Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”
Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso. El soldado Freddy Iturre Klinger llora la muerte de su compañero y medio hermano, Simon Goméz. Fotografia: William Fernando Martínez /El Tiempo La madrugada del 8 de julio de 1999, 500 miembros de las Farc tomaron Gutiérrez, un pequeño municipio de Cundinamarca a más de tres horas de Bogotá. En la toma se enfrentaron a alrededor de 60 soldados del ejército, quienes en su mayoría no superaban los 20 años y prestaban su servicio militar obligatorio. 38 integrantes del ejército fueron asesinados ese día que quedó manchado de rojo en el calendario de la gente de Gutiérrez. Este 2024, por la conmemoración de los 25 años del suceso, el director de cine Iván Acosta Rojas estrena Gutiérrez: una deuda pendiente, un documental en el que a través de las voces de habitantes del municipio y soldados sobrevivientes se reconstruye la historia de esta “masacre”. Aunque medios como El Tiempo llaman al hecho “masacre”, lo cierto es que en las definiciones de este término solo se contempla como masacre acciones contra civiles. Para el director este documental, que se estrenará en salas de cine este 11 de julio, tiene como propósito llamar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que la población quiere ser reparada y contemplada en los informes. Además, han luchado para que a lo que ocurrió hace 25 años se le denomine masacre, aunque haya sido en contra de militares armados. Ahora bien, entidades como la ONU o el Derecho internacional humanitario, se refieren a masacre como la matanza indiscriminada de un gran número de personas, especialmente civiles, que no participan directamente en el conflicto, y la JEP sigue esta jurisdicción a la hora de hacer su trabajo. En De la Urbe entrevistamos a Iván Acosta para conversar sobre lo que significa este suceso para la población y discutir el carácter de “masacre” en este hecho. Póster de Gutiérrez, una deuda pendiente. El documental fue estrenado el 11 de julio de 2024. Iván ¿cómo llegó a la historia de Gutiérrez? ¿Qué lo llevó a querer hacer un documental de esa historia? Hay una amiga muy querida, Jennifer Navarro, que es la investigadora del documental, es abogada especializada en Derechos Humanos y tiene muchos casos de este tipo. Un día en mi apartamento reunidos me comentó este caso de Gutiérrez, la historia de cómo un grupo de muchachos muy jóvenes habían intentado repeler una toma y fueron masacrados por un frente guerrillero. Me empezó a contar de estos muchachos casi en indefensión, pues no tenían casi armas, que habían sido muchachos reclutados; era la época en la que pasaban los camiones del Ejército por los barrios llevándose a los muchachos que estaban en la calle. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Entonces me llamó la atención y dije: “oiga, qué bonito poder contar la historia de ellos, pues para que no se queden en el olvido”. Entonces iniciando el año pasado le dije a Jennifer, “yo quiero hacer esa historia”, y empezamos la investigación. Ahí empezamos a rodar en Gutiérrez y a contar la historia, pero no solo contar los soldados, o la masacre, sino también contar la población. Me contó que eran entre 50 y 60 soldados contra 500 guerrilleros ¡Ojo! unos 50 soldados mal preparados y mal armados, ni siquiera con sistema de comunicaciones propio óptimo, contra 500 guerrilleros, era absurdo. Iván Acosta Rojas A propósito de esto, el documental inicia sin hablar de la masacre, sino narrando el pueblo, hablando con gente de allá, y contando la actualidad del pueblo. ¿Cuál era su intención con arrancar así? Insisto mucho en que quería mostrar la gente narrativamente, sensibilizando al público y acercándolo a la población. Quienes viven en esta región son campesinos, gente muy tranquila, muy humilde. Quise que la gente reconociera el pueblo porque Gutiérrez es muy grande. También mostrar que fue un pueblo que en algún momento estuvo gobernado por un frente guerrillero, ellos eran los que imponían la ley. Entonces quise empezar mostrando la gente y que reconocieran el territorio. Después en una en una segunda presentación, que la gente se entere ya que fue lo que pasó. La sentencia [del 2 de mayo de 2013, donde el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Ejército en la masacre] como documento oficial hace parte de la historia y ahí empezamos a narrar la masacre. Finalizamos con un sencillo homenaje a estos muchachos que no eran soldados, eran pelados que los sacaron de un momento a otro de sus casas a prestar servicio. En el documental, además de problematizar el hecho de que la JEP no considere lo que ocurrió el 8 de julio de 1999 como una masacre, problematizas también este concepto. Según la ONU una masacre es “un asesinato en masa, intencionado, de civiles que no participan en hostilidades o de personas que siendo combatientes no se encuentran en combate y son ejecutadas por grupos armados organizados y en violación del derecho internacional humanitario”. Como director de esta película ¿por qué lo que ocurrió en Gutiérrez debería ser considerado como una masacre? En el contexto, llamémoslo humano, nos situamos en que eran casi 60 soldados mal preparados, con un pésimo sistema de comunicaciones, una única M60 que no funcionaba; que incluso en el expediente reza que ellos pidieron una a los entes mayores y les dijeron que no. Entonces, imagínate con armas que según el expediente no tenían casi municiones, había unas que ni estaban funcionando bien, no tenían culatas. También tenemos que habían sido avisados por los campesinos de la región, los que vivían más lejos sabían que este frente guerrillero pasaba por los linderos del Sumapaz y les avisaron. Entonces:
Así viven los combatientes que salieron de prisión para aliviar la salud y promover la paz
Crédito: Cruz Roja. Uno de los temas en los que han llegado a acuerdos las delegaciones del Gobierno y el ELN son los alivios humanitarios para la población carcelaria de esa guerrilla. Para explicar de qué se trata, visitamos a un grupo de integrantes del ELN que salieron de prisión, debido a sus condiciones clínicas, para ejercer como promotores o gestores de paz. Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar. Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar. Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos. Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo. A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión. Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz. La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones. Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones. ¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado? Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad. El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades. En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico. De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública. Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses
El ruido de las balas: ¿Quién mató al periodista Abelardo Liz?
El 13 de agosto del 2020, durante un operativo de desalojo en una finca de propiedad del ingenio azucarero Incauca, en Corinto, norte del Cauca, el periodista indígena Abelardo Liz fue impactado por una bala que lo mató. En un trabajo conjunto, Cerosetenta y Bellingcat, con el apoyo de La Liga contra el Silencio, utilizaron los videos grabados por Abelardo y por otras personas presentes y el sonido de los disparos analizado por expertos en audio forense, para investigar lo que ocurrió.
El periodista indígena filmó el momento en el que fue herido de muerte por una bala. 070 y Bellingcat usaron sus videos y analizaron el sonido de las balas para investigar lo sucedido.
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno