Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional
La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.
La Colectiva Justicia Mujer espera respuestas de la UdeA
La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que brindó asesoría psicojurídica a las mujeres denunciantes por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, anunció el fin de su contrato con la Universidad el 29 de mayo de 2024, en medio de la emergencia por esas violencias, “debido a las tensiones recurrentes y las diferencias agravadas en el segundo semestre del año 2023, cuando se iniciaron conversaciones de cara a un nuevo contrato”, según señalaron en un comunicado. Después de la finalización del primer contrato, el 18 de febrero de 2024, accedieron a firmar otro por 62 días para hacer el cierre de los procesos. Este se formalizó el 18 de marzo de 2024, pero la CCJM siguió trabajando durante los 28 días entre uno y otro por solicitud de Bienestar Universitario. Según dijo la CCJM en mayo, no suspendió la prestación de los servicios para priorizar “el cuidado de las víctimas, lo que ocasionó una importante carga financiera en la organización. Este aspecto, así como el retraso de los pagos pendientes se ha abordado con Bienestar Universitario sin contar con una respuesta clara y de fondo”. Seis meses después, la CCJM sigue sin recibir el pago por ese trabajo, que calculan en más de 88 millones de pesos. Nathalia Álvarez, subdirectora de la CCJM, cuenta que durante estos meses han mantenido contacto con la dirección de Bienestar Universitario, encargada de la Ruta Violeta; primero con Marcela Ochoa, directora hasta junio de este año y ahora vicerrectora de Docencia, y luego con Juan Gabriel García, actual director. “Con él hemos tenido un cruce significativo de correos, pero hasta ahora no nos ha respondido qué se va a hacer con esta situación”, cuenta Álvarez. Añade que en agosto les dijo en una reunión que no estaba al tanto de la situación, pese a que allí había personas que sabían de los acuerdos previos: “Nos dijo casi como que demandemos a la Universidad, y quedó con el compromiso de hacer la consulta y respondernos”. El último correo al director lo enviaron el 2 de octubre. Desde De la Urbe le preguntamos a Juan Gabriel García qué pasaría con el pago de la CCJM y el 10 de octubre contestó que les responderían directamente a ellas: “Cualquier pago realizado desde una entidad pública, al comprometer recursos públicos, está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos tanto en las normas generales de contratación como en el Estatuto de Contratación particular de la Universidad de Antioquia”. Esta situación se da en medio de la crisis financiera de la UdeA. Aunque la CCJM entiende que el silencio de la Universidad podría justificarse en esa coyuntura, escalarán el asunto legalmente. “Si se mantienen en su posición de no responder, avanzaremos con una acción de tutela; y si no da respuestas de fondo y asume este compromiso tendríamos que continuar con los mecanismos legales. Nos parece un desgaste innecesario, porque tanto a la Universidad como a nosotras nos saca del centro, que es lograr una universidad libre de violencias”, apuntó Álvarez. A pesar de no haber recibido respuestas sobre el pago, el 22 de agosto la Universidad les solicitó una precotización para “contratar el servicio de asesoría de representación técnica en procesos penales y disciplinarios en favor de personas víctimas por hechos de violencias basadas en género”. La Dirección de Bienestar Universitario está adelantando la apertura de una licitación pública con ese propósito, como lo anunció la Universidad en junio, aunque esto no se aclaraba en el documento enviado a la CCJM. Pese a no tener contrato con la UdeA, la colectiva sigue acompañando 21 procesos de 13 mujeres que, según afirman, no encontraron condiciones para ser representadas por ZEA Abogadas, la firma que quedó a cargo tras la salida de la CCJM.
La criminalización a la protesta social de las mujeres: otra VBG
El hostigamiento a las mujeres marchantes del 8M ocurrido en la ciudad de Medellín, es también una violencia basada en género. Catalina Cano, abogada feminista y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia opina al respecto en esta entrevista. Conoce más de esta conversación sobre derechos humanos y violencias basadas en género aquí.
“Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima”
¿Quién es, cómo es, cómo luce alguien que sufrió violencia sexual? El corto documental Niebla propone estas preguntas y cuestiona la mirada del espectador que espera lo crudo y lo explícito. Marcela Han, la directora, plantea en esta conversación las complejidades que se tejen entre la memoria y el lenguaje alrededor de esta violencia. Cuando me contó, ¿qué me contó? Conocí a Marcela Han en el segundo semestre del 2015, cuando llegamos a El Tiempo como practicantes. Eran meses de cielos azules y días soleados en Bogotá. Quizás por eso recuerdo que ese día hacía sol, pero puede que la memoria me engañe. Ella recuerda que me contó durante una pausa en la jornada, pero no cómo me lo contó. ¿Fue en la mañana? ¿Era lunes o jueves? Lo que me confió ese día detonó, años después, la creación de Niebla, un corto documental estrenado en 2022. Ese año ganó como mejor corto documental nacional en el festival de cortos Bogoshorts. En 2023 se proyectó en el festival Cine en Femenino, y en la sala de cine del Edificio San Ignacio de la UdeA, en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, en el que también fue reconocido como el mejor corto documental. Marcela prefiere que la presente como realizadora audiovisual, aunque también es politóloga y ejerció como periodista. Yo prefiero presentarla como mi amiga. Vivimos juntos casi cuatro años, hasta que la pandemia y nuestras búsquedas personales nos cambiaron de rumbo. Esta conversación parte de esa amistad, tanto como de la admiración que siento hacia ella y la certeza de que Niebla es imprescindible para complejizar la ya difícil conversación sobre las violencias sexuales, la memoria, el lenguaje y la justicia. ¿En qué momento de la vida estabas cuando rodaste Niebla? Fue el año de la pandemia, 2020. La preproducción y el rodaje se dio en las cuarentenas. De hecho, en Niebla se ven las medidas de bioseguridad del momento. Estábamos muy aislados; eso también quedó plasmado en el corto, no solo por los tapabocas, sino también porque los diálogos son con mucha distancia entre las personas, lo que termina hablando de la soledad de haber pasado por una experiencia de violencia sexual, de esos cuerpos un poco aislados y fragmentados. Eso en lo externo, ¿y en lo personal en qué estabas? En la maestría. Aplacé el último semestre para enfocarme en esto. Renuncié a El Tiempo, me mudé, y le metí mi liquidación y todo mi dinero sin tener otro trabajo. Me adentré sin mucha certeza, pero con la convicción de que eran el tiempo y los recursos que merecía. Niebla nació como proyecto de maestría, pero reunió un equipo de más de 10 personas. ¿Por qué tanta gente se involucró? Creo que también tuvo que ver con la pandemia. En el contexto del mundo había muchas ganas de salir, superar el encierro, crear y aprovechar esa oportunidad de volcarnos a lo que realmente nos mueve. Eso influyó en que varios encontraran en Niebla un escape o una vía para crear algo. Yo me senté con cada una de las personas, por consejo de Juan David Blanco, el asistente de dirección que me guio en todo el proceso. Fue un voto de confianza de todos y todas por el que siempre he estado agradecida. Creo que veían una posibilidad de hacer algo por lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer algo. Lo audiovisual apareció en esos mismos años. ¿Cómo llegó? Siempre he buscado un vehículo para expresarme. Yo estudié Ciencia Política, sabiendo que no la iba a ejercer, porque quería llenarme de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Luego pensé que era la escritura ese vehículo, por eso llegué al periodismo, pero nunca me interesó el lenguaje de la denuncia. Y en mi primer trabajo en El Tiempo como coordinadora de blogs sentaron a mi lado a Julián Espinosa, que terminó siendo luego mi jefe en audiovisual y dándome la oportunidad. Él expresaba muchas cosas con los videos que hacía, que se acercaban más a algo artístico, pero con mucha investigación. Me llamó la atención y empecé con la fotografía. Compré mi primera cámara, hice un curso como de cuatro horas y ahí se me abrieron muchas posibilidades. Se me abrió la curiosidad sobre todo por la imagen en movimiento. Desde ahí sé que en lo audiovisual encontré en lo que me quiero concentrar. Luego, empecé la maestría en Creación Audiovisual (Pontificia Universidad Javeriana) en 2019, pero no entré pensando en hacer algo como Niebla. Fue en la investigación que me di cuenta de que podía hablar de la frustración que había sentido en esos años de otra manera y vi que eso resonaba mucho en otras personas. En Niebla no se dice explícitamente cuál es la “verdadera” Marcela, si las amigas y la mamá son reales o son actrices y qué le pasó. ¿Por qué? Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima: ¿cómo nos acercamos a esta figura? Muchas veces, cuando una amiga o familiar nos cuenta algo así, la vemos como una víctima. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces nos negamos a creerle. Es una manera de blindarme a mí, a la actriz y a las personas involucradas que tuvieron un episodio doloroso en sus vidas de cualquier juicio que pueda emitir quien lo ve como un espectador que quiere satisfacer su morbo. Por eso partimos de asumir que te van a cuestionar cuando cuentas algo así. En Niebla una de las amigas cuenta que la gente cambió con Marcela y no con él. Entonces tiene que ver con el valor de la palabra y, frente a quien consume el cine, con la pregunta de por qué importa tanto que diga que la abusaron si ya lo sabe, por qué les pedimos a las personas que cuenten las vainas tal como son. ¿Qué pasa si no quiero, si me niego? Es la manera más digna que
Colegios no seguros, niñas no calladas
Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín. La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto. Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal. Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio. Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas. Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor. Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín. De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas. Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores. A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos. Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la