Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno