Colombia Risk Analysis, consultora de riesgo político, consideró en su canal de YouTube que se han frenado las exploraciones de nuevas fuentes de gas debido a las estrictas licencias ambientales que se le exigen al sector extractivo. El endurecimiento de los requisitos para los proyectos de exploración limita la oferta de gas nacional a corto y mediano plazo y hace necesaria la importación.
Colombia venía importando gas solo para la generación de energía en las termoeléctricas, especialmente durante el fenómeno de El Niño. Pero la dinámica cambió desde diciembre de 2024, cuando las importaciones comenzaron a cubrir la demanda nacional de todos los sectores.
Dos días después del comunicado de Vanti, el presidente Gustavo Petro acusó a las distribuidoras de gas de especular con los precios. Su argumento fue que Ecopetrol “tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro y por eso elevan las tarifas a todos los actores”. También Andrés Camacho, entonces ministro de Minas y Energía, hizo eco a la idea del mandatario: “Gas tenemos”.
El 21 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le ordenó a Vanti ajustar sus tarifas y devolverles a los usuarios los cobros “indebidos” de los meses anteriores. Vanti respondió que se trataba de una “decisión desalineada” porque, entre otras cosas, ya había ajustado el incremento del 36 % al 20 %. También dijo que le solicitaría acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación en este proceso. Pero este cruce entre el gremio energético y el Gobierno no explica la crisis de precios y oferta del gas.
El 30 de noviembre de 2024 las empresas debían renovar los contratos anuales. Ecopetrol hizo la oferta de gas a inicios de diciembre, pero detuvo el proceso hasta el 10 de ese mes porque algunas comunidades indígenas del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia se tomaron la Planta Gibraltar, en Norte de Santander, y la protesta paró la producción. A raíz de la incertidumbre de disponibilidad de gas para cerrar el año, las distribuidoras acudieron a las importaciones.
A pesar de los señalamientos, el 10 de marzo Petro escribió en X: “He decidido que Ecopetrol intervenga en la importación de gas y lo compre a Catar a precios razonables”. Expertos en hidrocarburos no tardaron en criticar la iniciativa argumentando que los precios los regula el mercado, y que traer gas desde el otro lado del mundo no es barato porque debe licuarse para ser transportado y, ya en el destino, ser regasificado. Además, lo que más encarece el proceso es el transporte desde la regasificadora Spec, en Cartagena, hacia el resto del país. También criticaron la huella medioambiental que dejaría el hecho de transportar metano por más de 13 mil kilómetros de distancia.
Una de las motivaciones por las que Colombia buscaba, desde 2022, importar gas desde Venezuela, era conseguir el recurso más barato porque no debía ser licuado. Sin embargo, a finales de febrero de este año Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, anunció sanciones económicas a los países que compraran petróleo y gas a Venezuela. Por eso Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, confirmó el 4 de marzo que la empresa estatal “no hará ninguna negociación o transacción con Venezuela mientras haya restricciones desde Estados Unidos”.
¿Seguridad o transición?
Andrés Amell Arrieta, magíster en Economía de la Energía y los Recursos Naturales, explica que la seguridad energética del país puede quedar en riesgo si perdemos soberanía, o sea, si dependemos de fuentes de energía importadas porque los recursos propios no son suficientes. “El suministro puede quedar en entredicho porque la geopolítica mundial puede afectar los flujos de energía hacia un país como Colombia”, aseguró.
Amell menciona que el gas tiene una gran participación en todos los sectores de la economía colombiana (residencial, comercial, industrial y de transporte), y por eso la confiabilidad del suministro es clave en la economía.
Censat Agua Viva, organización ambientalista que ha estado al frente de las discusiones por una transición energética justa, cuestiona la masificación del servicio de gas en Colombia, pues considera que por medio de políticas públicas se ha convertido “en una opción prácticamente imprescindible para la gente”. También cuestiona el discurso con el que el gremio energético promociona el gas como un “recurso limpio” por no emitir grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero. Pero el gas natural contiene metano, con un potencial de calentamiento 80 veces mayor que el CO2 en un período de 20 años. Además, según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, este elemento contribuye en más del 25 % al aumento de la temperatura del planeta desde la Revolución Industrial.
Los estrictos requisitos ambientales para los proyectos de exploración son parte de la iniciativa del Gobierno Petro para apostarle a fuentes de energía alternativas, pero, como señala Censat, quedan discusiones pendientes sobre qué tan limpias son realmente. Samuel David Jaramillo, profesional en el área de transición energética justa de Censat, habla de las complejidades sociales y medioambientales de las energías alternativas. “La crisis planetaria no es solo de emisiones de CO2, el problema también radica en nuestra forma de habitar el planeta”, señala.
“La crisis planetaria no es solo de emisiones de CO2, el problema también radica en nuestra forma de habitar el planeta”.
Por ejemplo, los paneles solares tienen una vida útil de 25 a 30 años y no están hechos de materiales biodegradables. Entonces, ¿qué pasará con sus desechos cuando ya no sirvan? Las hidroeléctricas, otra forma de energía considerada limpia, “cambian la dinámica ecológica de los ríos y afectan a las poblaciones que dependen de ellos”, explica Jaramillo. Por su parte, los parques solares y eólicos también “necesitan una alta ocupación del suelo, y todo esto entra a chocar con la vida de la población que vive en el territorio”, agrega.
Por otro lado, Marylone Montoya dice que los hidrocarburos son más rechazados porque los conocemos hace más tiempo y tienen consecuencias tangibles más inmediatas, pero, para ella, el gas natural es una apuesta segura hacia un camino de transición energética porque cumple con los compromisos ambientales nacionales e internacionales que tiene Colombia de descarbonizar otros sectores.
Según el último informe de Naturgas, el gas representa el 25 % de la matriz energética nacional, solo por debajo del petróleo que tiene el 39 % de participación; la energía hidroeléctrica aporta un 10 %, y la solar y eólica tan solo el 0.08 %. Según esto, Colombia aún es altamente dependiente de los fósiles y, según Andrés Amell, el país no está llevando a cabo una estrategia planeada y complementaria de todos los recursos para transicionar.
Amell profundiza en que “debe haber una estrategia complementaria” en la que Colombia continúe introduciendo y estimulando las energías renovables, pero sin abandonar la exploración y la producción de gas. Más ahora, ya que con la llegada de Trump a la presidencia de EE. UU. se ralentizan las estrategias contra el cambio climático. Además, habla de tener en cuenta todas las dificultades sociales y medioambientales que menciona Jaramillo, y que en la matriz energética las energías renovables aún no tienen suficiente participación para sustituir el gas.
Montoya aboga por continuar las exploraciones y conservar la infraestructura para la distribución, complementando que “hay que trabajar fuertemente en la promoción de otros tipos de energía, pero sin dejar el gas de lado”. En cambio, Jaramillo sí habla de reemplazar a largo plazo el uso del gas por otras fuentes y, en general, de disminuir los consumos de energía para que se ajusten a las capacidades del planeta. “La transición energética debe ser gradual y planeada, debe obedecer a un plan según los consumos de energía que se pueden ir reemplazando”, asegura.
“Hay que trabajar fuertemente en la promoción de otros tipos de energía, pero sin dejar el gas de lado”.
Aunque el gremio energético ha alertado a los usuarios residenciales sobre el alza de las tarifas, estos tan solo consumen el 19 % de la demanda del gas, según el informe anual de 2023 realizado por el Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia y la Bolsa Mercantil de Colombia. También demuestra que los sectores que más consumen son el industrial y el térmico, 30 % y 23 %, respectivamente. En el informe de Naturgas del año pasado los mayores consumidores del sector industrial son las plantas térmicas de Atlántico y Bolívar, y la refinería de Barrancabermeja, en Santander.
Andrés Amell considera necesario establecer normas que exijan la implementación de planes de eficiencia en los sectores que más consumen: “Estimular la eficiencia energética en toda la cadena de valor garantiza seguridad energética” y puede reducir el riesgo de tener que importar. También se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque hay menos probabilidad de fugas de metano, y se aplazaría la necesidad de invertir en infraestructura para gasoductos.
Samuel Jaramillo propone que, en este escenario, el Estado garantice a corto plazo que el peso de las importaciones por el desabastecimiento no recaiga en el sector residencial y mucho menos en los estratos más vulnerables y que, en cambio, el alza de los precios sea proporcional al nivel de consumo, que, en este caso, le pertenece a las industrias y las termoeléctricas. A largo plazo, plantea que el país no debe comprometerse con proyectos de extracción de gas más allá de los necesarios para cubrir la demanda actual “y así ser coherentes con la transición que debemos hacer para disminuir la demanda”.
Aunque se pueden reducir las emisiones de metano al optimizar los procesos por los que pasa el gas, si la demanda sigue en aumento, esas emisiones seguirán siendo las mismas o incrementarán. Además, el deterioro de la infraestructura marina libera metales pesados que son altamente contaminantes y alteran los ecosistemas, el ruido submarino desplaza a las especies y terminan afectadas las comunidades que dependen de la pesca. Mientras que en las infraestructuras terrestres se presentan componentes cancerígenos y fugas de metano.
En diciembre, Petrobras, empresa estatal de petróleo y gas de Brasil, y Ecopetrol confirmaron que el volumen del pozo Sirius-2 en el Caribe colombiano es de más de 6000 giga pies cúbicos de gas (Gpc), lo que duplica las reservas probadas que para el cierre de 2023 se encontraban en 2373 Gpc. Sin embargo, este gas saldría al mercado en 2029.
Por ahora, el panorama indica que Colombia debe contratar las importaciones de gas a largo plazo para cubrir la demanda interna sin costos tan elevados. Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió en febrero de 2025 una resolución que flexibiliza las condiciones de contratación en la compra de gas, esta entrará en vigor en junio de 2025.
