Entre velas y paneles solares: la lucha por la energía en las islas de Colombia
Por años, los habitantes de Múcura, Isla Fuerte y Santa Cruz usaron el fuego y los combustibles fósiles como energía. Hace una década sus vidas cambiaron con la instalación de paneles solares, pero el sistema después colapsó. Este reportaje de Mutante con apoyo de La Liga aborda el tema de la pobreza energética y cómo puede perpetuarse a pesar de la transición hacia alternativas renovables. Mary Esther Sotomayor era una niña que no pensaba en la luz. A los 10 años dejó su casa con alumbrado eléctrico en Tolú, Sucre, y se fue a vivir con su familia a una isla llamada Panda, un punto de paso de pescadores con ranchos improvisados en el que los días terminaban con el último rayo de sol. La noche era un tiempo desconocido. A las seis de la tarde, cuando la claridad comenzaba a ceder, las dos familias que habitaban la isla —la de Mary Esther y la de otro pescador— se reunían en sus ranchos y se preparaban para dormir. Sus únicos recuerdos de la noche siendo niña son esas primeras horas, cuando comían en torno a un fuego encendido con fósforos y palos, tan pequeño que no alcanzaba a verse fuera del rancho. “El cuerpo humano es de costumbres y el mío se acostumbró a eso. Era feliz en la isla en la noche, alumbrándonos con fósforos o mechones. Pero ahora me acostumbré a la luz y cuando no la tengo en la noche, me ahogo por el calor sin un ventilador”, recuerda. Hoy tiene 54 años y ha pasado casi toda su vida en islas no conectadas al sistema eléctrico. En isla Múcura, donde vive desde los 13 años, conoció primero la televisión que los interruptores de luz: las lanchas de comerciantes llevaban televisores pequeños a blanco y negro que funcionaban con baterías. A Mary Esther le encantaba Topacio, la telenovela venezolana de los ochenta, cuya protagonista era una joven ciega de una familia pobre. Después de cada episodio, apagaba el televisor para conservar la batería. Pero eventualmente esta se descargaba. Entonces debía embarcarla en lanchas para que se cargara en Tolú. Durante días, esperaba sin saber cómo seguía la historia y si se revelaba el gran secreto de la trama: Topacio era la hija de una familia rica y había sido cambiada al nacer. Cuando regresaban las lanchas y el televisor volvía a encenderse, Mary Esther completaba con su imaginación las partes de la telenovela que no había llegado a ver. Vivir sin luz permanente es un intento constante por rellenar las partes que faltan. El propio mapa de la energía en Colombia está lleno de parches oscuros que indican que el 53 % del territorio son zonas no interconectadas. Es decir, más de la mitad del área total del país está por fuera del entramado de antenas, transformadores y cables creado desde los años sesenta para garantizar que cada vez que alguien en una zona conectada encienda un interruptor reciba luz. “Es como una colmena de abejas en las que cada una pone todos los días su ventana de miel. Si alguna se llega a enfermar, habrá otra abeja que ponga esa ventana. La colmena y las abejas nunca paran”, se lee en un documento de la empresa Celsia que explica el sistema interconectado. Mary Esther Sotomayor en Isla Múcura. Ha vivido casi toda su vida en lugares desconectados del sistema eléctrico. Foto: Juan Manuel Flórez Arias. Isla Múcura y el resto de islas del archipiélago de San Bernardo están fuera de esa promesa de luz infinita. Como en la mayoría de las zonas no interconectadas, viven una forma de escasez poco visible: la pobreza energética; es decir, la incapacidad de una comunidad para tener el servicio de energía que necesita. No hay mediciones públicas precisas, pero un estudio privado de 2023 encontró que 768.000 colombianos no cuentan con este servicio público en ningún momento del día y 5,9 millones tienen luz por horas y con recortes. Durante años, la única forma de luz en estos lugares ha sido el fuego. En las islas usaban mechones de trapo encendidos con gasolina en empaques de conservas o leche en polvo. Eran como linternas de lata. Una en cada habitación y otra en el centro de la casa. “Moverse en la noche era como andar en un laberinto”. También era vivir con el riesgo de un tropiezo que propagara el fuego. En Santa Cruz del Islote, la isla vecina de Múcura, un mechón fue el origen de un incendio hace cincuenta años del que todos allí han escuchado alguna vez. La brisa del mar alimentó las llamas y las hizo saltar de un techo de palma a otro en unos minutos, bajo la mirada aterrada del niño Freddy de Hoyos Berrick, hoy de 62 años. Freddy corrió por los pasadizos estrechos del Islote en busca de las monjas que estaban allí de visita, esquivando a sus vecinos que se apuraban a huir en sus lanchas. Tomó del hábito a la primera monja que encontró y le pidió que apagara el fuego. “Yo creía que ellas eran Papá Dios”. Solo quedó una casa en pie. Pero los habitantes volvieron a levantar el pueblo con la misma tenacidad con la que, cien años antes, se inventaron una isla en medio del mar. Santa Cruz del Islote es una isla artificial: una hectárea de tierra ganada con piedra, coral y concreto en una zona baja del mar, en la que no hay un solo árbol. Es considerada la isla más densamente poblada del mundo, con unos 800 habitantes, según un censo local. Se ha mantenido por la voluntad profunda de sus habitantes de vivir en medio del océano. La misma voluntad que, años después, los hizo intentar embarcar en lanchas su propia energía. Santa Cruz del Islote es una isla artificial construida con coral, piedra y concreto en una zona baja del mar. Foto: IPSE Cuando el sol iluminó la noche Luego del incendio, llegaron las primeras plantas eléctricas que funcionaban con
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
Violencia obstétrica, un dolor que atraviesa cuerpo y alma
Las mujeres siempre han parido con un dolor que nace de las propias entrañas, del proceso de traer al mundo un nuevo ser humano. Sin embargo, la normalización del “parirás con dolor” ha hecho que se ignore la existencia de causas externas al sufrimiento del parto, una forma de violencia que no es propia de este proceso natural. Ilustración: Jhojan Meneses “La violencia obstétrica es una violencia de género que se da contra el cuerpo, la psique y la humanidad de la mujer y es ejercida por los profesionales de la salud que atienden a las gestantes”, explica Diana Patricia Molina, quien hace más de 10 años ha investigado este tema. Es psicóloga y magíster en Salud Pública, y hace parte del Grupo de Investigación en Salud Mental (Gisame) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Las palabras de Molina resumen una realidad: en las salas de parto, algunas mujeres reciben malos tratos por parte del personal médico que, a veces sin intención y otras por la naturalización de conductas agresivas y violentas, someten el cuerpo y la mente de sus pacientes a un daño del que poco se habla. Muchas mujeres han vivido ese sufrimiento sin siquiera saber que no es normal que exista. La violencia obstétrica abarca todo el abanico de violencias físicas, psicológicas, simbólicas e institucionales que pueden sufrir las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye maltratos físicos, procedimientos bruscos, forzados, innecesarios o sin conocimiento de la madre; tratos abusivos y humillantes en la actitud y el lenguaje; irrespeto a la intimidad, prácticas médicas desactualizadas y desatención a las solicitudes de la mujer. Bernardo Agudelo, investigador del grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que “cualquier imposición que conduzca a la realización de una acción o un procedimiento bajo el pretexto de la mejoría, pero que en el fondo lo que está haciendo es simplemente beneficiando al médico u omitiendo la capacidad de decidir de la mujer es violencia”. Y esto lo explica porque a veces es difícil distinguir cuándo una práctica es realizada porque es necesaria y cuándo es evitable y solo tiene el propósito de acelerar tiempos para favorecer al personal médico o al sistema de salud. En nuestra cultura la gestante debe asumir el dolor en silencio. Muchas mujeres que han vivido partos violentos y crueles piensan que era algo que debía pasar. Madres y abuelas aconsejan a la embarazada “portarse bien” en la clínica para que no la dejen de última, es decir, que aguante, que no grite ni haga escándalo. “En la sala algunas mujeres son gritando, llorando, diciendo que no aguantan más, pidiendo que les pongan la epidural. Las enfermeras les gritan o les chistan. Les dicen que dejen la bulla o que no sean flojas”, dice Catherine Cuartas, de 30 años y madre de una bebé de cuatro meses. Dio a luz en una clínica de Medellín y durante los dos días que duró su trabajo de parto vio y vivió el maltrato del personal médico hacia las maternas. “Las mamás, cuando no les hacían caso y no iban donde ellas rápido, se alteraban y empezaban a insultar a las enfermeras. Fue un ambiente muy hostil. Yo no hice ruido, aguantaba mi dolor en silencio porque no quería que me trataran así”, recuerda. “Una les pregunta a las mamás cómo les fue en el parto y siempre te responden ‘Sí, todo muy bien; pero me pasó esto…’ y ellas lo aceptan como si nada hubiera pasado; pero detrás de esos testimonios hay mucho dolor, muchas heridas”, dice Cristina García, psicóloga perinatal. La suya es una especialidad centrada en la salud mental de las gestantes y sus familias antes, durante y después del embarazo. Ella cuenta que las mujeres minimizan lo que les sucedió, porque no lo han identificado como violencia o creen que era algo rutinario. Los abusos verbales y psicológicos pretenden ser lecciones morales que el personal de salud ejerce sobre la mujer, por ejemplo el uso de la expresión “cuando estaba haciendo al niño ahí sí no le dolía”. Diana Patricia Molina explica que este tipo de comentarios no solamente se hacen sobre la vida sexual de las mujeres, también sobre su cantidad de hijos, su edad y sus elecciones sobre cómo parir. Estas son vulneraciones a su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por ejemplo, hay casos en los que el personal médico trata de convencer a las mujeres indígenas de no parir con parteras de sus comunidades o se niega a entregarles la placenta cuando la solicitan para rituales. Como el trabajo de parto de Catherine estaba tardando mucho y el personal médico ya empezaba a temer por la salud del bebé, le practicaron una amniotomía, que es la rotura del saco amniótico. Aun así, el parto seguía retrasado y la bebé se estaba quedando sin oxígeno, por lo que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia. Aunque Catherine preguntaba insistentemente qué estaba pasando, las enfermeras no le explicaron la situación. Únicamente le dijeron que todo estaba bien y que su pareja estaba enterada. Horas después de haber tenido a su hija, ella supo que al padre nunca le dijeron lo que estaba sucediendo ni le informaron sobre la realización de la cesárea. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece entre los derechos de las mujeres gestantes el tener presentes a sus acompañantes para su tranquilidad y comodidad, pero muchos hospitales solo les permiten verlos en fases específicas del proceso y por períodos de tiempo controlados. En julio de 2022 fue aprobada la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, la cual establece este y otros derechos de las maternas para promover el parto humanizado; sin embargo, no está clara su reglamentación y el momento en que esa norma debe empezar a implementarse. Aunque el parto de Catherine no fue como lo esperaba, estaba contenta de que su bebé estuviera bien. Pero a la hora de
Damas Rosadas: la vida al servicio
Varios grupos organizados de mujeres dedican sus vidas a acompañar a pacientes solitarios, apoyar a sus cuidadores y tratar de alivianar la carga de la enfermedad en clínicas y hospitales. Uno de ellos funciona en Medellín. Lucero Gutiérrez y Amparo Martínez son integrantes del equipo de voluntarias que trabaja en el Instituto Neurológico de Colombia. Fotografía: Juan Esteban Cabrera Quintero. Por los pasillos del Instituto Neurológico de Colombia, en el centro de Medellín, camina una mujer de camisa y pantalón rosados, pañoleta blanca y zapatos negros de charol a la que el personal médico saluda con respeto. Esta mañana de noviembre, detrás de una de las tantas cortinas de las salas de atención, la mujer observa a la acompañante de un hombre mayor que está conectado a un respirador artificial. La ve postrada, angustiada. Se le acerca: “Recuerde que nos puede pedir ayuda a nosotras, estamos a su disposición, ¿oyó?”, le dice. La acompañante le responde con una sonrisa y al menos por un momento se ilusiona con la posibilidad de desahogarse. Lucero Gutiérez es la vicepresidenta del voluntariado del Neurológico, un grupo de amas de casa, jubiladas, profesionales y estudiantes que destinan una parte de su vida a acompañar a los pacientes de la clínica. Casi todas son mujeres. Están ahí, dos en la mañana y dos en la tarde, cada una destina como mínimo cuatro horas semanales, para ayudar a un paciente que está solo en un examen médico o cuidar a un bebé mientras la madre está en una consulta o escuchar a un acompañante que está desesperado. “Aquí uno debe mostrar fortaleza para que los demás sientan fortaleza”, dice Lucero. Ella llegó al voluntariado hace cuatro años, después de jubilarse y de ver a una de sus amigas usando su particular uniforme rosado. “Le pregunté cómo podía entrar y me trajo. Yo no conocía nada del voluntariado, pero siempre he tenido un espíritu de colaboración”, recuerda Lucero. Aunque en los últimos años ha desempeñado un rol más administrativo, no ha dejado a un lado la vocación que la llevó a esa organización. “El deseo del servicio es la característica principal del voluntariado. Si no tienes deseo no tienes nada”, dice. Según la Corporación Colombiana de Voluntariado, que reúne a organizaciones dedicadas al voluntariado en todo el país y en diferentes áreas, el 26 % de los voluntarios en el ámbito nacional pertenecen al sector salud. Se encargan de apoyar una serie de tareas que el personal médico no puede o no quiere asumir. Por ejemplo, conversar con los enfermos, escribirles cartas a sus familiares, animarlos, en otras palabras, tienen la misión de humanizar la estadía de los pacientes en las clínicas y los hospitales. En América Latina se habla de voluntariado desde la época de la colonia, cuando los misioneros religiosos fundaron los primeros hospitales para atender a la población vulnerable. Con el tiempo fueron apareciendo pequeñas organizaciones de beneficencia, muchas de ellas de origen y vocación religiosa, que sembraron la creencia de que el voluntariado o las acciones filántropas eran lujos de gente adinerada. Sin embargo, la figura del voluntario se popularizó durante las guerras mundiales. Cuando los cuerpos médicos escaseaban, montones de personas acudían a ayudar a los heridos de guerra y a los damnificados, especialmente mujeres esperanzadas en un reencuentro con sus esposos o hijos. “La figura de la mujer como enfermera voluntaria se potenció en la guerra cuando los heridos no tenían quién los cuidara. A partir de allí nació un poco lo que se conoce hoy como el voluntariado”, explica José Fernando Jaramillo, trabajador social del Instituto Neurológico de Colombia y quien es el puente entre esa institución y las voluntarias. Fue tal la popularidad que ganaron estas mujeres dedicadas al cuidado, que los pacientes y el personal de los hospitales comenzaron a llamarlas volunteer nurses o enfermeras voluntarias. Cuando la guerra terminó, cientos de hospitales en Estados Unidos reconocieron su trabajo, y para evitar confusiones con las enfermeras profesionales les asignaron un uniforme rosa y un nombre que las diferenciaría del resto: Pink Ladies. En Colombia, en la década de los 50, muchas mujeres acudían a los hospitales ofreciendo ayuda sin pedir una remuneración. Las entidades sanitarias de esta época aceptaron las ofertas y formaron sus propios grupos de voluntarias, cada uno con estatutos y enfoques distintos. El primer voluntariado hospitalario del país se creó en 1955 en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, en Bogotá. Myriam Garcés, de 81 años, viuda y con cuatro hijos, cuenta que todavía hace 20 años la labor social del país era asociada con la gente adinerada. “Aquí el voluntariado empezó en el Hospital General de Medellín, pero ahí solo estaban las esposas de los doctores. No había cabida para las personas del común”, dice. Myriam descubrió el oficio gracias a Luz Helena Yarce, costurera y amiga, quien la convenció de que todo lo que necesitaba era tiempo y deseo de servir. Juntas y separadas han pasado por clínicas como la Santa María de Itagüí (que ya no existe), la León XIII, el Marco Fidel Suárez en Bello y ahora están en el Instituto Neurológico. A Luz Helena le gusta estar en urgencias, acompañar a los pacientes, asistir al sacerdote que diariamente ofrece la comunión y participar en las jornadas de salud en los pueblos. Myriam, en cambio, desde la pandemia prefiere dedicarse solo a coser la ropa que venden, a mil o dos mil pesos, en el ropero comunitario que instalan en la casa de una de las voluntarias, en Itagüí, los viernes y los sábados en las tardes. También hace tarjetas o toallas en fechas especiales para conseguir recursos. “Prestamos el servicio a la medida de nuestras capacidades, pero uno está todo el tiempo en observación: ayudamos con los fichos o estamos pendientes de que el viejito que se quedó solo no se quiera volar”, explica Myriam. Desde su creación, el grupo del Neurológico hace parte de la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud (Avhos), una entidad privada,