Con poco gas se apaga nuestra seguridad energética
En medio del incremento a las tarifas del gas natural y la creciente necesidad de importarlo, toman relevancia las discusiones sobre la seguridad energética del país y el impulso de una transición hacia fuentes alternativas de energía.
Entre el águila y el dragón
La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos, desatada bajo el Gobierno de Donald Trump, sacude al mundo desde el llamado “Día de la Liberación”. En este contexto, Colombia se enfrenta a un panorama incierto en el que, por ahora, parece apostarle a fortalecer su relación con el gigante asiático, pero las consecuencias de esta decisión podrían jugarle en contra. En la pugna entre China y Estados Unidos por la hegemonía económica mundial, países como Colombia están quedando en la mitad. Ilustración: José M. Holguín. El 2 de abril fue llamado por el presidente Donald Trump como el “Día de la Liberación” en Estados Unidos. Esto porque era el día pactado para anunciar un paquete de aranceles del 10 % para la mayoría de los países, y otros más altos para países y comunidades políticas como Vietnam (90 %), Taiwán (64 %) y la Unión Europea (39 %). Estos impuestos llegaron acompañados de declaraciones sobre las relaciones comerciales: “Durante décadas nuestro país ha sido estafado por países cercanos y lejanos […], pero eso no va a volver a ocurrir”, dijo. Desde esa fecha el principal objetivo de los aranceles ha sido China. Iniciaron en 67 %, luego escalaron hasta 145 % y, finalmente, tras un acercamiento entre las dos potencias, se establecieron de forma temporal en 30 % el 12 de mayo. Colombia, aliado histórico de EE. UU. en el continente, está en medio de ese campo de batalla geopolítico en el que los aranceles y la guerra comercial han obligado a decenas de países a tomar un bando. Así, el país mira hacia Europa, África y, principalmente, al Pacífico en busca de mejores oportunidades. A pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2012 con EE. UU., Colombia fue uno de los países que recibió en abril el 10 % de aranceles. Esto provocó respuestas por parte de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, en conjunto, anunciaron que lideran “una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para nuestras exportaciones”. La canciller Laura Sarabia también declaró, durante el “Día de la Liberación”, que buscaría negociar la eliminación de los aranceles a Colombia, y que enviaría formalmente la petición el 11 de abril, aunque hasta ahora no ha habido avances significativos. Detrás de esta conversación hay una razón importante: Colombia no puede responder recíprocamente a los aranceles, como sí pudieron hacerlo Brasil, China y la Unión Europea. Según Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit, “Colombia no tiene cómo responder con la misma moneda”. Además, la profesora piensa que no hacerlo es una buena decisión: “Es reconocer lo pequeña que es nuestra economía, lo frágil y dependiente que somos de Estados Unidos hoy”. La situación se complejiza más porque la economía colombiana depende, en gran medida, de las exportaciones e importaciones de este país norteamericano. “Colombia no debería renunciar del todo a la relación económica, comercial y política con los Estados Unidos, porque sigue siendo el principal comprador de nuestros productos de exportación”. Javier Sánchez, coordinador del semillero de investigación en Estudios Asiáticos de la Universidad de Antioquia. Tweet Según el Dane, hasta marzo de 2025, el 32.3 % de nuestros ingresos por exportaciones provenían de las realizadas a EE. UU. Además, el 39 % de todas las inversiones extranjeras directas del 2024 vinieron de ese país: cerca de 5550 millones de dólares. Por esto, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo en enero a CNN que no es posible reemplazar las exportaciones enviadas a EE. UU., como sugirió el presidente Petro en enero ante las amenazas de las imposiciones arancelarias de Trump. La dependencia económica de Colombia con EE. UU. viene desde más atrás. Sin ir muy lejos, para el año 2000 el 30 % de las exportaciones colombianas llegaron a manos norteamericanas y, de acuerdo con el Dane y el U. S. Census Bureau, en 2015, poco después de la firma del TLC, las exportaciones a ese país alcanzaron su punto más alto: el 40 % de los productos colombianos. Mantener una relación preferente con EE. UU. es riesgoso. Como dice Javier Sánchez, “la imposición de aranceles a México y Canadá por parte de Trump demuestra la volatilidad de depender de un socio que prioriza sus intereses sobre la estabilidad regional”. Por su parte, quienes se han acercado a China han enfrentado consecuencias directas desde Washington: el 28 de febrero del 2025 Trump afirmó que el canal de Panamá estaba bajo influencia china, y amenazó con medidas arancelarias a este país. En consecuencia, Panamá decidió no renovar el acuerdo de entendimiento con China que está vigente hasta el 2026 y por el cual hace parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Yo creo que es interesante ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque Trump está en una dinámica un poco amenazante: ellos o nosotros; pero tampoco está ofreciendo beneficios a cambio de elegirlos a ellos. Puede que Panamá se quede sin el pan y sin el queso”. Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit. Tweet La vía hacia el Lejano Oriente Cientos de países se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que inició en 2013 con Xi Jinping, presidente de China. Esta estrategia se basa en la financiación de grandes proyectos de infraestructura por todo el mundo, como puertos en el océano Índico, el Sudeste Asiático, África y ciertos puntos de Europa, además de gasoductos y vías férreas entre Asia y Europa con el objetivo de consolidar la economía china. Panamá fue el primer país de la región en adherirse a este acuerdo en el 2017. Le siguieron Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina. Colombia fue el último en sumarse. El 14 de mayo Gustavo Petro firmó el ingreso del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante una
Colombia: donde defender la tierra es una condena de muerte
El 10 de septiembre Global Witness publicó su informe sobre la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el 2023, en el cual Colombia aparece como el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en el mundo. 17 de los 168 líderes sociales asesinados en el 2023. En el 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe Voces Silenciadas, de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En este boletín, Colombia es el país con más homicidios de estos líderes, con un 40 % de todos los casos registrados. El informe evidencia que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado desde que comenzaron los registros. Además, desde hace cinco años, Colombia encabeza la lista de estos asesinatos en el mundo, exceptuando en el 2021, cuando ocupó el segundo lugar después de México. Línea de tiempo de líderes ambientales asesinados en Colombia en los últimos 5 años. Defender el medio ambiente en Colombia se volvió una amenaza de muerte. En el primer trimestre del 2024 hubo 70 amenazas hacia líderes que defienden estas causas. Miguel Gutiérrez es líder ambiental conservacionista desde el 2019, trabajó temas de conservación de los ecosistemas, del agua y los bosques en el oriente antioqueño, específicamente en San Rafael, Antioquia. Desde el 2021 organizó varias marchas en contra de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el municipio y a partir de eso recibió de amenazas en su contra y en contra de quienes trabajaban junto a él. Tanto así que uno de sus compañeros tuvo que exiliarse. “Hay un resurgimiento de nuevas estructuras criminales en la región, además, en gran parte de los proyectos que denunciamos había políticos relacionados” Miguel Gutiérrez, líder ambiental conservacionista. Tweet En lo que va de este año no se ha evidenciado una mejoría en la situación, pues según el boletín del Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), el primer trimestre de 2024 estuvo marcado por un contexto similar al anterior, caracterizado por las dificultades en la paz total, pocos avances en las políticas de garantías para los defensores y una profundización del conflicto armado y la violencia. “La situación de riesgo persistió y se materializó a través de asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados”, resalta el boletín. De enero a marzo se documentaron un total de 124 agresiones contra 115 personas defensoras de derechos humanos. Boletín trimestral de SIADDHH. Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, afirmó en entrevista que la situación de las personas defensoras en Colombia, en especial en los últimos años, ha sido bastante compleja, pues “después de la firma del acuerdo de paz los asesinatos han estado en aumento, aunque en algunos momentos en el país pueda descender un poco”. En los primeros tres meses del año se estima que hubo 1.4 agresiones diarias, que en relación con el mismo período del año anterior (2.9 agresiones diarias) representan una disminución del 52 %. Sin embargo, según Astrid, este descenso no representa un cambio sustancial en la situación de los líderes. Causas que no justifican La defensa de la tierra en Colombia se ha transformado en una lucha mortal, según expone María Angélica Mejía, doctora en Ciencias y Salud y con estudios en medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental, en su artículo Naturaleza y líderes ambientales: “Mientras las actividades extractivistas avanzan, las comunidades indígenas y negras, que históricamente han protegido los territorios, se enfrentan a crecientes ataques”. Además, señala que estos conflictos, motivados por la minería, la gestión del agua y el petróleo, no son casuales. El aumento de asesinatos está directamente vinculado al crecimiento de las industrias extractivas, convirtiendo a estas comunidades en un blanco principal de violencia. Industrias extractivas. Imagen generada por IA. Global Witness identificó que la minería fue el sector industrial con el mayor número de asesinatos a defensores en 2023, con 25 personas asesinadas por oponerse a operaciones mineras. Otros sectores involucrados en la violencia contra defensores ambientales fueron: – La pesca, con 5 defensores asesinados. – La explotación forestal, con 5 asesinatos. – La agroindustria, con 4 asesinatos. – Las carreteras e infraestructuras, con 4 asesinatos. – La energía hidroeléctrica, con 2 asesinatos. El caso de Miguel Gutiérrez, amenazado por oponerse a proyectos hidroeléctricos, evidencia que mucha de la violencia hacia los defensores ambientales en Colombia está relacionada con grupos delincuenciales. Según Global Witness, se sospecha que estos actores fueron responsables de la mitad de los asesinatos en el 2023. Desde Somos Defensores advierten que, aunque la minería y otros sectores extractivistas juegan un papel importante en la violencia contra quienes defienden la naturaleza, hay otros actores, como el narcotráfico y los grupos armados. Además existen causas estructurales como el incumplimiento del acuerdo de paz, la falta de coordinación entre instituciones y un modelo de protección insuficiente, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades defensoras. “El narcotráfico y los grupos armados no son la única causa que explica todo lo que pasa en el país. También tiene que ver con: la justicia, la efectividad, la coordinación interinstitucional que no existe en el Estado para proteger a las personas defensoras y un modelo de protección que no responde a las necesidades de los líderes y las lideresas” Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores. Tweet Boletín trimestral de SIADDHH. Desde la bancada de gobierno de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta declaró que las dinámicas económicas de los grupos al margen de la ley han tenido un giro hacia actividades más dañinas con la naturaleza. Para ella, las actividades que antes se concentraban en el tráfico de coca, hoy ya están en la minería, la explotación de hidrocarburos o en lo que sucede con los oleoductos: “Esas dinámicas destruyen la naturaleza, de allí surgen líderes sociales que salen a defender su territorio. Entonces se genera una mayor conflictividad socioambiental”, explica
