La voz de las historias en los barrios
En su más reciente edición, la semana de la comunicación y los premios de periodismo comunitario destacaron la importancia de diversificar las narrativas en territorios específicos y fortalecer el trabajo dentro de las comunidades. Con su eslogan de El Poder de La Verdad, distintos medios e invitados estuvieron presentes en el escenario dejando su mejor historia y reafirmando que aún les queda camino por recorrer. Foto: Alcaldía de Medellín. La semana de la comunicación se celebró nuevamente en Medellín. El escenario elegido fue la Corporación Ruta N, donde el 24 y 25 de noviembre se desarrollaron diferentes actividades relacionadas con la comunicación y el periodismo comunitario, mostrándolo como una alternativa para informar con otras perspectivas. El evento tuvo ponencias, charlas TED y una premiación. Este evento reunió medios y corporaciones comprometidas con una información de calidad en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. En esta versión, el eslogan que acompañó la campaña fue El Poder de la Verdad, visibilizando a aquellos que día a día trabajan por contar las historias que suceden en su sector y contribuyen a la participación ciudadana. En su programación, se integró la decimocuarta edición del Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín, que exaltó trabajos periodísticos narrados con un enfoque de transformación social. La programación de esta versión contó con diez ponentes ganadores de los MAICC (medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos) que a través de historias revelaron algunos secretos o dilemas que vive hoy en día el periodismo comunitario. Además, siete expositores invitados, entre ellos cronistas, periodistas y especialistas enfocaron su charla en cómo potenciar la profesión desde otras metodologías. José Guarnizo, periodista y director del medio ‘Vorágine’, fue uno de los invitados. “Mucha gente habla de crisis del periodismo, yo creía que hay un espectro que se ha abierto para que no solamente sean los mismos medios de siempre los que cuenten las historias, sino muchos más”, expresó. El evento culminó con una de las actividades más esperadas, los premios de periodismo. Allí, se exaltaron distintas categorías como: mejor medio escrito, mejor trabajo audiovisual, mejor programa radial, mejor revista, incluyendo estrategias con algunas secretarías de la alcaldía de Medellín. En un ir y venir de aplausos, medios y corporaciones subieron al escenario a recibir sus premios, con sus equipos de trabajo. Giovanni Figueroa, director de La Pupila Comunicaciones comentó que “obtuvimos el segundo lugar como mejor trabajo audiovisual, una categoría a la que habitualmente no nos presentamos. Eso nos recuerda que estábamos haciendo un buen trabajo, pero vamos por más”. Como él, muchos otros directores y equipos de trabajo disfrutaron la jornada y se fueron con nuevas ideas y proyectos para una próxima versión de los premios y de la semana de la comunicación. Esperando un año próspero, lleno de producciones y realizaciones innovadoras. Pues una idea en la que coincidían algunos de ellos, es que la comunicación y el periodismo no eran comunitarios por sí mismos, sino que se hacen con la comunidad. Foto: Alcaldía de Medellín.
Altavoz: dos décadas de música alternativa
El festival de música alternativa más importante de Medellín cumple 20 años. La edición 2023 comienza este 6 de diciembre. Felipe Grajales, su director, recuerda los hitos más importantes. Foto: Alcaldía de Medellín. La primera edición de Altavoz se llevó a cabo en el 2004, en la Plaza de Toros la Macarena (hoy Centro de Espectáculos La Macarena). En ese entonces, tocaron bandas como Nepentes, Nadie, I.R.A., G-98, Nadie, Frankie Ha Muerto, Aterciopelados, Tenebrarum, entre otras. Fue el inicio de lo que 20 años después sería un evento consolidado para la música alternativa en Medellín. Este año estarán bandas como Testament, Los Cafres, ZPU y La Garfield. En la primera edición, todas las bandas fueron invitadas. A partir de la segunda se hizo una convocatoria. En la actualidad, las agrupaciones que quieren hacer parte de Altavoz deben pasar por un proceso que tiene tres etapas: entrega de papelería, audición y presentación en Conciertos Ciudad Altavoz, en el cual un grupo de jurados calificados elige a dos bandas por categoría para hacer parte del Festival Internacional que se lleva a cabo a finales de año: este 2023 las presentaciones son el 6, 7, 9 y 10 de diciembre en el Parque Biblioteca La Ladera y el Estadio Cincuentenario (vea la programación). Para Felipe Grajales (“Pipe”, como sus más allegados lo llaman), director de Altavoz desde hace 11 años, el festival ha definido su vida: “he tenido la oportunidad de participar en todos los roles: como músico, como público, como jurado, como periodista y como director”. En esta entrevista nos habla sobre la actualidad del Festival, el futuro y los principales hitos. De la Urbe · Altavoz: dos décadas de música alternativa
Crónica de una alcaldía ganada: Fico repite como alcalde de Medellín
Federico Gutiérrez fue elegido alcalde por segunda vez. Una victoria que, para los analistas, ya estaba cantada al llevarle hasta más de 50 puntos de ventaja de intención de voto a Juan Carlos Upegui. ‘Fico’ logró canalizar el descontento con la administración Quintero. Federico Gutiérrez fue electo por segunda vez como alcalde de Medellín. Al cierre de este informe, Gutiérrez, con el 74.60 % de mesas informadas, pasaba de los 500 mil votos. Juan Carlos Upegui, candidato del partido Independientes -del exalcalde Daniel Quintero-, llegaba a los 70 mil; y Albert Yordano Corredor, pasaba de los 19 mil. Se trata de una victoria cantada. Desde hace varias semanas diferentes encuestas pronosticaban una paliza en las urnas. Y así sucedió: Gutiérrez aventajaba a Upegui en 64 puntos porcentuales. Se trata del alcalde más votado desde 2011: en ese año, Aníbal Gaviria sacó 239.259 votos; en 2015, el mismo Federico Gutiérrez obtuvo 246.221; y en 2019, Daniel Quintero logró 304.034. Ahora Gutiérrez podría llegar a los 550 mil. En 2022 Federico Gutiérrez fue candidato a la Presidencia. Ganó en las consultas interpartidistas -como parte del Equipo por Colombia- con un 52,1% de los votos. En las encuestas para primera vuelta era el segundo después de Gustavo Petro, pero quedó en tercer lugar, detrás de Rodolfo Hernández. Sin embargo, estas elecciones mostraron su amplia popularidad en Antioquia, donde obtuvo una clara ventaja. De hecho, en estas elecciones acompañó al candidato del Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia: Andrés Julián Rendón, quien, por su parte, fue elegido como gobernador (al cierre de esta nota aventaja a Luis Pérez en más de 240 mil votos). “Es mi fórmula a la Gobernación de Antioquia y como partido Creemos adhiere a la candidatura de Andrés Julián Rendón y a nuestros casi mil candidatos en toda Antioquia”, dijo Gutiérrez ante periodistas recientemente. La primera alcaldía de Gutiérrez en Medellín coincidió con la alcaldía de Rendón en el municipio de Rionegro. Al dejar su alcaldía (2016-2019), su favorabilidad fue del 88%, según Medellín Cómo Vamos. Además, algunos de sus resultados insignias fueron: el aumento de los días de atención del programa Buen Comienzo enfocado en los niños de 0 a 5 años y las madres gestantes, lo que desembocó en los índices más bajos en mortalidad y desnutrición infantil en la década, según el informé de Medellín “Cómo Vamos 2016-2019”. Otra de las “victorias” que menciona Gutiérrez en cada debate es la captura de 161 cabecillas de bandas criminales. Sin embargo, la judicialización de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en su administración, por colaborar con la “Oficina de Envigado” dejó en entredicho la legitimidad de estos resultados. En su periodo hubo 2.347 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. La cifra estuvo muy por debajo de la Alcaldía de Aníbal Gaviria, cuando hubo 3.335 casos. Pero muy por encima de la administración saliente: hasta agosto de 2023 iban 1.401 casos. Las propuestas con las que repite Alcaldía El 4 de julio de este año oficializó su candidatura con Creemos, el mismo movimiento con el que se lanzó a su anterior alcaldía, ahora reconocido como partido político por el Consejo Nacional Electoral. Su apuesta es “recuperar a Colombia desde las regiones”. Asegura que no renunciaría a la Alcaldía para aspirar a la Presidencia en 2026. Entre sus propuestas se encuentra crear el “Distrito cinema” y ser epicentro creativo, respondiendo a una necesidad de la industria. Además, dice que creará una “gran alianza por la primera infancia” en la que buscará promover el desarrollo infantil de manera integral y así aumentar las atenciones en el programa Buen Comienzo. Además, propone crear los “Centros Creer”, que son espacios diferenciados para atender a niños, niñas y adolescentes en riesgo. En materia de educación, propone llevar la deserción escolar al punto más bajo y mejorar la infraestructura de 421 sedes educativas en sus primeros 100 días de gobierno. Con respecto al turismo, plantea reestructurar la actual dependencia encargada de la Política Pública del Turismo y centrarse en la sensibilización a los turistas sobre el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. En seguridad, que es su eje central, buscará utilizar más tecnología para fortalecer la línea 123, pondrá más cámaras de seguridad e integrará con sistemas privados, pondrá alarmas comunitarias conectadas al 123 en zonas con índices altos de delincuencia y botones de reacción en zonas comerciales en contra del atraco, el hurto y la extorsión. Además, intentará eliminar el actual proyecto de la cárcel de San Cristóbal, para crear una cárcel metropolitana con mayor capacidad. En su programa de gobierno menciona muchas “recuperaciones” de programas y entidades como: el Programa Escuela Entorno Protector, a Ruta N como agencia de Innovación, los CEDEZO como Centros de Desarrollo Económico en el territorio y, principalmente, el Programa Parceros, que tiene un modelo de atención focalizada a población en riesgo de ser reclutada e instrumentalizada.
Renunciar para participar en política: ¿transparencia o estrategia?
En una jugada inédita, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó su cargo para hacer campaña con su candidato a la Alcaldía. Aunque esta decisión es coherente con lo que dice la ley, reabre las preguntas aplazadas sobre la necesidad de regular la participación de funcionarios en elecciones. El primero de octubre, el ahora exalcalde Daniel Quintero renunció y se sumó a la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín. Con un video en X (antes Twitter), foto de la carta de renuncia escrita a mano dirigida al presidente Gustavo Petro y una cita bíblica en Instagram —“Y hubo un tiempo donde los gobernantes salían al campo de batalla…”, un canto de guerra sacado de la segunda carta de Samuel—, se dispuso a la contienda electoral. Al día siguiente, salió con la camiseta y la gorra de ‘Upegui Alcalde’ a insolarse en los alrededores de la Estación Acevedo del Metro cargado en hombros. Quintero renunció un día después de entregar “El poder de la verdad”, una publicación de rendición de cuentas. A diferencia de las salidas públicas que le costaron hasta una suspensión por parte de la Procuraduría por presunta participación en política, su salida de la Alpujarra le quitó el impedimento formal para hacerlo de frente. No obstante, esa decisión deja entrever una situación problemática: la participación de algunos servidores públicos en las actividades de agrupaciones políticas y en campañas electorales. (También puede leer: Quintero no fue el primero, Uribe le ganó) Lo que dice la norma La intervención en política de quienes trabajan para el Estado tiene algunas restricciones para “impedir que alguien con mucho poder y recursos pueda desnivelar la cancha de competencia”, explica Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Agrega que esas normas buscan evitar el desvío de recursos públicos a campañas. Por eso, el artículo 127 de la Constitución Política de 1991 estableció, originalmente, que los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas “que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”. Luego, el Acto Legislativo 02 de 2004 —el que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez— adicionó que los miembros activos de la Fuerza Pública tampoco pueden participar. Además, aclaró que los empleados no mencionados —como los elegidos popularmente a cargos como alcalde o gobernador y los de libre nombramiento y remoción, como ministros y secretarios de despacho— sólo podrán participar en esas actividades en los términos que señale una ley estatutaria. Casi 20 años después, esa ley todavía no existe. Para limitar la influencia del presidente-candidato, ese acto legislativo del 2004 agregó dos párrafos al artículo 127 con el fin de establecer desde cuándo podría buscarse esa reelección y que ese candidato no podría usar bienes y recursos del Estado para su campaña, al menos no distintos a los que los demás aspirantes tienen derecho a recibir. Adicionalmente, se estipuló que una ley estatutaria debía dictar los lineamientos específicos de participación de funcionarios frente a los procesos de reelección. La Ley de Garantías, promulgada al año siguiente, intentó regular este punto, pero la mayoría de los artículos relacionados fueron tumbados por la Corte Constitucional. Sin embargo, se salvó la participación de funcionarios de corporaciones públicas como concejales, diputados y congresistas. Desde entonces se han presentado diferentes proyectos de ley con la intención de regular explícitamente las condiciones bajo las cuales podría darse esa participación de los alcaldes y gobernadores. La Ley de Garantías es la que más lejos llegó, como explica Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). El más reciente intento por sacar adelante esa ley estatutaria fue impulsado por el representante Heráclito Landínez (Pacto Histórico) y otra decena de congresistas. Dentro de estos resaltan varios aliados de Daniel Quintero: Álex Flórez (exconcejal de Independientes), María Eugenia Lopera (del círculo de Julián Bedoya), Andrés Calle (quien condecoró a Quintero el 21 de septiembre en la Cámara) y Alejandro Toro (aliado de Quintero y exjefe de varios de sus secretarios, incluido el hoy candidato a la Gobernación Esteban Restrepo). Ese intento (proyecto de Ley 067 de 2022) se quedó “en neutro” y terminó archivado. Sin embargo, pretendía levantar la restricción de participación en política para los servidores de la rama Ejecutiva y Legislativa, así como los de órganos autónomos e independientes. Sobre esto, la MOE dijo: “es importante abrir el debate sobre si la habilitación para participar en política debe ser absoluta, frente a los servidores que contempla la ley, o si en su lugar debe existir una distinción en la aplicación de las prohibiciones”. La MOE señaló la importancia de preservar principios como el de la imparcialidad de la función pública y la libertad política de los electores. Por eso, según Mancera, una regulación debería esclarecer cómo un funcionario podría generar desequilibrio de acuerdo con el rol que juega en la entidad. Por ejemplo, no es lo mismo un secretario de despacho que una persona que trabaja en servicios generales. En otras palabras, hay vacíos y zonas grises que una ley estatutaria debería resolver. Uno de ellos, como señala el profesor Arenas, es la ambigüedad que genera la renuncia de un mandatario en ejercicio porque, aunque deje su cargo, queda con relaciones muy cercanas frente a los funcionarios que eran sus subalternos y siguen teniendo poder. Según Mancera, la discusión sobre la participación de servidores “genera muchas ampollas en el sector político” y ha faltado la voluntad necesaria para sacarla adelante. Arenas coincide: “Si las regulaciones son muy restrictivas y no hay unas condiciones, por ejemplo, de opinión pública que presionen al Legislativo, este no hace las reglas”. Participación y castigo Al no prosperar el proyecto de ley impulsado por los aliados de Quintero en el Congreso, la única forma que le quedaba para participar abiertamente era la renuncia. Así lograba evitar
Camellar las propuestas
¿Qué dicen los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Medellín sobre el camello en la ciudad? En Camellar la ciudad nos pusimos las pilas y buscamos un camello para elecciones regionales. La ciudad que camellamos es Medellín, y, por eso, buscamos a los candidatos para sentarnos a hablar sobre el camello en la ciudad. ¿Desde qué posición? desde la informalidad, la calle, el espacio público, el rebusque, los venteros ambulantes y la categoría de análisis que guía nuestra investigación: los habitantes en calle. En esta serie de entrevistas abordaremos la posición de cada candidato frente a este tema bajo un enfoque diferente. Conoce quiénes son los candidatos y cuáles son los enfoques en cada capítulo de #Camellarlaspropuestas. Día 1: Juan Camilo Restrepo https://youtu.be/C8WZOhOfguw?si=RHa6fr5hl7D99BQL Día 2: Deicy Bermúdez https://youtu.be/uvcLxXY_BJI?si=C5OBakNflmavL7XN Día 3: Luis Bernardo Vélez https://youtu.be/PQI1tLdELAY?si=OuJp2UUFrlfiyM85 Día 4: Paulina Aguinaga https://youtu.be/b1I9juBZTZA?si=RJ_QBQxCI67TbclN Día 5: Juan Carlos Upegui https://youtu.be/Rtyndyngkvg?si=yWE7eQTy3NH8OYa3
Quintero no fue el primero, Uribe le ganó
La última vez que un alcalde de Medellín renunció a su cargo fue en 1982. Quién entonces, como lo hizo Quintero iniciando octubre, dejó la administración de la ciudad, fue Álvaro Uribe Vélez. Así lo registró la prensa en ese momento. Octubre empezó con el fin anticipado de la alcaldía de Daniel Quintero. El ahora exalcalde de Medellín dijo que dejó su puesto para ser otro “soldado” de la campaña a la alcaldía de Juan Carlos Upegui, candidato del partido Independientes. Pero más allá de las polémicas que deja este hecho, Quintero no es el primer alcalde de Medellín que renuncia a su mandato. De hecho, ese título se lo lleva Álvaro Uribe Vélez, némesis del reciente exalcalde. De 1982 a 2023 El 15 de diciembre de 1982, Uribe renunció a su cargo como mandatario municipal después de casi cuatro meses de mandato. Pero estas renuncias tienen varias diferencias. En el 82, los alcaldes y gobernadores no se elegían por voto popular. El proceso, en resumen, era el siguiente: el presidente designaba a los gobernadores y estos a los alcaldes, por lo que Uribe, a diferencia de Quintero, no llegó a su alcaldía por voto popular, sino porque el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, le asignó el cargo. Villegas Moreno es más recordado en los últimos años como dueño de CDO, la empresa que construyó el edificio Space. Tanto Uribe como Quintero fueron alcaldes de partidos opositores al del gobernador de turno. Uribe, entonces del Partido Liberal, fue alcalde de un gobernador conservador; y Quintero, de un movimiento que se autodenomina independiente, tuvo fricciones durante su mandato con el gobernador liberal Aníbal Gaviria. De hecho, esta diferencia de partidos es una de las razones que llevó a Uribe a renunciar a su puesto en el 82. Un no tan conocido alcalde de Medellín renuncia El 16 de diciembre de 1982, periódicos como El Tiempo, El País, El Espectador, El Mundo y El Colombiano anunciaron la renuncia de Álvaro Uribe Vélez. Aquella salida no fue tan controversial comparada con la de Quintero. De hecho, varios de esos periódicos apenas le dedicaron unos dos o tres párrafos a desarrollar la información. “El alcalde, primera víctima de la crisis”: así tituló El Colombiano en su primera página el jueves 16 de diciembre del 82. La nota, más que centrarse en la salida del mandatario, hablaba de la crisis política que enfrentaba Antioquia. La noticia abría la portada de ese medio. Este fue uno de los primeros cargos administrativos de Uribe. Para esa época, no era nada comparado con la figura que es hoy. Prueba de ello es que su nombre ni siquiera aparece en los titulares de El País, El Espectador y El Mundo: “Alcalde de Medellín”, así lo nombraban en los titulares. El hoy expresidente, que irá a juicio por decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos, aún no tenía el peso mediático que tiene ahora. Para 1982 la razón que los medios daban para la renuncia de Uribe era que el mandatario había dejado el cargo por una “crisis administrativa” en Antioquia. Y es que los conservadores buscaban ocupar algunos puestos políticos ocupados por liberales. Sin embargo, el propio expresidente dice que la razón principal que le llevó a renunciar fue una inconformidad con la salida de Diego Calle Restrepo como gerente de EPM, quien era amigo cercano suyo. En 1982, Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín por nombramiento del entonces expresidente Belisario Betancur. Frente a ese hecho conviene recordar lo siguiente: pic.twitter.com/cqGCzBw1Bb — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 2, 2023 La versión “no autorizada” de su salida Otra versión controvierte ese relato oficial. En Secretos de un líder, biografía del Villegas escrita por el periodista Germán Jiménez Morales, el exgobernador afirma que Uribe salió por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según él, el mismo Belisario Betancur, entonces presidente del país, lo llamó para decirle: “¿Cómo es posible que tengamos en la Alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho que tiene nexos con narcotraficantes?”, por lo que, según esta biografía, la salida de Uribe se habría dado por orden del presidente. Sumado a lo que habría dicho Betancur en su momento, en 1991 la Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de Estados Unidos (DIA) creó un documento clasificado que contenía una lista de personas relacionadas con carteles de narcotráfico, en especial el de Medellín. Entre las 104 personas que figuran en el documento, Álvaro Uribe Vélez ocupa el puesto 82. “Asociado 82, Álvaro Uribe Vélez. Es un político colombiano, senador y dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos […]. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal y cercano de Pablo Escobar Gaviria (…)”, así figura el expresidente en el documento, junto a otros nombres familiares como Pablo Escobar, Fidel Castaño y Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye. Este documento dejó de ser clasificado en agosto de 2004. Para ese momento, la gran parte de los que figuraban en esa lista estaban tras las rejas o bajo tierra. Uribe, en cambio, estaba en su primer mandato como presidente de la República. En respuesta a la desclasificación del documento, el 30 de julio del mismo año el gobierno colombiano emitió un comunicado en el que contradice esas acusaciones. Dice, por ejemplo, que Uribe nunca tuvo cuentas bancarias a su nombre en el extranjero y que estuvo en Harvard en un programa académico en el año en que se hizo esa lista, aunque no queda claro la relación entre esto y lo que el documento afirma. El asunto no termina ahí. De hecho, si nos devolvemos un poco en el tiempo, durante su campaña presidencial en 2002 (antes de que la lista de la DIA fuera pública), en una entrevista para el medio Newsweek, el reportero Joseph Contreras le preguntó a Uribe por sus supuestos vínculos con Pablo Escobar durante su periodo como director de la Aeronáutica Civil (1980-1982).
Doce años de EnCicla: entre el vandalismo y una mala administración
El 11 de octubre de 2023 se cumplen 12 años desde que se creó el Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana. Las fallas en su funcionamiento durante los últimos cuatro años han afectado la cultura de la movilidad sostenible en los municipios. Para Lina López, cofundadora de EnCicla, el programa necesita “una reestructuración completa». EnCicla es el Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Comenzó en 2011 como un proyecto de estudiantes de la Universidad Eafit con seis estaciones y 105 bicicletas. En la actualidad cuenta con 111 estaciones y más de 2 mil bicicletas, pero solo operan 684. Según la Encuesta Origen-Destino 2022 del Área Metropolitana, los viajes en bicicleta pasaron de ser el 1% (60.000) en 2017 al 3% (196.686) en 2022 del total de viajes en los diez municipios. La idea del Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá 2030 (PMB2030) es que, para dicho año, el 10% de los viajes totales se realicen en este medio de transporte sostenible. Aunque el uso de la bicicleta privada predomina sobre la pública, EnCicla cada vez tiene más usuarios inscritos y diariamente se benefician entre 3.900 y 4.300 personas. Fuente de datos: respuesta a derechos de petición. Cortesía de Daniel Carvalho, miembro en la Cámara de Representantes Lina López es cofundadora de EnCicla, trabajó durante siete años en el Área Metropolitana, donde promovió la movilidad activa. Ahora es directora técnica de Despacio. López cuenta que los objetivos iniciales del Sistema fue desmitificar que la bicicleta solo sirve para recreación o deporte, y contribuir a que en las ciudades se creara una cultura de la bicicleta como medio de transporte sostenible. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad mencionada antes, la mayoría de los y las habitantes del Área Metropolitana se desplazan por razones de estudio o trabajo y lo hacen todos los días. En promedio, una persona gasta 7.530 pesos en pasajes a diario. Si usara la bicicleta durante un mes, ahorraría aproximadamente 225.900 pesos. Los beneficios del uso de la bicicleta no son solo económicos. También se ahorra en tiempo y se gana en comodidad. Desde el 2020, EnCicla ha estado en los titulares de los medios de comunicación por las fallas en el software, los daños a estaciones de préstamo, la poca disponibilidad, los hurtos… “Al principio todo el mundo encontraba EnCicla muy positivo, pero después de ver que hay este tipo de problemas […] ¿uno qué termina concluyendo? Que es un pésimo servicio. A la hora de decidir en qué modo de transporte me muevo, la conveniencia es muy importante y la conveniencia es bajarle la mayor cantidad que uno pueda a la incertidumbre, pero EnCicla, en estos momentos, es incertidumbre”, explica Lina López. El Área Metropolitana ha dicho que esto es a causa del vandalismo. ¿Qué pasa cuando se vandaliza una bicicleta o una estación automática? Dependiendo de la cantidad de habitantes de la zona, de qué tan cerca haya otra estación de préstamo o una estación de Metro y de la cantidad de módulos y ciclorrutas, la cifra de viajes y usuarios afectados varía. Por eso, es difícil medirlos. Sin embargo, es posible saber la cantidad de préstamos potenciales que no se realizan si una estación tiene que ser desmontada teniendo en cuenta la cantidad de bicicletas y el uso potencial de cada una. De acuerdo con el Contrato No. 264 de 2023 celebrado entre el Área Metropolitana y ECO-TRICICLOS SAS, cada bicicleta está diseñada para soportar 14 préstamos diarios por 3 años consecutivos. Según Jhonattan Hernández, subdirector de Transporte del AMVA, aproximadamente 10 personas utilizan una misma bicicleta durante el día. En promedio, son 12 viajes. Una estación como Ruta N, que cuenta con 35 módulos, podría afectar a 420 posibles usuarios. La de Coltejer, con 19 bicicletas, afectaría a 228 a diario. Your browser does not support the video tag. La mayoría de los daños a las estaciones ocurren cuando los ladrones intentan extraer, a la fuerza, las bicicletas de los módulos. Cuando no lo logran, lo más común es que hurten el sillín o el sistema de frenos. De segunda, estos podrían venderse en 27 mil y 82 mil pesos en promedio, respectivamente. Los daños y los hurtos detienen una estación automática. Reactivar la estación Perpetuo Socorro le costó al Área Metropolitana casi $40 millones. Recuperar los módulos de anclaje, el tablero de operación, el sistema de cables eléctricos y toda la infraestructura de la estación La Picacha requirió una inversión de $70 millones. Ambas se entregaron después de que en de enero de 2023 se gastaran $110 millones en reparar los daños ocasionados durante ese mismo mes, el equivalente “a lo que cuesta construir una nueva estación automática con 20 módulos”, según EnCicla. Entre 2012 y 2022 hubo 576 daños y hurtos a estaciones automáticas. En los Tótems, los daños más frecuentes son en las pantallas. Los ladrones tratan de retirar el computador y otros componentes tecnológicos y electrónicos internos, que son importados. El cableado se puede vender como cobre por un valor entre 17 mil y 48 mil pesos el kilo. Por otro lado, en los puntos de anclaje, al intentar hurtar el motor y la placa de circuitos que está dentro, es necesario retirar la tapa de acero, que también se puede vender por chatarra entre 500 y 1.500 pesos el kilo. El agravante es que el robo de algo mínimo como las tapas de los puntos de anclaje implica el cierre de la estación hasta que el repuesto de metalmecánica esté en stock o se cierre el proceso de licitación. Entre tanto, la estación es más vulnerable a otros actos vandálicos porque está fuera de servicio. Hernández ha dicho en diferentes ocasiones que los problemas de funcionamiento y las demoras en la reparación de las estaciones se deben a la escasez de repuestos y elementos tecnológicos a nivel mundial. Margarita Pérez es integrante de la Mesa Metropolitana de la Bicicleta desde que se creó en 2010. Cuenta que le han
Colegios no seguros, niñas no calladas
Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín. La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto. Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal. Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio. Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas. Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor. Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín. De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas. Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores. A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos. Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la