La Sociedad Colombiana de Pediatría quiere censurar a VORÁGINE
La organización denunció por injuria agravada al autor de dos investigaciones que revelaron conflictos de intereses de la directora ejecutiva y de otros directivos. Ante este intento de censura a través del acoso judicial, VORÁGINE se sostiene en lo que afirman ambos reportajes. Ilustración: Angie Pik La directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), Gloria Helena Zuccardi Hernández, y el presidente de esa organización, Mauricio Javier Guerrero Román, pretenden censurar a VORÁGINE, mediante un acoso judicial. En meses pasados, Zuccardi y Guerrero interpusieron una denuncia penal en contra del periodista Carlos Hernández Osorio por el delito de injuria agravada, a raíz de dos investigaciones publicadas en nuestro portal el 27 de abril, y el 12 de mayo de 2025. Es importante decir que en VORÁGINE nos sostenemos en que ambas investigaciones son rigurosas. Todas las afirmaciones que allí se hacen están debidamente sustentadas y documentadas. La denuncia interpuesta por los directivos de la SCP atenta, además, contra el ejercicio de la libertad de prensa y pretende acallar las investigaciones de interés público que este medio de comunicación adelanta con estricto apego a los estándares periodísticos. Los artículos Ambos artículos están dedicados a demostrar los conflictos de intereses en los que están inmersos Zuccardi y otros directivos de la SCP por la relación comercial que han forjado con la industria de productos ultraprocesados y la de las leches de fórmula. El primero, titulado “Alpinito, leches de tarro y conflictos de interés: la historia ultraprocesada de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, explica cómo esa organización ha recibido por 25 años financiación, de distintas formas, de la industria de productos ultraprocesados. Mientras, por un lado, la SCP ha divulgado un discurso de protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, y ha asesorado al Estado en distintas ocasiones con ese fin, por el otro se volvió socia y promotora de empresas dedicadas a vender productos muy pobres en su aporte nutricional, que hoy llevan sellos negros que advierten sobre su exceso de azúcares añadidos, sodio y grasas trans y saturadas, y que pueden incidir en el desarrollo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares si los niños no los consumen con mesura. Esta investigación periodística documentó ampliamente, a partir de actas de junta directiva y de asambleas de la SCP, de testimonios y de publicaciones de la propia Sociedad, las prácticas que esa organización, en cabeza de la directora Zuccardi, ha aplicado para obtener la financiación, y que a su vez facilitan e incentivan la cooptación de pediatras por parte de la industria. El artículo también cita los cuestionamientos que han recibido Zuccardi y la SCP de pediatras afiliados y de otras organizaciones de la sociedad civil. Ambos artículos están dedicados a demostrar los conflictos de intereses en los que están inmersos Zuccardi y otros directivos de la SCP por la relación comercial que han forjado con la industria de productos ultraprocesados y la de las leches de fórmula. El segundo artículo, titulado “El negocio a dos bandas de la directora de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, cuenta que Zuccardi no solo ha liderado e implementado un modelo de financiación para la SCP que entra en contradicción con la promoción de la salud de los niños que esa organización dice defender. Desde su cargo de directora ejecutiva de la SCP, además, creó y mantiene a nombre propio una empresa llamada Exemedis, desde la cual ha hecho negocios de carácter privado con las industrias de productos ultraprocesados y farmacéutica, avalada por los demás directivos de la Sociedad. Esta investigación también documentó que el presidente de la SCP, el pediatra Mauricio Guerrero, y otros integrantes de la junta directiva aparecen en la página web de Exemedis como asesores. Zuccardi y Guerrero nunca aceptaron darle una entrevista a Hernández. Pidieron, en cambio, un cuestionario que respondieron el 12 de marzo, casi un mes después de haberlo recibido. El periodista, sin embargo, les hizo contrapreguntas en un nuevo cuestionario, ante lo cual le enviaron una comunicación en la que dieron por terminado el intercambio al afirmar: “como sociedad científica hemos considerado reservarnos el legítimo derecho a responder”. Tras la publicación del primer artículo, el abogado de la SCP, Fernando Peña Bennett, le envió al periodista una solicitud de aclaraciones y de rectificaciones (usó ambos términos de forma indistinta). Allí exigió incluir información adicional y rectificar otra. VORÁGINE no accedió a hacer ninguna rectificación, aunque sí estuvo de acuerdo en incluir tres datos que daban más contexto sobre los temas tratados, pero que en nada refutaban la esencia del reportaje. En una nota al final del texto la editora del artículo dejó claros cuáles fueron esos puntos. Por el segundo artículo, la SCP no hizo ninguna solicitud de rectificación. La denuncia penal Zuccardi y Guerrero anunciaron el 22 de mayo, a través de un comunicado y un video publicados en las redes sociales y en la página de la SCP, que le habían dado poder al abogado Jaime Lombana para interponer una denuncia penal por “injuria agravada y calumnia agravada”, como respuesta a lo que llamaron “campaña de desprestigio”. También anunciaron acciones internas, entre las que estuvo impedirles participar en actividades de la SCP a dos pediatras afiliados por haber “difundido y respaldado públicamente un artículo periodístico con afirmaciones lesivas contra el buen nombre de la SCP”. Una de esas pediatras fue citada en el primer artículo. Zuccardi y Guerrero interpusieron la denuncia penal por injuria agravada el pasado 16 de julio en la Fiscalía General de la Nación. El periodista fue notificado el 8 de septiembre. La injuria, según el artículo 220 del Código Penal, es un delito que comete “el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas”. En el texto de la denuncia, que lleva el membrete de “Jaime Lombana Villalba & Abogados”, afirman: “se evidencia que el sr CARLOS HERNÁNDEZ y el medio VORÁGINE realizaron afirmaciones abiertamente deshonrosas sobre GLORIA ZUCCARDI y la SCP, con pleno conocimiento de su connotación ofensiva y de su impacto sobre el prestigio profesional, institucional y social
Sobre la respuesta de Yohir Akerman
Aunque el columnista y consultor Yohir Akerman le resta importancia a sus labores en Guidepost, las actas de la empresa dan cuenta de su posición de poder. Editorial. El presidente para América Latina de Guidepost Solutions, Yohir Akerman, defendió el informe que la empresa que dirige y gerencia en Colombia hizo a favor de Chiquita Brands en el juicio que enfrentan directivos bananeros por la financiación de grupos paramilitares. En su más reciente columna de la revista Cambio, el consultor y periodista Akerman dijo que se había declarado impedido para conocer y participar de la elaboración del informe, que contenía una serie de omisiones y falsedades en defensa de Chiquita Brands, esas mismas que VORÁGINE documentó una a una, en un trabajo de recolección de testimonios, documentos oficiales y reportes de prensa de la época. Sobre esto último Akerman evitó referirse en detalle, aunque aseguró que VORÁGINE solo se centró en diez páginas de 56 “pescando elementos convenientes para insinuar un ataque en mi contra”, escribió. Al final del texto, Akerman se presentó como “investigador corporativo” en el “campo privado” y como “columnista” en el “público”. Lea: Los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands El periodista no mencionó que el informe de la empresa que dirige y gerencia seleccionó datos convenientes a la defensa de Chiquita Brands, como por ejemplo que antes de 1999 no existían registros públicos que denunciaban una connivencia entre las Convivir y los paramilitares. “Como dije al empezar esta columna, mi trabajo como presidente para América Latina de Guidepost, me llena de orgullo y satisfacción”, agregó en su tribuna periodística. Akerman tampoco se refirió a la tergiversación que hizo Guidepost para darles plena credibilidad a unos testimonios de exdirectivos de las Convivir que dijeron haber desconocido que Raúl Emilio Hasbún, excomandante del Bloque Bananero, era un comandante paramilitar. La compañía expuso como verdades los dichos de Arnulfo Peñuela Marín y Alberto Osorio, pero omitió que ambos fueron condenados por sus comprobados nexos con el paramilitarismo. En el caso de Peñuela el juez que lo condenó desmintió los apartes citados por Guidepost. Pese a las omisiones y falsedades descritas en el texto de VORÁGINE y que la opinión pública no conocía, Akerman dijo en su columna: “Ahora tengo que escribir sobre estos dos mundos en los que me muevo que se conectan por un factor: la búsqueda de los hechos, las pruebas y la verdad”. El informe de Guidepost distorsiona hechos probados por Justicia y Paz que dejaron miles de víctimas en el Urabá antioqueño y que, en el caso de Colombia, aún no han encontrado justicia. Las omisiones y falsedades del informe de la empresa, que no menciona Akerman en su columna, fueron presentadas en un juicio que tendrá consecuencias para las víctimas. El informe fue encargado a Guidepost por la firma de abogados Prias Cadavid, quienes a su vez trabajan para Chiquita Brands en su defensa jurídica. Hay una transacción de por medio que no había sido mencionada por Akerman pero que ya es pública gracias al reportaje que publicamos. El trabajo de VORÁGINE, no obstante, se centró en transparentar ante la opinión pública las falsedades del trabajo de Guidepost en un juicio de trascendencia histórica. No hicimos valoraciones éticas frente a los oficios de la empresa en el litigio en contra de Chiquita Brands, los lectores por sí mismos las están haciendo. Pese a que Akerman diga que se trató de un artículo que tenía la intención de afectarlo personalmente, tanto en el desarrollo de nuestro reportaje como en este editorial que publicamos hoy dejamos pruebas a los lectores que dan cuenta de que Akerman en Guidepost no es solo un empleado, así asuma parcialmente las responsabilidades del informe para Chiquita Brands y niegue las omisiones y falsedades que terminaron distorsionando la conexión entre los empresarios bananeros y la comprobada historia de violencia que dejaron los paramilitares en el Urabá antioqueño en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX. Akerman dijo en su columna que no conocía hasta la semana pasada el informe que elaboró la empresa que dirige y que representa. Esa no fue la sensación que nos quedó cuando lo llamamos el pasado viernes 21 de junio. El periodista y consultor, que habló off the record, en ningún momento dijo no conocer el documento. Al contrario, estaba enterado del trabajo que Guidepost hizo a través de la firma de abogados Prias Cadavid —que como dijimos defiende a Chiquita en Colombia— en torno a la consecución de evidencia y a los análisis que hicieron de las declaraciones de los paramilitares. No revelaremos sus respuestas off the record así él haya roto el pacto diciendo algo distinto en público, y matizado en su columna. Lo que sí podemos decir ahora es que Akerman nos notificó que el informe no lo había elaborado él sino su “socio” Andrés Otero Leongomez, y así lo expresamos con claridad en el reportaje. En la investigación que publicamos el pasado domingo dejamos claros dos hechos. El primero: que Akerman y Andrés Otero Leongomez son las caras visibles de Guidepost, en ningún momento dijimos que eran sus socios. Y si por el título se puede interpretar que Akerman es el dueño, nosotros, a diferencia de Akerman, no tenemos ningún problema en reconocer que se hubiese podido decir de forma más precisa. La autocrítica en el ejercicio periodístico hace parte de asumir la responsabilidad de cada línea que publicamos. En el cuerpo del artículo de VORÁGINE queda claro que Akerman no es socio ni accionista o dueño de Guidepost, pese a tener una figura claramente relevante en la representación de los intereses de la compañía, como se verá líneas más adelante. “Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y