El océano en disputa: decisiones frente al mar para enfrentar la crisis climática
Apenas el 5 % del océano ha sido explorado y un 0,001% observado directamente en sus profundidades. Su aparente lejanía, sumada al alto costo tecnológico de estudiarlo, reforzó la idea de que es un espacio infinito, ajeno y secundario, frente a los paisajes terrestres que habitamos. La crisis climática actual revela que ignorarlo tiene consecuencias directas sobre nuestra supervivencia. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). A pesar de encontrarse en un planeta llamado Tierra, el océano ocupa el 70 % de su superficie. Se le suele poner un nombre específico dependiendo de la costa desde la que es avistado —Atlántico, Índico, Antártico, Pacífico y Ártico— aunque se trate de un mismo cuerpo continuo. Más que una masa de agua, es un bioma: una gran región viva del planeta moldeada por condiciones ambientales propias —como la salinidad de su agua— que a su vez alberga varios ecosistemas —arrecifes de coral, manglares, llanuras abisales, entre muchas otras—. Este gigante azul, testigo de las primeras formas de vida en la tierra, ha representado todo un reto en su estudio; apenas el 5 % ha sido explorado y un 0,001 % observado directamente en las profundidades, según el estudio reciente de Katherine Bell, y su equipo, publicado este año en la revista Science. Durante décadas, esa lejanía física —y el enorme costo tecnológico de estudiarlo— ha reforzado la idea de que el océano es infinito, inabarcable, secundario frente a los paisajes terrestres que habitamos. Este imaginario ha retrasado decisiones urgentes sobre su protección y gobernanza. Pero, en la medida en que la ciencia ha revelado su importancia, el océano empieza a permear las hojas de ruta para las políticas climáticas y ambientales de las próximas décadas. Si quieres saber más sobre el océano y su papel en la mitigación de la crisis climática, escucha el pódcast El océano en disputa: nuestro más grande aliado. El sesgo propio de ser animales terrestres Tardamos un poco en darnos cuenta de su importancia. Los que ahora poblamos la tierra tuvimos que desarrollar nuevas formas de locomoción, respiración y reproducción —entre muchas otras adaptaciones— para sobrevivir afuera del agua, salto que marcó un hito en la evolución. Desde entonces, pareciera que empezamos a caminar continente adentro y volvimos al mar solo para contemplarlo como si fuera una frontera, más que un territorio vivo. Esta distancia alimentada por nuestra inmersión cotidiana en ambientes terrestres, contribuye a que aquello que nos resulta lejano, complejo o difícil de investigar quede, con frecuencia, al margen de las discusiones sobre gobernanza, conservación e inversión científica. De ahí emerge lo que diversas investigaciones describen como un “sesgo terrestre”: una tendencia a priorizar los ecosistemas más visibles, accesibles o culturalmente familiares. Lejos de ser solo una intuición cultural, este patrón ha sido documentado en estudios que analizan cómo se distribuyen los recursos para investigación, conservación y formulación de políticas, mostrando una marcada predominancia de los sistemas terrestres frente a los marinos. Como lo señala el oceanógrafo portugués Miguel Bastos, en su entrevista para el medio divulgativo SINC, “la ciencia de la conservación está influenciada por prioridades humanas y no ecológicas”. Esta brecha no solo condiciona qué ecosistemas protegemos primero, sino también qué amenazas entendemos mejor, qué financiamiento se moviliza y qué crisis logramos ver a tiempo. El problema es que el mundo, fuera de la concepción humana, no funciona bajo esta lógica de separación y otredad. Los ciclos naturales son interdependientes: la cantidad de agua que llega a los páramos recibe la transpiración de los árboles del Amazonas, la pérdida del hielo Ártico intensifica los huracanes del Atlántico y el Caribe, entre muchos otros fenómenos de los que hasta ahora empezamos a entender su complejidad. El océano no es la excepción por lo que se hace necesario conocer su importancia para entender las acciones urgentes en negociaciones globales como las de las conferencias sobre cambio climático (COP). “El océano domina con creces la circulación del calor y gran parte de la vida en el planeta está relacionada con los sistemas marinos”, recuerda, en conversación con Mutante durante la COP30, Johan Rockström, científico pionero en las teorías que sustentan buena parte de la acción climática contemporánea —incluidos los puntos de inflexión y los límites planetarios—. “El planeta cuenta con un enorme termostato. Es una casa con sistemas de refrigeración hechos de tuberías de agua, y el calor lo atrapa el océano”, concluye. Esto se debe a procesos físicos —como la mezcla vertical, los vientos, las corrientes superficiales y el sistema de circulación profunda— que permiten redistribuir el calor alrededor del globo. Pero su papel no termina ahí. El océano también es fundamental en el ciclo del carbono: es responsable de cerca del 50 % del oxígeno que respiramos. Los pulmones del planeta también son marinos y están formados por fitoplancton, pastos marinos y otros organismos fotosintéticos. Además, el CO2 se solubiliza al entrar en contacto con su gran espejo de agua disminuyendo su presencia en la atmósfera. “El océano es nuestro mejor amigo, enfriando el planeta al absorber el 90 % del calor y el 25 % del dióxido de carbono. El problema es que esto es una respuesta al estrés, no es un favor. Es la forma en la que el planeta intenta mantenerse estable”, sostiene Rockström. Esa respuesta al estrés, por parte del océano, fuera de ser motivo de estudio y exposición en salones de conferencias, empieza a mostrar sus síntomas con las comunidades que viven día a día en sus orillas. Allí, desde la vivencia, es cuando se deja ver la urgencia en la implementación de soluciones acordes con el rol que cumple el océano en la estabilidad global. Trisha Forbes, bióloga marina oriunda de la isla de San Andrés, quien a través de su fundación Raizal Bluuh Ruuts trabaja de la mano con las comunidades de pescadores artesanales e isleños, comenta: “Lo que más me preocupa es escuchar a los pescadores decir ‘cada vez hay menos peces, los arrecifes ya no son como antes. Mis hijos ya no quieren pescar, porque
Financiar la adaptación: entre promesas globales y realidades locales
Colombia necesita adaptarse al cambio climático y lo hace a través de deuda. Una experiencia en el Lago de Tota, muestra los retos y aprendizajes para aprovechar mejor la financiación climática que llega al país. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). Colombia se endeuda para financiar asuntos de biodiversidad y cambio climático: el 93 % del financiamiento destinado a estos temas en 2023 fue a través de préstamos. Aunque el Acuerdo de París responsabiliza a los países desarrollados —que más contaminan— de financiar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en los países del sur global —los más afectados—, muchos de estos recursos generan deuda para los Estados que los obtienen. Además, el dinero que actualmente sí se recibe para acciones de adaptación en forma de donación, desde fondos creados por organismos como la conferencias de las partes sobre cambio climático (COP), no se aprovecha completamente en los territorios debido a retos que aún persisten en distintos niveles: los organismos internacionales, el Estado receptor —en este caso, Colombia— y las comunidades locales. Enfrentar estas dificultades permitiría que los fondos que hoy se implementan tengan los resultados esperados y sean sostenibles en el tiempo, así como preparar a las comunidades para el financiamiento directo que se viene discutiendo en escenarios como las COP. La financiación para la adaptación es un acto de justicia Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2 ni de otros gases causantes del cambio climático global. De hecho, son los países desarrollados los que más han generado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, quienes tienen mayor responsabilidad de restablecer la salud e integridad de la Tierra, como lo indica el Principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto también lo reafirma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que señala, además, que los países desarrollados tienen el deber de apoyar a los más vulnerables para hacer frente a los efectos del cambio climático. En el territorio nacional, los impactos económicos del cambio climático y de la variabilidad climática son evidentes. Por ejemplo, en 2010 y 2011, Colombia vivió la fuerza del fenómeno de La Niña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las lluvias e inundaciones generaron pérdidas por 11,2 billones de pesos, afectaron a 3,2 millones de personas y concentraron el 82 % de los daños en vivienda e infraestructura. El evento dejó en evidencia la profunda vulnerabilidad del país y la falta de estrategias de adaptación frente a fenómenos extremos. Desde entonces, fenómenos exacerbados por el cambio climático —como los incendios y la sequía de 2024— muestran la urgencia de fortalecer capacidades locales e involucrar a las comunidades en la prevención y atención de desastres, mediante acciones de adaptación. Aquellas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático Pero esto requiere recursos y, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, el 93 % del financiamiento internacional que ha recibido Colombia para biodiversidad y cambio climático ha creado endeudamiento; solo el 7 % corresponde a donaciones. La COP30 y el dinero para la adaptación El tema de financiamiento climático, especialmente las cantidades de dinero que deben aportar los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones de adaptación, entre otras, es uno de los principales puntos de discusión durante las conferencias de las partes. En la pasada COP30, realizada en noviembre de 2025 en Brasil, se lograron avances importantes en financiación climática, aunque sin romper la tendencia dominante: la mayor parte de los recursos internacionales sigue llegando en forma de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo. María Paula González Espinel, abogada de Ambiente y Sociedad, indica que solo se hizo un llamado a trabajar en la posibilidad de que el financiamiento tenga mejores condiciones que las tasas del mercado o exista una mayor opción de subvenciones, pero no quedó como una obligación para las Partes. En la COP30 se definieron por primera vez indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA), orientados a medir avances en resiliencia —desde el acceso al agua hasta la mortalidad por calor extremo—, que permitirían identificar brechas en la inversión, sectores con mayor financiamiento y grupos poblacionales más expuestos (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas). Sin embargo, muchos fueron modificados a última hora, quedando incompletos o técnicamente inviables; por lo que seguirán siendo discutidos en las negociaciones previas que se realizan cada año, en Bonn (Alemania), antes de la próxima COP, y no es claro si los países estarán dispuestos a comenzar a utilizarlos. La conferencia concluyó con el compromiso de triplicar la financiación para adaptación hacia 2035, lo que significa destinar unos 120 mil millones de dólares anuales a adaptación dentro del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), adoptado desde la COP29. Sin embargo, esta cifra sigue muy por debajo de las necesidades reales, pues el IHLEG estima que solo las economías emergentes y en desarrollo –incluída Colombia– requerirán 400 mil millones anuales exclusivamente para adaptación, dentro de un total de 3,2 billones necesarios para el clima y la naturaleza. En respuesta a esta brecha, la Hoja de Ruta Baku to Belém plantea movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento externo para los países en desarrollo para 2035, aunque su cumplimiento dependerá del compromiso de las Partes y de una mayor cooperación internacional. Además, la financiación para la adaptación continúa dependiendo casi totalmente del sector público, ya que muchos proyectos esenciales —como la protección costera frente a inundaciones— ofrecen poca rentabilidad y no atraen inversión privada. Mientras estas discusiones siguen latentes en el escenario internacional, con el pequeño porcentaje que llega a los países del sur global en forma de donaciones —o dinero que no debe devolverse— ya se están financiando proyectos de adaptación al cambio climático. Estas experiencias permiten comprender el proceso de financiación desde el planteamiento hasta la llegada a los territorios, así como
La industria textil se descose hilo a hilo
Colombia enfrenta una crisis en el gremio textil y de confecciones. Según el Observatorio de Inexmoda, en el 2025, el volumen de las importaciones de confecciones creció un 30.3 % y el de los textiles un 18.2 %, ambos con respecto al año anterior. Esto afecta a las grandes industrias y a los emprendimientos familiares que siguen trabajando para mantenerse dentro del mercado. Bodega de Bantino, empresa de confecciones que, principalmente, produce camisetas. Fotografía: Sofía Parra Álvarez y Anneth Sofía Huérfano Torres. Los fabricantes nacionales están sobre un tejido económico que muestra señales de desgaste, y se enfrentan al riesgo de que telas internacionales ocupen su lugar en el clóset de los colombianos. De acuerdo con el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), en 2025, las importaciones de confecciones tuvieron un valor 821 millones de USD CIF. Aunque las exportaciones de confecciones aumentaron un 3 %, comparado con las cifras de 2024, estas generaron 526 millones de USD FOB*, es decir, 295 millones de USD menos que las importaciones. Esto representa afectaciones en el empleo, los costos de producción y las ventas de insumos y confecciones colombianas. Otros factores como el comercio electrónico, la falta de capital, el contrabando y el aumento de costos, entre otros; han generado un gran impacto en la industria textil. En Medellín, Coltejer tuvo que suspender sus operaciones en 2021 y en enero de 2023 despidió a sus últimos empleados. Aún así, el grupo mexicano Kaltex (dueño de Coltejer), explica que la empresa no está en proceso de liquidación y que más adelante buscará estrategias para volver al mercado. Por otro lado, debido a una deuda de 34.000 millones de pesos, Fabricato se sometió a una reestructuración que inició en el año 2000 y finalizó el 9 de febrero de 2025. En enero del 2026, Fabricato anunció el cierre de su planta de hilado, una de sus tres líneas de producción. El precio de la importación de confecciones ha sido mayor que el de las exportaciones desde la regulación del mercado, luego de la pandemia por COVID-19. Fuente: Observatorio de Confecciones Febrero 2026 – Inexmoda. Hecho con Flourish. Además de estas compañías, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también han sufrido afectaciones. Aunque el gasto de los hogares en moda (3.13 % del gasto nacional) ha sido mayor en 2025 que en los últimos cuatro años, el centro de interpretación de datos Raddar explica que esto “no se traduce en impulso a la producción nacional, ya que gran parte del crecimiento comercial proviene de mayor importaciones”. Sebastián Hernández es uno de los emprendedores que sintió los efectos de esta situación y no tuvo más opción que cerrar su empresa. Junto a su mamá, Alida Ortiz, fundaron Manutex en 2015, una empresa de textiles para pijamas y repuestos de ropa interior. Durante nueve años trabajaron duro por su negocio y, en el camino, se encontraron con más de una barrera. La que más les afectó, según Sebastián, es la competencia injusta con plataformas de moda asiáticas. “Muchos clientes de Cali nos explicaban que Shein y Temu venden ya el producto terminado […] eso entra acá al precio que sea y el producto nacional, de verdad que decayó demasiado”. En la década del 2010 el comercio electrónico comenzó a tomar fuerza en Colombia. Esto le dio protagonismo a los productos originarios de China, lo que se reafirmó con la llegada de Shein y Temu al país en 2024. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), de 2016 a 2024, las importaciones de confecciones fluctuaron entre 40.260 y 52.440 toneladas netas, que produjeron entre 583 y 917 millones de USD. Para 2025, China fue el origen del 45.7 % de estas importaciones, seguida de Bangladesh (11.9 %), Vietnam (6 %) y Camboya (5.8 %). Según BBC News, en China, los trabajadores pueden ganar menos de un dólar por la confección de una prenda. Fuente: Observatorio de Confecciones Febrero 2026 – Inexmoda. Hecho con Canva. Otra de las razones por las que Sebastián y Alida decidieron no vender más franelas, fue la dificultad para adquirir los insumos debido a su alto costo. Con base en el observatorio de Inexmoda, el índice de venta de productos textiles ha tenido una tendencia a la baja desde el 2022, y en 2025 disminuyó un 1,5 % con respecto al año pasado. Ladinay Medina, líder de la textilera Tesk, comenta que “se ha visto bajar el volumen de rotación de la tela, porque la importada está más barata”. Arturo Vargas, trabajador de la textilera Fantasías Shara, dice que “nosotros mandamos a producir a China, importamos y vendemos acá en Colombia” ya que, explica, los materiales que importan no se producen en el país por falta de capital. En Medellín, algunas de las empresas que se sostienen y no han sentido el impacto de las importaciones, lo hacen porque deciden comprarle los insumos a países asiáticos. Durante 2025, esto ocasionó un aumento del 16.6 % en el volumen de las importaciones de textiles, mientras que la exportación de los mismos disminuyó un 7.9 %, ambas cifras con respecto a 2024. En 2025 el precio de las importaciones de textiles fue aproximadamente nueve veces mayor que el de las exportaciones. Fuente: Observatorio de Textiles Febrero 2026 – Inexmoda. Hecho con Flourish. Jhon López es el representante legal de Bantino, una empresa productora de ropa en La Candelaria. Dice que la mano de obra que paga a las mujeres que tienen taller en casa, es de 3.000-3.500 pesos por prenda, y agrega que “en China está al mismo precio. Por no decir que aquí es un poquitico más económico”. Según el doctor en administración y analista César Montoya, esta es la industria más “inhumana”, pues reduce costos bajando los salarios de la mano de obra para lograr competir con precios como los de dicho país. Bajo esta lógica, las operarias tienen que trabajar más tiempo que el de una jornada laboral para recibir un sueldo digno, pero “¿dónde le queda el tiempo
Viviendas que no alcanzan y techos que no protegen: el reto de vivir en Robledo
En Medellín, miles de familias habitan viviendas inadecuadas. Solo en Robledo, la segunda comuna más grande y poblada, más de 18.000 hogares tienen déficit habitacional. El crecimiento poblacional, el alto costo de vida, la falta de programas sociales y los impactos en la salud hacen que, para muchos, una vivienda digna siga siendo un privilegio más que un derecho. Foto: Valeria Londoño Morales Entre el mosaico de ladrillos naranjas y techos de zinc que conforman los barrios de Medellín, miles de familias viven en viviendas que no cumplen condiciones adecuadas. En algunas, la cocina se confunde con el espacio para dormir; en otras, las paredes son de tabla o esterilla, los techos están remendados, no hay agua corriente y por las calles nunca ha pasado el camión de la basura. Mientras tanto, otras familias ni siquiera logran tener un techo propio y deben compartir vivienda con parientes o mudarse de arriendo en arriendo. A este fenómeno se le conoce como déficit habitacional. En Medellín (2024), uno de cada cinco hogares presenta problemas de vivienda: 192.475 hogares, equivalentes al 19.14 % del total de la ciudad (1.005.376). El 80.1 % corresponde al déficit cualitativo, es decir, viviendas que existen, pero que presentan, por ejemplo, goteras, grietas, instalaciones precarias o materiales frágiles que impiden considerarlas dignas y seguras. Y el 19.8 % restante representa el déficit cuantitativo, cuando faltan viviendas para cubrir la demanda. Entre tanto, hay comunas más o menos afectadas según sus particularidades. Hoy el fenómeno aqueja particularmente a tres (ver mapa). Según la Alcaldía*, 18.148 hogares de Robledo vivían en déficit habitacional en 2024. En 2021 eran 11.994. El aumento del 51.3 % puede no notarse desde la calle, pero está ahí, escondido detrás de paredes agrietadas, techos remendados, cocinas improvisadas y habitaciones donde duermen más personas de las que caben. Your browser does not support the video tag. Viviendas que no alcanzan Beatriz Posada tiene 59 años y vive en Robledo desde que tenía dos. Casi toda su vida transcurrió en el barrio El Pesebre, pero hace siete años reside en el Olaya Herrera y es la presidenta de su Junta de Acción Comunal. “Aquí sí hay mucha gente que en verdad no tiene casa y viven en unos ranchitos de madera que uno dice ‘pero ¿cómo hacen para vivir ahí? ¿Cómo hacen para acomodarse, cómo hacen por Dios?’ Aquí hay muchas familias que necesitan un hogar”, dice Beatriz sobre lo que hoy ve como paisaje en Robledo. A esta problemática se le conoce como déficit habitacional cuantitativo: la falta de viviendas suficientes para cubrir la demanda de hogares que necesitan una. Según la Alcaldía de Medellín, entre 2021 y 2024, Robledo sumó 10.797 habitantes, 7917 hogares y 7425 viviendas. Aunque las cifras parecen equilibradas, la realidad no lo es: la construcción no alcanza a compensar el deterioro ni el aumento de la demanda, y en 2024 la comuna registró el mayor número de casos de déficit cuantitativo en Medellín. Los datos muestran que el problema crece rápido: en 2021, Robledo tenía 1996 hogares con déficit cuantitativo (2.81 %), pero para 2024 la cifra subió a 6533 (8.4 %). El contraste ayuda a dimensionarlo: ese mismo año, comunas como El Poblado, Belén y La América registraron porcentajes mucho menores —3.3 % (1576), 2.8 % (1890) y 0.4 % (144) de hogares afectados, respectivamente— y entre los más bajos de la ciudad. Robledo, la comuna 7 de Medellín, es la segunda más extensa de la ciudad con 9.46 kilómetros cuadrados. Ubicada al noroccidente, limita con seis comunas —Doce de Octubre, Castilla, Laureles–Estadio, La América, San Javier y San Cristóbal— y está conformada por 22 barrios: Pilarica, Altamira, Córdoba, San Germán, Cerro el Volador, Bosques de San Pablo, B. Facultad de Minas U. Nacional, Villa Flora, Palenque, Aures No. 1, Aures No. 2, El Diamante, López de Meza, Bello Horizonte, Robledo, Pajarito, Monteclaro, El Cucaracho, Fuente Clara, Olaya Herrera, Santa Margarita y Nueva Villa de Iguaná. Your browser does not support the video tag. El déficit habitacional se ha extendido por toda la comuna 7, aunque es más crítico en algunos sectores. “El mayor porcentaje está en la zona Sur, en los retiros de la quebrada La Iguaná. Desde El Pesebre hasta el límite con San Cristóbal hay barrios de invasión donde no hay calidad de vida”, explica Fernando Castañeda, tecnólogo en Gestión Ambiental y coordinador de la Mesa Ambiental de Robledo. Por su extensión, Robledo acoge una población numerosa. En 2024 tenía 212.453 habitantes —52.8 % mujeres y 47.2 % hombres—, lo que la convierte en la segunda comuna más poblada de Medellín, después de Belén. En 2013 vivían allí 168.624 personas; en 12 años sumó 43.829 habitantes, un aumento promedio de 3650 personas por año. Además, la mayoría de sus habitantes tienen entre 20 y 44 años. Ese crecimiento sostenido se refleja en la creación de nuevos hogares y en la presión sobre la demanda de vivienda. En 2005, Robledo tenía 44.143 hogares, de los cuales 4429 presentaban algún tipo de déficit; 1052 correspondían a déficit cuantitativo. Entre 2021 y 2024, hogares y viviendas aumentaron de forma constante, aunque no siempre al mismo ritmo. Esta dinámica evidencia la creciente presión habitacional en la comuna. Según el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP), el alto número de casos de déficit cuantitativo en Robledo se explica, en parte, por su elevada movilidad residencial: la comuna es al mismo tiempo emisora y receptora de migración intraurbana. Mientras muchas familias se trasladan a otras zonas, otras tantas llegan a instalarse allí. Datos del DAP evidencian que Robledo recibe el 7 % de la migración intraurbana de la ciudad y alrededor del 7.5 % de la población migrante total. Esto, sumado a variables que no pudieron preverse en 2014 al elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), dificulta hoy las asignaciones presupuestales. “El crecimiento demográfico, las dinámicas de la pandemia y la pospandemia, y el que Medellín se convirtiera en un epicentro de migración y turismo, sobre todo de nómadas digitales,
Despegar siendo músico emergente
Para muchos músicos emergentes, escribir canciones no es el mayor desafío. Lo verdaderamente complejo comienza después: sostener el proyecto, encontrar escenarios, acceder a formación, circular la música y, sobre todo, no abandonarla en el intento. El talento abunda, pero las plataformas son escasas, abrirse camino en la música suele disputarse entre la vocación y la supervivencia. Foto: ICPA. Hacer música no empieza en un escenario ni termina en una canción publicada. Empieza, muchas veces, en una habitación prestada, en una libreta con letras que no se cantan en voz alta, en un trabajo que no tiene nada que ver con el arte pero que permite sostenerlo. Los músicos emergentes se enfrentan a la falta de tiempo, de recursos, de oportunidades viniendo de lugares precarizados y, sobre todo, de espacios que les devuelvan la certeza de que su oficio tiene un lugar posible. Esta es la historia de dos músicos que intentan despegar sin atajos, en un país donde crear no siempre garantiza existir. En medio de trayectorias interrumpidas por la rutina, las necesidades y la enfermedad mental, apareció un estudio rodante que, por unos días, se instaló en sus municipios y alteró el curso de sus carreras. Hacer música cuando la vida aprieta Cuando Damián Tello llegó a Antioquia, la música dejó de ser el centro de sus días. Antes de ser «Cresllo» era, ante todo, alguien intentando sostenerse. Había dejado Cali y, como muchos jóvenes, tuvo que concentrarse primero en resolver lo inmediato: el arriendo, la comida, el trabajo. Atravesó un periodo en el que las urgencias económicas se impusieron sobre cualquier proyecto artístico. Durante meses trabajó haciendo domicilios entre Medellín y el Occidente antioqueño, jornadas largas en moto que lo dejaban exhausto. «La rutina ya me había aplacado tanto que no había vuelto a hacer música», cuenta. Su relación con la creación venía de mucho antes. Aprendió a escribir entre los tres y cuatro años, guiado por su padre, y desde entonces no dejó de hacerlo. En el colegio fue parte del periódico estudiantil, más por la posibilidad de publicar sus propios textos que por el ejercicio periodístico en sí. «Siempre estuve escribiendo», dice. La escritura fue el puente que más tarde lo llevó a la música. En el rap encontró una forma de trasladar la poesía a la canción, influenciado por raperos españoles como Porta, Nach y Santaflow pero, especialmente, por la escena venezolana de Apache, Canserbero y Lil Supa. «Me crié musicalmente con el rap venezolano». Su historia es parecida a la de cientos de músicos que iniciando sus carreras se enfrentan a la realidad de tener que dejar la música en segundo plano para sobrellevar el día a día. Aquellos que no cuentan con una plataforma que los respalde o ganan algún concurso que encamine sus carreras, corren el riesgo de abandonar la música. Damián, afortunadamente, contó con lo segundo. En medio de la rutina de levantarse, ir a trabajar, trasladarse de Ebéjico a Medellín, de Medellín a Ebéjico varias veces en el día, la primera convocatoria de La Nave, el estudio rodante de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que visita a las subregiones para apoyar las carreras de artistas emergentes, apareció en un momento inesperado. Damián se inscribió sin grandes expectativas. No tenía un plan trazado ni una ambición desmedida. «Mi objetivo era ir a divertirme», cuenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió no ir a trabajar. El proceso fue distinto a lo que imaginaba. Desde el trato inicial hasta la dinámica de las audiciones, la experiencia le devolvió una sensación que había quedado relegada: la de ser artista. «Fue recordar literalmente mi motivo de existencia. La música es lo que me mantiene vivo«, afirma. A pesar de sentirse intimidado por el nivel de otros participantes, cuando subió a la tarima decidió entregarlo todo. «Cuando toco el escenario dejo de ser Damián y me convierto en Cresllo». Fue elegido como uno de los ganadores de la primera temporada. El anuncio lo tomó por sorpresa. «No me lo creía», recuerda. Los aplausos, luces y vítores no bastaron para sacarlo del trance, pasó un minuto antes de que reaccionara y se diera cuenta que algo estaba a punto de cambiar. «Llegó como una cachetadita de la realidad, como un recordatorio de que sí podía hacerlo«. El aprendizaje más fuerte no vino del escenario, sino de los conversatorios con artistas de trayectorias consolidadas. Allí comprendió que la música no es solo creación, sino una industria que exige planificación, estrategia y trabajo colectivo. Mercado, público, identidad artística y el equipo son elementos que suelen permanecer invisibles para quienes apenas empiezan. «Hay que empezar a verla como una empresa, pero sin dejar de amarla». Después de su paso por La Nave llegaron otros espacios. Un campamento musical organizado por Sony Music Publishing, donde compartió procesos con artistas y productores ya posicionados. Lo que más le sorprendió fue el trato horizontal. «No era un seguidor hablando con un artista, éramos dos artistas». Durante ese proceso grabó «Rápido», una canción que marcó un cambio en su forma de trabajar. Escribió, reescribió, produjo y publicó. La letra salió en poco tiempo, «muy rápido», adaptándose a dinámicas profesionales distintas a las que conocía. Damián insiste en que el valor central de proyectos como La Nave está en algo que pocas veces se nombra: la dignidad del artista. «A cada persona que pasa por ahí, gane o no, se le da trato de artista». Escenarios adecuados, buen sonido, registro audiovisual y acompañamiento real se convierten en estímulos decisivos para no desistir. «Cuando alguien te da el valor que necesitas como artista, eso te da gasolina para avanzar». Cresllo durante un concierto de La Nave, el estudio rodante que recorrió municipios de Antioquia y le permitió grabar su primer sencillo en condiciones profesionales. Cortesía: Cresllo / ICPA. Cantar sin bajar la guardia A Jeyson Martínez, conocido artísticamente como «Son Jey», la música no lo encontró en una tarima, sino en la
La minería no calma la sed
Los ríos de Támesis suenan como el canto de los pájaros y son tan fríos como cristalinos. Mientras empresas multinacionales buscan minerales en las montañas por las que se derraman los afluentes, los habitantes del municipio defienden lo que consideran más valioso. Esta es la historia de la resistencia de los tamesinos por el agua.
Si la minería acecha, Támesis resiste
La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra.
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
Los juegos del cobre en Putumayo
La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero
Guainía se le planta a la minería con el turismo
En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció