Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional
La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.
Las barreras que persisten para abortar en Colombia a tres años de la despenalización
Este 21 de febrero se cumplieron tres años de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, impulsada por el movimiento feminista Causa Justa, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Durante su celebración, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer en compañía la colectiva Jacarandas presentaron dos informes sobre las asesorías que dieron a mujeres y personas gestantes que accedieron a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el país. Según la colectiva Jacarandas, durante el 2022 y el 2024, Antioquia fue el departamento con más municipios que consultaron la Línea en busca de información sobre derechos sexuales y reproductivos. Foto: Causa Justa. En el marco de la conmemoración por el tercer aniversario de la sentencia C-055, el bufete de abogadas feministas Colectiva Justicia Mujer presentó el informe “Experiencias y barreras sobre el acceso a la IVE en Antioquia 2023 y 2024”, en donde presentaron las barreras médicas y jurídicas que enfrentaron las mujeres que accedieron a abortos en Antioquia y que han conocido con su acompañamiento psicojurídico. Según el informe, este bufete orientó el aborto de 46 mujeres, de las cuales el 54 % tuvo acompañamiento durante el procedimiento y “en varios de estos casos se presentaron violencias contra las personas que estaban accediendo a su derecho al aborto, (..) y en contra de defensoras y acompañantes”. De estos casos, el 48 % fue atendido en Medellín, el 32 % en municipios del Valle de Aburrá (Bello, Itagüí y Envigado), el 12 % en otros municipios del departamento y, pese a que la colectiva estaba centrada en Antioquia, el 8 % restante corresponden a casos por fuera del departamento. Por su parte, Jacarandas, una colectiva feminista que hace activismo digital sobre derechos sexuales y reproductivos, presentó en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá el informe “Nuestro cuerpo. Nuestra decisión. 11.267 asesorías sobre aborto en la Línea Jacarandas, 2022 – 2024”. A partir de las experiencias de las usuarias, el informe presenta un análisis del aborto en Colombia que profundiza en los cinco departamentos y/o ciudades con más casos atendidos: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Santander. A tres años de la sentencia, Jacarandas se ha consolidado como una de las principales fuentes de información para conocer en dónde se puede acceder a un aborto en Colombia. Según su informe, el aumento de consultas en temas relacionados con IVE ha crecido significativamente, pasando de 1.916 casos atendidos en 2022 a 11.267 al cierre del 2024. Esto obedece, dice la colectiva, a una mayor visibilidad de su Línea y a un “aumento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva.” Laura Gutierres Acuña, Natalia Acevedo Guerrero, Lisa Gomez Camaro y Juliet Gómez Osorio en el conversatio «Derecho al aborto, entre discursos de odio y fundamentación», realizado en Medellín luego de la presentación de los informes de Justicia Mujer y Jacarandas. Foto: Jacarandas. Penalización social: las barreras para abortar A pesar de que el aborto es legal y no requiere justificación hasta la semana 24 de gestación y, luego de esta está amparado por las tres causales de la sentencia C-355 de 2006, aún se reproducen discursos que vinculan este procedimiento médico a palabras como homicidio, genocidio o pecado. Un ejemplo de esto son las declaraciones del papa Francisco el 15 de septiembre de 2024, un día después del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, en las que aseguró que el aborto “es un homicidio, y el médico que lo practica es un sicario”. El problema recae, entre muchas otras cosas, en la falta de información que hay sobre la IVE. Según Laura Pedraza, abogada de incidencia política en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la primera barrera que hay para acceder al aborto es el acceso a la información: en dónde se puede solicitar, cómo hacerlo, las dosis necesarias de medicamento o el procedimiento médico especifico que se requiere. Según el informe de la corporación Justicia Mujer, alrededor de 34 mujeres, de las 46 que atendieron, enfrentaron barreras que “estuvieron fuertemente ligadas a la penalización social, materializada en asuntos como la estigmatización, falta de acceso a información veráz y a servicios de calidad en zonas rurales o contextos marginalizados, el uso inadecuado de la objeción de conciencia, la garantía del servicio sujeta a la voluntad política de prestadores de servicios y tomadores/as de decisión antiderechos”. En total, afrontaron 98 barreras, es decir, en promedio cada mujer experimentó dos obstáculos al intentar acceder a un aborto. Un ejemplo de esto es el caso del municipio Argelia de María, en el oriente antioqueño, expuesto en el informe de la colectiva, en donde la violencia institucional se propagó a través de mensajes de odio dirigidos a quienes intentaron acceder a una IVE. Según el medio feminista Volcánicas, durante la alcaldía de Edwin Quintero (2020-2023) hubo carteles pegados en las puertas y paredes de la Oficina de Equidad de Género con mensajes como: “El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto” y “En la familia Argelia pa’ todos somos provida, no al aborto”. Como lo explicó Justicia Mujer, esta penalización social se puede materializar en obstáculos que las entidades prestadoras de salud les ponen a las personas gestantes cuando estas intentan acceder a un aborto libre y seguro. Según el informe de Jacarandas, los casos de violencia obstétrica que se registraron en la Línea pasaron de ser un 23.7 % en 2022 a un 47.1 % en 2024. Sin embargo, la negación del servicio disminuyó de un 39.2 % a un 17.6 %, respectivamente. Esto quiere decir que, a pesar de que más personas gestantes accedieron a servicios de aborto, incrementaron los maltratos antes, durante o después el procedimiento. Además de estas barreras, Jacarandas también explicó en su informe que en 2024 hubo un incremento del 4.9 % en los casos que presentaron retrasos médicos injustificados, pasando de 18.6 % a 23.5 %. Con respecto a los casos de remisión a especialistas, disminuyeron en el último año
La Colectiva Justicia Mujer espera respuestas de la UdeA
La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que brindó asesoría psicojurídica a las mujeres denunciantes por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, anunció el fin de su contrato con la Universidad el 29 de mayo de 2024, en medio de la emergencia por esas violencias, “debido a las tensiones recurrentes y las diferencias agravadas en el segundo semestre del año 2023, cuando se iniciaron conversaciones de cara a un nuevo contrato”, según señalaron en un comunicado. Después de la finalización del primer contrato, el 18 de febrero de 2024, accedieron a firmar otro por 62 días para hacer el cierre de los procesos. Este se formalizó el 18 de marzo de 2024, pero la CCJM siguió trabajando durante los 28 días entre uno y otro por solicitud de Bienestar Universitario. Según dijo la CCJM en mayo, no suspendió la prestación de los servicios para priorizar “el cuidado de las víctimas, lo que ocasionó una importante carga financiera en la organización. Este aspecto, así como el retraso de los pagos pendientes se ha abordado con Bienestar Universitario sin contar con una respuesta clara y de fondo”. Seis meses después, la CCJM sigue sin recibir el pago por ese trabajo, que calculan en más de 88 millones de pesos. Nathalia Álvarez, subdirectora de la CCJM, cuenta que durante estos meses han mantenido contacto con la dirección de Bienestar Universitario, encargada de la Ruta Violeta; primero con Marcela Ochoa, directora hasta junio de este año y ahora vicerrectora de Docencia, y luego con Juan Gabriel García, actual director. “Con él hemos tenido un cruce significativo de correos, pero hasta ahora no nos ha respondido qué se va a hacer con esta situación”, cuenta Álvarez. Añade que en agosto les dijo en una reunión que no estaba al tanto de la situación, pese a que allí había personas que sabían de los acuerdos previos: “Nos dijo casi como que demandemos a la Universidad, y quedó con el compromiso de hacer la consulta y respondernos”. El último correo al director lo enviaron el 2 de octubre. Desde De la Urbe le preguntamos a Juan Gabriel García qué pasaría con el pago de la CCJM y el 10 de octubre contestó que les responderían directamente a ellas: “Cualquier pago realizado desde una entidad pública, al comprometer recursos públicos, está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos tanto en las normas generales de contratación como en el Estatuto de Contratación particular de la Universidad de Antioquia”. Esta situación se da en medio de la crisis financiera de la UdeA. Aunque la CCJM entiende que el silencio de la Universidad podría justificarse en esa coyuntura, escalarán el asunto legalmente. “Si se mantienen en su posición de no responder, avanzaremos con una acción de tutela; y si no da respuestas de fondo y asume este compromiso tendríamos que continuar con los mecanismos legales. Nos parece un desgaste innecesario, porque tanto a la Universidad como a nosotras nos saca del centro, que es lograr una universidad libre de violencias”, apuntó Álvarez. A pesar de no haber recibido respuestas sobre el pago, el 22 de agosto la Universidad les solicitó una precotización para “contratar el servicio de asesoría de representación técnica en procesos penales y disciplinarios en favor de personas víctimas por hechos de violencias basadas en género”. La Dirección de Bienestar Universitario está adelantando la apertura de una licitación pública con ese propósito, como lo anunció la Universidad en junio, aunque esto no se aclaraba en el documento enviado a la CCJM. Pese a no tener contrato con la UdeA, la colectiva sigue acompañando 21 procesos de 13 mujeres que, según afirman, no encontraron condiciones para ser representadas por ZEA Abogadas, la firma que quedó a cargo tras la salida de la CCJM.
La profe Lauren: entre la negligencia institucional y el apoyo feminista
Su caso representa las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencias basadas en género cuando activan la Ruta Violeta, un mecanismo institucional que se ha quedado corto para responder a las complejidades de esos hechos y que ha suscitado manifestaciones de docentes y estudiantes durante 2024 en la UdeA.