Un genocidio ocurre en Palestina
Cuando se habla con palestinos hay algo que, sin saber, repiten todos: “mientras hablamos, un genocidio está ocurriendo”. ¿A qué se refieren? Al bloqueo de la entrada de bienes básicos como comida, medicina y agua, a los bombardeos, a los ataques contra la población civil y a los efectos de años de ocupación en la Franja de Gaza. Waseem Quzmar, de 20 años, y Omar Al Qaisi, de 22, son dos jóvenes palestinos muy distintos: el primero vive en Naplusa, en el norte de Cisjordania, y el segundo vive junto con su familia en Rumania desde que salieron exiliados de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Los une el dolor: para Omar y su familia las palabras no pueden explicar el horror que sienten al recibir las imágenes y las historias de lo que ocurre con sus compatriotas en Gaza; Waseem, por su parte, creció rodeado de violencia, escuchando de amigos y conocidos asesinados o apresados. Dice que se volvió insensible y que es una locura que la muerte de inocentes se haya normalizado tanto en su entorno. Ambos están de acuerdo con que los métodos de ocupación israelí en Palestina se han modernizado en los últimos años y que las condiciones de vida de los palestinos no han hecho más que empeorar. La violencia en Gaza empezó mucho antes del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El asedio, como llama Waseem al bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, comenzó en 2007, cuando él era apenas un niño. Ese año, Hamás, que en 2006 había ganado las elecciones, atacó las instalaciones de la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de tomar el control total de la Franja de Gaza. En respuesta, Israel, con respaldo de Egipto, promovió un bloqueo que impedía el acceso marítimo, aéreo y terrestre a la Franja, con la justificación de presionar económicamente a Hamás. El bloqueo continúa. “Lo que está sucediendo aquí en Cisjordania no es ni de lejos comparable con lo que la gente en Gaza está pasando y ha pasado durante años”. Waseem se refiere a lo que organizaciones como Human Rights Watch han condenado como “una prisión al aire libre”, ya que se ha impedido el ingreso de bienes, lo que limita las importaciones y exportaciones; en consecuencia, más del 65 % de la población de la Franja de Gaza vive en pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y el 63 %, en condición de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU. “Lo que pasa aquí es malo, las historias que he escuchado de tanta gente pueden decirme al menos eso, pero lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, sin duda alguna”, agrega Waseem, y con esto se refiere a lo que la ONU define como “un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El escalamiento El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa con cohetes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), alcanzaron el 70 % de su territorio. Los combatientes de Hamás asesinaron a más de 1200 israelíes y, de los rehenes que tomaron, más de 100 siguen retenidos o están desaparecidos. Hasta abril del 2024, según la ONU, grupos armados palestinos ‒entre ellos Hamás‒ seguían lanzando cohetes indiscriminadamente hacia Israel; algunos de ellos fueron interceptados por el domo conocido como “Cúpula de Hierro”: un sistema de defensa que cubre gran parte del territorio y que se encarga de frustrar ataques aéreos con misiles, drones y proyectiles. Según la policía israelí, la principal fuente de explosivos de Hamás son municiones que Israel lanzó sobre Gaza en los últimos 17 años y que no estallaron. Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que este ataque “representó una humillación para Israel”, que nunca había sufrido tantas bajas a manos de Hamás. Esto tiene una relación directa con la magnitud del impacto y la duración de la respuesta de Israel, que ha sido mayor en comparación con conflictos previos. Para Jaramillo, hoy es incorrecto hablar de un “conflicto”, pues no se trata de dos enemigos enfrentándose en igualdad de condiciones, sino de una respuesta desproporcionada de Israel en un contexto de ocupación histórica. El profesor añade que lo ocurrido el 7 de octubre “puso en evidencia el dolor de los palestinos ante la incesante opresión sionista”. El sionismo es un movimiento de ideología nacionalista cuyo objetivo es establecer un Estado nacional judío en territorios palestinos al considerar que les pertenecen ancestralmente. Es algo sobre lo que Omar habla con fervor. Después de todo, es el sistema de “brutalidad, redadas, asesinato y discriminación” que le arrebató a su familia su tierra natal y a él sus ganas de volver. El sionismo ha desencadenado un apartheid, que es el término utilizado por la propia comunidad palestina y las organizaciones internacionales para describir la exclusión, las agresiones y la privación de tierras de palestinos a manos de los colonos judíos. Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribe en una nota de prensa que miles de palestinos reportaron ser detenidos arbitrariamente dentro y fuera de Gaza, muchos de esos casos se convirtieron en desapariciones forzadas. Algunos de ellos alegaron maltrato y tortura a manos de las FDI. Según la ONU, entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, se registraron 203 ataques de colonos hacia palestinos, en cerca de la mitad de estos incidentes participaron las fuerzas israelíes, quienes escoltaban o apoyaban activamente los ataques. Waseem habla de asesinatos que ocurren en su ciudad, Naplusa. La presencia de las FDI en las ciudades de Cisjordania durante el día es inexistente. En cambio, dice que siempre ingresan tarde, entre las dos y las cuatro de la madrugada, ya sea para matar o arrestar a alguien. Moverse entre ciudades es difícil: hay carreteras completamente cerradas y otras con
“No se puede manejar de la misma forma un batallón que una universidad pública”
John Jairo Arboleda, rector de la UdeA designado para un tercer período, habló del ambiente en el que el Consejo Superior Universitario se decantó por él. Además, respondió a varias de las críticas que le han formulado desde varios sectores de la Universidad, como que su gestión ha sido “permisiva”. El rector John Jairo Arboleda en el 10|12 Lab, donde se grabó la entrevista. Allí anunció propuestas sobre la duración del período de la rectoría. Foto: Juliana Restrepo Santamaría. El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) reeligió a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, con seis votos a favor. En la sesión extraordinaria que se realizó en la Gobernación de Antioquia, Arboleda recibió el apoyo del sector productivo, el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el representante del profesorado, el de las directivas académicas y el de los egresados. El período 2024-2027 será el tercero en línea para él, no obstante, en esta entrevista aseguró que será el último. A propósito de su designación, De la Urbe habló con Arboleda sobre lo que la comunidad universitaria puede esperar de esta nueva gestión; y le planteó algunas dudas y cuestionamientos que quedaron tras la campaña, como su figura de candidato-rector y su relación con sectores del empresariado antioqueño. En un inicio, usted no estaba en las cuentas de las candidaturas, ¿por qué decidió volverse a lanzar? La normatividad universitaria permite que haya una postulación en el ejercicio del cargo. Desde lo personal, uno tiene que tomarse unos tiempos distintos. Así es que las decisiones son muy al final del proceso, y por eso precisamente quedé en el último lugar de la inscripción. También había sucedido en la primera (para el período 2018-2021). Yo era decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (2016-2017), y pensaba mucho en la toma de la decisión porque ‒siempre lo he dicho‒ no es un cargo, es una enorme responsabilidad la que uno asume; y para eso tiene que tomarse su tiempo para pensarlo, para discutirlo con muchas personas cercanas y, sobre todo, para preguntarle a la familia si están dispuestos a acompañar tantas ausencias. Terminó una campaña donde hubo mucha desinformación con respecto a las candidaturas. ¿Qué lectura hace sobre ese panorama? Muy lamentable. Yo lo sufrí. Lo sufrí porque yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia a los académicos universitarios de la dirigencia política nacional es que nosotros nos basamos en hechos, en cifras, y en la proyección que creemos que debe tener la Universidad. Yo no creo que haya cabida en un debate de estos para noticias falsas, mentiras completas, verdades a medias o para algunos comentarios tendenciosos. Y eso, desafortunadamente, nos pasó. Pero ya por fortuna sucedió el proceso de designación y esperamos recuperar nuestro espacio. En medio de ese panorama, unos carteles lo señalaban entre los aspirantes “del GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño). ¿Tiene alguna relación con el GEA o con el empresario Manuel Santiago Mejía? Tengo una relación interinstitucional. La Universidad de Antioquia y quien ocupe su rectoría hacen parte de la Junta Asesora del CUEE 2.0 (Comité Universidad Empresa Estado), y allí se encuentran todos los empresarios del departamento: los grandes, los medianos y especialmente los pequeños. Yo he tenido relación con el doctor Manuel Santiago en virtud de su participación en el Consejo Superior Universitario por muchos años. Él hace parte de la Junta Directiva del Hospital Alma Mater de Antioquia desde que era IPS universitaria, y ha sido un egresado de la Universidad que siempre ha estado muy atento en generar puentes de comunicación cuando se trata de gobiernos locales, regionales o nacionales, y también con el resto del empresariado. Tengo muy buena relación con los empresarios de Antioquia, con algunos de Colombia, e incluso en otras regiones. A mí me parece que es una gran oportunidad para que ellos conozcan de cerca la universidad pública, y sobre todo para que acompañen y apoyen muchos de los procesos que desarrollamos en los territorios. El 2 de abril el sector productivo votó por usted, cuando en principio había votado por la profesora Natalia Gaviria. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que el gran valor de mi candidatura fue la consulta. La comunicación que se conoció del Intergremial es que ellos se acogían también a esa consulta y que postulaban mi nombre. Y a raíz de lo que se suscitó con la elección de rector en la Universidad Nacional, el señor presidente hizo dos trinos en los cuales decía: uno, que se haga público por quién votan, así sea secreto el proceso; y dos, que apoyen a quien ganó en las consultas. ¿Cree que ser candidato-rector lo favoreció de alguna manera? Yo creo que favorece, sin duda. Primero por trayectoria, segundo por conocimiento del desempeño y funcionamiento de la institución; y por supuesto, cuando uno lleva seis años en el cargo hay mucha más gente que lo conoce y que ha trabajado con uno, y seguramente entre esas personas hay alguna preferencia por algún nombre, alguna figura en particular. Pero también hay riesgos. Yo creo que, en situaciones tan difíciles como las que nos toca administrar a las universidades públicas en nuestro país, es más fácil cometer errores, tener opiniones contrarias a lo que uno haya hecho. Finalmente, lo que se critica es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho es difícil de criticar, aunque también pueden venir críticas en cosas que se dejan de hacer. ¿Qué tan involucrado quiere estar en el debate sobre la reforma a la Ley 30? Como rector, lo que me toque hacer como la figura que represento. Pero sobre todo yo quiero ser un gran promotor de la participación que debemos tener los universitarios y la sociedad, porque yo creo que no podemos perder esta hermosa oportunidad de construir, porque este es un tema del orden nacional. La Ley Estatutaria de Educación va a generar la imperiosa necesidad de establecer no una reforma de la Ley 30,
El salto de fe de Daniel Quintero
Dos conciertos gratuitos de música cristiana reunieron a casi 90 mil personas mientras terminaba la Feria de las Flores del 2023. Entre los asistentes estuvieron el entonces alcalde Daniel Quintero y Diana Osorio, su esposa. «Aquí empezó todo hace cuatro años, donde pusimos en manos de Dios nuestro gobierno», escribió el exalcalde en sus redes sociales junto a esta foto tomada en lo alto del barrio Popular después de renunciar a su cargo. Foto: Instagram @quinterocalle. El 14 de octubre de 2023, en la iglesia Comunidad Medellín se celebró el servicio de las siete de la noche como ocurre todos los sábados. El encargado de la predicación fue el pastor Andrew McMillan, fundador de la iglesia. McMillan les habló a sus fieles de dos conciertos de música cristiana en los que esa congregación participó durante la Feria de las Flores y, antes de pedir un aplauso, dijo: “Daniel y Diana Marcela, gracias por el apoyo de ustedes abriendo la ciudad a este tiempo de adoración. Estamos muy agradecidos”. El pastor miraba a una sección de asientos cerca del escenario principal. Allí estaban Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio. Las sillas tenían la marca de “reservados” y estaban en una zona acordonada junto a las de otras personas del staff de la iglesia. Cuando terminó el servicio, ambos se despidieron de varios de los pastores y salieron por una puerta cerca del escenario que daba directo a una calle del barrio San Diego. Los conciertos de los que habló el pastor McMillan hicieron parte del A Pesar de Todo Tour, un evento de música cristiana con dos fechas en Medellín, el 6 y 7 de agosto de 2023, al que asistieron aproximadamente 90 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, entre ellos, Daniel Quintero y Diana Osorio. En ambos eventos participaron unos 15 invitados entre oradores, pastores y artistas nacionales e internacionales. Las dos fechas se llenaron y la mayoría de los asistentes venían de decenas de comunidades e iglesias cristianas de la ciudad y el departamento. Días antes, el exalcalde Quintero afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que estos conciertos serían los más grandes de música cristiana realizados en Latinoamérica. También dijo que serían el cierre de la Feria de las Flores, a pesar de que no aparecían en la programación oficial publicada por la Alcaldía de Medellín. Pastores de las iglesias organizadoras, Comunidad Medellín y Gracia Church, le dijeron a De la Urbe que la Alcaldía y EPM estuvieron en la lista de entidades que apoyaron la realización de los conciertos y que tuvieron un acercamiento directo con Quintero y Osorio para la coordinación de estos. Comunidad Medellín fue fundada en abril de 1994 por los esposos y pastores estadounidenses Andrew y Kathy McMillan. Llegaron a la ciudad como misioneros de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, de Cali. Esta, a su vez, fue fundada en 1976 por dos pastores que llegaron de Virginia, Estados Unidos, y que también fundaron el grupo Misión Sudamérica que actualmente tiene 53 iglesias desplegadas en Colombia, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Suiza y Venezuela. En febrero de 2023, Comunidad Cristiana de Fe Medellín pasó a llamarse solo Comunidad Medellín. Además, se desligó de Misión Sudamérica y de su red de iglesias con la intención de expandirse de manera independiente. Hoy los pastores principales de Comunidad Medellín son Juan Guillermo Ricaurte, exjugador de Atlético Nacional, y Liliana Restrepo, su esposa, además del matrimonio McMillan que todavía hace parte de la iglesia. «Quintero empezó a mostrarse cada vez más cercano a la fe y eso es algo público, en sus consejos de gobierno siempre mencionaba a Dios» Gracia Church es la otra iglesia que participó en la organización de los conciertos. Tuvo un rol protagónico al ser la encargada de gestionar el estadio y la logística de este. Fue fundada por el pastor y empresario Richard García, un migrante dominicano que llegó a Texas, Estados Unidos, y en 2012 fundó el Ministerio Gracia en la ciudad de Arlington. Más tarde, la iglesia adoptó el nombre con el que es conocida en la actualidad. Después, abrió sedes en Georgia y Nuevo México, Estados Unidos. Siguió su expansión en Tabasco, México; Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y la última que abrió fue en Medellín, en 2022. Ese mismo año organizó el primer gran concierto. El pastor de la sede de Medellín es el administrador de empresas Alejandro Herrera, quien dijo que a su iglesia asisten entre 40 y 50 personas por servicios y le aseguró a De la Urbe que los pastores García y McMillan han tenido contacto de manera constante con el matrimonio de Daniel Quintero y Diana Osorio. Agregó que las conversaciones para la elección de las fechas de los conciertos fueron directamente con el despacho del alcalde. Además, Herrera confirmó que la gestión para usar el estadio fue realizada por su iglesia directamente con la Alcaldía de Medellín: “Desde el año pasado [2022] se dio esa gestión. Gente del gremio de espectáculos culturales supo del concierto que nosotros queríamos hacer y ellos nos llevaron con la Alcaldía”. Aunque no ofreció detalles sobre quién facilitó ese enlace con la Alcaldía, Herrera sí dijo que para el momento en que empezaron a planearse los eventos, Quintero “venía desde hacía meses buscando hacer un concierto cristiano”. Por eso, el acercamiento de los pastores con el alcalde y su esposa fue clave para que coincidieran sus intereses. “No habían encontrado el cómo ni el con quién hacerlo y llegamos nosotros y empezamos a hacer ese nexo con ellos. Ustedes quieren esto y nosotros también”, contó el pastor. El A Pesar de Todo Tour solo ha tenido cinco conciertos, dos en República Dominicana y los tres restantes en Medellín. Eso porque, además de los dos conciertos con los que cerraron la Feria de las Flores del 2023, ya en 2022 esas iglesias habían organizado otro, también con el “apoyo logístico” de la Alcaldía, según asegura Herrera. Ese apoyo podría explicar por qué buena parte de esos
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
Paz es paz, pero plata es plata
El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro. Ilustración: Sara Uribe de los Rios El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali. La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico. Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016. Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la