Las barreras que persisten para abortar en Colombia a tres años de la despenalización
Este 21 de febrero se cumplieron tres años de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, impulsada por el movimiento feminista Causa Justa, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Durante su celebración, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer en compañía la colectiva Jacarandas presentaron dos informes sobre las asesorías que dieron a mujeres y personas gestantes que accedieron a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el país. Según la colectiva Jacarandas, durante el 2022 y el 2024, Antioquia fue el departamento con más municipios que consultaron la Línea en busca de información sobre derechos sexuales y reproductivos. Foto: Causa Justa. En el marco de la conmemoración por el tercer aniversario de la sentencia C-055, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer presentó el informe “Experiencias y barreras sobre el acceso a la IVE en Antioquia 2023 y 2024”, en donde presentaron las barreras médicas y jurídicas que enfrentaron las mujeres que accedieron a abortos en Antioquia y que han conocido con su acompañamiento psicojurídico. Según el informe, este bufete orientó el aborto de 46 mujeres, de las cuales el 54 % tuvo acompañamiento durante el procedimiento y “en varios de estos casos se presentaron violencias contra las personas que estaban accediendo a su derecho al aborto, (..) y en contra de defensoras y acompañantes”. De estos casos, el 48 % fue atendido en Medellín, el 32 % en municipios del Valle de Aburrá (Bello, Itagüí y Envigado), el 12 % en otros municipios del departamento y, pese a que la colectiva estaba centrada en Antioquia, el 8 % restante corresponden a casos por fuera del departamento. Por su parte, Jacarandas, una colectiva feminista que hace activismo digital sobre derechos sexuales y reproductivos, presentó en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá el informe “Nuestro cuerpo. Nuestra decisión. 11.267 asesorías sobre aborto en la Línea Jacarandas, 2022 – 2024”. A partir de las experiencias de las usuarias, el informe presenta un análisis del aborto en Colombia que profundiza en los cinco departamentos y/o ciudades con más casos atendidos: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Santander. A tres años de la sentencia, Jacarandas se ha consolidado como una de las principales fuentes de información para conocer en dónde se puede acceder a un aborto en Colombia. Según su informe, el aumento de consultas en temas relacionados con IVE ha crecido significativamente, pasando de 1.916 casos atendidos en 2022 a 11.267 al cierre del 2024. Esto obedece, dice la colectiva, a una mayor visibilidad de su Línea y a un “aumento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva.” Laura Gutierres Acuña, Natalia Acevedo Guerrero, Lisa Gomez Camaro y Juliet Gómez Osorio en el conversatio «Derecho al aborto, entre discursos de odio y fundamentación», realizado en Medellín luego de la presentación de los informes de Justicia Mujer y Jacarandas. Foto: Jacarandas. Penalización social: las barreras para abortar A pesar de que el aborto es legal y no requiere justificación hasta la semana 24 de gestación y, luego de esta está amparado por las tres causales de la sentencia C-355 de 2006, aún se reproducen discursos que vinculan este procedimiento médico a palabras como homicidio, genocidio o pecado. Un ejemplo de esto son las declaraciones del papa Francisco el 15 de septiembre de 2024, un día después del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, en las que aseguró que el aborto “es un homicidio, y el médico que lo practica es un sicario”. El problema recae, entre muchas otras cosas, en la falta de información que hay sobre la IVE. Según Laura Pedraza, abogada de incidencia política en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la primera barrera que hay para acceder al aborto es el acceso a la información: en dónde se puede solicitar, cómo hacerlo, las dosis necesarias de medicamento o el procedimiento médico especifico que se requiere. Según el informe de la corporación Justicia Mujer, alrededor de 34 mujeres, de las 46 que atendieron, enfrentaron barreras que “estuvieron fuertemente ligadas a la penalización social, materializada en asuntos como la estigmatización, falta de acceso a información veráz y a servicios de calidad en zonas rurales o contextos marginalizados, el uso inadecuado de la objeción de conciencia, la garantía del servicio sujeta a la voluntad política de prestadores de servicios y tomadores/as de decisión antiderechos”. En total, afrontaron 98 barreras, es decir, en promedio cada mujer experimentó dos obstáculos al intentar acceder a un aborto. Un ejemplo de esto es el caso del municipio Argelia de María, en el oriente antioqueño, expuesto en el informe de la colectiva, en donde la violencia institucional se propagó a través de mensajes de odio dirigidos a quienes intentaron acceder a una IVE. Según el medio feminista Volcánicas, durante la alcaldía de Edwin Quintero (2020-2023) hubo carteles pegados en las puertas y paredes de la Oficina de Equidad de Género con mensajes como: “El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto” y “En la familia Argelia pa’ todos somos provida, no al aborto”. Como lo explicó Justicia Mujer, esta penalización social se puede materializar en obstáculos que las entidades prestadoras de salud les ponen a las personas gestantes cuando estas intentan acceder a un aborto libre y seguro. Según el informe de Jacarandas, los casos de violencia obstétrica que se registraron en la Línea pasaron de ser un 23.7 % en 2022 a un 47.1 % en 2024. Sin embargo, la negación del servicio disminuyó de un 39.2 % a un 17.6 %, respectivamente. Esto quiere decir que, a pesar de que más personas gestantes accedieron a servicios de aborto, incrementaron los maltratos antes, durante o después el procedimiento. Además de estas barreras, Jacarandas también explicó en su informe que en 2024 hubo un incremento del 4.9 % en los casos que presentaron retrasos médicos injustificados, pasando de 18.6 % a 23.5 %. Con respecto a los casos de remisión a especialistas, disminuyeron en el último año
Duelo perinatal
Violencia obstétrica, un dolor que atraviesa cuerpo y alma
Las mujeres siempre han parido con un dolor que nace de las propias entrañas, del proceso de traer al mundo un nuevo ser humano. Sin embargo, la normalización del “parirás con dolor” ha hecho que se ignore la existencia de causas externas al sufrimiento del parto, una forma de violencia que no es propia de este proceso natural. Ilustración: Jhojan Meneses “La violencia obstétrica es una violencia de género que se da contra el cuerpo, la psique y la humanidad de la mujer y es ejercida por los profesionales de la salud que atienden a las gestantes”, explica Diana Patricia Molina, quien hace más de 10 años ha investigado este tema. Es psicóloga y magíster en Salud Pública, y hace parte del Grupo de Investigación en Salud Mental (Gisame) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Las palabras de Molina resumen una realidad: en las salas de parto, algunas mujeres reciben malos tratos por parte del personal médico que, a veces sin intención y otras por la naturalización de conductas agresivas y violentas, someten el cuerpo y la mente de sus pacientes a un daño del que poco se habla. Muchas mujeres han vivido ese sufrimiento sin siquiera saber que no es normal que exista. La violencia obstétrica abarca todo el abanico de violencias físicas, psicológicas, simbólicas e institucionales que pueden sufrir las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye maltratos físicos, procedimientos bruscos, forzados, innecesarios o sin conocimiento de la madre; tratos abusivos y humillantes en la actitud y el lenguaje; irrespeto a la intimidad, prácticas médicas desactualizadas y desatención a las solicitudes de la mujer. Bernardo Agudelo, investigador del grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que “cualquier imposición que conduzca a la realización de una acción o un procedimiento bajo el pretexto de la mejoría, pero que en el fondo lo que está haciendo es simplemente beneficiando al médico u omitiendo la capacidad de decidir de la mujer es violencia”. Y esto lo explica porque a veces es difícil distinguir cuándo una práctica es realizada porque es necesaria y cuándo es evitable y solo tiene el propósito de acelerar tiempos para favorecer al personal médico o al sistema de salud. En nuestra cultura la gestante debe asumir el dolor en silencio. Muchas mujeres que han vivido partos violentos y crueles piensan que era algo que debía pasar. Madres y abuelas aconsejan a la embarazada “portarse bien” en la clínica para que no la dejen de última, es decir, que aguante, que no grite ni haga escándalo. “En la sala algunas mujeres son gritando, llorando, diciendo que no aguantan más, pidiendo que les pongan la epidural. Las enfermeras les gritan o les chistan. Les dicen que dejen la bulla o que no sean flojas”, dice Catherine Cuartas, de 30 años y madre de una bebé de cuatro meses. Dio a luz en una clínica de Medellín y durante los dos días que duró su trabajo de parto vio y vivió el maltrato del personal médico hacia las maternas. “Las mamás, cuando no les hacían caso y no iban donde ellas rápido, se alteraban y empezaban a insultar a las enfermeras. Fue un ambiente muy hostil. Yo no hice ruido, aguantaba mi dolor en silencio porque no quería que me trataran así”, recuerda. “Una les pregunta a las mamás cómo les fue en el parto y siempre te responden ‘Sí, todo muy bien; pero me pasó esto…’ y ellas lo aceptan como si nada hubiera pasado; pero detrás de esos testimonios hay mucho dolor, muchas heridas”, dice Cristina García, psicóloga perinatal. La suya es una especialidad centrada en la salud mental de las gestantes y sus familias antes, durante y después del embarazo. Ella cuenta que las mujeres minimizan lo que les sucedió, porque no lo han identificado como violencia o creen que era algo rutinario. Los abusos verbales y psicológicos pretenden ser lecciones morales que el personal de salud ejerce sobre la mujer, por ejemplo el uso de la expresión “cuando estaba haciendo al niño ahí sí no le dolía”. Diana Patricia Molina explica que este tipo de comentarios no solamente se hacen sobre la vida sexual de las mujeres, también sobre su cantidad de hijos, su edad y sus elecciones sobre cómo parir. Estas son vulneraciones a su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por ejemplo, hay casos en los que el personal médico trata de convencer a las mujeres indígenas de no parir con parteras de sus comunidades o se niega a entregarles la placenta cuando la solicitan para rituales. Como el trabajo de parto de Catherine estaba tardando mucho y el personal médico ya empezaba a temer por la salud del bebé, le practicaron una amniotomía, que es la rotura del saco amniótico. Aun así, el parto seguía retrasado y la bebé se estaba quedando sin oxígeno, por lo que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia. Aunque Catherine preguntaba insistentemente qué estaba pasando, las enfermeras no le explicaron la situación. Únicamente le dijeron que todo estaba bien y que su pareja estaba enterada. Horas después de haber tenido a su hija, ella supo que al padre nunca le dijeron lo que estaba sucediendo ni le informaron sobre la realización de la cesárea. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece entre los derechos de las mujeres gestantes el tener presentes a sus acompañantes para su tranquilidad y comodidad, pero muchos hospitales solo les permiten verlos en fases específicas del proceso y por períodos de tiempo controlados. En julio de 2022 fue aprobada la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, la cual establece este y otros derechos de las maternas para promover el parto humanizado; sin embargo, no está clara su reglamentación y el momento en que esa norma debe empezar a implementarse. Aunque el parto de Catherine no fue como lo esperaba, estaba contenta de que su bebé estuviera bien. Pero a la hora de