Poor Things: ¿hasta qué punto es aceptable la libertad de una mujer?
El 25 de enero se estrenó en Colombia Poor Things, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone. Esta adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, ha sido controversial por su apuesta bizarra y explicita y por las diversas interpretaciones de su contenido que oscilan entre halagos por ser feminista y críticas que la tachan de romantizar la pedofilia. Foto: Searchlight Pictures. Hablar de Poor Things y de su mensaje requiere una disección rigurosa, como las que practica el doctor Godwin Baxter en sus clases de medicina. Requiere entender que en esta película, más que en muchas otras, es fundamental establecer el pacto poético para sumergirse sin miramientos en su mundo bizarro y absurdo. Y requiere trascender las acusaciones de apología a la pedofilia y glorificación del trabajo sexual para desentrañar lo que tiene para decir sobre la experiencia de ser mujer. Bella Baxter es una mujer nacida de la inserción del cerebro de un bebé en el cráneo de su madre suicida que murió ahogada. Habita un cuerpo adulto de mujer a la par que experimenta el mundo con la curiosidad e inocencia de una niña, y a través de sus sentidos y curiosidad se relaciona con una sociedad que no está preparada para recibir una mujer desinteresada en las cadenas que le impone. Esta extraña Frankenstein, producto del ingenio morboso de un científico loco que no le permite salir de casa, comienza, casi simultáneamente, a interesarse en el mundo exterior y a explorar el placer sexual, viviendo su nueva vida entre la emoción por las posibilidades de la existencia que se presentan ante ella y los deseos de control de los hombres que la rodean. Todos, con mayor o menor bondad en sus intenciones, esperan que ella se adapte al molde que le han diseñado en sus mentes y se descolocan al ver que, aunque ciertos aspectos de Bella satisfacen sus expectativas, ella es mucho más que las facetas que se acomodan a sus deseos. La película no aborda la sexualidad de Bella como un vehículo hacia la libertad, sino que cuestiona en qué medida es aceptable para los hombres la liberación sexual de la mujer. A través del sexo Bella descubre el placer y el conflicto de ser mujer, o como diría ella, «azúcar y violencia». Desde el descubrimiento de la masturbación hasta la prostitución, se permite explorar diferentes formas de sexualidad femenina y en cada una de ellas descubre los lastres que las acompañan: prohibición, posesividad, manipulación, explotación. El sexo como libertad es defectuoso en tanto les sirve a los hombres a su alrededor para ejercer su poder sobre ella. Bella parte siendo una increíble compañera para Duncan, entusiasta y ávida de sexo, pero cuando comienza a escaparse de sus manos y a adquirir una complejidad molesta para sus expectativas de posesión, se convierte en un absoluto tormento. Él quisiera que Bella fuese pura sumisión y deseo sexual, en cambio Alfie, el ex marido de su cuerpo, asume ese deseo sexual como el obstáculo para su sumisión; y Swiney, la dueña del burdel de París, valora su deseo, pero preferiría que no viniera con esa mente hábil y curiosa que le plantea cuestionamientos sobre las dinámicas del prostíbulo. Al fin y al cabo, lo que les molesta es que el placer de Bella le pertenezca a ella. Aunque la película se expanda a toda la experiencia de Bella en su interacción con el mundo, su centro nunca deja de ser la sexualidad de la mujer, cayendo en el pecado de Barbie de poner el comentario de la película bajo una luz evidente, pero con mucha más gracia y un mejor balance entre historia y mensaje. Esto no significa que ratos no descuide su propia trama, dejando un par de huecos como la pregunta por su menstruación, las enfermedades sexuales o el papel de Felicity; y sacrificando una exploración más exhaustiva de otras facetas del mundo, que solo se vislumbra en su máxima expresión con la aparición aquellos amigos del barco que le hablan de filosofía y desgracia. A pesar de los defectos del guion, Poor Things es una película redonda, con cada aspecto, desde la cinematografía hasta la banda sonora, contribuyendo a la potenciación de la experiencia sensorial. Los colores vibrantes, los cielos expresivos, las ciudades victorianas pero futuristas y los sonidos discordantes de la banda sonora nos permiten sentir el mundo como Bella, en toda su agobiante maravilla, mientras apreciamos su crecimiento y la evolución de su mirada de la mano de Emma Stone, que da una actuación fascinante capaz de dar vida de forma convincente a un personaje que fácilmente podría caer en una ridícula caricatura. Con la producción más grande de su carrera, Yorgos Lanthimos consigue ofrecer algo completamente diferente a lo antes visto en su filmografía, sin abandonar la rareza, la pregunta incesante y el interés por la naturaleza humana que tanto lo caracteriza. Poor Things no es una doctrina sobre mujeres, sexo y libertad, porque Lanthimos no vende certezas, es un punto de partida para discutir las relaciones que se entretejen entre las tres y conversar con el feminismo.
La jugada prohibicionista del alcalde
Foto: Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas. La «jugada» de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público. Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una «criminalización administrativa mediante restricciones policiales» y una «falsa solución a los problemas de seguridad». La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras. El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos. Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial. Esa fue la parte que le quedó faltando. Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto. El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos. A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019. Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados. En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos. Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa. En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.
Editorial: “Ya, por favor, no más”
El 11 de noviembre, dos o tres semanas después de que este periódico llegue a las manos de sus lectores, se cumplirán dos años desde el domingo de 2018 en que un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá disparó contra Gonzalo Adolfo Montoya Porras. El joven, de 21 años, iba en una moto pequeña, llevaba un morral con libros, no atendió una orden de pare en un retén. Los policías lo persiguieron y lo detuvieron a tiros. Quizá la imagen es cada vez menos nítida, pero esa tarde en que Gonzalo murió por los disparos de un arma al servicio del Estado alguien grabó un video: se ve el cuerpo del joven muerto en la calle detrás de un centro comercial de Envigado. A su lado, varios papeles regados junto a su morral abierto. Muy cerca está su moto, que no alcanza la cuarta parte del cilindraje de la que usaban sus perseguidores. En el video una mujer grita, advierte que los policías intentan alterar la escena, les exige no tocar las pertenencias del joven al que acaban de asesinar. Grita de nuevo: «¡No sirven para nada, cómo así que matarlo, descarados!». Ya son casi dos años desde esa tarde en que Gonzalo, que validaba su bachillerato, fue convertido por un par de medios en «presunto fletero». Por cuenta de la combinación de esas dos palabras, se convirtió también en «buen muerto» y, por el paso del tiempo, en una estadística, en un caso aislado, en apenas un error. Tal vez una imagen más nítida hoy es la de Javier Ordóñez, reducido en el suelo por dos policías en la calle de un barrio de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. También hay un video: a Ordóñez, un estudiante de Derecho de 42 años, los policías lo golpean, le aplican varias descargas de taser, presionan su cuerpo contra la calle con sus rodillas. En el forcejeo se escuchan sus súplicas: «Ya, por favor, no más». Finalmente lo esposan y se lo llevan en una patrulla hasta el CAI del Barrio Villa Luz. Lo que ocurrió allí adentro esa noche «es materia de investigación»; lugar común. Lo cierto es que unas horas después, Ordóñez llegó sin signos vitales a una clínica cercana. Según el informe de la necropsia, su hígado estaba destrozado. Lo asesinaron los golpes de un grupo de servidores públicos que portaban los uniformes y las armas de dotación del Estado. Al día siguiente, Bogotá «vivió una jornada de caos»; otro lugar común. Cientos de personas protestaron contra la Policía y esa noche, mientras la gente tiraba piedras y le prendía fuego a varios CAI, de nuevo las armas del Estado se accionaron contra sus ciudadanos. En medio de las protestas, nueve personas murieron a tiros. Y de nuevo hay un video, o decenas de videos. Y en ellos está la imagen, también nítida, de los hombres que disparan, de los jóvenes que caen muertos, «al parecer», por los disparos de la policía. Esa noche Colombia vivió una masacre. Para usar un eufemismo de este Gobierno: «un asesinato colectivo». Las marchas se multiplicaron en varias ciudades. Hubo vidrios quebrados; un par de estatuas caídas; policías y manifestantes heridos; declaraciones airadas de personalidades políticas condenando la violencia; dos policías capturados por el asesinato de Javier Ordóñez; una petición de perdón de un ministro, camuflada en un giro discursivo, «por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución»; luego, una orden judicial para que ese ministro, ahora sí, presentara «disculpas por los excesos de la fuerza pública», no solo por el caso de Ordóñez sino por todos los ocurridos desde noviembre de 2019; después un nuevo giro discursivo del ministro para esquivar esa orden y «reiterar» que el «perdón» ya estaba pedido. Ahora, unas pocas semanas después, hay calma. Queda una sensación de silencio y de olvido. Ya son casi dos años desde que los disparos de un policía mataron a Gonzalo. También, muy pronto, será un año desde que otro policía mató a Dilan Cruz con la munición de un arma «no letal» durante una protesta del Paro Nacional el 23 de noviembre de 2019. Ya son casi cinco meses desde que los golpes de la Policía mataron también a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. Era de noche y Anderson estaba en la calle, violaba la cuarentena, vio una patrulla, decidió correr hasta su casa, alcanzó a tocar la puerta, hubo un forcejeo. Los policías lo golpearon en la cabeza con sus bolillos. Murió horas después en una clínica de Cali. Cuando este periódico llegue a manos de sus lectores, se habrá cumplido ya un mes desde que la Policía mató a golpes a Javier Ordóñez y, al día siguiente, sus hombres dispararon contra las personas que protestaban por su asesinato. Esta edición debería ser una celebración, pero es más un imperativo ético. O puede ser ambas cosas. La edición 100 de De la Urbe es la celebración de la vida a través del periodismo, es un reconocimiento a lo que ha pasado en estos 21 años; es un agradecimiento a muchas personas que en este tiempo le han abierto camino a un proyecto que, creemos, ratifica la premisa de que hacer periodismo desde la universidad pública no es una excusa sino un privilegio. Esa historia no admite menos que un compromiso claro con la idea de que el periodismo debe estar al servicio de la gente. Y este momento sí que lo exige, porque la indignación no basta. Ante las realidades complejas que enfrentamos, no queda otra opción que convertir la súplica en exigencia: «Ya, por favor, no más». Esa frase también nos llama a la autocrítica y nos lleva a preguntarnos por qué ante nuestros ojos la muerte y la injusticia se han vuelto paisaje. Por qué, a veces, la consigna le ha robado espacio al periodismo. Por qué, a veces, hemos mirado a otro lado y