Aunque hay algunos consensos sobre la situación que afronta la UdeA ‒como la responsabilidad de la Ley 30 de 1992 en la desfinanciación histórica de las universidades‒, también hay matices y desacuerdos. Este es un rompecabezas polifónico pero incompleto de una coyuntura que amenaza la calidad de la educación y la existencia misma de la universidad más importante de Antioquia.
¿En qué consiste la actual crisis financiera?
Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía
La crisis está determinada por la desfinanciación estructural de las universidades públicas que está determinada, a su vez, por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 esta ley estableció el proceso para asignar el presupuesto de las universidades públicas, que aumenta anualmente a partir del Índice de Precios al Consumidor. El problema reside en que, año tras año, los gastos de las universidades son mayores que ese aumento. Por ejemplo, para 2018 la desfinanciación fue de 18.000 billones de pesos para todas las universidades públicas.
Otro elemento es que en el 2002 el Gobierno promulgó el Decreto 1279 que define el proceso de asignación salarial de los profesores de las universidades públicas. Este decreto, creado con el objetivo de mejorar los salarios de los profesores universitarios, consiste en que las producciones académicas, científicas y artísticas de los docentes son calificadas en la medida en que vayan a revistas, editoriales o a instituciones científicas internacionales; esa evaluación lleva a una calificación dentro de la universidad y genera unos puntos salariales. Efectivamente esto permitió el mejoramiento del salario de los profesores, especialmente de aquellos que se han proyectado como profesores investigadores (…). El problema es que desde entonces los gobiernos no han cubierto el valor generado por esos puntos salariales.
¿Cuáles son las causas de esta crisis?
Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo
Es una triada donde convergen tres fenómenos que hay que mirar de forma simultánea. El primero es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992.
El segundo es que la Universidad ha crecido de forma desbordada, quizás con la mejor intención, pero sin fuentes de financiación permanentes. La Universidad asume la diferencia entre los costos de formación de un estudiante de pregrado y lo que la ley entrega. Hemos tenido que financiar con recursos propios el famoso Decreto 1279, además de que todo el crecimiento de la Universidad en regiones también ha sido con recursos propios.
El tercero, resultado de los dos anteriores, son los problemas de caja. La Universidad tiene recursos muy limitados para atender su funcionamiento normal: tiene incumplimiento de pagos a proveedores que superan los 60 días y el nivel de riesgo creció sobre todo para las entidades financieras que estarían interesadas en prestarle.
¿Cuándo y cómo empezó esta crisis financiera?
Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU
Para mí, empieza desde el momento en que empieza a imponerse el modelo de Estado neoliberal, con el gobierno de César Gaviria y la creación de la Ley 100 de 1993, sobre la salud, y la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior. Estas leyes privatizaban la sanidad y la educación públicas. Pero también empieza con la pérdida de identidad de la universidad pública. La UdeA era la que nos permitía abrir la mente, nos daba una forma de comprender mejor el mundo, apartada del discurso capitalista y neoliberal; eso lo estamos perdiendo como universidad.
Este año se habla de que empezó cuando se retrasaron los pagos de algunos docentes, pero a principio de año ocurrió algo interesante que me deja con inquietud: si la Universidad venía tan mal, ¿por qué hubo 12 candidatos a la rectoría? Más de uno era parte del equipo administrativo del rector del período anterior. Eso también generó una crisis por la pelea de los dos extremos políticos que tiene atravesada a Antioquia: el uribista y la izquierda.
¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis?
Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo
A largo plazo, no podemos dejar a un lado la reforma de la Ley 30 de 1992. A mediano plazo, está mejorar la liquidez de la Universidad; finiquitar el proceso de venta de bienes inmuebles no misionales que la Universidad recibió en donación y están avaluados en 92.000 millones de pesos; y esperamos que los ajustes en la operación hagan unos 25.000 millones de pesos adicionales, porque el nivel de ingresos está por debajo del de gastos.
A corto plazo, tenemos la autorización de un crédito por 90.000 millones de pesos para pagar la nómina de diciembre (con prima navideña, retroactivos, liquidación de productos, etc.). Hay un faltante adicional que corresponde a las obligaciones con proveedores: nos faltan cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí es donde le decimos al Gobierno nacional y departamental que necesitamos recursos adicionales.
¿Por qué la rectoría insiste en el actual modelo de regionalización y crecimiento?
John Jairo Arboleda, rector
La UdeA ha liderado la descentralización de la educación superior en el departamento, de esta manera hemos ofrecido oportunidades a miles de personas que no tenían acceso a la Universidad. Actualmente la Universidad no tiene planes de creación de nuevos campus en municipios o regiones de Antioquia. Ante la situación financiera que vivimos, la Dirección de Regionalización viene revisando la operación para identificar oportunidades de mejora que se traduzcan en la racionalización de la inversión anual, esto no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos ganado en las últimas décadas con nuestra presencia. Los cambios esenciales que se deben dar en el modelo de regionalización tienen que ver con el financiamiento. Necesitamos que los gobiernos reconozcan y compensen el esfuerzo que está haciendo la Universidad.
¿En qué consiste el plan de austeridad?
Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo
Toda entidad pública debe tener un plan de austeridad. Con el contexto actual, hemos tenido que adoptar medidas adicionales. Hemos dado recomendaciones a los ordenadores de gasto, que también son los decanos, las decanas y los directores de las unidades académicas. El plan de austeridad es una circular que emite la rectoría con recomendaciones orientadas a ser mucho más conscientes en el gasto sin afectar la misionalidad, con temas como la remuneración de la hora cátedra, las actividades especiales, los viajes, los servicios públicos. Pero es algo de norma que ha tenido elementos adicionales en el contexto actual. Al ser recomendaciones siempre quedan a criterio de quienes toman las decisiones finales.
¿Cómo afecta el plan de austeridad a la comunidad estudiantil?
Salomé Echeverri, estudiante de Ciencia Política
Nos afecta como efecto colateral porque no nos nombra directamente. Lo que se nombra es que, por ejemplo, con la disminución de las horas cátedra de los profesores, también se disminuyen los cursos que nos puedan ofrecer. Eso hace que no todos los estudiantes podamos matricular y que nos atrasemos más.
El plan de austeridad busca que se empiecen a virtualizar cursos e implementar cursos cortos que, de cierta manera, buscan disminuir el enfoque científico e investigativo de las carreras y solo darnos un conocimiento para ir a reproducirlo. Si no tenemos profesores, ¿cómo vamos a tener una buena educación? Si no tenemos un personal de aseo y mantenimiento, ¿cómo vamos a tener espacios dignos de estudio? Si no tenemos compañeros y compañeras de vigilancia, ¿cómo vamos a tener espacios seguros?
¿La Gobernación redujo los contratos de extensión con la UdeA?
Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia y exrector
Sí, durante 2024 se han firmado 16 contratos con la Universidad de Antioquia por un valor de 57.000 millones de pesos. Es cierto que esta cifra es inferior a la que se tenía el año pasado en la administración anterior, pero hay que entender que el plan de desarrollo de este gobierno se aprobó el 30 de mayo. Por lo tanto, apenas ahora se están ejecutando estos proyectos del nuevo plan que son los que generan esa contratación con las universidades.
¿Es cierto que, de seguir así, la UdeA sería inviable para 2030, como dice el exvicerrector Ramón Javier Mesa?
John Jairo Arboleda, rector
Desconozco las bases del análisis que hace el profesor para establecer con tanta exactitud el año en que será inviable el sistema de universidades públicas. Desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992 quedó claro que el sistema no era sostenible. Lo que estamos discutiendo hoy tiene que ver con la sostenibilidad de las universidades públicas. Los cambios que se logren concertar y materializar en el modelo de financiamiento del sistema universitario estatal van a ser definitivos para el futuro de nuestras instituciones. De allí la necesidad de materializar con urgencia lo que se ha venido demandando en los últimos años: una financiación acorde con el crecimiento que hemos tenido y con la contribución que estamos haciendo al país.
¿Cómo se han afectado las sedes regionales con el plan de austeridad?
Profesora de la seccional Urabá que pide reservar su identidad
Por las dinámicas de las regiones hemos sentido la austeridad desde hace mucho tiempo. Los recursos siempre han sido limitados. Ahora bien, las últimas medidas han afectado a los campus de manera diferencial pues esto depende de los programas y la capacidad que tengan. En el caso de Urabá, se han visto afectados los profesores y las profesoras en la disminución de horas para investigación y procesos de extensión. Se ha aumentado la carga de cursos: hay profes que tienen hasta cuatro por plan de trabajo. ¿Cómo garantizar la calidad del proceso educativo cuando los profes tienen tanta carga? Los profes y las profes que viajan desde Medellín deben hacerlo en un mismo día para evitar pagar hospedaje. Sus viáticos están llegando el día del viaje, incluso cuando han terminado su labor y están retornando. La contratación ha estado condicionada a la bolsa de horas que tiene la Dirección de Regionalización, lo que ha retrasado el inicio de cursos o asesorías. Se ha suspendido la compra de equipos necesarios para el desarrollo óptimo de algunos pregrados y ya se les ha anunciado a personas de la planta administrativa que el próximo año no se renovarán algunos contratos.
