El pasado 15 de septiembre, siete congresistas, liderados por el representante a la Cámara por el Centro Democrático, David Gerardo Cote, radicaron el proyecto de ley «Él es él y ella es ella», mediante el cual pretenden prohibir la supuesta ideología de género en el sistema educativo. Para comprender las implicaciones y la viabilidad de una propuesta como esta, conversamos con Juan Camilo Estrada, magíster en Educación y coordinador del grupo de investigación Diverser de la Universidad de Antioquia, quien ha trabajado en el diseño e implementación de políticas públicas de diversidad sexual y de género en Medellín y en Antioquia.

Para el profesor Estrada, este proyecto de ley es muy escaso en su fundamentación normativa, pues únicamente menciona la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). El docente señala que, antes de dicha ley, en Colombia se emitieron antecedentes clave. Por un lado, la sentencia T-440 de 1992 de la Corte Constitucional establece que la educación sexual no debe alienar al individuo con creencias, sino proveer elementos objetivos para su reflexión. Por otro lado, la Resolución 3353 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional señala que esta formación debe fundamentarse en la ciencia y la pedagogía para promover la autonomía, el afecto y la igualdad.

Asimismo, el docente destaca que ninguno de estos antecedentes normativos hace alusión a la heterosexualidad ni a la negación de las personas trans. Por el contrario, remarca que ambos referentes históricos —junto con la Ley 115 de 1994— sirvieron de base para la posterior consolidación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) del Ministerio de Educación Nacional en 2007.

Este proyecto de ley dice que busca una educación sexual con un “enfoque biológico”. Entonces, ¿qué enfoque se maneja en la educación sexual del sistema educativo actualmente?

En el papel, como muchos asuntos en derechos humanos, sexuales y reproductivos, Colombia es muy avanzado, muy progresista. Que en el 92 la Corte Constitucional dijera: “la educación sexual tiene que permitirnos vivir una sexualidad libre e informada” es bastante progresista para la época, y así se mantiene el relato de la normativa. ¿Cuál ha sido el problema? Su implementación. Hay una disonancia: por un lado, lo que dice la norma y, por otro lado, lo que pasa en las instituciones educativas. En principio, la educación sexual en Colombia, según su fundamentación jurídica y normativa, no es lo que esta gente está proponiendo: es todo lo contrario; pero, en la práctica, casi que eso es lo que se está implementando. Cuando uno va a las cátedras de educación sexual en las escuelas, lo que se encuentra es la reafirmación de un binario macho-hembra, hombre-mujer. Entonces, lo que esta gente está proponiendo no dista mucho de la realidad práctica de la educación sexual en Colombia, de lo que ya se está haciendo.

¿Qué implicaría la implementación de este proyecto de ley?

Son varias las implicaciones. Lo primero es que este proyecto de ley seguiría reafirmando la invisibilización de las personas intersexuales pues sigue diciendo que el sexo es un binario en el que solo hay machos y hembras, que además no los nombra de esa manera: los nombra hombres y mujeres. Académicamente hay una distinción: los conceptos biológicos son macho y hembra; los conceptos del género —que es lo que ellos niegan— son hombres y mujeres. Ahí hay una primera imprecisión terminológica.

Cuando yo reafirmo que el sexo solamente son machos y hembras, estoy invisibilizando, desconociendo y negando la existencia de personas cuya anatomía sexual por nacimiento no es ni de machos ni de hembras, sino que sus características sexuales primarias varían y son diversas. Este proyecto de ley borra, niega y desaparece eso por completo y dice: “las personas intersexuales no existen, y si existen son personas anormales y deformes”.

Lo segundo: es un ataque frontal a las políticas que garantizan derechos humanos, sexuales y reproductivos, principalmente de las personas trans y no binarias, pero en general de la población que llamaríamos LGBTI.

Y una última cosa: va a haber una vigilancia y una persecución de los y las profesoras que opten por una perspectiva crítica de la sexualidad. Eso también es muy peligroso, porque de por sí la profesión docente ya es una profesión hipervigilada e hipercontrolada y ahora va a tener, además, una vigilancia moral sobre qué se puede o no se puede enseñar sobre la sexualidad.

El representante a la cámara David Cote presentó este proyecto de ley en sus redes sociales afirmando que busca “prohibir la ideología de género”. ¿Qué se entiende por ideología de género actualmente?

Yo creo que por ideología de género hay que entender dos cosas. Ideología de género como un conjunto de ideas que defienden sectores conservadores según el cual los estudios de género, los estudios de la sexualidad y sobre todo el feminismo han construido un aparato ideológico, como una deformación de la realidad para destruir los valores, las tradiciones, la familia nuclear y los valores cristianos. El antecedente de esa versión está en El Vaticano de los años 90. El Vaticano, después de dos eventos internacionales —la Conferencia de El Cairo y la Plataforma de Beijing— empezó a generar un discurso en contra de esas políticas de equidad de género, de derechos sexuales y reproductivos diciendo que “la ideología de género lo que buscaba era destruir la familia natural creada por Dios”, y ese es un discurso que vuelve a emerger cada tanto con fines políticos. Ahora vuelve a emerger con el ascenso de la ultraderecha en América Latina.

El otro uso del concepto es justamente el que denuncia esa postura de la derecha, porque lo que se defiende desde este lado más progresista es que la ideología de género es la que ellos difunden, que es una distorsión de la realidad porque en su versión de la realidad solo hay machos que son hombres, que son heterosexuales, solo hay hembras que son mujeres, que son heterosexuales y que todo lo demás no existe. Entonces son dos acepciones en las que se usa el concepto.

Dos días después de que se presentara este proyecto de ley, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la salida de Colombia de la Equal Rights Coalition. Desde su punto de vista, ¿qué tanto están conectados estos dos hechos que ocurrieron en la misma semana?

Para mí ambas son estrategias en el marco de la “batalla cultural”: son acciones encaminadas a reconstruir ese supuesto pasado idílico en el que todos nos reconocíamos solamente como hombres y mujeres, nos reproducíamos, teníamos hijitos y vivíamos felices. Que, además, es un pasado que nunca ha existido: es la fantasía de la que nos habla Judith Butler. Esta gente jura que vamos a volver a un estado ideal, pero es un estado ideal que nunca existió. Ellos quieren volver a un lugar que no existe y, para mí, todo eso está conectado. ¿Y cuál es el escenario donde se libra la batalla cultural por excelencia? En la educación. Pero sí, están 100 % conectados en ese marco de su batalla cultural.

Conociendo el tema jurisprudencial en el país —las diferentes sentencias, tutelas, leyes a las que se ha llegado en temas de diversidad sexual, derechos reproductivos y en particular en la educación en Colombia—, ¿ve viable un proyecto como estos o se chocaría con alguna ley que ya existe?

Yo creo, espero y aspiro que esto lo tumbe la Corte Constitucional, porque ha sido la Corte Constitucional, especialmente a partir del 98, la única que se ha encargado de proteger y garantizar derechos humanos, sexuales y reproductivos en este país. Para mí la esperanza está puesta en la Corte Constitucional, no en el Congreso, no en el Senado. Yo creería que este proyecto de ley va a tener buen curso en el Congreso. Me parece que es una ley pobre porque no tiene un fundamento científico ni jurídico sólido y consistente. Puede pasar en el Congreso, como pasan muchas cosas; entonces, yo creo que en el Congreso va a pasar. Mi esperanza está en la Corte: que la Corte diga: «No, esto no; esto en Colombia no puede ser porque desde el 92 ya dijimos lo que es la educación sexual y es todo lo contrario a lo que ustedes están proponiendo».

¿Qué cree que les espera a las poblaciones sexualmente diversas en estos próximos 4 años de “batalla cultural”?

Yo creo que salir a las calles y en distintos escenarios librar esa batalla. Porque, además, para ellos —cuando digo ellos me refiero a estos sectores neoconservadores— es una batalla por unos valores, por un mundo idílico que no existe. Para las disidencias sexuales y de género es una batalla por sus derechos; entonces, son dos perspectivas muy distintas. Esas personas no pierden nada en la tal batalla cultural: pierden el privilegio que tuvieron en su momento de imponernos a todo el mundo una sexualidad ideal, pero nada más. No pierden sus derechos, no pierden sus trabajos, no les violentan en la calle, mientras que para las disidencias sexuales y de género sí puede representar una pérdida de derechos; por ende, tiene que volverse una lucha política.

Si algo le hemos aprendido al feminismo es que los derechos no están garantizados: se pueden ganar en el papel, pero como se ganan fácilmente se pierden, tanto en el papel como en la materialidad. Yo soy de los que defienden que Colombia tiene uno de los aparatos jurídicos más progresistas en el mundo —en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos—, pero nuestro problema siempre ha sido la práctica y ahora, con el discurso del gobierno de turno, que es el discurso oficial, muchos sectores se van a sentir validados para arremeter contra derechos de mujeres, disidencias sexuales y grupos étnicos.