El nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella ha establecido una agenda de lucha contra el crimen organizado con la consigna: “en este gobierno los delincuentes no tienen estatus político, ni contemplaciones, ni impunidad”, que a su vez es la idea central de la ley de sometimiento propuesta por Iván Cancino, ministro de Justicia, y Rodrigo Lara, ministro del Interior. Esto, tras el cierre de las mesas de diálogo instauradas en el marco de la “paz total” en el gobierno anterior, la cual también dio por terminada De la Espriella.

¿Qué se sabe de la nueva ley de sometimiento? ¿Hay posibilidades de diálogo? ¿Conviene en el panorama actual del conflicto? ¿Qué garantías quedan para la verdad y las víctimas? De la Urbe conversó sobre estos y otros aspectos con Adrián Restrepo Parra, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro del grupo de investigación Hegemonía, guerras y conflictos. 

Adrián, ¿cómo describiría el panorama actual de conflicto armado en el país? 

Para entender el panorama actual es importante hablar del proceso de paz del 2016 con las FARC. Distintos actores advertían que al retirarse las FARC como aparato militar de los territorios que ellos controlaban el Estado tenía que copar ese control territorial porque, como también se dijo, no había que perder de vista que este país lamentablemente tiene otros grupos armados a los que también combatían las FARC. Lo que hemos visto durante todo este tiempo es que el Estado militarmente no logró ocupar esos territorios. Particularmente en el periodo de la paz total, o sea, del gobierno Petro, hubo un incremento de pie de fuerza de esas organizaciones. De hecho, el actual ministro de Defensa en una intervención en el Congreso señaló que se había pasado de 15 000 y pico* a 29 000.

Con el nuevo gobierno ya estamos viendo no solamente el accionar militar con la exhibición de trofeos de guerra, cadáveres y demás, sino que el presidente también ha cerrado las mesas de diálogo instaladas por el Gobierno anterior y propone dos salidas para los actores armados: el sometimiento a la justicia o ser dado de baja por la fuerza pública. De entrada, hay una diferencia de fondo con respecto al anterior Gobierno, esta ley de sometimiento no diferencia la naturaleza de los grupos. 

Junto con la no distinción entre grupos, ¿qué otras características tiene el proyecto? 

En cuanto a otros aspectos, casi siempre la discusión inicial está centrada en los años de cárcel y el patrimonio que podrán conservar quienes se desmovilicen. Cancino ha hablado de diferenciar penas: para cabecillas rebaja del 30 % y para los demás del 50 %. Aquí estamos especulando porque nos falta leer el proyecto y conocer la propuesta, pero una cosa que me parece muy complicada es que, si la puerta de la extradición queda abierta, va a ser muy difícil que algunos actores se sometan. Por ahora Cancino dijo que eso estaría abierto porque al estar tan alineados con los intereses de Estados Unidos le sería muy difícil decirles no a las solicitudes de extradición. De entrada, hay unas cosas que va a ser muy difícil que funcionen, por ejemplo, a una guerrilla como el ELN uno no la ve acogiéndose a una ley de sometimiento porque reclaman ser de naturaleza política y merecer un trato distinto. O sea, una mesa de negociación.

Retomando el tema de la no distinción, este gobierno se ha referido a todos los actores como terroristas ¿qué implica esa categoría? 

Para algunos teóricos no importa la naturaleza del actor, sino su poder. Aquí en Colombia lo ha desarrollado muy bien el profe Luis Fernando Trejo, de la Universidad del Norte en Barranquilla. Él dice: #no nos desgastemos en la naturaleza, vámonos por ¿tiene o no tiene poder esa organización? ¿tiene armas, controla territorio, controla rentas?” En otras palabras, cuando usted llega a un territorio y le pregunta un ciudadano, «¿quién manda aquí?» Y él le dice «AGC», entonces con ese actor hay que negociar independiente de la naturaleza política porque tiene poder y está demostrado. Pero mira que sigue abierta la puerta a negociar, ¿por qué? Porque así sea muy criminal tiene poder. 

Este gobierno dice “aquí todos son criminales, ese asunto de la guerrilla se acabó hace años” y entre los motivos para que ellos lo cataloguen así está el involucramiento de la guerrilla en la financiación con el narcotráfico y los secuestros. Eso ya lo habíamos escuchado en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez porque él también utilizó la categoría de narcoterroristas para las FARC y el ELN. Y por lo mismo lo que queda es lo que están anunciando: fuerza pública y sometimiento, individual o colectivo. Conociendo la historia, insisto particularmente con el ELN, seguramente hasta aquí llegamos, van a ser cuatro años de plomo.

Sobre el ELN, en la aplicación de la paz total se habló de que estaba siendo muy difícil la negociación con dicho grupo porque está fragmentado en su interior. ¿Realmente el diálogo ya se agotó y no es posible negociar? 

No, yo creo que los diálogos sí se pueden mantener, la historia de Colombia lo ha demostrado. Lo que pasa es que parte del problema es que en la paz total se empezaron a hacer acuerdos de cese al fuego con todas estas organizaciones sin pensar que eso iba a generar la parálisis de la fuerza pública. Porque entonces, ¿qué pasa con la fuerza pública? Si el Estado hace un pacto de no agresión con disidencias, con reincidencias, con mesas urbanas, pero esos actores no tienen un pacto de paz entre ellos, el enfrentamiento no va a cesar. 

Es que no estamos en el escenario de los 90 cuando las FARC tenía mucha publicidad, especialmente el “Mono Jojoy” sacaba una publicidad donde él estaba llegando al Palacio de Nariño, o sea, ellos iban por la toma del poder. Ahorita eso no es así, el ELN que ya lo ha dicho también en sus comunicados y después de sus conferencias, están en un tono no de ofensiva sino de retaguardia, de no perder control en los territorios en donde tienen presencia. Visto desde ahí eso es una buena noticia, en el sentido de que la seguridad nacional de este país no está en riesgo por estos grupos. 

Ahorita el nuevo gobierno dice que va a intentar aplicar el modelo de sometimiento con los Comuneros del Sur, pero va a ser muy difícil porque los líderes de los comuneros ya han dicho que ellos están interesados en hacer una mesa de negociación porque ellos se reconocen de naturaleza política.

¿Dentro de la ley de sometimiento se puede garantizar la no repetición? 

La no repetición vista desde el nuevo gobierno es que la política de la mano dura tendría que volverse disuasoria. Es decir, no me metería a una banda criminal porque tengo altas probabilidades de terminar muerto o encarcelado. Esa es la apuesta que tiene este gobierno. 

¿No es idealista creer que realmente esa presión es tan efectiva que evita la creación de nuevas organizaciones criminales? 

No, ya tenemos la experiencia de El Salvador y buena parte de los que hacen parte del nuevo gobierno se proclaman bukelistas. Entonces, consideran que sí se puede. Frente a la pregunta que me acabas de hacer, alguien de allá te diría: «Claro que sí se puede, vaya a El Salvador.» El Salvador estaba inundado de maras y ahora el 90 % de la población salvadoreña dice sentirse segura. Ahora, ¿a qué costo? El costo de la seguridad, como la ha consolidado Bukele, es la democracia, las libertades quedan comprimidas en aras de la seguridad. Si llega un presidente diciendo «estoy con la fuerza pública, pase lo que pase” eso es una señal de manos libres.

Por eso bajo este Gobierno tenemos que estar muy atentos a la separación de poderes y a los controles que se tienen que hacer con el respeto por los derechos humanos y muy especialmente teniendo presente que la política que está promoviendo no incentive ejecuciones extrajudiciales.

Además de la posibilidad de que la política de resultados origine casos de ejecuciones extrajudiciales, ¿qué otros riesgos existen? 

Volviendo sobre el punto del escenario de confrontación, las comunidades campesinas van a estar muy expuestas al combate. Ya lo vimos también en el anterior Gobierno cuando el ELN arremetió contra el Frente 33 en Catatumbo y generó todo este desplazamiento. Muy seguramente vamos a tener crisis humanitarias. Además, el Estado colombiano no va a lograr quedarse en un territorio si lo único que llega es la bota militar. Si usted se va para Catatumbo a militarizar ¿qué más va a llevar? ¿Va a llevar escuela, alcantarillado, vías?

Mucho más con lo que está diciendo este Gobierno sobre acabar las economías ilegales, porque esas economías ilegales son el empleo para mucha gente de esas regiones. Si no es hoja de coca, si no es minería, si no es tala de madera, entonces ¿qué va a ser? Porque las personas de algo necesitan vivir. Si usted cierra esas economías habría una crisis. 

Ahora, puede tener mayores resultados en la medida en que esa alianza con Estados Unidos lo permita y lo pienso particularmente si logran resultados militares en tierra venezolana.

Eso puede darle mucho oxígeno a esa política porque muchos de los actores armados colombianos tienen presencia en Venezuela. Y mira que esos resultados también sirven en términos políticos para ellos (el Gobierno actual).  ¿Así se va a acabar la violencia en este país y vamos a lograr la paz como dice De la Espriella? Pues está por verse. 

Uno de los argumentos para proponer esta nueva ley de sometimiento es que, al no crear nuevos tribunales de justicia especial, sino llevar todo dentro de la justicia ordinaria, se ahorra dinero, ¿realmente es así?

Discutíamos eso cuando se empezó a hablar del proceso de paz con las FARC porque algunos sectores empezaron a decir «eso nos va a salir muy caro”. Pero ¿y es que la guerra es barata? No, la guerra cuesta. Y puede costar mucho más que la paz en ciertos escenarios. Entonces no, yo no creo que sea más barata la justicia ordinaria. Además, eso está operando sobre esa expectativa de que todos van a ir a someterse, cosa que dudo. 

Para cerrar, ¿cuál es el lugar para las víctimas dentro de la ley de sometimiento?

Algunas víctimas se podrán sentir satisfechas si algunos de estos comandantes pagan efectivamente pena de cárcel. Pero de ahí para adelante no hay más. ¿Verdad? No, es que no es obligatorio, ahí no hay que decir la verdad, si mucho habrá que delatar alguno, que eso es muy distinto. Pero de ahí a decirle: «Vea, a su papá se lo desaparecimos, está en tal río «, eso no es obligación en este modelo. La víctima que tenga esa expectativa no se va a sentir satisfecha.