Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”
Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso. El soldado Freddy Iturre Klinger llora la muerte de su compañero y medio hermano, Simon Goméz. Fotografia: William Fernando Martínez /El Tiempo La madrugada del 8 de julio de 1999, 500 miembros de las Farc tomaron Gutiérrez, un pequeño municipio de Cundinamarca a más de tres horas de Bogotá. En la toma se enfrentaron a alrededor de 60 soldados del ejército, quienes en su mayoría no superaban los 20 años y prestaban su servicio militar obligatorio. 38 integrantes del ejército fueron asesinados ese día que quedó manchado de rojo en el calendario de la gente de Gutiérrez. Este 2024, por la conmemoración de los 25 años del suceso, el director de cine Iván Acosta Rojas estrena Gutiérrez: una deuda pendiente, un documental en el que a través de las voces de habitantes del municipio y soldados sobrevivientes se reconstruye la historia de esta “masacre”. Aunque medios como El Tiempo llaman al hecho “masacre”, lo cierto es que en las definiciones de este término solo se contempla como masacre acciones contra civiles. Para el director este documental, que se estrenará en salas de cine este 11 de julio, tiene como propósito llamar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que la población quiere ser reparada y contemplada en los informes. Además, han luchado para que a lo que ocurrió hace 25 años se le denomine masacre, aunque haya sido en contra de militares armados. Ahora bien, entidades como la ONU o el Derecho internacional humanitario, se refieren a masacre como la matanza indiscriminada de un gran número de personas, especialmente civiles, que no participan directamente en el conflicto, y la JEP sigue esta jurisdicción a la hora de hacer su trabajo. En De la Urbe entrevistamos a Iván Acosta para conversar sobre lo que significa este suceso para la población y discutir el carácter de “masacre” en este hecho. Póster de Gutiérrez, una deuda pendiente. El documental fue estrenado el 11 de julio de 2024. Iván ¿cómo llegó a la historia de Gutiérrez? ¿Qué lo llevó a querer hacer un documental de esa historia? Hay una amiga muy querida, Jennifer Navarro, que es la investigadora del documental, es abogada especializada en Derechos Humanos y tiene muchos casos de este tipo. Un día en mi apartamento reunidos me comentó este caso de Gutiérrez, la historia de cómo un grupo de muchachos muy jóvenes habían intentado repeler una toma y fueron masacrados por un frente guerrillero. Me empezó a contar de estos muchachos casi en indefensión, pues no tenían casi armas, que habían sido muchachos reclutados; era la época en la que pasaban los camiones del Ejército por los barrios llevándose a los muchachos que estaban en la calle. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Entonces me llamó la atención y dije: “oiga, qué bonito poder contar la historia de ellos, pues para que no se queden en el olvido”. Entonces iniciando el año pasado le dije a Jennifer, “yo quiero hacer esa historia”, y empezamos la investigación. Ahí empezamos a rodar en Gutiérrez y a contar la historia, pero no solo contar los soldados, o la masacre, sino también contar la población. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Iván Acosta Rojas A propósito de esto, el documental inicia sin hablar de la masacre, sino narrando el pueblo, hablando con gente de allá, y contando la actualidad del pueblo. ¿Cuál era su intención con arrancar así? Insisto mucho en que quería mostrar la gente narrativamente, sensibilizando al público y acercándolo a la población. Quienes viven en esta región son campesinos, gente muy tranquila, muy humilde. Quise que la gente reconociera el pueblo porque Gutiérrez es muy grande. También mostrar que fue un pueblo que en algún momento estuvo gobernado por un frente guerrillero, ellos eran los que imponían la ley. Entonces quise empezar mostrando la gente y que reconocieran el territorio. Después en una en una segunda presentación, que la gente se entere ya que fue lo que pasó. La sentencia [del 2 de mayo de 2013, donde el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Ejército en la masacre] como documento oficial hace parte de la historia y ahí empezamos a narrar la masacre. Finalizamos con un sencillo homenaje a estos muchachos que no eran soldados, eran pelados que los sacaron de un momento a otro de sus casas a prestar servicio. En el documental, además de problematizar el hecho de que la JEP no considere lo que ocurrió el 8 de julio de 1999 como una masacre, problematizas también este concepto. Según la ONU una masacre es “un asesinato en masa, intencionado, de civiles que no participan en hostilidades o de personas que siendo combatientes no se encuentran en combate y son ejecutadas por grupos armados organizados y en violación del derecho internacional humanitario”. Como director de esta película ¿por qué lo que ocurrió en Gutiérrez debería ser considerado como una masacre? En el contexto, llamémoslo humano, nos situamos en que eran casi 60 soldados mal preparados, con un pésimo sistema de comunicaciones, una única M60 que no funcionaba; que incluso en el expediente reza que ellos pidieron una a los entes mayores y les dijeron que no. Entonces, imagínate con armas que según el expediente no tenían casi municiones, había unas que ni estaban funcionando bien, no tenían culatas. También tenemos que habían sido avisados por los campesinos de la región, los que vivían más lejos sabían que este frente guerrillero pasaba por los linderos del Sumapaz y les avisaron. Entonces:
Así viven los combatientes que salieron de prisión para aliviar la salud y promover la paz
Crédito: Cruz Roja. Uno de los temas en los que han llegado a acuerdos las delegaciones del Gobierno y el ELN son los alivios humanitarios para la población carcelaria de esa guerrilla. Para explicar de qué se trata, visitamos a un grupo de integrantes del ELN que salieron de prisión, debido a sus condiciones clínicas, para ejercer como promotores o gestores de paz. Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar. Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar. Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos. Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo. A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión. Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz. La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones. Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones. ¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado? Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad. El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades. En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico. De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública. Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses