activismo y las letras de Gioconda Belli
En el Hay Festival Jericó, conversamos con Gioconda Belli sobre el contexto actual de la región y las resistencias latinoamericanas, su obra, y cómo esta va de la mano con su labor activista en Centroamérica. Esta entrevista es un trabajo en conjunto entre Contexto (UPB), Bitácora (EAFIT) y De la Urbe (UdeA) como parte del cubrimiento de medios universitarios al Hay Festival Jericó 2025. El calor en Jericó golpea con fuerza a los más de 13.000 asistentes del Hay Festival 2025, el cual se realiza hace siete años en este municipio del Suroeste antioqueño. El sol se filtra por el pozo de luz del museo MAJA, donde se reúnen periodistas de un sinnúmero de medios de comunicación que esperan su turno para entrevistar a los invitados de la jornada: escritores, artistas y periodistas que se sientan a conversar y cuestionar. Es inevitable notar la presencia de una imponente mujer en el recinto. Su larga y frondosa cabellera clara resalta en su vestimenta oscura, y un par de lentes de sol adornan su rostro mientras cruza las piernas y bebe un poco de café. Habla en un tono bajo, casi como si sus respuestas fueran un secreto entre ella y el entrevistador. Hace señas para invitarnos a pasar junto a ella en una pequeña mesa y agradece nuestra presencia conjunta. Así empezó nuestra conversación con Gioconda Belli. Poeta y novelista nicaragüense que, durante la dictadura de Anastasio Somoza, en los años setenta, hizo parte de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que la llevó a ser perseguida. Tras el triunfo de la revolución Sandinista hizo parte del Frente de Liberación Nacional de Nicaragua, pero se separó de este en 1993 y tomó una postura crítica frente a las políticas del gobierno. En 2021 se exilió en España y en 2023 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitó su nacionalidad, por lo que adoptó la chilena en ese momento, y posteriormente, en 2024 la española. Su obra, influenciada por sus experiencias como activista y marcada por el ambiente político tan complejo de Centroamérica, abarca el feminismo y las luchas por la justicia social. Estas son algunas de las reflexiones que deja Gioconda frente al panorama actual de América Latina al que se enfrentan jóvenes escritores. Partiendo de la realidad latinoamericana y más específicamente de lo que pasa en Centroamérica, ¿cómo ha influido eso en su obra como escritora? Yo siempre les recomiendo a los que quieren escribir que lo primero que tienen que hacer es vivir. Entonces, mi trabajo está inspirado en lo que yo he vivido y, ¿qué es lo que yo he vivido como latinoamericana? Viví una época muy tormentosa, una época de muchos cambios que fueron los 70, los 80, los 90… y entonces esa vivencia me ha dado la clara idea de que en América Latina todavía estamos en cambios geológicos, que todavía estamos en erupción, hay magma. Todavía estamos en desarrollo y tenemos procesos bien complicados, pero también tenemos pueblos que son maravillosamente ingeniosos, inteligentes y que saben lo que quieren. Entonces pienso que es un reto para la estructura que hay en la mentalidad política de América Latina y que todavía le falta evolucionar mucho. De la mano de toda esa influencia ¿qué implican para usted, como mujer, todas esas realidades y todas esas vivencias al momento de escribir? Bueno, es que me inspiran. Porque la poesía para mí es mágica, es como un algo que se va alimentando de mi propia experiencia y de repente quiere salir en forma de palabras. Entonces, en ese momento lo escribo. Pero, claro, ¿qué implica para mí? Implica tener un corazón, tener la capacidad de sentir y de tener empatía de lo que está pasando. Y eso es una cosa que no se las puedo explicar. La razón que es el detonante para mi literatura creo que ha sido la lectura en gran parte. Todo lo he tenido que experimentar, y creo mucho en la capacidad de la palabra para cambiar el mundo. Precisamente, ya que hablamos un poco de ese papel, del contexto social y político de Latinoamérica, desde su perspectiva como mujer y como activista, ¿qué papel juega la literatura en la construcción de identidades femeninas y en la lucha contra los estereotipos de género? Juega un papel sumamente importante, porque, además, las mujeres jóvenes la tienen que seguir haciendo. Y para que persista, también tienen que seguir esa revolución personal, porque ahorita la mujer está sujeta a un montón de demandas consumistas de la sociedad que no nos quiere dejar avanzar, nos tiene miedo. Entonces, las mujeres tienen la responsabilidad, para mí fundamental, de lo que va a pasar en el futuro en América Latina. Porque si cambia la relación hombre-mujer, va a cambiar la cultura. Y eso es lo que tenemos que hacer que cambie, porque todavía existe esa dominación, esa subordinación de la gente tiene que ver con esa primera subordinación y explotación que es la de la mujer. «Hay que tener la paciencia para darse cuenta de que la historia es muy larga, que los procesos históricos son muy largos y que nuestros sueños a lo mejor no se van a cumplir en nuestra vida, pero que, si se van a cumplir, tiene que ser porque nosotros vamos a trabajar por ellos desde ahora». Gioconda Belli ¿Cómo cree que su obra ha contribuido a visibilizar esas experiencias de mujeres tanto de Nicaragua como de toda América Latina? Yo no soy quién para decir cómo ha contribuido, pero sí siento que mis lectoras y mis lectores me han apreciado. Me lo dicen con mucha frecuencia, que lo que yo he hecho les ha hecho sentirse de otra manera, que les ha hecho percibirse a sí mismos de otras maneras. Por ejemplo, los hombres ven a las mujeres de otra manera porque mi posición feminista no es contra los hombres, sino es más bien invitarlos a cambiar el mundo con la mujer. Porque parte de todo lo que
Entre la natalidad y la autonomía femenina
Violencia obstétrica, un dolor que atraviesa cuerpo y alma
Las mujeres siempre han parido con un dolor que nace de las propias entrañas, del proceso de traer al mundo un nuevo ser humano. Sin embargo, la normalización del “parirás con dolor” ha hecho que se ignore la existencia de causas externas al sufrimiento del parto, una forma de violencia que no es propia de este proceso natural. Ilustración: Jhojan Meneses “La violencia obstétrica es una violencia de género que se da contra el cuerpo, la psique y la humanidad de la mujer y es ejercida por los profesionales de la salud que atienden a las gestantes”, explica Diana Patricia Molina, quien hace más de 10 años ha investigado este tema. Es psicóloga y magíster en Salud Pública, y hace parte del Grupo de Investigación en Salud Mental (Gisame) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Las palabras de Molina resumen una realidad: en las salas de parto, algunas mujeres reciben malos tratos por parte del personal médico que, a veces sin intención y otras por la naturalización de conductas agresivas y violentas, someten el cuerpo y la mente de sus pacientes a un daño del que poco se habla. Muchas mujeres han vivido ese sufrimiento sin siquiera saber que no es normal que exista. La violencia obstétrica abarca todo el abanico de violencias físicas, psicológicas, simbólicas e institucionales que pueden sufrir las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye maltratos físicos, procedimientos bruscos, forzados, innecesarios o sin conocimiento de la madre; tratos abusivos y humillantes en la actitud y el lenguaje; irrespeto a la intimidad, prácticas médicas desactualizadas y desatención a las solicitudes de la mujer. Bernardo Agudelo, investigador del grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que “cualquier imposición que conduzca a la realización de una acción o un procedimiento bajo el pretexto de la mejoría, pero que en el fondo lo que está haciendo es simplemente beneficiando al médico u omitiendo la capacidad de decidir de la mujer es violencia”. Y esto lo explica porque a veces es difícil distinguir cuándo una práctica es realizada porque es necesaria y cuándo es evitable y solo tiene el propósito de acelerar tiempos para favorecer al personal médico o al sistema de salud. En nuestra cultura la gestante debe asumir el dolor en silencio. Muchas mujeres que han vivido partos violentos y crueles piensan que era algo que debía pasar. Madres y abuelas aconsejan a la embarazada “portarse bien” en la clínica para que no la dejen de última, es decir, que aguante, que no grite ni haga escándalo. “En la sala algunas mujeres son gritando, llorando, diciendo que no aguantan más, pidiendo que les pongan la epidural. Las enfermeras les gritan o les chistan. Les dicen que dejen la bulla o que no sean flojas”, dice Catherine Cuartas, de 30 años y madre de una bebé de cuatro meses. Dio a luz en una clínica de Medellín y durante los dos días que duró su trabajo de parto vio y vivió el maltrato del personal médico hacia las maternas. “Las mamás, cuando no les hacían caso y no iban donde ellas rápido, se alteraban y empezaban a insultar a las enfermeras. Fue un ambiente muy hostil. Yo no hice ruido, aguantaba mi dolor en silencio porque no quería que me trataran así”, recuerda. “Una les pregunta a las mamás cómo les fue en el parto y siempre te responden ‘Sí, todo muy bien; pero me pasó esto…’ y ellas lo aceptan como si nada hubiera pasado; pero detrás de esos testimonios hay mucho dolor, muchas heridas”, dice Cristina García, psicóloga perinatal. La suya es una especialidad centrada en la salud mental de las gestantes y sus familias antes, durante y después del embarazo. Ella cuenta que las mujeres minimizan lo que les sucedió, porque no lo han identificado como violencia o creen que era algo rutinario. Los abusos verbales y psicológicos pretenden ser lecciones morales que el personal de salud ejerce sobre la mujer, por ejemplo el uso de la expresión “cuando estaba haciendo al niño ahí sí no le dolía”. Diana Patricia Molina explica que este tipo de comentarios no solamente se hacen sobre la vida sexual de las mujeres, también sobre su cantidad de hijos, su edad y sus elecciones sobre cómo parir. Estas son vulneraciones a su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por ejemplo, hay casos en los que el personal médico trata de convencer a las mujeres indígenas de no parir con parteras de sus comunidades o se niega a entregarles la placenta cuando la solicitan para rituales. Como el trabajo de parto de Catherine estaba tardando mucho y el personal médico ya empezaba a temer por la salud del bebé, le practicaron una amniotomía, que es la rotura del saco amniótico. Aun así, el parto seguía retrasado y la bebé se estaba quedando sin oxígeno, por lo que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia. Aunque Catherine preguntaba insistentemente qué estaba pasando, las enfermeras no le explicaron la situación. Únicamente le dijeron que todo estaba bien y que su pareja estaba enterada. Horas después de haber tenido a su hija, ella supo que al padre nunca le dijeron lo que estaba sucediendo ni le informaron sobre la realización de la cesárea. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece entre los derechos de las mujeres gestantes el tener presentes a sus acompañantes para su tranquilidad y comodidad, pero muchos hospitales solo les permiten verlos en fases específicas del proceso y por períodos de tiempo controlados. En julio de 2022 fue aprobada la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, la cual establece este y otros derechos de las maternas para promover el parto humanizado; sin embargo, no está clara su reglamentación y el momento en que esa norma debe empezar a implementarse. Aunque el parto de Catherine no fue como lo esperaba, estaba contenta de que su bebé estuviera bien. Pero a la hora de