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Ómar Yesid Grueso Fonseca es un hombre de 28 años, víctima del conflicto armado. En el 2002 fue desplazado de Guamal, Magdalena, por los paramilitares. Trabaja desde sus 15 años y en la actualidad se dedica a la construcción como independiente. Llegó al municipio de Caldas en 2016 y un año después pasó a vivir con su esposa y su hijastro en la vereda La Chuscala parte baja.

Ómar cuenta que el 29 de marzo de 2021, mientras la familia dormía, llegó la Fuerza Pública a las 6:00 de la mañana con una orden de desalojo que no fue notificada con anticipación. La orden no contenía nombre ni cédula, los agentes le dijeron que iba dirigida “al costeño”. A Ómar, su esposa, su hijastro de 12 años y sus animales los sacaron de la casa y esa misma mañana la demolieron. Ese fue uno de los siete hogares a los que les desocuparon y tumbaron sus viviendas durante el 2021.

Aún quedan 28 familias, tres de estas víctimas del conflicto armado, compuestas por 36 hombres, 28 mujeres, 28 menores de edad y 11 adultos mayores, quienes desde hace más de nueve años están en una disputa legal por la tierra ¿Quién la reclama? Juan Guillermo de la Cuesta, un terrateniente de Caldas. Algunos habitantes de la vereda no lo conocen, pero escuchan su nombre frecuentemente.

El origen

Según Carlos Hernán Pardo, abogado de Antonio María Agudelo, uno de los afectados por la disputa, a principios de los años 2000, Juan Guillermo de la Cuesta le rentó una parte de su finca a Víctor Raúl Ángel para la explotación agrícola. Víctor Raúl subarrendó esa área de terreno a Antonio María para trabajar la tierra en conjunto. Cuando Antonio le preguntó a Víctor hasta dónde llegaba la finca, Víctor le enseñó un lindero demarcado por alambre de púas y estacones de cemento y le dijo que lo que sobrepasaba el cerco le pertenecía a Ferrocarriles Nacionales.

Antonio María lo sobrepasó y se asentó a orillas de la vía férrea para empezar a sembrar y a vender lotes por medio de compraventas a personas que no tenían acceso a la vivienda ni a la tierra.

En 2011 llegaron las primeras familias. Doña Morelia Vélez compró uno de los lotes junto a su esposo en el 2012 para poner a producir la tierra. “Llegamos y lo primero que hicimos fue sembrar matas de yuca, maíz, frijol, plátanos, bananos. Pasó un año, empezamos a recoger la cosecha y se hizo una ramada. Después, mi esposo trajo gallinitas y nunca nos dijeron, ¿ustedes por qué están sembrando?”, dice Morelia. De a poco cultivaron la tierra, recogieron la cosecha, limpiaron la vía férrea, pues ese era el “basurero de Caldas”, y construyeron la casa en la que ahora viven ocho personas.

Las irregularidades en el proceso

Los habitantes de La Chuscala parte baja y el abogado Carlos Hernán denuncian que los desalojos y las demoliciones han sido irregulares, pues si bien la tierra por la que pasó el ferrocarril pertenecía a la familia de la Cuesta antes de que se construyera la vía, el abuelo de Juan Guillermo, Ricardo de la Cuesta, le vendió esa franja de terreno a Ferrocarriles en 1913, como se ve en esta escritura pública.

Además, Carlos Hernán menciona que según la ley 76 de 1920, los 20 metros a la derecha y a la izquierda que se encuentran en el eje de la vía férrea le pertenecen a INVÍAS, extensión en la que se encuentran las casas de las 28 familias.

El primer intento de desalojo fue a inicios de 2019 cuando la Fuerza Pública llegó sin avisar a las 3:30 de la madrugada, sin embargo, la comunidad logró detener el desalojo por violaciones en el debido proceso. Los motivos de desalojos y demoliciones son por restitución de inmuebles arrendados a Juan Guillermo de la Cuesta y/o por ocupación irregular de bienes públicos, de acuerdo con una acción popular interpuesta por el mismo de la Cuesta.

A Martín Parra, quien desde hace 12 años vive en La Chuscala parte baja en una casa construida por su padre, lo han intentado desalojar por ambos motivos. Él se cuestiona por qué Juan Guillermo de la Cuesta ha interpuesto dos acciones sobre la misma tierra, una en defensa del bien privado y otra en defensa del bien público, aunque se trate del mismo territorio. “Es contradictorio ver como desde la administración operan de diferentes maneras para hacer el cometido”, dice Martín.

Martín vive con su esposa y sus dos hijos menores de edad. El 10 de agosto de este año le llegó un aviso de la Alcaldía de Caldas con el asunto de: “ÚLTIMO REQUERIMIENTO DEMOLICIÓN VOLUNTARIA”, en el que se le pide que proceda con la demolición de su casa en los siguientes 15 días. La notificación contiene la dirección de una casa que no corresponde a la de Martín. “Lo que nos mantiene como con esa zozobra es de perder todo lo que hemos invertido en el lugar, el hogar que se construyó, la comunidad, el arraigo que tenemos con el sector […] uno cómo va a atentar contra el propio patrimonio que es lo único que tenemos, la casa con tantos sacrificios que hemos logrado levantar y no nos están dando ningún tipo de garantías”, dice Martín.

El último desalojo ocurrió el 23 de julio de este año durante un sancocho que realizaban unas seis personas en uno de los predios demolidos en 2021. De acuerdo con Carlos Bueno, quien hizo presencia como defensor de Derechos Humanos del Convite Bajo La Lluvia y del colectivo Ciudad en Movimiento, hubo presencia de Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Convivencia y de la Personería Municipal. La orden de desalojo era sobre un gallinero integrado por dos gallinas, dos patos, unos cuantos palos de guadua y un plástico.

Según una denuncia pública realizada por Ciudad en Movimiento, los agentes de la Policía Nacional no llevaban identificación y la Fuerza Pública amenazó a la comunidad con una posible intervención del ESMAD. Los abogados presentes hicieron un acta en la que se llegó a un acuerdo y no hubo mayor conflicto.

Después de ese día los habitantes denuncian que han recibido hostigamientos, pues la Fuerza Pública pasa varias veces al día, han llegado civiles armados a amedrentar y personas desconocidas a tomarles fotografías a la gente y a sus casas.

Volver a empezar

Luego de que desalojaron y demolieron la casa de Ómar y su familia, todas las cosas quedaron en la calle y empezó a llover. Algunas se dañaron, otras se las robaron y las herramientas de trabajo las empeñó para obtener dinero y buscar un nuevo hogar. Ómar pidió ayuda por todas partes. “Hablé con personas de la Alcaldía y me dijeron que no podían ayudarme de ninguna forma. Como somos supuestos invasores, ellos no tienen ninguna obligación con nosotros”, cuenta Ómar.

Una de las vecinas les prestó una habitación mientras que conseguían donde establecerse, allí duraron tres meses hasta que apareció doña Alcira, otra vecina, quien les arrendó una parte de su casa en la que viven en la actualidad. El 8 de septiembre de este año la casa de doña Alcira amaneció con un aviso pegado en la fachada de parte de la Alcaldía de Caldas.

En el aviso se ordena la restitución del inmueble a Juan Guillermo de la Cuesta, y se anuncia que, de no ser restituido en los próximos 30 días, se procederá con el allanamiento del inmueble el próximo miércoles 8 de noviembre, haciendo uso de la Fuerza Pública en caso de ser necesario.

Ómar dice que en la casa no han podido dormir con tranquilidad y que él se siente frustrado por “venir de una parte que todo el tiempo fue conflictiva, zona roja, y venir a otra parte como a buscar un respiro, y llegar acá y prácticamente vivir lo mismo, a diferencia de que no es la guerrilla, sino el mismo municipio, la misma ley”.

¿Qué dice la Alcaldía?

La Alcaldía de Caldas respondió, por medio de un derecho de petición, que, de acuerdo con una sentencia del 20 de marzo de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Caldas, entre los 5.500 metros cuadrados de tierra que tiene la finca de Juan Guillermo de la Cuesta se contempla la franja de terreno en la que están las casas de las 28 familias de La Chuscala parte baja. El fallo ordena la restitución de bien inmueble arrendado a de la Cuesta y la Alcaldía debe proceder con el desalojo conforme a la decisión proferida por el juez. Eso pese a las contradicciones sobre la propiedad de la tierra que alegan las personas que viven en la zona.

Para este informe buscamos una respuesta de Juan Guillermo de la Cuesta y/o su abogado. Sin embargo, hasta el cierre de este informe ni de la Cuesta ni su representante entregaron su respuesta.