Luces, cámaras, ¡campaña!
Se aproximan las elecciones presidenciales de 2026 y los precandidatos se preparan para el espectáculo. Generar debates con argumentos serios y plantear propuestas viables no está de moda, ahora lo importante es seducir a la ciudadanía con videos entretenidos y conquistar a las juventudes jugando al ping-pong en TikTok. Los precandidatos deben mantenerse a la vanguardia porque saben que en plena revolución digital las formas de la comunicación política también se están transformando. Parece que ya no basta con ponerse una camisa blanca y posar en contrapicado con una expresión heroica; o tener un chaleco rojo, el ceño fruncido, mirada penetrante y el puño en alto como símbolo de fuerza. Las nuevas demandas de las comunidades virtuales nos dejan un grupo de líderes políticos que, convertidos en actores y actrices, preparan su obra de teatro. Tras bambalinas repasan una y otra vez sus líneas, se acomodan las camisas, se peinan y hacen ejercicios de yoga facial para que la hipocresía al sonreír no les cause parálisis en el rostro. El exministro Juan Carlos Pinzón preparó su fino paladar para comer tomate en una plaza de mercado de Armenia; la experiodista Vicky Dávila aprovechó para degustar empanadas de mil pesos ante las cámaras, y la senadora María Fernanda Cabal no perdió la oportunidad para criticar los sellos de advertencia en los alimentos cuando destapó su fiambre. Si no llegan a la presidencia, al menos tendremos suficientes foodies para promocionar emprendimientos gastronómicos. Abelardo de la Espriella es uno de los protagonistas de esta tragicomedia. Antes de subir al escenario se perfila la barba y se acomoda la corbata seguro de ser un ícono de la moda; repasa su discurso –valor, honor y patriotismo, vamos a destripar la izquierda, el Estado es un monstruo que si se recorta, se hace más funcional, ¡firme por la patria!– y antes de subir al escenario guarda su ateísmo –por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos los mamertos, Fecode y Petro, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre de Alvarito, de Miguel Uribe, padre e hijo, y del espíritu de Milei, amén–. Algunos medios hegemónicos disponen sus recursos para adecuar el teatro: promueven la idea de crisis e inestabilidad en la que se encuentra Colombia y preparan el panorama ideal para que un caballero con sombrero aguadeño montado sobre una yegua llegue a rescatar a la pobre patria sometida por las garras de la izquierda. La revista Semana muestra en su portada a Abelardo, “el Tigre”, y le cede sus micrófonos para que reitere que es “un tipo sin trayectoria política, sin estructura, que no pertenece a la casta política, que no está financiado por los grandes capitales”: el nuevo outsider de la política. Y así, los personajes principales tratan de medir su popularidad con el aplausómetro. El único que no ha podido concretar su papel es el exalcalde de Medellín e imputado Daniel Quintero que, a pesar de demostrar su destreza para actuar, recibió otra negativa de la Registraduría para inscribir su candidatura por firmas y una inhabilidad de la Procuraduría por seis meses para ejercer cargos públicos. Nos perderemos de su espectáculo Reset total contra el narco y los corruptos, una adaptación de la dramaturgia de Nayib Bukele. Una de las consecuencias que dejan estas formas de emplear las comunicaciones es que las audiencias terminan por exigirles a otros candidatos que caigan en la misma teatralidad, de lo contrario sus discursos “no venden”. No sobra mencionar que estamos ante nuevas formas de entender las campañas y que nos tendremos que acostumbrar a ver influencers con candidaturas, como a Hernán Muriel, quien hizo campaña en redes sociales con su cuenta Cofradía para el Cambio; al youtuber Walter Rodríguez, conocido como Wally, a quien no le gustan las “listas cremallera” que buscan darles más protagonismo a las mujeres en las listas al Congreso; y a Laura Daniela Beltrán, “Lalis”, quien no convence con sus explicaciones sobre la agresión que se habría inventado en 2018. A juzgar por los resultados de la reciente consulta popular del Pacto Histórico, tienen casi asegurada su curul para llegar al Congreso. Por cómicas que nos puedan parecer estas situaciones, las estrategias de persuasión que pretenden sacar de contexto la situación política del país para desinformar y profundizar la polarización ponen en riesgo la democracia. Esta obra de teatro, que no cobra a la entrada, puede salir muy cara a la salida. En las últimas elecciones tuvimos la comedia de terror Les pego su tiro mal… nacidos, inspirada en Narcos, en la que el ingeniero por poco nos obliga a subir a la “rodolfoneta” para salvarnos de la parranda de sinvergüenzas que “metían droga, metían prostitutas, cocaína y marihuana”. Y no olvidemos que cuatro años antes el espectáculo le funcionó al expresidente Iván Duque, que demostró tener más habilidades con el balón y la guitarra que con la gerencia del país.
Ni es mar, ni es playa. Es innovación cosmética
La obra no estaba incluida dentro de los proyectos estratégicos que la alcaldía presentó a inicio del cuatrienio, ni durante la discusión del Plan de Desarrollo. Pero el proyecto ya arrancó.En el episodio #56 de Hablalo conversamos con César Hernández, exdirector de Planeación de Medellín y defensor del proyecto, quien nos explicó que para estos proyectos de espacio público generalmente no se contemplan los efectos de estas obras en el costo de vida de la ciudad, sino que buscan mantener el concepto de Medellín como una ciudad innovadora ante la mirada de los turistas, con el fin de superar la estigmatización de Medellín como la ciudad más violenta del mundo hace 20 años. Entrevista: Valeria Morales Londoño y Juana Zuleta Betancur. Producción general: Valeria Morales, Juana Zuleta, Santiago Vega y Daniela Sánchez.
¡ParanoIA en el trabajo!
La Organización Internacional del Trabajo estima que en Colombia más de ocho millones de empleos pueden implementar la inteligencia artificial en ciertas labores, un escenario que promete modificar e incluso poner en riesgo las dinámicas laborales.
Un no futuro sin agua es posible
La crisis que atravesamos, así como las que vendrán, nos enfrenta a dos retos en gestión de los recursos hídricos. Primero, su disponibilidad, cada vez menor; y segundo, su distribución, que históricamente ha sido desigual. Ambos problemas podrían agravarse si no tomamos medidas urgentes para gestionar mejor el agua. Ha vuelto a llover sobre Colombia. Mientras escribimos este editorial, los titulares de los medios de comunicación cuentan que, por fin, hay una recuperación en el nivel general de los embalses. Ya rodea el 30 % y comienza a alejarse del número crítico que amenazaba con un racionamiento energético (27 %). Pero no sabemos qué puede pasar desde este momento hasta que usted nos lea, si efectivamente llegará un período de estabilidad climática antes de la llegada del fenómeno de La Niña o si, al contrario, este se adelantará y pasaremos de sufrir por la escasez a padecer los estragos que nos puede traer la abundancia mal gestionada del agua. Aunque somos el país con más páramos en el mundo y uno de los que tiene mayores reservas hídricas, también enfrentamos la paradoja de que el 25 % de los colombianos no tiene acceso adecuado a agua potable, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que Bogotá, la capital, ha tenido que tomar medidas de racionamiento de agua que podrían extenderse hasta por un año, según el alcalde Carlos Fernando Galán. El problema no se reduce al “arrunche hídrico” que propuso el mismo Galán en un torpe intento pedagógico. América Latina y el Caribe son de las regiones con más recursos hídricos disponibles, según datos de la FAO. Sin embargo, como muestra el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, esa disponibilidad viene en caída, de más de 35.000 metros cúbicos per cápita en 2010, a menos de 30.000 en 2018. Tenemos mucha agua, pero no tanta. La tendencia del planeta dibuja un futuro con todavía menos agua disponible para el consumo humano, un futuro construido desde un presente en el que la gestión eficiente y la distribución justa de ese recurso nos están quedando grandes. En Antioquia, aunque el estrés hídrico parece menor, no hay que celebrar. Al corte del 23 de abril, y tras varios días de lluvias, el embalse Riogrande II estaba en 39.3 %, La Fe en 53.2 % y Piedras Blancas en 62.6 %. Estos tres embalses proveen el 94 % del agua del Valle de Aburrá. Aunque Medellín no ha enfrentado racionamientos, Barbosa, municipio del norte del valle, completó casi dos meses con cortes por el bajo nivel de agua de la fuente de suministro y porque, a raíz de la escasez, el consumo aumentó hasta 130 %. Pese a que la actualidad de la capital antioqueña luce menos grave, EPM sabe que el suministro del futuro no está garantizado ante el imparable crecimiento poblacional del área metropolitana. Es por eso que ha contemplado la posibilidad de hacer más embalses de agua en el Oriente antioqueño, una subregión donde el agua no es solo fuente de vida, sino también de conflictos debido a presiones como las del turismo, la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam en 2022, hasta ese año el uso doméstico del agua en Antioquia era de un poco más del 10 %. Casi un 35 % se destinaba a generar energía, mientras que un 40 % comprendía a los sectores agrícola, piscícola y pecuario. Por su parte, la minería demandaba el 10 %, pero esa cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que abarca la mitad de la demanda nacional de ese sector. Los porcentajes restantes se comparten entre la industria y los servicios. Y claro, estas cifras abren una discusión sobre quiénes deben asumir la tarea de ahorrar, pues cada sector tiene un impacto diferenciado en la demanda. Sin embargo, aunque su consumo sea inferior, a los hogares también les corresponde la responsabilidad de gastar menos. Solo en el área metropolitana se consumieron 310 millones de metros cúbicos de agua en 2023, según EPM. Esto equivale a imaginar un chorro por el que salen 9.8 metros cúbicos de agua cada segundo. Para ese año tuvimos 315 millones de metros cúbicos disponibles. El doctor en hidrología Julio Eduardo Collazos considera que el problema es que falta empoderamiento de las entidades públicas respecto a la importancia del agua. Por eso, incentivar la reducción de su consumo, como en Bogotá, no es suficiente; mucho menos cuando hay una altísima incertidumbre sobre la disponibilidad hídrica futura: “A más población, un mayor consumo que no se puede obviar”. Desde el 2010, Colombia tiene una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta obliga a todos los municipios a tener un plan integral para el agua. Pero, como afirma Collazos, una cosa es nombrar la gobernanza del agua y otra es adoptarla. En 2022, el Departamento Nacional de Planeación evaluó los resultados del PNGIRH y resaltó que las entidades nacionales necesitan: “mayores capacidades administrativas, humanas y económicas para mejorar los resultados en la gestión del agua”. El Niño que va terminando también es buen ejemplo de esto. Pese a que comenzó a mediados del 2023, y ante las múltiples alertas por una posible crisis, las medidas no parecen haber sido efectivas, oportunas ni suficientes. Y lo irónico es que esta crisis y esta conversación ocurren justo cuando el Gobierno, al mando de Gustavo Petro, tiene el agua como un eje de su discurso y de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 11 de abril, Petro aseguró que entre sus principales políticas de adaptación al cambio climático –otro de sus leitmotiv– está la dotación de agua a toda la población del país y un adecuado saneamiento ambiental. Efectivamente, el PND propende por un ordenamiento territorial alrededor del agua y considera la necesidad de atender los conflictos relacionados con la disponibilidad y el uso de esta. A falta de indicadores para medir cómo esa disposición se ha traducido en hechos, el enfoque es adecuado, pues
Gobernando desde el patio de recreo
Las redes sociales son un gran patio de recreo mundial, un espacio para socializar, conocer gente nueva o encontrarse con los mismos de siempre. En algunas redes hay algo de esparcimiento, se puede pasar el tiempo o esperar entre clase y clase; aunque en otras no hay precisamente mucha diversión. Como en X (antes Twitter), en donde casi se pueden escuchar los gritos de guerra cuando abrimos la aplicación. X es un lugar lleno de abusones y de bullying, es un espacio en el que los que se creen los vivos están esperando “la caída” de los que se consideran bobos. Pero la hostilidad no es propia solo de X: en cualquier red social la exposición se vuelve vulnerabilidad, sin importar quién, qué o por qué se publique, todo es susceptible de ser criticado, descalificado y burlado. Las causas pueden ser nobles y tampoco se escapan de quien quiera esparcir su descontento y su ira en el ciberespacio Pero ¿qué ha hecho que esos patios de recreo digitales sean lugares hostiles? Primero, no hay que dar la cara, la tecnología nos permite expresar opiniones a diestra y siniestra sin mostrar quiénes somos, sin que nadie más (o eso esperamos) vea lo que escribimos, leemos, vemos y escuchamos. En segundo lugar, en las redes hay opiniones para todo y para todos, cualquiera es experto en cualquier tema, desde manejo de enfermedades crónicas hasta cultivo de suculentas. Tercero, la subjetividad prima en las redes sociales y tiende a poner al mismo nivel las opiniones y los hechos, de modo que se generen numerosos espacios de confrontación. Y esto lleva al ingrediente más importante: la polarización inminente en todo el mundo. Las redes son el espacio perfecto para desbocar la necesidad de definir pensamientos o posturas de un lado o de otro, una situación sin lugares intermedios. Desde hace unos años, pero cada vez con mayor entusiasmo, a los funcionarios públicos les ha dado por gobernar desde ese hostil patio de recreo. Desde tratar de generar empatía con los impuestos en TikTok hasta dar órdenes presidenciales por medio de X. Porque, así como Mr. Taxes (@luiscarlosrh en tiktok) responde preguntas sin sentido para tratar de explicar cómo funciona uno de los temas que más repele a las personas –los impuestos–, el presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo en X) gobierna desde su bolsillo, quiero decir, desde su celular. Petro es autosuficiente, él mismo publica en X en el momento en que le parece oportuno. Es impulsivo en esa red social: se desahoga, da órdenes, informa al país, interpela a otros, caza peleas. Lo vimos desde que era senador, pero con mayor ahínco desde la campaña y ahora durante su mandato. Es claro que no todas las publicaciones las hace él, pero fuentes confiables han confirmado que el presidente mantiene control casi absoluto de su cuenta en X, que tiene 7.4 millones de seguidores. El presidente colombiano ha sorprendido a su equipo de gobierno haciendo el cambio de gabinete por medio de X. También a los medios cuando se pronunció ante la captura de su hijo con un trino. Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023 Además, esa forma de gobernar por redes sociales, sin filtro, con un tono imprudente y confrontativo, ha generado varios de los conflictos que ha tenido que sortear y lo ha llevado a desinformar y buscar pleitos. Uno de esos conflictos se dio cuando anunció que el Gobierno había llegado a un acuerdo de cese al fuego con el ELN y sin existir tal acuerdo, en ese momento, se tensaron las negociaciones. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023 También han sido famosos los cruces de mensajes con otros gobernantes, como con el presidente de El Salvador en noviembre de 2023; y, más reciente y sorpresivamente, con su homólogo venezolano luego de que la Cancillería colombiana advirtiera su preocupación por las elecciones en Venezuela, lo que Maduro calificó como “izquierda cobarde” y ante lo que Petro publicó en X: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”. Otras situaciones que han trascendido a las redes sociales fueron sus cruces con el presidente argentino y sus declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de Cese al Fuego rompemos relaciones diplomáticas con Israel. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024 La impulsividad también lo ha llevado a salidas en falso de las que ha tenido que retractarse. El presidente se adelantó a anunciar el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva, cuando aún no habían sido encontrados. En otra ocasión se pronunció frente a la muerte de Amartya Sen, economista y premio Nobel, a lo que la hija de Sen respondió que su padre seguía vivo. Y como el líder da ejemplo, sus funcionarios no se han quedado atrás. El director de la Dian se ha posicionado en TikTok como Mr. Taxes y ha hecho una exitosa campaña para educar a los colombianos en el tema tributario. Con un lenguaje simple, una producción sencilla y respondiendo a lo que los usuarios de la red preguntan, Mr. Taxes ya tiene cuentas de apoyo y grupos de fans. Seguramente habrá que esperar a que termine el año fiscal para saber si esa estrategia logró recaudar más impuestos. Y otra joya fue el video en la cuenta personal de TikTok del director de la Unidad
Contra las encuestas: Andrés Julián Rendón es el nuevo gobernador
El candidato del Centro Democrático derrotó al exgobernador Luis Pérez, quien era el favorito de todos los sondeos de opinión. Después de la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero, entre 2008 y 2012, al uribismo le había sido esquivo el máximo poder político de Antioquia, pese a que este departamento es uno de sus principales fortines electorales. Esta tendencia se rompió este 29 de octubre, cuando el exalcalde de Rionegro Andrés Julián Rendón conquistó de nuevo el poder departamental para el Centro Democrático. Con el 88 % de mesas escrutadas, Rendón ya lograba suficientes votos para ser el virtual gobernador. Hasta entonces, obtenía el 46,90 % de los votos (379.121), seguido de Luis Pérez Gutiérrez, quien pese a ser puntero en casi todas las encuestas, quedó en segundo lugar con el 22,35 %. El tercer lugar lo ocupó Luis Fernando Suárez, candidato que representaba la continuidad de Aníbal Gaviria, con 14,15 % de los votos. Este resultado le da la razón a la última encuesta publicada por La Silla Vacía el 26 de octubre, en la que Rendón lideraba la intención de voto con un 37,3%, dejando en segundo lugar a Luis Fernando Suárez con un 15,9% y en tercer lugar a Luis Pérez con un 15,3%. Esa encuesta no acertó en el segundo y tercer puesto. Las alianzas anunciadas por Luis Pérez días antes de las elecciones, en las que se le sumó el apoyo de Julián Bedoya, Gilberto Tobón, Deicy Bermudez y Albert Corredor, no se tradujeron en las urnas. El cambio en la intención de voto en la semana preliminar a las elecciones fue muy marcado: Pérez pasó de ser el favorito con 24,8%, a ser el tercero en la lista, mientras que Rendón saltó del tercer lugar con 13,7% al primer lugar. El nuevo gobernador de Antioquia comenzó su carrera política en 2001 como concejal de Rionegro. Luego, trabajó en el Ministerio de Hacienda como asesor, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2008 y 2011 volvió al poder regional y ejerció como secretario de Gobierno de la administración de Luis Alfredo Ramos. Entre 2016 y 2019 fue alcalde de Rionegro. Rendón estudió Economía en la Universidad EAFIT y se especializó en Regulación Económica en esa misma institución. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y también es magíster en Administración Pública de la Universidad Americana de Washington DC. De la alcaldía de Rendón se desprendió un proceso penal vigente en contra de Rendón. La Fiscalía pidió imputarlo por el presunto detrimento de más de $1.200 millones que iban dirigidos a la construcción de dos CAI de la Policía que se gestionaron como iniciativas para cumplir con su plan de gobierno. Según la Contraloría General los CAI no habrían entrado en funcionamiento y se habrían construido en lotes con otras destinaciones. Una construcción estaba ubicada en el sector Cuatro Esquinas y se adelantó en una propiedad privada y la otra estaba en San Antonio de Pereira en un terreno de utilidad pública donde se tenía previsto un gimnasio al aire libre.
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno
Renunciar para participar en política: ¿transparencia o estrategia?
En una jugada inédita, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó su cargo para hacer campaña con su candidato a la Alcaldía. Aunque esta decisión es coherente con lo que dice la ley, reabre las preguntas aplazadas sobre la necesidad de regular la participación de funcionarios en elecciones. El primero de octubre, el ahora exalcalde Daniel Quintero renunció y se sumó a la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín. Con un video en X (antes Twitter), foto de la carta de renuncia escrita a mano dirigida al presidente Gustavo Petro y una cita bíblica en Instagram —“Y hubo un tiempo donde los gobernantes salían al campo de batalla…”, un canto de guerra sacado de la segunda carta de Samuel—, se dispuso a la contienda electoral. Al día siguiente, salió con la camiseta y la gorra de ‘Upegui Alcalde’ a insolarse en los alrededores de la Estación Acevedo del Metro cargado en hombros. Quintero renunció un día después de entregar “El poder de la verdad”, una publicación de rendición de cuentas. A diferencia de las salidas públicas que le costaron hasta una suspensión por parte de la Procuraduría por presunta participación en política, su salida de la Alpujarra le quitó el impedimento formal para hacerlo de frente. No obstante, esa decisión deja entrever una situación problemática: la participación de algunos servidores públicos en las actividades de agrupaciones políticas y en campañas electorales. (También puede leer: Quintero no fue el primero, Uribe le ganó) Lo que dice la norma La intervención en política de quienes trabajan para el Estado tiene algunas restricciones para “impedir que alguien con mucho poder y recursos pueda desnivelar la cancha de competencia”, explica Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Agrega que esas normas buscan evitar el desvío de recursos públicos a campañas. Por eso, el artículo 127 de la Constitución Política de 1991 estableció, originalmente, que los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas “que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”. Luego, el Acto Legislativo 02 de 2004 —el que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez— adicionó que los miembros activos de la Fuerza Pública tampoco pueden participar. Además, aclaró que los empleados no mencionados —como los elegidos popularmente a cargos como alcalde o gobernador y los de libre nombramiento y remoción, como ministros y secretarios de despacho— sólo podrán participar en esas actividades en los términos que señale una ley estatutaria. Casi 20 años después, esa ley todavía no existe. Para limitar la influencia del presidente-candidato, ese acto legislativo del 2004 agregó dos párrafos al artículo 127 con el fin de establecer desde cuándo podría buscarse esa reelección y que ese candidato no podría usar bienes y recursos del Estado para su campaña, al menos no distintos a los que los demás aspirantes tienen derecho a recibir. Adicionalmente, se estipuló que una ley estatutaria debía dictar los lineamientos específicos de participación de funcionarios frente a los procesos de reelección. La Ley de Garantías, promulgada al año siguiente, intentó regular este punto, pero la mayoría de los artículos relacionados fueron tumbados por la Corte Constitucional. Sin embargo, se salvó la participación de funcionarios de corporaciones públicas como concejales, diputados y congresistas. Desde entonces se han presentado diferentes proyectos de ley con la intención de regular explícitamente las condiciones bajo las cuales podría darse esa participación de los alcaldes y gobernadores. La Ley de Garantías es la que más lejos llegó, como explica Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). El más reciente intento por sacar adelante esa ley estatutaria fue impulsado por el representante Heráclito Landínez (Pacto Histórico) y otra decena de congresistas. Dentro de estos resaltan varios aliados de Daniel Quintero: Álex Flórez (exconcejal de Independientes), María Eugenia Lopera (del círculo de Julián Bedoya), Andrés Calle (quien condecoró a Quintero el 21 de septiembre en la Cámara) y Alejandro Toro (aliado de Quintero y exjefe de varios de sus secretarios, incluido el hoy candidato a la Gobernación Esteban Restrepo). Ese intento (proyecto de Ley 067 de 2022) se quedó “en neutro” y terminó archivado. Sin embargo, pretendía levantar la restricción de participación en política para los servidores de la rama Ejecutiva y Legislativa, así como los de órganos autónomos e independientes. Sobre esto, la MOE dijo: “es importante abrir el debate sobre si la habilitación para participar en política debe ser absoluta, frente a los servidores que contempla la ley, o si en su lugar debe existir una distinción en la aplicación de las prohibiciones”. La MOE señaló la importancia de preservar principios como el de la imparcialidad de la función pública y la libertad política de los electores. Por eso, según Mancera, una regulación debería esclarecer cómo un funcionario podría generar desequilibrio de acuerdo con el rol que juega en la entidad. Por ejemplo, no es lo mismo un secretario de despacho que una persona que trabaja en servicios generales. En otras palabras, hay vacíos y zonas grises que una ley estatutaria debería resolver. Uno de ellos, como señala el profesor Arenas, es la ambigüedad que genera la renuncia de un mandatario en ejercicio porque, aunque deje su cargo, queda con relaciones muy cercanas frente a los funcionarios que eran sus subalternos y siguen teniendo poder. Según Mancera, la discusión sobre la participación de servidores “genera muchas ampollas en el sector político” y ha faltado la voluntad necesaria para sacarla adelante. Arenas coincide: “Si las regulaciones son muy restrictivas y no hay unas condiciones, por ejemplo, de opinión pública que presionen al Legislativo, este no hace las reglas”. Participación y castigo Al no prosperar el proyecto de ley impulsado por los aliados de Quintero en el Congreso, la única forma que le quedaba para participar abiertamente era la renuncia. Así lograba evitar