La fiebre norteamericana que marchita las aguas de Bello
En medio del cerro Quitasol, en Bello, está Norteamérica, un barrio de mansiones de estratos 4 y 5 donde viven políticos, artistas y empresarios que llegan buscando la armonía de la naturaleza en un hogar cimentado sobre una zona de conservación ambiental. Quitasol desde los aires. Foto: John Fredy Ramírez. Entre los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, en Antioquia, está el cerro Quitasol, un baluarte del agua que alimenta al Valle de Aburrá. Tras de sí, se encuentran corredores de vida estratégicos que conectan el páramo de Las Baldías, las cumbres de Altos de Medina y el embalse Río Grande II, que suministra de agua al 96 por ciento del Valle de Aburrá. Además de la riqueza en biodiversidad, el cerro también es meca de cultura e historias. La más conocida es el camino de piedras que construyeron los indígenas nutabes, que habitaban esta zona antes de la colonia. En septiembre de 2020, después de años de estudios, Corantioquia declaró este cerro área protegida en el documento síntesis de ‘Distrito Regional de Manejo Integral Quitasol – La Holanda’, con el fin de “contener los procesos de urbanismo desordenado en el margen occidental del Valle de Aburrá, y preservar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento como el del agua”. En dicho informe técnico incluyeron 5.390 hectáreas de montañas entre los municipios de Bello, San Pedro de los Milagros, Barbosa, Girardota, Copacabana y Donmatías, de las cuales el 56 por ciento están en jurisdicción del primer municipio. Sin embargo, antes de que se consolidara la declaratoria, empezaron a construir en este cerro, a pasos agigantados, una ciudadela de mansiones que amenaza con marchitarlo. Dentro de las casonas hay poderosos inquilinos y detrás de este proyecto inmobiliario está una firma llamada Norteamérica. **** Nethie Ochoa, una mujer de 37 años, es guardiana del cerro. Su padre, Neyl Ochoa, es un artesano del municipio que habitó la finca Corrales en el Quitasol con su familia desde 1997, cuando recibió una oferta laboral como guardabosques. La finca queda, aproximadamente, 3 kilómetros arriba del casco urbano. Para esta familia de 6 hijos educados en casa por su mamá, Ruthie Laguado, fue el lugar ideal para pasar una de las mejores épocas de sus vidas. Según Nethie, “Corrales se convirtió en esos cinco años en un espacio de diálogos sobre la naturaleza y convivencia con campistas que subían cada ocho días. Se creó un espacio importante de encuentro ciudadano y construcción de paz”. Así fue hasta 2001, momento en que la Alcaldía de Bello construyó un parque ambiental, pero esto no incluyó la contratación de más guardabosques ni tampoco estrategias de educación ambiental; llegó un alud de peregrinos que trajeron consigo contaminación e inseguridad. Cuando la Contraloría inspeccionó la obra, Ruthie denunció falencias como su construcción con madera verde, que al secarse se deforma. Por esto empezaron a recibir amenazas y decidieron salir de allí en 2002. Nethie describe su sentimiento sobre la finca Corrales como una melancolía propositiva: “No veíamos las ruinas, sino que todavía se podía rescatar algo. Hay que esforzarnos por lograr que esto vuelva a ser un espacio habitado”. Ahora forma parte del Colectivo Corrales Quitasol, que busca rescatar esta finca del olvido. Hacen veeduría a la declaratoria de área protegida por parte de Corantioquia, y también al proyecto que lleva Edunorte para construir miradores en el camino de piedra (que hasta el día de hoy está en mora de cumplimiento). Edunorte fue creada por el Concejo de Bello para tercerizar contrataciones de obras públicas. Tiene congelada la construcción del Parque de Artes y Oficios, para la que subcontrató, por medio de una invitación abierta, a IDC Inversiones, empresa con un amplio historial de contrataciones públicas. Su propietario, Luis Felipe Agudelo, es un empresario aliado de Luis Pérez. Como esta, hay historias similares que han vivido miembros de los proyectos ambientales que iniciaron a finales de 1990. Por ejemplo, el Bello Proyecto Quitasol buscó defender este terreno plantando una línea de guayacanes amarillos y haciendo recorridos educativos. En una ocasión, varias personas que subieron al cerro fueron atracadas y amenazadas con armas de fuego, por lo que muchos desertaron del proyecto. Pero las administraciones se interesaron en otras cosas. En 2009 se ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial durante la primera alcaldía de Óscar Andrés Pérez, quien fue condenado el 9 de julio de 2023 por el Tribunal Superior de Medellín por “contrato sin cumplimiento de requisitos legales cometido en concurso heterogéneo con el delito de peculado por apropiación, por hechos relacionados con la suscripción y ejecución de un contrato en el año 2010”. Dicho ajuste dio entrada a las viviendas de estratos 4 y 5, generando un boom inmobiliario. Actualmente, Bello es el segundo municipio más poblado del Valle de Aburrá. De acuerdo con Planeación Nacional, es el que más recibe desplazamientos interregionales. Según el Dane, hoy cuenta con 561.955 habitantes y más del 98 por ciento es población urbana, aunque más del 86 por ciento es suelo rural. Ese fue otro de los cambios que vinieron con los ajustes al POT: la adjudicación de zonas rurales como zonas suburbanas y la creación de nuevas centralidades rurales por medio de los artículos 116 y 246. Entre ellas está un área de conservación del cerro Quitasol llamada Buenavista, adonde llegó Norteamérica S. A. S., erigiendo su nombre en la montaña con unas inmensas letras estilo Hollywood, en California. Conforme José Alberto López Vélez, gerente de Norteamérica S. A. S., desde 2008 se empieza a consolidar el consorcio Norteamérica para la construcción de estas parcelaciones, un proyecto que se presentó a la Secretaría de Planeación de Bello desde 2009. De este consorcio son accionistas John Jairo Suárez Martínez, quien fue representante a la Cámara en 2002-2006 por el partido Cambio Radical, y sus dos hijos, Esteban Suárez Vélez y David Suárez Vélez. También forman parte las firmas constructoras Equiproyectos S. A. S., Inversiones Editec S. A., Norconstrucción S. A. S. y Riomadera S. A. S. Para este cambio en el POT, la ciudadanía
Contra las encuestas: Andrés Julián Rendón es el nuevo gobernador
El candidato del Centro Democrático derrotó al exgobernador Luis Pérez, quien era el favorito de todos los sondeos de opinión. Después de la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero, entre 2008 y 2012, al uribismo le había sido esquivo el máximo poder político de Antioquia, pese a que este departamento es uno de sus principales fortines electorales. Esta tendencia se rompió este 29 de octubre, cuando el exalcalde de Rionegro Andrés Julián Rendón conquistó de nuevo el poder departamental para el Centro Democrático. Con el 88 % de mesas escrutadas, Rendón ya lograba suficientes votos para ser el virtual gobernador. Hasta entonces, obtenía el 46,90 % de los votos (379.121), seguido de Luis Pérez Gutiérrez, quien pese a ser puntero en casi todas las encuestas, quedó en segundo lugar con el 22,35 %. El tercer lugar lo ocupó Luis Fernando Suárez, candidato que representaba la continuidad de Aníbal Gaviria, con 14,15 % de los votos. Este resultado le da la razón a la última encuesta publicada por La Silla Vacía el 26 de octubre, en la que Rendón lideraba la intención de voto con un 37,3%, dejando en segundo lugar a Luis Fernando Suárez con un 15,9% y en tercer lugar a Luis Pérez con un 15,3%. Esa encuesta no acertó en el segundo y tercer puesto. Las alianzas anunciadas por Luis Pérez días antes de las elecciones, en las que se le sumó el apoyo de Julián Bedoya, Gilberto Tobón, Deicy Bermudez y Albert Corredor, no se tradujeron en las urnas. El cambio en la intención de voto en la semana preliminar a las elecciones fue muy marcado: Pérez pasó de ser el favorito con 24,8%, a ser el tercero en la lista, mientras que Rendón saltó del tercer lugar con 13,7% al primer lugar. El nuevo gobernador de Antioquia comenzó su carrera política en 2001 como concejal de Rionegro. Luego, trabajó en el Ministerio de Hacienda como asesor, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2008 y 2011 volvió al poder regional y ejerció como secretario de Gobierno de la administración de Luis Alfredo Ramos. Entre 2016 y 2019 fue alcalde de Rionegro. Rendón estudió Economía en la Universidad EAFIT y se especializó en Regulación Económica en esa misma institución. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y también es magíster en Administración Pública de la Universidad Americana de Washington DC. De la alcaldía de Rendón se desprendió un proceso penal vigente en contra de Rendón. La Fiscalía pidió imputarlo por el presunto detrimento de más de $1.200 millones que iban dirigidos a la construcción de dos CAI de la Policía que se gestionaron como iniciativas para cumplir con su plan de gobierno. Según la Contraloría General los CAI no habrían entrado en funcionamiento y se habrían construido en lotes con otras destinaciones. Una construcción estaba ubicada en el sector Cuatro Esquinas y se adelantó en una propiedad privada y la otra estaba en San Antonio de Pereira en un terreno de utilidad pública donde se tenía previsto un gimnasio al aire libre.
Crónica de una alcaldía ganada: Fico repite como alcalde de Medellín
Federico Gutiérrez fue elegido alcalde por segunda vez. Una victoria que, para los analistas, ya estaba cantada al llevarle hasta más de 50 puntos de ventaja de intención de voto a Juan Carlos Upegui. ‘Fico’ logró canalizar el descontento con la administración Quintero. Federico Gutiérrez fue electo por segunda vez como alcalde de Medellín. Al cierre de este informe, Gutiérrez, con el 74.60 % de mesas informadas, pasaba de los 500 mil votos. Juan Carlos Upegui, candidato del partido Independientes -del exalcalde Daniel Quintero-, llegaba a los 70 mil; y Albert Yordano Corredor, pasaba de los 19 mil. Se trata de una victoria cantada. Desde hace varias semanas diferentes encuestas pronosticaban una paliza en las urnas. Y así sucedió: Gutiérrez aventajaba a Upegui en 64 puntos porcentuales. Se trata del alcalde más votado desde 2011: en ese año, Aníbal Gaviria sacó 239.259 votos; en 2015, el mismo Federico Gutiérrez obtuvo 246.221; y en 2019, Daniel Quintero logró 304.034. Ahora Gutiérrez podría llegar a los 550 mil. En 2022 Federico Gutiérrez fue candidato a la Presidencia. Ganó en las consultas interpartidistas -como parte del Equipo por Colombia- con un 52,1% de los votos. En las encuestas para primera vuelta era el segundo después de Gustavo Petro, pero quedó en tercer lugar, detrás de Rodolfo Hernández. Sin embargo, estas elecciones mostraron su amplia popularidad en Antioquia, donde obtuvo una clara ventaja. De hecho, en estas elecciones acompañó al candidato del Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia: Andrés Julián Rendón, quien, por su parte, fue elegido como gobernador (al cierre de esta nota aventaja a Luis Pérez en más de 240 mil votos). “Es mi fórmula a la Gobernación de Antioquia y como partido Creemos adhiere a la candidatura de Andrés Julián Rendón y a nuestros casi mil candidatos en toda Antioquia”, dijo Gutiérrez ante periodistas recientemente. La primera alcaldía de Gutiérrez en Medellín coincidió con la alcaldía de Rendón en el municipio de Rionegro. Al dejar su alcaldía (2016-2019), su favorabilidad fue del 88%, según Medellín Cómo Vamos. Además, algunos de sus resultados insignias fueron: el aumento de los días de atención del programa Buen Comienzo enfocado en los niños de 0 a 5 años y las madres gestantes, lo que desembocó en los índices más bajos en mortalidad y desnutrición infantil en la década, según el informé de Medellín “Cómo Vamos 2016-2019”. Otra de las “victorias” que menciona Gutiérrez en cada debate es la captura de 161 cabecillas de bandas criminales. Sin embargo, la judicialización de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en su administración, por colaborar con la “Oficina de Envigado” dejó en entredicho la legitimidad de estos resultados. En su periodo hubo 2.347 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. La cifra estuvo muy por debajo de la Alcaldía de Aníbal Gaviria, cuando hubo 3.335 casos. Pero muy por encima de la administración saliente: hasta agosto de 2023 iban 1.401 casos. Las propuestas con las que repite Alcaldía El 4 de julio de este año oficializó su candidatura con Creemos, el mismo movimiento con el que se lanzó a su anterior alcaldía, ahora reconocido como partido político por el Consejo Nacional Electoral. Su apuesta es “recuperar a Colombia desde las regiones”. Asegura que no renunciaría a la Alcaldía para aspirar a la Presidencia en 2026. Entre sus propuestas se encuentra crear el “Distrito cinema” y ser epicentro creativo, respondiendo a una necesidad de la industria. Además, dice que creará una “gran alianza por la primera infancia” en la que buscará promover el desarrollo infantil de manera integral y así aumentar las atenciones en el programa Buen Comienzo. Además, propone crear los “Centros Creer”, que son espacios diferenciados para atender a niños, niñas y adolescentes en riesgo. En materia de educación, propone llevar la deserción escolar al punto más bajo y mejorar la infraestructura de 421 sedes educativas en sus primeros 100 días de gobierno. Con respecto al turismo, plantea reestructurar la actual dependencia encargada de la Política Pública del Turismo y centrarse en la sensibilización a los turistas sobre el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. En seguridad, que es su eje central, buscará utilizar más tecnología para fortalecer la línea 123, pondrá más cámaras de seguridad e integrará con sistemas privados, pondrá alarmas comunitarias conectadas al 123 en zonas con índices altos de delincuencia y botones de reacción en zonas comerciales en contra del atraco, el hurto y la extorsión. Además, intentará eliminar el actual proyecto de la cárcel de San Cristóbal, para crear una cárcel metropolitana con mayor capacidad. En su programa de gobierno menciona muchas “recuperaciones” de programas y entidades como: el Programa Escuela Entorno Protector, a Ruta N como agencia de Innovación, los CEDEZO como Centros de Desarrollo Económico en el territorio y, principalmente, el Programa Parceros, que tiene un modelo de atención focalizada a población en riesgo de ser reclutada e instrumentalizada.
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno
Renunciar para participar en política: ¿transparencia o estrategia?
En una jugada inédita, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó su cargo para hacer campaña con su candidato a la Alcaldía. Aunque esta decisión es coherente con lo que dice la ley, reabre las preguntas aplazadas sobre la necesidad de regular la participación de funcionarios en elecciones. El primero de octubre, el ahora exalcalde Daniel Quintero renunció y se sumó a la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín. Con un video en X (antes Twitter), foto de la carta de renuncia escrita a mano dirigida al presidente Gustavo Petro y una cita bíblica en Instagram —“Y hubo un tiempo donde los gobernantes salían al campo de batalla…”, un canto de guerra sacado de la segunda carta de Samuel—, se dispuso a la contienda electoral. Al día siguiente, salió con la camiseta y la gorra de ‘Upegui Alcalde’ a insolarse en los alrededores de la Estación Acevedo del Metro cargado en hombros. Quintero renunció un día después de entregar “El poder de la verdad”, una publicación de rendición de cuentas. A diferencia de las salidas públicas que le costaron hasta una suspensión por parte de la Procuraduría por presunta participación en política, su salida de la Alpujarra le quitó el impedimento formal para hacerlo de frente. No obstante, esa decisión deja entrever una situación problemática: la participación de algunos servidores públicos en las actividades de agrupaciones políticas y en campañas electorales. (También puede leer: Quintero no fue el primero, Uribe le ganó) Lo que dice la norma La intervención en política de quienes trabajan para el Estado tiene algunas restricciones para “impedir que alguien con mucho poder y recursos pueda desnivelar la cancha de competencia”, explica Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Agrega que esas normas buscan evitar el desvío de recursos públicos a campañas. Por eso, el artículo 127 de la Constitución Política de 1991 estableció, originalmente, que los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas “que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”. Luego, el Acto Legislativo 02 de 2004 —el que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez— adicionó que los miembros activos de la Fuerza Pública tampoco pueden participar. Además, aclaró que los empleados no mencionados —como los elegidos popularmente a cargos como alcalde o gobernador y los de libre nombramiento y remoción, como ministros y secretarios de despacho— sólo podrán participar en esas actividades en los términos que señale una ley estatutaria. Casi 20 años después, esa ley todavía no existe. Para limitar la influencia del presidente-candidato, ese acto legislativo del 2004 agregó dos párrafos al artículo 127 con el fin de establecer desde cuándo podría buscarse esa reelección y que ese candidato no podría usar bienes y recursos del Estado para su campaña, al menos no distintos a los que los demás aspirantes tienen derecho a recibir. Adicionalmente, se estipuló que una ley estatutaria debía dictar los lineamientos específicos de participación de funcionarios frente a los procesos de reelección. La Ley de Garantías, promulgada al año siguiente, intentó regular este punto, pero la mayoría de los artículos relacionados fueron tumbados por la Corte Constitucional. Sin embargo, se salvó la participación de funcionarios de corporaciones públicas como concejales, diputados y congresistas. Desde entonces se han presentado diferentes proyectos de ley con la intención de regular explícitamente las condiciones bajo las cuales podría darse esa participación de los alcaldes y gobernadores. La Ley de Garantías es la que más lejos llegó, como explica Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). El más reciente intento por sacar adelante esa ley estatutaria fue impulsado por el representante Heráclito Landínez (Pacto Histórico) y otra decena de congresistas. Dentro de estos resaltan varios aliados de Daniel Quintero: Álex Flórez (exconcejal de Independientes), María Eugenia Lopera (del círculo de Julián Bedoya), Andrés Calle (quien condecoró a Quintero el 21 de septiembre en la Cámara) y Alejandro Toro (aliado de Quintero y exjefe de varios de sus secretarios, incluido el hoy candidato a la Gobernación Esteban Restrepo). Ese intento (proyecto de Ley 067 de 2022) se quedó “en neutro” y terminó archivado. Sin embargo, pretendía levantar la restricción de participación en política para los servidores de la rama Ejecutiva y Legislativa, así como los de órganos autónomos e independientes. Sobre esto, la MOE dijo: “es importante abrir el debate sobre si la habilitación para participar en política debe ser absoluta, frente a los servidores que contempla la ley, o si en su lugar debe existir una distinción en la aplicación de las prohibiciones”. La MOE señaló la importancia de preservar principios como el de la imparcialidad de la función pública y la libertad política de los electores. Por eso, según Mancera, una regulación debería esclarecer cómo un funcionario podría generar desequilibrio de acuerdo con el rol que juega en la entidad. Por ejemplo, no es lo mismo un secretario de despacho que una persona que trabaja en servicios generales. En otras palabras, hay vacíos y zonas grises que una ley estatutaria debería resolver. Uno de ellos, como señala el profesor Arenas, es la ambigüedad que genera la renuncia de un mandatario en ejercicio porque, aunque deje su cargo, queda con relaciones muy cercanas frente a los funcionarios que eran sus subalternos y siguen teniendo poder. Según Mancera, la discusión sobre la participación de servidores “genera muchas ampollas en el sector político” y ha faltado la voluntad necesaria para sacarla adelante. Arenas coincide: “Si las regulaciones son muy restrictivas y no hay unas condiciones, por ejemplo, de opinión pública que presionen al Legislativo, este no hace las reglas”. Participación y castigo Al no prosperar el proyecto de ley impulsado por los aliados de Quintero en el Congreso, la única forma que le quedaba para participar abiertamente era la renuncia. Así lograba evitar
Doce años de EnCicla: entre el vandalismo y una mala administración
El 11 de octubre de 2023 se cumplen 12 años desde que se creó el Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana. Las fallas en su funcionamiento durante los últimos cuatro años han afectado la cultura de la movilidad sostenible en los municipios. Para Lina López, cofundadora de EnCicla, el programa necesita “una reestructuración completa». EnCicla es el Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Comenzó en 2011 como un proyecto de estudiantes de la Universidad Eafit con seis estaciones y 105 bicicletas. En la actualidad cuenta con 111 estaciones y más de 2 mil bicicletas, pero solo operan 684. Según la Encuesta Origen-Destino 2022 del Área Metropolitana, los viajes en bicicleta pasaron de ser el 1% (60.000) en 2017 al 3% (196.686) en 2022 del total de viajes en los diez municipios. La idea del Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá 2030 (PMB2030) es que, para dicho año, el 10% de los viajes totales se realicen en este medio de transporte sostenible. Aunque el uso de la bicicleta privada predomina sobre la pública, EnCicla cada vez tiene más usuarios inscritos y diariamente se benefician entre 3.900 y 4.300 personas. Fuente de datos: respuesta a derechos de petición. Cortesía de Daniel Carvalho, miembro en la Cámara de Representantes Lina López es cofundadora de EnCicla, trabajó durante siete años en el Área Metropolitana, donde promovió la movilidad activa. Ahora es directora técnica de Despacio. López cuenta que los objetivos iniciales del Sistema fue desmitificar que la bicicleta solo sirve para recreación o deporte, y contribuir a que en las ciudades se creara una cultura de la bicicleta como medio de transporte sostenible. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad mencionada antes, la mayoría de los y las habitantes del Área Metropolitana se desplazan por razones de estudio o trabajo y lo hacen todos los días. En promedio, una persona gasta 7.530 pesos en pasajes a diario. Si usara la bicicleta durante un mes, ahorraría aproximadamente 225.900 pesos. Los beneficios del uso de la bicicleta no son solo económicos. También se ahorra en tiempo y se gana en comodidad. Desde el 2020, EnCicla ha estado en los titulares de los medios de comunicación por las fallas en el software, los daños a estaciones de préstamo, la poca disponibilidad, los hurtos… “Al principio todo el mundo encontraba EnCicla muy positivo, pero después de ver que hay este tipo de problemas […] ¿uno qué termina concluyendo? Que es un pésimo servicio. A la hora de decidir en qué modo de transporte me muevo, la conveniencia es muy importante y la conveniencia es bajarle la mayor cantidad que uno pueda a la incertidumbre, pero EnCicla, en estos momentos, es incertidumbre”, explica Lina López. El Área Metropolitana ha dicho que esto es a causa del vandalismo. ¿Qué pasa cuando se vandaliza una bicicleta o una estación automática? Dependiendo de la cantidad de habitantes de la zona, de qué tan cerca haya otra estación de préstamo o una estación de Metro y de la cantidad de módulos y ciclorrutas, la cifra de viajes y usuarios afectados varía. Por eso, es difícil medirlos. Sin embargo, es posible saber la cantidad de préstamos potenciales que no se realizan si una estación tiene que ser desmontada teniendo en cuenta la cantidad de bicicletas y el uso potencial de cada una. De acuerdo con el Contrato No. 264 de 2023 celebrado entre el Área Metropolitana y ECO-TRICICLOS SAS, cada bicicleta está diseñada para soportar 14 préstamos diarios por 3 años consecutivos. Según Jhonattan Hernández, subdirector de Transporte del AMVA, aproximadamente 10 personas utilizan una misma bicicleta durante el día. En promedio, son 12 viajes. Una estación como Ruta N, que cuenta con 35 módulos, podría afectar a 420 posibles usuarios. La de Coltejer, con 19 bicicletas, afectaría a 228 a diario. Your browser does not support the video tag. La mayoría de los daños a las estaciones ocurren cuando los ladrones intentan extraer, a la fuerza, las bicicletas de los módulos. Cuando no lo logran, lo más común es que hurten el sillín o el sistema de frenos. De segunda, estos podrían venderse en 27 mil y 82 mil pesos en promedio, respectivamente. Los daños y los hurtos detienen una estación automática. Reactivar la estación Perpetuo Socorro le costó al Área Metropolitana casi $40 millones. Recuperar los módulos de anclaje, el tablero de operación, el sistema de cables eléctricos y toda la infraestructura de la estación La Picacha requirió una inversión de $70 millones. Ambas se entregaron después de que en de enero de 2023 se gastaran $110 millones en reparar los daños ocasionados durante ese mismo mes, el equivalente “a lo que cuesta construir una nueva estación automática con 20 módulos”, según EnCicla. Entre 2012 y 2022 hubo 576 daños y hurtos a estaciones automáticas. En los Tótems, los daños más frecuentes son en las pantallas. Los ladrones tratan de retirar el computador y otros componentes tecnológicos y electrónicos internos, que son importados. El cableado se puede vender como cobre por un valor entre 17 mil y 48 mil pesos el kilo. Por otro lado, en los puntos de anclaje, al intentar hurtar el motor y la placa de circuitos que está dentro, es necesario retirar la tapa de acero, que también se puede vender por chatarra entre 500 y 1.500 pesos el kilo. El agravante es que el robo de algo mínimo como las tapas de los puntos de anclaje implica el cierre de la estación hasta que el repuesto de metalmecánica esté en stock o se cierre el proceso de licitación. Entre tanto, la estación es más vulnerable a otros actos vandálicos porque está fuera de servicio. Hernández ha dicho en diferentes ocasiones que los problemas de funcionamiento y las demoras en la reparación de las estaciones se deben a la escasez de repuestos y elementos tecnológicos a nivel mundial. Margarita Pérez es integrante de la Mesa Metropolitana de la Bicicleta desde que se creó en 2010. Cuenta que le han
Colegios no seguros, niñas no calladas
Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín. La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto. Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal. Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio. Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas. Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor. Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín. De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas. Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores. A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos. Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la
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