Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo
La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede
Políticos, influencers y activistas religiosos, unidos en las narrativas desinformadoras contra personas LGBTIQ+
La ola conservadora y antiderechos —cuyo ejemplo más reciente y visible está en las políticas de Donald Trump— tiene como protagonistas en Colombia a grupos que difunden contenidos que desinforman. Ocurre especialmente cada vez que en el Congreso se debaten proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente personas trans. Analizamos lo que dicen, cómo esparcen sus mensajes y qué hay detrás. Ilustración: Saro Agustina. [Nota editorial: Esta investigación fue actualizada el 7 de abril de 2025 para precisar un dato que no cambia en nada el sentido general de la historia.] Entre el 10 y el 16 de junio de 2024, la semana en la que se hundió en el Congreso el proyecto de ley “Inconvertibles”, usuarios de X publicaron casi 3 000 tuits con los hashtags #ConLosNiñosNoTeMetas, #ConMisHijosNoTeMetas, #DictaduraDeGenero e #InconvertiblesEsTortura, según un rastreo que hicimos con ayuda de la herramienta de monitoreo de redes sociales Meltwater. “Inconvertibles”, conocido como “Quiérele Siempre” tras la radicación del proyecto ante el Congreso el pasado 1 de octubre, buscaba prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que prometen cambiar la orientación o identidad sexual, pero que carecen de sustento científico y que son equiparadas a formas de tortura contra las personas LGBTIQ+ que han sido sometidas a estos procesos. Las publicaciones para atacar ese proyecto aparecieron como una campaña entre políticos de los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres; activistas religiosos, influencers de redes, actores y organizaciones como Lazos de Amor Mariano y Unidos por la Vida, todos sectores conservadores que esparcieron narrativas de desinformación sobre el tema, como mostramos en detalle más adelante. El proyecto había pasado los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero la Comisión Primera del Senado no lo discutió y fue archivado el 12 de junio del año pasado. Los hashtags con los que promovieron el boicot a la iniciativa se repitieron durante todo el 2024 para deslegitimar otras propuestas a favor de los derechos LGBTIQ+. También se usaron para convocar protestas en octubre de 2024 contra el gobierno de Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud por una circular emitida para garantizar atención integral en salud a las personas trans en Colombia. Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa en favor de la diversidad con el objetivo de impedir que, mediante abusos físicos o psicológicos, una persona fuera obligada a cambiar su identidad o expresión de género u orientación sexual, según el análisis de Linterna Verde, el mensaje original de la campaña terminó por “alejar la discusión de los objetivos originales de la iniciativa”. Como también lo documentó La Silla Vacía en su investigación, “Mentiras y conspiraciones presionaron caída de proyecto que prohibía ‘terapias de conversión’”, quienes se oponen a este proyecto revivieron un fantasma que años atrás fue un arma poderosa: los señalamientos contra la llamada “ideología de género”, que los sectores conservadores aseguran que se busca imponer en lxs niñxs. Con una mezcla de opiniones y desinformación, movilizaron una tropa digital. “Con el foco puesto en los menores de edad, la campaña de oposición tomó por bandera su protección. Un ángulo que, más allá de tergiversar el objetivo del proyecto, resultaba muy fuerte como estrategia de oposición”, indica Linterna Verde en su análisis. ONU Mujeres ha advertido que “en muchos países, actores estatales y no estatales intentan hacer retroceder los avances obtenidos con tanto esfuerzo y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+. Estos grupos promueven ataques y desinformación para intentar deslegitimar a las personas LGBTIQ+”. Este año se espera un nuevo ‘round’ en el Congreso, donde se debatirá el nuevo proyecto “Quiérele siempre”, la nueva versión de lo que fue “Inconvertibles” para prohibir las ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género o “terapias de conversión”). Por ello, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, en alianza con All Out (un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT+), le pusimos la lupa a las campañas de desinformación que circularon en 2024 contra el proyecto anterior, llamado “Inconvertibles”. Analizamos publicaciones en la red social X con el software de monitoreo Meltwater y luego las cruzamos con los monitoreos de las desinformaciones que Colombiacheck ha verificado sobre este tema. Las narrativas de desinformación Tanto en las verificaciones publicadas por Colombiacheck (en las que se monitorean videos de Facebook, Instagram y TikTok) como en el análisis realizado en X con Meltwater se encontraron las mismas narrativas de desinformación, centradas en repetir estas mentiras: La versión falsa de que “Inconvertibles” buscaba cerrar iglesias y encarcelar a líderes religiosos, profesionales de la salud y padres de familia, impidiéndoles aconsejar y orientar a sus hijos bajo pena de cárcel. El argumento infundado de que el proyecto de ley atentaba contra la patria potestad de los padres, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. La desinformación de que la iniciativa avalaba la amputación de órganos a menores de edad y promovía la llamada “ideología de género” en instituciones educativas y de salud. La mentira de que el proyecto permitía que los niños, en algunas publicaciones afirmaban que desde los 3 años y en otras desde los 5, decidieran sobre su cambio de sexo. Como parte de su trabajo de verificación del discurso público, Colombiacheck ha analizado esas afirmaciones, a las que calificó como “falsas” y “cuestionables” en las siguientes publicaciones: Es falso que con el proyecto de ley Inconvertibles quieran cerrar iglesias «por no estar a favor de la ideología de género». Activista cristiano desinforma en video viral sobre el proyecto de ley ‘Inconvertibles’. Proyecto de Ley 272 no “avala la amputación de órganos a menores de edad” ni impone la “ideología de género”. Proyecto de ley ‘Inconvertibles’ no permite que los niños de cinco años decidan su cambio de sexo. Son las mismas narrativas, difundidas por casi los mismos actores, que en octubre de 2024 organizaron las protestas contra el gobierno y la Superintendencia de Salud por
Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands
Documentos con falsedades y omisiones fueron presentados ante un juez por la defensa de empresarios bananeros investigados por financiación de paramilitares. Ilustración: Camila Santafé La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol. Un contexto importante para entender el contenido de los informes: La Fiscalía acusó el 17 de septiembre de 2009 a un grupo de 10 empresarios por concierto para delinquir. La entidad señala a los exdirectivos Banacol de haber entregado 7.000 millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de las Convivir. Utilizando el mismo esquema, Chiquita Brands aportó, entre 1997 y 2004, 1.7 millones de dólares al grupo criminal. El ente investigativo pretende probar que esos pagos los hicieron a las cooperativas Convivir de Urabá que, aunque eran cooperativas legales, en esa región fueron controladas y fundadas por los grupos paramilitares. Los empresarios aseguran que desconocían la relación de esas organizaciones con el paramilitarismo. La empresa gerenciada por Yohir Akerman Uno de los documentos presentados por la defensa de los bananeros en el juicio fue elaborado por la empresa Guidepost. El informe está fechado el 13 de julio de 2020 y tiene el rótulo “Privilegiado y confidencial”. VORÁGINE accedió a las 55 páginas de ese archivo. Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y columnista del diario La República. Akerman es el gerente, presidente de la empresa en América Latina y columnista de la revista Cambio. En una entrevista que Otero le dio al diario Portafolio habló del tipo de trabajo que hace la empresa, aunque sin mencionar a sus clientes: “en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”. Akerman y Otero eran socios en la compañía Custom Information Services (CIS), proveedor de investigaciones especializadas, inteligencia y manejo de reputación, según la página web de Guidepost. Esta última adquirió a CIS en 2019, tal como lo reseñó un artículo del diario La República titulado: “Esperamos en tres años estar superando US$10 millones en ingresos”. Akerman, según la página de Guidepost, también ha cumplido el rol de investigador en apoyo a litigios. Otero, por su parte, fue noticia en abril pasado cuando fue presentado por Chiquita Brands como su testigo en el caso que la Justicia de Estados Unidos seguía en contra de la bananera. “Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez, y al exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos excomandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez (Kenneth) Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC”, se lee en una de las noticias que se difundieron. Omisiones convenientes El trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero, según el documento en poder de VORÁGINE, y se centró en sugerir que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares. “El primer indicio que logramos ubicar en el archivo público que muestra que las AUC habían infiltrado las Convivir de forma sistemática, y que usaban su estructura legal como escudo para ocultar sus operaciones, fue publicado el 26 de febrero de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron en su reporte con destino a un juez. Eso contrasta con varios hechos y advertencias previos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) de 1998 que relacionaba hechos de 1997 en Colombia decía en uno de sus apartes: “En 1997 recibimos informaciones creíbles que indicaban que las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”. Los investigadores de Guidepost desestimaron el informe de HRW en un pie de página con la siguiente leyenda: “Por ejemplo, el reporte de Human Rights Watch de 1998 cita reportes del Magdalena medio y el sur del Cesar, áreas cuya presencia paramilitar era conocida, que sugieren las Convivir en ese territorio estaban siendo controlados por los paramilitares. Sin embargo, el reporte no identifica, explícita o implícitamente, a los individuos paramilitares que estaban al frente de las Convivir ni ofrece evidencia que corrobore estos reportes”. Aunque no lo mencione el informe de Guidepost, la presencia paramilitar en Urabá era para aquella época tan conocida como la del Magdalena y el Cesar. Hay más reseñas públicas sobre relaciones entre las Convivir y los paramilitares que aparecieron antes de 1999. Un reporte del diario El Tiempo, que los investigadores de Guidepost ignoraron, indica que un paramilitar que murió perpetrando una masacre en Tocaima (Cundinamarca) era el representante legal de una Convivir de Urabá llamada La Palma. La
Entre velas y paneles solares: la lucha por la energía en las islas de Colombia
Por años, los habitantes de Múcura, Isla Fuerte y Santa Cruz usaron el fuego y los combustibles fósiles como energía. Hace una década sus vidas cambiaron con la instalación de paneles solares, pero el sistema después colapsó. Este reportaje de Mutante con apoyo de La Liga aborda el tema de la pobreza energética y cómo puede perpetuarse a pesar de la transición hacia alternativas renovables. Mary Esther Sotomayor era una niña que no pensaba en la luz. A los 10 años dejó su casa con alumbrado eléctrico en Tolú, Sucre, y se fue a vivir con su familia a una isla llamada Panda, un punto de paso de pescadores con ranchos improvisados en el que los días terminaban con el último rayo de sol. La noche era un tiempo desconocido. A las seis de la tarde, cuando la claridad comenzaba a ceder, las dos familias que habitaban la isla —la de Mary Esther y la de otro pescador— se reunían en sus ranchos y se preparaban para dormir. Sus únicos recuerdos de la noche siendo niña son esas primeras horas, cuando comían en torno a un fuego encendido con fósforos y palos, tan pequeño que no alcanzaba a verse fuera del rancho. “El cuerpo humano es de costumbres y el mío se acostumbró a eso. Era feliz en la isla en la noche, alumbrándonos con fósforos o mechones. Pero ahora me acostumbré a la luz y cuando no la tengo en la noche, me ahogo por el calor sin un ventilador”, recuerda. Hoy tiene 54 años y ha pasado casi toda su vida en islas no conectadas al sistema eléctrico. En isla Múcura, donde vive desde los 13 años, conoció primero la televisión que los interruptores de luz: las lanchas de comerciantes llevaban televisores pequeños a blanco y negro que funcionaban con baterías. A Mary Esther le encantaba Topacio, la telenovela venezolana de los ochenta, cuya protagonista era una joven ciega de una familia pobre. Después de cada episodio, apagaba el televisor para conservar la batería. Pero eventualmente esta se descargaba. Entonces debía embarcarla en lanchas para que se cargara en Tolú. Durante días, esperaba sin saber cómo seguía la historia y si se revelaba el gran secreto de la trama: Topacio era la hija de una familia rica y había sido cambiada al nacer. Cuando regresaban las lanchas y el televisor volvía a encenderse, Mary Esther completaba con su imaginación las partes de la telenovela que no había llegado a ver. Vivir sin luz permanente es un intento constante por rellenar las partes que faltan. El propio mapa de la energía en Colombia está lleno de parches oscuros que indican que el 53 % del territorio son zonas no interconectadas. Es decir, más de la mitad del área total del país está por fuera del entramado de antenas, transformadores y cables creado desde los años sesenta para garantizar que cada vez que alguien en una zona conectada encienda un interruptor reciba luz. “Es como una colmena de abejas en las que cada una pone todos los días su ventana de miel. Si alguna se llega a enfermar, habrá otra abeja que ponga esa ventana. La colmena y las abejas nunca paran”, se lee en un documento de la empresa Celsia que explica el sistema interconectado. Mary Esther Sotomayor en Isla Múcura. Ha vivido casi toda su vida en lugares desconectados del sistema eléctrico. Foto: Juan Manuel Flórez Arias. Isla Múcura y el resto de islas del archipiélago de San Bernardo están fuera de esa promesa de luz infinita. Como en la mayoría de las zonas no interconectadas, viven una forma de escasez poco visible: la pobreza energética; es decir, la incapacidad de una comunidad para tener el servicio de energía que necesita. No hay mediciones públicas precisas, pero un estudio privado de 2023 encontró que 768.000 colombianos no cuentan con este servicio público en ningún momento del día y 5,9 millones tienen luz por horas y con recortes. Durante años, la única forma de luz en estos lugares ha sido el fuego. En las islas usaban mechones de trapo encendidos con gasolina en empaques de conservas o leche en polvo. Eran como linternas de lata. Una en cada habitación y otra en el centro de la casa. “Moverse en la noche era como andar en un laberinto”. También era vivir con el riesgo de un tropiezo que propagara el fuego. En Santa Cruz del Islote, la isla vecina de Múcura, un mechón fue el origen de un incendio hace cincuenta años del que todos allí han escuchado alguna vez. La brisa del mar alimentó las llamas y las hizo saltar de un techo de palma a otro en unos minutos, bajo la mirada aterrada del niño Freddy de Hoyos Berrick, hoy de 62 años. Freddy corrió por los pasadizos estrechos del Islote en busca de las monjas que estaban allí de visita, esquivando a sus vecinos que se apuraban a huir en sus lanchas. Tomó del hábito a la primera monja que encontró y le pidió que apagara el fuego. “Yo creía que ellas eran Papá Dios”. Solo quedó una casa en pie. Pero los habitantes volvieron a levantar el pueblo con la misma tenacidad con la que, cien años antes, se inventaron una isla en medio del mar. Santa Cruz del Islote es una isla artificial: una hectárea de tierra ganada con piedra, coral y concreto en una zona baja del mar, en la que no hay un solo árbol. Es considerada la isla más densamente poblada del mundo, con unos 800 habitantes, según un censo local. Se ha mantenido por la voluntad profunda de sus habitantes de vivir en medio del océano. La misma voluntad que, años después, los hizo intentar embarcar en lanchas su propia energía. Santa Cruz del Islote es una isla artificial construida con coral, piedra y concreto en una zona baja del mar. Foto: IPSE Cuando el sol iluminó la noche Luego del incendio, llegaron las primeras plantas eléctricas que funcionaban con
En la Universidad Sergio Arboleda se cerraron negocios con tierras de ‘Macaco’
El director de una maestría, un señalado narcotraficante y transacciones con tierras forman parte de un entramado para aparentemente esconder predios del Bloque Central Bolívar, que comandó el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez. Su hermano Roberto Jiménez, alcalde de Dosquebradas (Risaralda), es señalado de participar en varios de esos negocios y de presionar a campesinos para vender sus parcelas a bajo precio. Crédito: La Liga Contra el Silencio. En las clases de una maestría de la Universidad Sergio Arboleda se juntaron cuatro estudiantes: uno era un señalado narcotraficante conocido como ‘Maestrico’, otro un académico que llegó a tener altos cargos en esa institución y en la Universidad del Rosario, y una pareja de hermanos. Todos terminaron haciendo negocios que están en la mira de la Fiscalía que sospecha, desde 2014, que eran una coartada para ocultar bienes del Bloque Central Bolívar, que fue comandado por el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’. Una historia desconocida del poder que tuvo esa estructura armada en un claustro universitario y sobre la cual la justicia todavía debe algunas respuestas. El proyecto #NarcoFiles encontró varios documentos de la Fiscalía, de 2020 y 2021, que revelan negocios en los municipios antioqueños de Zaragoza y Puerto Berrío. En ambos casos, cuando los compradores fueron interrogados, refirieron hechos que sucedieron en la Universidad Sergio Arboleda. “NarcoFiles: el nuevo orden criminal” es una investigación periodística internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. El proyecto, en el que participaron más de 40 medios, se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. El material fue compartido el año pasado con OCCRP, y con el apoyo de CLIP, Cerosetenta y Vorágine, se trabajó con varios medios de la región. Con relación a las compras de predios sobre las que recaen las sospechas de la Fiscalía hay un nombre en común: Francisco Ortiz Navarro. Este hombre, conocido con el alias de ‘Maestrico’ o ‘Maestro’, ha sido mencionado por lo menos dos veces en estrados judiciales. La primera referencia se dio en un concepto de la Corte Suprema de 2008 por un pedido de extradición contra un hombre cercano a ‘Macaco’. En ese documento quedó consignado que en 2006 la Policía interceptó varios teléfonos de una red de narcotráfico al servicio del capo del Bloque Central Bolívar. Ortiz Navarro, según el fallo judicial, se encargaba de monitorear transferencias de fondos desde Panamá hacia Colombia y le reportaba a la esposa de ‘Macaco’. Unos años después, Ortiz volvió a ser relacionado con negocios ilegales. El excomandante paramilitar Edward Cobos Téllez, conocido como ‘Diego Vecino’, le dijo a la Fiscalía en una versión libre de 2011 que ‘Maestrico’ era un narcotraficante que exportaba cocaína por el Golfo de Morrosquillo (entre Sucre y Córdoba). La información que aportó Cobos fue recogida en un informe del ente investigativo elaborado en noviembre de 2013 al que tuvo acceso esta alianza. Las narcofincas en Zaragoza Según las referencias laborales disponibles en internet, Luis Eduardo Puerto Ramírez fue un reputado académico con cargos importantes: director de la maestría en Finanzas de la Sergio Arboleda, director de la maestría en Finanzas Corporativas de la Escuela Internacional de Negocios, decano de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y consiliario de esta última, entre otros. Pero la Fiscalía reconstruyó una parte de la historia de Puerto que no se encuentra en la hoja de vida: el hombre se prestó para ocultar bienes del Bloque Central Bolívar. La historia, recogida en un documento de 2020 de la Dirección de Justicia Transicional de esa entidad, empezó por la declaración judicial de un desmovilizado de esa estructura armada, José Germán Sena Pico. El excombatiente aseguró que la Hacienda La Carolina, en Zaragoza, le pertenecía al grupo paramilitar. La Fiscalía encontró el nombre del académico en el historial de propietarios del predio. El ente investigativo le tomó una declaración a Puerto en septiembre de 2014. El académico contó que cuando estaba cursando una maestría en finanzas en la Universidad Sergio Arboleda un compañero de clase, Francisco Ortiz (el mencionado ‘Maestrico’), le propuso hacer un negocio con tierras en Zaragoza. Puerto dijo que Ortiz le propuso figurar como propietario de un predio en ese municipio que se iba a comprar con la plata del segundo. Documento de la Fiscalía con la declaración de Luis Eduardo Puerto Ramírez. Puerto admitió que recibió un carro nuevo por eso, pero dijo que nunca se enteró de si la transacción por la tierra se hizo. El negocio sí se realizó y en los documentos figura que le compró nueve fincas a Roberto Jiménez, hermano del capo ‘Macaco’. En su declaración, Puerto aceptó que vio unas tres veces al hermano de ‘Macaco’ en una finca de Ortiz en Montelíbano (Córdoba). El académico, sin embargo, intentó restarse responsabilidad en esas transacciones. Aseguró que nunca compró los predios que estaban a su nombre, que no conoció Zaragoza y que esos negocios los hizo Francisco Ortiz aprovechándose de un poder que él le había firmado. Pero, una versión de una persona que tenía la posesión de los mismos predios comprometió a Puerto con una presunta red de testaferros de ‘Macaco’. Jhon Jaime Henao, citado en el documento de la Dirección de Justicia Transicional, le contó a la Fiscalía que a finales de 2006 recibió una propuesta de Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, primo del capo y conocido en el Bloque Central Bolívar como ‘Scooby’, para comprar La Carolina. Henao aseguró que él le pagó a ‘Scooby’, de quien admitió que sabía que era paramilitar, y que este último le dijo que se entendiera con Puerto para hacer los documentos del traspaso de la finca. Aunque nunca se oficializó el traspaso, Puerto y Henao sí se conocieron. Según el relato de este último, después de hacer la transacción con ‘Scooby’ los dos se encontraron en la Universidad Sergio Arboleda. Documento de la Fiscalía en el que Henao explica cómo conoció a Puerto. Las conclusiones de