El océano en disputa: decisiones frente al mar para enfrentar la crisis climática
Apenas el 5 % del océano ha sido explorado y un 0,001% observado directamente en sus profundidades. Su aparente lejanía, sumada al alto costo tecnológico de estudiarlo, reforzó la idea de que es un espacio infinito, ajeno y secundario, frente a los paisajes terrestres que habitamos. La crisis climática actual revela que ignorarlo tiene consecuencias directas sobre nuestra supervivencia. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). A pesar de encontrarse en un planeta llamado Tierra, el océano ocupa el 70 % de su superficie. Se le suele poner un nombre específico dependiendo de la costa desde la que es avistado —Atlántico, Índico, Antártico, Pacífico y Ártico— aunque se trate de un mismo cuerpo continuo. Más que una masa de agua, es un bioma: una gran región viva del planeta moldeada por condiciones ambientales propias —como la salinidad de su agua— que a su vez alberga varios ecosistemas —arrecifes de coral, manglares, llanuras abisales, entre muchas otras—. Este gigante azul, testigo de las primeras formas de vida en la tierra, ha representado todo un reto en su estudio; apenas el 5 % ha sido explorado y un 0,001 % observado directamente en las profundidades, según el estudio reciente de Katherine Bell, y su equipo, publicado este año en la revista Science. Durante décadas, esa lejanía física —y el enorme costo tecnológico de estudiarlo— ha reforzado la idea de que el océano es infinito, inabarcable, secundario frente a los paisajes terrestres que habitamos. Este imaginario ha retrasado decisiones urgentes sobre su protección y gobernanza. Pero, en la medida en que la ciencia ha revelado su importancia, el océano empieza a permear las hojas de ruta para las políticas climáticas y ambientales de las próximas décadas. Si quieres saber más sobre el océano y su papel en la mitigación de la crisis climática, escucha el pódcast El océano en disputa: nuestro más grande aliado. El sesgo propio de ser animales terrestres Tardamos un poco en darnos cuenta de su importancia. Los que ahora poblamos la tierra tuvimos que desarrollar nuevas formas de locomoción, respiración y reproducción —entre muchas otras adaptaciones— para sobrevivir afuera del agua, salto que marcó un hito en la evolución. Desde entonces, pareciera que empezamos a caminar continente adentro y volvimos al mar solo para contemplarlo como si fuera una frontera, más que un territorio vivo. Esta distancia alimentada por nuestra inmersión cotidiana en ambientes terrestres, contribuye a que aquello que nos resulta lejano, complejo o difícil de investigar quede, con frecuencia, al margen de las discusiones sobre gobernanza, conservación e inversión científica. De ahí emerge lo que diversas investigaciones describen como un “sesgo terrestre”: una tendencia a priorizar los ecosistemas más visibles, accesibles o culturalmente familiares. Lejos de ser solo una intuición cultural, este patrón ha sido documentado en estudios que analizan cómo se distribuyen los recursos para investigación, conservación y formulación de políticas, mostrando una marcada predominancia de los sistemas terrestres frente a los marinos. Como lo señala el oceanógrafo portugués Miguel Bastos, en su entrevista para el medio divulgativo SINC, “la ciencia de la conservación está influenciada por prioridades humanas y no ecológicas”. Esta brecha no solo condiciona qué ecosistemas protegemos primero, sino también qué amenazas entendemos mejor, qué financiamiento se moviliza y qué crisis logramos ver a tiempo. El problema es que el mundo, fuera de la concepción humana, no funciona bajo esta lógica de separación y otredad. Los ciclos naturales son interdependientes: la cantidad de agua que llega a los páramos recibe la transpiración de los árboles del Amazonas, la pérdida del hielo Ártico intensifica los huracanes del Atlántico y el Caribe, entre muchos otros fenómenos de los que hasta ahora empezamos a entender su complejidad. El océano no es la excepción por lo que se hace necesario conocer su importancia para entender las acciones urgentes en negociaciones globales como las de las conferencias sobre cambio climático (COP). “El océano domina con creces la circulación del calor y gran parte de la vida en el planeta está relacionada con los sistemas marinos”, recuerda, en conversación con Mutante durante la COP30, Johan Rockström, científico pionero en las teorías que sustentan buena parte de la acción climática contemporánea —incluidos los puntos de inflexión y los límites planetarios—. “El planeta cuenta con un enorme termostato. Es una casa con sistemas de refrigeración hechos de tuberías de agua, y el calor lo atrapa el océano”, concluye. Esto se debe a procesos físicos —como la mezcla vertical, los vientos, las corrientes superficiales y el sistema de circulación profunda— que permiten redistribuir el calor alrededor del globo. Pero su papel no termina ahí. El océano también es fundamental en el ciclo del carbono: es responsable de cerca del 50 % del oxígeno que respiramos. Los pulmones del planeta también son marinos y están formados por fitoplancton, pastos marinos y otros organismos fotosintéticos. Además, el CO2 se solubiliza al entrar en contacto con su gran espejo de agua disminuyendo su presencia en la atmósfera. “El océano es nuestro mejor amigo, enfriando el planeta al absorber el 90 % del calor y el 25 % del dióxido de carbono. El problema es que esto es una respuesta al estrés, no es un favor. Es la forma en la que el planeta intenta mantenerse estable”, sostiene Rockström. Esa respuesta al estrés, por parte del océano, fuera de ser motivo de estudio y exposición en salones de conferencias, empieza a mostrar sus síntomas con las comunidades que viven día a día en sus orillas. Allí, desde la vivencia, es cuando se deja ver la urgencia en la implementación de soluciones acordes con el rol que cumple el océano en la estabilidad global. Trisha Forbes, bióloga marina oriunda de la isla de San Andrés, quien a través de su fundación Raizal Bluuh Ruuts trabaja de la mano con las comunidades de pescadores artesanales e isleños, comenta: “Lo que más me preocupa es escuchar a los pescadores decir ‘cada vez hay menos peces, los arrecifes ya no son como antes. Mis hijos ya no quieren pescar, porque
Financiar la adaptación: entre promesas globales y realidades locales
Colombia necesita adaptarse al cambio climático y lo hace a través de deuda. Una experiencia en el Lago de Tota, muestra los retos y aprendizajes para aprovechar mejor la financiación climática que llega al país. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). Colombia se endeuda para financiar asuntos de biodiversidad y cambio climático: el 93 % del financiamiento destinado a estos temas en 2023 fue a través de préstamos. Aunque el Acuerdo de París responsabiliza a los países desarrollados —que más contaminan— de financiar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en los países del sur global —los más afectados—, muchos de estos recursos generan deuda para los Estados que los obtienen. Además, el dinero que actualmente sí se recibe para acciones de adaptación en forma de donación, desde fondos creados por organismos como la conferencias de las partes sobre cambio climático (COP), no se aprovecha completamente en los territorios debido a retos que aún persisten en distintos niveles: los organismos internacionales, el Estado receptor —en este caso, Colombia— y las comunidades locales. Enfrentar estas dificultades permitiría que los fondos que hoy se implementan tengan los resultados esperados y sean sostenibles en el tiempo, así como preparar a las comunidades para el financiamiento directo que se viene discutiendo en escenarios como las COP. La financiación para la adaptación es un acto de justicia Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2 ni de otros gases causantes del cambio climático global. De hecho, son los países desarrollados los que más han generado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, quienes tienen mayor responsabilidad de restablecer la salud e integridad de la Tierra, como lo indica el Principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto también lo reafirma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que señala, además, que los países desarrollados tienen el deber de apoyar a los más vulnerables para hacer frente a los efectos del cambio climático. En el territorio nacional, los impactos económicos del cambio climático y de la variabilidad climática son evidentes. Por ejemplo, en 2010 y 2011, Colombia vivió la fuerza del fenómeno de La Niña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las lluvias e inundaciones generaron pérdidas por 11,2 billones de pesos, afectaron a 3,2 millones de personas y concentraron el 82 % de los daños en vivienda e infraestructura. El evento dejó en evidencia la profunda vulnerabilidad del país y la falta de estrategias de adaptación frente a fenómenos extremos. Desde entonces, fenómenos exacerbados por el cambio climático —como los incendios y la sequía de 2024— muestran la urgencia de fortalecer capacidades locales e involucrar a las comunidades en la prevención y atención de desastres, mediante acciones de adaptación. Aquellas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático Pero esto requiere recursos y, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, el 93 % del financiamiento internacional que ha recibido Colombia para biodiversidad y cambio climático ha creado endeudamiento; solo el 7 % corresponde a donaciones. La COP30 y el dinero para la adaptación El tema de financiamiento climático, especialmente las cantidades de dinero que deben aportar los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones de adaptación, entre otras, es uno de los principales puntos de discusión durante las conferencias de las partes. En la pasada COP30, realizada en noviembre de 2025 en Brasil, se lograron avances importantes en financiación climática, aunque sin romper la tendencia dominante: la mayor parte de los recursos internacionales sigue llegando en forma de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo. María Paula González Espinel, abogada de Ambiente y Sociedad, indica que solo se hizo un llamado a trabajar en la posibilidad de que el financiamiento tenga mejores condiciones que las tasas del mercado o exista una mayor opción de subvenciones, pero no quedó como una obligación para las Partes. En la COP30 se definieron por primera vez indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA), orientados a medir avances en resiliencia —desde el acceso al agua hasta la mortalidad por calor extremo—, que permitirían identificar brechas en la inversión, sectores con mayor financiamiento y grupos poblacionales más expuestos (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas). Sin embargo, muchos fueron modificados a última hora, quedando incompletos o técnicamente inviables; por lo que seguirán siendo discutidos en las negociaciones previas que se realizan cada año, en Bonn (Alemania), antes de la próxima COP, y no es claro si los países estarán dispuestos a comenzar a utilizarlos. La conferencia concluyó con el compromiso de triplicar la financiación para adaptación hacia 2035, lo que significa destinar unos 120 mil millones de dólares anuales a adaptación dentro del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), adoptado desde la COP29. Sin embargo, esta cifra sigue muy por debajo de las necesidades reales, pues el IHLEG estima que solo las economías emergentes y en desarrollo –incluída Colombia– requerirán 400 mil millones anuales exclusivamente para adaptación, dentro de un total de 3,2 billones necesarios para el clima y la naturaleza. En respuesta a esta brecha, la Hoja de Ruta Baku to Belém plantea movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento externo para los países en desarrollo para 2035, aunque su cumplimiento dependerá del compromiso de las Partes y de una mayor cooperación internacional. Además, la financiación para la adaptación continúa dependiendo casi totalmente del sector público, ya que muchos proyectos esenciales —como la protección costera frente a inundaciones— ofrecen poca rentabilidad y no atraen inversión privada. Mientras estas discusiones siguen latentes en el escenario internacional, con el pequeño porcentaje que llega a los países del sur global en forma de donaciones —o dinero que no debe devolverse— ya se están financiando proyectos de adaptación al cambio climático. Estas experiencias permiten comprender el proceso de financiación desde el planteamiento hasta la llegada a los territorios, así como