¿Abstención o desconocimiento? Qué hay detrás de la baja participación en la elección de representante ante el CSU
Solo el 10.4 % de los estudiantes de la Universidad de Antioquia participó, el 11 de septiembre de 2025, de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para la vigencia 2025-2027. ¿A qué se debió la abstención? Dentro del cartel, a la izquierda, Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal; a la derecha, Juan Manuel Muñoz Salazar, representante estudiantil suplente. De fondo la fuente de la Universidad de Antioquia Foto: Lina Mariana Avella Arango. Laura Melissa Olarte Gutiérrez, estudiante de Pedagogía de la Facultad de Educación, en calidad de principal; y Juan Manuel Muñoz Salazar, estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en calidad de suplente, fueron los ganadores de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia para el periodo 2025-2027. Del proceso participaron 4269 estudiantes frente a un potencial de 41.078, lo que significa que 36.809 personas no votaron. La plancha ganadora obtuvo un total de 1272 votos, le siguió la plancha 2 con 1024, después la 3 con 975 y finalmente la plancha 1 con 131 votos. Por otro lado, 867 estudiantes votaron en blanco. Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia no tenía representación estudiantil ante el CSU desde hace 23 años, en 2002, cuando Wilmar de Jesús Mejía —hoy representante del presidente de la República en el CSU— dejó el cargo. Ahora, Laura Melissa y Juan Manuel tendrán voz y voto en las decisiones que se tomen en el máximo órgano de gobierno de la Universidad. Reconociendo la importancia del puesto y el hito histórico que representa, ¿por qué el 89.6 % de los estudiantes no participaron de las elecciones? Para conocer las razones de la abstención realizamos una encuesta a 51 estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas, Medicina, Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería, Artes, Derecho y Ciencias Políticas, Comunicaciones y Filología, el Instituto Universitario de Educación Física y Deportes y la Escuela de Microbiología, para conocer sus visiones sobre este proceso y, si no votaron, qué razones les llevaron a no hacerlo. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. A cada encuestado se le realizaron cinco preguntas: ¿Votó en las elecciones de la representación estudiantil ante el CSU?, ¿En caso de haber votado, votó por una de las cuatro planchas o votó en blanco?, ¿Por qué votó? (en caso de aplicar), ¿Por qué no votó? (en caso de aplicar) y ¿Cómo asume que la UdeA tenga, después de 23 años, representación estudiantil? El 66.7 % de los encuestados respondió que no participó de las elecciones. La razón más repetida fue el desconocimiento (75.8 %); algunos estudiantes argumentaron que esto se debió a que no se enteraron del proceso por la poca difusión por parte de la Universidad. Esto contrasta con las palabras del rector John Jairo Arboleda, dadas en una entrevista para el Portal Universitario, donde aseguró que se desplegaron todos los medios necesarios: “Pusimos a disposición todos los canales y mecanismos institucionales necesarios para que llegara a este buen término. Después de tantos años de ausencia de esta representación, se restablece de esta manera un elemento muy valioso de nuestra gobernanza y participación”. Juan Camilo Portela García, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, antropólogo y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, atribuye la abstención, en parte, a la crisis de la democracia participativa: “Esto lleva a que la ciudadanía tenga la idea de que la representación no es un canal adecuado para la transformación de los conflictos políticos, sociales, culturales y económicos”. Añade también que hay un problema en cómo las juventudes se acercan y relacionan con la política. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. En todo caso, el argumento de los estudiantes representa una alerta para que, en estos espacios de democracia y participación estudiantil, se genere una mejor difusión de la información para toda la comunidad de la UdeA; no solo en este caso para el estudiantado, sino también para las demás personas de la institución, incluidos administrativos y docentes. Juan Manuel Muñoz, representante suplente electo, dice que el abstencionismo puede tener varias causas: “Principalmente la apatía, desinterés y desconocimiento por parte de los jóvenes en este proceso es un factor que impacta de manera directa a la participación en estos espacios de democracia. Además, la falta de esa figura de representante durante tanto tiempo y la debilidad estructural de este proceso puede ocasionar una desconexión con la información al respecto, problemática que no solo afecta a los estudiantes de Medellín sino a las regiones que, o no reciben información al respecto o no llega correctamente”. Otras de las razones que dieron los estudiantes que no votaron fueron el desacuerdo con esta figura de representación: frases como “Si solo deciden unos pocos, ¿qué nos garantiza el compromiso del ganador?”, “¿Esos pocos sí pueden favorecer la buena elección de un representante estudiantil?” y “Si solo escogieron unos pocos, ¿qué validez tiene esta decisión?” fueron muy comunes entre los encuestados. Esto se relaciona directamente con el segundo factor de abstención, según el investigador Portela: “En la Universidad de Antioquia ha existido un fuerte rechazo a la representación estudiantil. Hay poca conversación sobre este tema, lo que genera que este no sea todavía un mecanismo al servicio del estudiantado. Persisten los recuerdos de intentos fallidos y una falta de congruencia en el proceso”. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Así, entendiendo que por más de 20 años la UdeA ha estado sin representación estudiantil ante el CSU y que el 70.6 % de los estudiantes encuestados consideran que estas elecciones dan un paso hacia el futuro, resulta importante reconocer al 19.6 % que no ve con buenos ojos el proceso, pues su desconfianza tiene sentido desde el punto histórico: las diferencias entre el último representante y la Asamblea General de Estudiantes ocasionaron la pérdida de credibilidad en el mecanismo. La figura de la representación estudiantil
La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis
Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.
Si la UdeA pide ayuda, ¿la Gobernación responde?
La Universidad de Antioquia hoy enfrenta una multicrisis que pone en riesgo su futuro, su calidad y sus ejes misionales. Para cerrar este año, la Universidad necesita $178.000 millones. Además, el Consejo Superior Universitario pidió a las unidades académicas que reduzcan $100.000 millones para el 2026. En el episodio #62 de Hablalo conversamos con Mauricio Alviar, exdocente y exrector de la UdeA y ahora secretario de Educación de Antioquia, sobre su papel y el de la Gobernación en la crisis, las medidas que se han tomado y lo que le depara a la Universidad. Entrevista: Valeria Londoño Morales y Santiago Bernal Largo. Producción: Carmelo, José Manuel Holguín, Valeria Londoño Morales, Isabella Navarrete Barrero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
Voces para entender la crisis que ahoga a la UdeA
Aunque hay algunos consensos sobre la situación que afronta la UdeA ‒como la responsabilidad de la Ley 30 de 1992 en la desfinanciación histórica de las universidades‒, también hay matices y desacuerdos. Este es un rompecabezas polifónico pero incompleto de una coyuntura que amenaza la calidad de la educación y la existencia misma de la universidad más importante de Antioquia. Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía ¿En qué consiste la actual crisis financiera? Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía La crisis está determinada por la desfinanciación estructural de las universidades públicas que está determinada, a su vez, por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 esta ley estableció el proceso para asignar el presupuesto de las universidades públicas, que aumenta anualmente a partir del Índice de Precios al Consumidor. El problema reside en que, año tras año, los gastos de las universidades son mayores que ese aumento. Por ejemplo, para 2018 la desfinanciación fue de 18.000 billones de pesos para todas las universidades públicas. Otro elemento es que en el 2002 el Gobierno promulgó el Decreto 1279 que define el proceso de asignación salarial de los profesores de las universidades públicas. Este decreto, creado con el objetivo de mejorar los salarios de los profesores universitarios, consiste en que las producciones académicas, científicas y artísticas de los docentes son calificadas en la medida en que vayan a revistas, editoriales o a instituciones científicas internacionales; esa evaluación lleva a una calificación dentro de la universidad y genera unos puntos salariales. Efectivamente esto permitió el mejoramiento del salario de los profesores, especialmente de aquellos que se han proyectado como profesores investigadores (…). El problema es que desde entonces los gobiernos no han cubierto el valor generado por esos puntos salariales. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Es una triada donde convergen tres fenómenos que hay que mirar de forma simultánea. El primero es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992. El segundo es que la Universidad ha crecido de forma desbordada, quizás con la mejor intención, pero sin fuentes de financiación permanentes. La Universidad asume la diferencia entre los costos de formación de un estudiante de pregrado y lo que la ley entrega. Hemos tenido que financiar con recursos propios el famoso Decreto 1279, además de que todo el crecimiento de la Universidad en regiones también ha sido con recursos propios. El tercero, resultado de los dos anteriores, son los problemas de caja. La Universidad tiene recursos muy limitados para atender su funcionamiento normal: tiene incumplimiento de pagos a proveedores que superan los 60 días y el nivel de riesgo creció sobre todo para las entidades financieras que estarían interesadas en prestarle. Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU ¿Cuándo y cómo empezó esta crisis financiera? Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU Para mí, empieza desde el momento en que empieza a imponerse el modelo de Estado neoliberal, con el gobierno de César Gaviria y la creación de la Ley 100 de 1993, sobre la salud, y la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior. Estas leyes privatizaban la sanidad y la educación públicas. Pero también empieza con la pérdida de identidad de la universidad pública. La UdeA era la que nos permitía abrir la mente, nos daba una forma de comprender mejor el mundo, apartada del discurso capitalista y neoliberal; eso lo estamos perdiendo como universidad. Este año se habla de que empezó cuando se retrasaron los pagos de algunos docentes, pero a principio de año ocurrió algo interesante que me deja con inquietud: si la Universidad venía tan mal, ¿por qué hubo 12 candidatos a la rectoría? Más de uno era parte del equipo administrativo del rector del período anterior. Eso también generó una crisis por la pelea de los dos extremos políticos que tiene atravesada a Antioquia: el uribista y la izquierda. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo A largo plazo, no podemos dejar a un lado la reforma de la Ley 30 de 1992. A mediano plazo, está mejorar la liquidez de la Universidad; finiquitar el proceso de venta de bienes inmuebles no misionales que la Universidad recibió en donación y están avaluados en 92.000 millones de pesos; y esperamos que los ajustes en la operación hagan unos 25.000 millones de pesos adicionales, porque el nivel de ingresos está por debajo del de gastos. A corto plazo, tenemos la autorización de un crédito por 90.000 millones de pesos para pagar la nómina de diciembre (con prima navideña, retroactivos, liquidación de productos, etc.). Hay un faltante adicional que corresponde a las obligaciones con proveedores: nos faltan cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí es donde le decimos al Gobierno nacional y departamental que necesitamos recursos adicionales. Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo John Jairo Arboleda, rector ¿Por qué la rectoría insiste en el actual modelo de regionalización y crecimiento? John Jairo Arboleda, rector La UdeA ha liderado la descentralización de la educación superior en el departamento, de esta manera hemos ofrecido oportunidades a miles de personas que no tenían acceso a la Universidad. Actualmente la Universidad no tiene planes de creación de nuevos campus en municipios o regiones de Antioquia. Ante la situación financiera que vivimos, la Dirección de Regionalización viene revisando la operación para identificar oportunidades de mejora que se traduzcan en la racionalización de la inversión anual, esto no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos ganado en las últimas décadas con nuestra presencia. Los cambios esenciales que se deben dar en el modelo de regionalización tienen que ver con el financiamiento. Necesitamos que los gobiernos reconozcan y compensen el esfuerzo que está haciendo la Universidad. ¿En qué consiste el plan de austeridad? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo Toda entidad
En la UdeA la paz se contrata, pero no llega ni al 1 % del presupuesto general
En junio de 2024 se agudizó la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. Desde la administración central, se ha hecho un llamado a tomar medidas de austeridad para solventar la crisis. Surgen preguntas sobre cómo se pueden ver afectados los proyectos de paz en esta situación. Entre 2018 y 2023, la Universidad de Antioquia ha hecho 64.766 contratos, en las modalidades de compraventa, consultoría e insumos, de los cuales 573 corresponden a proyectos e iniciativas dirigidas a la construcción de paz y memoria. La inversión en iniciativas de este tipo ha sido de 7.700 millones de pesos, que representa apenas el 0,44 % del total de presupuesto de gastos, que en 2023 asciende a 1,7 billones de pesos. En comparación, un solo contrato con la CIS (Corporación Universitaria de Servicios) realizado en 2021 tiene un valor más alto (7.900 millones) que todos los contratos de paz. Durante este período, la Facultad de Comunicaciones y Filología (la unidad académica con mayor número de inversión en contratación) ha suscrito 238 contratos, acumulando un total de 509 millones de pesos, es decir, un 6,6 % del gasto total en contratos sobre paz de la UdeA. 2021 fue el año con mayor cantidad de contratos, con un total de 109, de los cuales 50 también fueron de la FCF. La siguiente gráfica expone todos los contratos relacionados a temas de paz y conflicto entre 2018 y 2023, divididos por año, la dependencia y el tipo de contratación: Gráfica 1: Número de contratos relacionados a temas de paz y conflicto por dependencia. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA. Si bien se podría decir que la suma destinada a la contratación relacionada con paz y memoria en los últimos 6 años no es tan baja, al compararla con el presupuesto general de la Universidad solo para el 2024, se observa que el porcentaje es tan mínimo que, habría que multiplicarlo 216 veces para igualar esta cantidad. El presupuesto total desde 2018 hasta 2023 es de 7,1 billones de pesos, lo que significa que la contratación para la paz representa solo el 0,10 %. En ninguno de los años los contratos destinados a temas de paz logran superar el 1 %. Gráfica 2: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. Tabla 1: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. La paz: un tema recurrente en la UdeA La Universidad de Antioquia es una institución que, históricamente, le ha apostado a la construcción de paz y memoria como uno de los ejes centrales en el ámbito de la docencia y la investigación. Los proyectos con este enfoque han llegado a distintos territorios, teniendo un alcance significativo en ellos. Sin embargo, ante las recientes medidas de austeridad por la crisis financiera, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará con estos proyectos? El 20 de junio de 2024, La vicerrectoría general de la Universidad de Antioquia publicó una circular en la que anunciaba la implementación de unas medidas de austeridad para contener la crisis financiera que ha afrontado desde los últimos años, y que este año se agudizó, cuando en mayo la universidad anunció que se retrasaría el pago de nómina. «Acogiendo el llamado y las orientaciones del Consejo Superior Universitario (…) compartimos un primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo y garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.» En las medidas contempladas en la circular firmada por el Vicerrector general – para ese momento ejerciendo funciones de rector – Elmer de Jesús Gaviria Rivera, se incluyen: la suspensión de contratación de profesores vinculados, ocasionales, de cátedra y de empleados para actividades especiales con cargo a los fondos generales; la reducción de horas cátedra en el plan de trabajo de los docentes; y la reducción de gastos de transporte, viáticos, insumos, publicidad y uso de TIC. En la gráfica se compara el presupuesto y el total de gastos de la Universidad por año, entre 2018 y 2023. Se observa que desde 2022 los gastos excedieron el presupuesto general, tanto que al año siguiente, los gastos lograron estar 59.500 millones de pesos por encima del presupuesto, es decir que la universidad tuvo que buscar otras maneras para solventar el dinero en el que se excedió en gastos. Gráfica 3: Presupuesto histórico de la universidad en los últimos años, comparado con sus gastos. Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la UdeA. Varias dudas persisten sobre las medidas de austeridad. Por ejemplo, ¿cómo se verán afectadas las actividades relacionadas con la investigación o extensión, especialmente aquellas vinculadas con procesos de memoria y construcción de paz en los que la Universidad ha sido pionera? A lo largo de su historia, la Universidad de Antioquia se ha interesado en trabajar temas de paz, memoria y conflicto desde distintos ámbitos. Víctor Casas, coordinador de Hacemos Memoria, unidad de la Universidad que investiga y promueve un diálogo público sobre el conflicto armado y las violaciones de Derechos Humanos en Colombia, señala que «La Universidad de Antioquia ha estado históricamente comprometida con la paz, la memoria y el conflicto, no como una moda, sino como parte de su identidad». En 2017, surge la Unidad Especial de Paz (UEP) como respuesta a la necesidad de las unidades académicas de contar con un espacio para coordinar y transversalizar acciones de construcción de paz que se implementan desde todas las unidades académicas, tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Fue creada formalmente en 2018 mediante una resolución del Consejo Superior Universitario. Su objetivo es articular, gestionar y
¿Para qué votamos el 12 de marzo si no podemos elegir rector?
La consulta para la rectoría cuestiona los alcances de la democracia universitaria y que los resultados de la votación no sean vinculantes, pone en duda la incidencia de los estamentos en el proceso de designación rectoral. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / María Camila Monsalve A. Terminada la consulta electrónica y multiestamentaria del 12 de marzo, el actual rector y candidato a la reelección, John Jairo Arboleda, obtuvo la mayoría de los votos en seis de los siete estamentos que pueden participar de esta. Sin embargo, la consulta no es vinculante y la victoria de Arboleda no garantiza su designación para un tercer periodo. En cambio, es el Consejo Superior Universitario (CSU), actualmente conformado por ocho personas, el que tiene la potestad de elegir quién va a representar y dirigir la segunda universidad pública más importante del país. Para entender la forma de gobierno de la UdeA, y de todas las IES públicas del país, hay que volver a la ley 30 de 1992. Ésta establece que el consejo superior es el máximo órgano de dirección de cada universidad y está integrado por: la ministra de educación (o su delegado/a), el gobernador en el caso de las IES de carácter departamental (como la UdeA), una delegada del presidente de la república. Además, un representante por cada uno de los siguientes grupos: directivas académicas, profesores, egresados, estudiantes, sector productivo y exrectores universitarios. Actualmente, el Consejo Superior lo conforman: la ministra, Aurora Vergara; el gobernador, Andrés Julián Rendón; la delegada de presidencia, Salomé Restrepo; el representante de las directivas académicas, Wber Orlando Ríos; el de los profesores, Pablo Andrés Cuartas; el de los egresados, José Gustavo Jiménez; el del sector productivo, Marcos Ossa Ramírez; el de los exrectores, Jaime Restrepo y, desde el 2004, la representación estudiantil está vacante por decisión de este estamento. La ley 30 y el estatuto general de la UdeA definen que una de las funciones de las ocho personas que hacen parte del CSU es la de elegir al nuevo rector o rectora. En una universidad en la que hay aproximadamente 39 mil estudiantes y 6 mil docentes, además de los grupos de egresados, empleados y jubilados, vale la pena preguntar: ¿qué tan democrático es este sistema? La respuesta no se puede definir como algo en blanco y negro, más bien, se deben tener en cuenta todos sus matices. Deiman Cuartas Celis es economista, filósofo y profesor del Instituto de Estudios Políticos. Él menciona que el valor de la consulta multiestamentaria radica en su “carácter de indagación en la comunidad sobre quién considera que debe regir el destino del gobierno universitario”. En todo caso, el CSU hace una lectura de las consultas. Cuartas agrega: “si miramos, terminan siendo una minoría las que toman la decisión de quién será el nuevo rector o rectora”. El profesor explica que este sistema atiende a las circunstancias históricas que atravesaba la universidad y el país en el momento que fue aprobada la ley 30. Pero, “pasadas varias décadas, hay nuevas realidades. Además de tener un gobierno y una democracia universitaria, las personas y estamentos que componen la universidad como comunidad política no solo reclaman una representación, sino una participación más activa”. Cuartas menciona que las consultas no son solo mecanismos de indagación, sino que también permiten legitimar al candidato que elige el CSU. Esta idea la profundiza el abogado Carlos Mario Patiño, quien ha participado activamente de la campaña del candidato Luquegi Gil: “La consulta tiene un efecto esencialmente de legitimidad, porque si bien hay abstención, los que votamos en esa consulta participamos de los estamentos y del resto de escenarios de gobernabilidad. Entonces, si bien numéricamente no somos mayoría, políticamente sí representamos”. Lo anterior resulta clave a la hora de entender cómo votan algunos de los representantes de los estamentos. Por ejemplo, es usual que el voto del representante de egresados y profesores obedezca al resultado de la consulta electrónica, “el voto de los profesores debe asignarse en razón de la consulta, no por un asunto normativo, sino porque es el compromiso de los representantes profesorales”, resalta Patiño. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes (de pregrado o de posgrado) también participan en las consultas, pero a diferencia de los profesores o egresados, no hay un representante estudiantil ante el CSU que pueda votar en la designación. Esto ha sido así desde el 2004, por la postura de este estamento de no elegir un delegado/a por considerar que no representa la variedad de intereses o posturas que hay en la universidad. El estamento estudiantil es el segundo grupo más numeroso, detrás de los egresados, pero aun así, es uno de los que menos participa en las consultas. En el 2018 la abstención fue del 82,31%, en el 2021 llegó al 94.37% y este año al 85.5%. Las razones pueden variar: simple desinterés o desconocimiento, la sensación de que el voto no hace ninguna diferencia o que el hecho de que la consulta no sea vinculante, y que el CSU tenga la libertad de designar a cualquier candidato deja la sensación de que el proceso no es democrático y, por lo tanto, no vale la pena participar de este. Cuartas y Patiño coinciden en otro punto: lo difícil que es gobernar en la Universidad de Antioquia. Lo atribuyen a la diversidad de intereses de todos los estamentos que la conforman y, aunque el CSU no esté jurídicamente obligado a acatar el resultado de la consulta, el que lo haga permite lograr una gobernabilidad relativa. Aunque no ha sido siempre el caso. John Jairo Arboleda, fue ganador en las consultas de 2018 y 2021, y en cada caso designado por el CSU. Pero, hace nueve años, por ejemplo, Mauricio Alviar no ganó la consulta en ninguno de los estamentos, en cuatro de ellos ocupó el tercer lugar de las votaciones y, aun así, fue designado para el periodo 2015-2018. Este año se presentaron diez candidatas y candidatos al proceso de designación. Tras la consulta, el margen de ventaja que obtuvo