Ilustración: Sara Uribe de los Ríos.

El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali.  

La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. 

La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. 

Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. 

De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. 

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. 

Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. 

Los contrastes  

Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico.  

Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. 

Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. 

Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. 

El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016.  

Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la implementación de programas de derechos humanos y planes de retorno a los municipios afectados, no profundiza en medidas preventivas de los distintos crímenes asociados al conflicto armado, pese a que Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados por esta problemática. 

De acuerdo con sus declaraciones para El País de España, Rendón es consciente de la posición de subordinación que le corresponde frente a Gustavo Petro, por lo que ha buscado una mayor autonomía fiscal para su accionar en Antioquia. Sabe que el dinero es fundamental para sus proyectos y por eso decidió impulsar un referendo que permita a los departamentos recoger mayores fondos por medio de impuestos. Sin embargo, de acuerdo con la Registraduría Nacional, la figura del referendo únicamente puede aprobar o rechazar proyectos de normas jurídicas, y no modificar la Constitución. 

Rendón declaró que su pretensión era utilizar el artículo 317 de la Constitución Política para modificar el artículo 298 “dejando a los departamentos la tributación directa”, como afirmó para Semana en abril del 2023. 

El gobernador también ha decidido impulsar, por medio de sus copartidarios del Centro Democrático en el Congreso, un proyecto que modifique la ley de concesiones y aumente hasta un 50 % la inversión de privados. Su búsqueda es clara: desligarse, tanto como sea posible, de la influencia económica que ejerce Petro sobre el departamento. 

El peso de la historia 

Jorge Mejía, exsecretario de Gobierno de Antioquia y facilitador de paz en las negociaciones del Valle de Aburrá, ve esperanzado el proceso local y destaca cuatro avances en la mesa: las solicitudes de distintas bandas criminales para acogerse al proyecto, la ratificación del cese de hostilidades el 27 de abril del 2023, y los compromisos de no involucrar menores en los grupos delictivos, reducir los índices de criminalidad y no expandir las plazas de droga en la ciudad. 

Desde la posición de facilitador, Mejía espera que no haya cambios sustanciales en las negociaciones con la llegada de los nuevos mandatarios. “Es que la paz es un derecho”, justifica, señalando que espera que se cumpla el principio constitucional de la colaboración armónica entre entidades. 

Los mandatarios electos de Medellín y Antioquia son reconocidos por desaprobar, desde antes de su llegada al poder, los proyectos planteados por el Gobierno nacional. Tanto el partido Creemos, de Federico Gutiérrez, como el Centro Democrático, al que pertenece Andrés Julián Rendón, se han declarado en oposición. Una oposición en la que se recoge parte del departamento: en su candidatura presidencial del 2022, Gutiérrez solo ganó en Antioquia y fue el tercero más votado del país, con más de 5 millones de votos. 

Y es que en Antioquia amplios sectores sociales se identifican con la derecha que representan figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los senadores Andrés Guerra y Paola Holguín. Esos sectores y esas figuras se hicieron más visibles en las marchas convocadas en Medellín para rechazar el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Daniel Quintero. El exalcalde, según Invamer, salió de la Alcaldía con una desaprobación del 65 %. 

Federico Gutiérrez ganó la Alcaldía de Medellín con 689.000 votos, rebasando por más de 500.000 votos al candidato Juan Carlos Upegui, el de Quintero, quien quedó de segundo. Rendón, por su parte, ganó con más de 940.000 votos, superando a Luis Pérez, favorito en las encuestas, quien obtuvo poco más de 345.000 votos. 

La derecha celebró. El Centro Democrático reclamó como “gran resultado” del partido la victoria de Gutiérrez y Rendón para “recuperar a Medellín y cuidar a Antioquia”; Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical, partido de oposición al Gobierno, felicitó a varias ciudades, entre esas Medellín, donde “Colombia rechazó el rumbo que está tomando el país” con el Pacto Histórico y el Partido Verde; y el expresidente Iván Duque felicitó a Andrés Julián Rendón a través de X: “Usted (Rendón), junto a Federico Gutiérrez, harán grandes proyectos para la comunidad”. Todos estos tienen algo en común: su inconformidad con la Paz Total.  

Tanto Medellín como Antioquia han sido fundamentales en la construcción de paz en Colombia, con antecedentes como el de la década de los 80, cuando hubo un auge de células de grupos guerrilleros y paramilitares que dominaban distintas zonas del Valle de Aburrá, las cuales, con el tiempo, se sometieron a los primeros procesos de paz urbanos.  

El departamento no solo vio nacer distintos grupos armados, sino que tuvo procesos de desmovilización significativos, como el del Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados (MIR-COAR), en 1998; el Bloque Cacique Nutibara de las AUC en el 2003; el Bloque Héroes de Granada en el 2005. Además, varios sucesos han cambiado las dinámicas delictivas del Valle de Aburrá, como la desarticulación y el exterminio del Bloque Metro en el 2004 y el “pacto del fusil” entre las AGC y la Oficina de Envigado en 2013. 

“Desde la década de los 30 no ha habido conflicto que no toque al departamento”, afirma Valencia, a lo que se suma Max Yuri Gil, excoordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero, quien asegura que de cada cuatro colombianos afectados por el conflicto, uno ha sido antioqueño.  

Rendón y Gutiérrez van a gobernar una Antioquia y una Medellín donde han aumentado los índices de hurtos, extorsiones y desplazamiento, según la Personería de Medellín, y donde hay un “incremento de acciones violentas por grupos armados ilegales” en distintos municipios periféricos de Antioquia, según la Procuraduría General de la Nación. A su vez, en el territorio se encuentran actores clave para los procesos que adelanta el Gobierno, como las AGC y los grupos delincuenciales que operan en el Valle de Aburrá. Este contexto no ha limitado el descontento que los nuevos mandatarios tienen con el proyecto de Paz Total. 

A Petro, como mandatario de un Estado centralista, le corresponde dirigir la política de paz del país. La relación vertical que tienen los administradores regionales con el presidente los obliga, al menos formalmente, a adherirse a las decisiones de la Casa de Nariño sobre la Paz Total. Sin embargo, esto no hace que tengan que actuar en concordancia con estas decisiones, pues sigue dependiendo de las autoridades desde y dentro de la región obstaculizar o ignorar la línea de la política nacional. 

El artículo 6° de la Ley 2272 de 2022, que obliga a los administradores departamentales y municipales a incluir este proyecto en sus planes, deja claro que la decisión final de la implementación de la paz se ajusta a la disposición presupuestal que cada administrador considere. De manera que será solo en este escenario en que ambos mandatarios antioqueños podrán dejar clara su posición frente a estas políticas. 

El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que alojaba los casos más complejos de Antioquia. Foto: Renata Taborda.