Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado
Según la versión del magistrado Ibáñez Najar —que la mujer desmiente categóricamente— él aceptó tomarse un café con ella y despertó al día siguiente sin conciencia de lo ocurrido. Nota editorial de la La Liga Contra el Silencio y sus aliados: Cuando intentan silenciar a uno, nos encuentran a todos. El pasado 14 de febrero, el portal CasaMacondo anunció el retiro de una parte su investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tras recibir una notificación judicial derivada de una acción de tutela. El retiro de una investigación bajo presión no solo es un ataque a la libertad de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público. Por esta razón, y amparados en el artículo 20 de la Constitución Nacional, los medios que integramos la alianza de La Liga Contra el Silencio republicamos de manera íntegra la nota censurada. Nos oponemos a que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar historias y para amedrentar a las redacciones independientes. Frente al silencio impuesto, respondemos con más periodismo. Esta es una de las seis partes de esta investigación, que pueden leer completa en el portal de CasaMacondo. Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, atendió una entrevista con CasaMacondo el miércoles 13 de agosto, a eso de las ocho de la noche. Fue una conversación telefónica. Hacía meses que queríamos preguntarle por la demanda de paternidad en su contra y la pérdida del expediente en el que un juez de familia de Ibagué había decretado el parentesco con Jorge Enrique Robles, su hijo primogénito, basado en una prueba genética inobjetable. El magistrado más poderoso del país —cuya palabra es ley en el sentido más literal— respondió con desconcierto, como quien recién se enteraba de los hechos. Negó la certeza del fallo judicial, cuestionó la legalidad de la prueba genética —de la que afirmó que pudo ser manipulada— y dijo que solo se había enterado de la existencia de su primogénito tras la demanda, cuando el joven tenía veinte años. Esas fueron solo unas de sus respuestas mentirosas. Después nos contó una historia tan impactante, que la noticia sobre la demanda de paternidad y la pérdida del expediente quedaron opacadas. El presidente del máximo tribunal constitucional de la nación dijo que la madre de su hijo lo había drogado y abusado. Pero algo debió quedar resonando en su cabeza de jurista experto, porque un par de horas más tarde nos llamó para pedir que, por favor, omitiéramos esas declaraciones. No las desmintió, no se retractó. Pidió que no las publicáramos. Y aceptamos. En ese momento carecíamos de los elementos suficientes para contrastar la veracidad de sus acusaciones, que tipifican delitos penales. Pero el escenario cambió tras la publicación de la primera entrega de nuestra investigación, el 16 de agosto: «Un hijo negado y un expediente desaparecido interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional». Ocho días después, el 27 de agosto, el magistrado intentó silenciarnos mediante una exigencia de rectificación. Alegó que habíamos mentido y que habíamos vulnerado su esfera personal. No era verdad. En la carta de respuesta, en la que argumentamos nuestro rechazo a su solicitud, le recordamos que el foco de la publicación de CasaMacondo no era su vida privada, irrelevante y desprovista de interés para nuestra investigación. Lo central era la desaparición del expediente en el que lo obligaron a reconocer un hijo negado y en el que se detallan actos de manipulación de su parte. El 10 de septiembre apareció el expediente, de la misma forma en la que había desaparecido: de manera sorpresiva. Entonces pudimos constatar detalles desconocidos del proceso y, más tarde, entrevistar al hijo negado y conocer la versión de la madre. Ese texto, con detalles que desnudan las mentiras que nos dijo el magistrado en la entrevista que nos concedió, fue publicado el 18 de octubre: «Ha sido torpe, mentiroso y manipulador»: Habla el hijo de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Ahora sabemos que la relación que Ibáñez Najar y la madre de su primogénito mantenían a escondidas fue conocida por personas cercanas a la pareja, lo mismo que el embarazo y el nacimiento del hijo mutuo, que el padre cargó recién nacido, en un acto político, frente a varios testigos, entre ellos Édgar Robles Ramírez, tío del niño y actual magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. También sabemos con toda certeza que el padre le propuso al hijo pagarle sus estudios universitarios a cambio de que renunciara al derecho de usar su apellido. Esos pagos fueron mensuales, y siempre por un salario mínimo. Comprobar que las afirmaciones del presidente de la Corte Constitucional habían sido un intento de engaño y de manipulación nos obligó a reconsiderar nuestra primera decisión de no hacerlas públicas. Tras un consejo editorial, CasaMacondo resolvió abordar nuevamente al magistrado para advertirle que las publicaríamos. Quisimos saber, además, si tenía algo más por decir. Su respuesta fue que nos prohibía la divulgación de esas aseveraciones, argumentando que las había planteado como hipótesis y en un contexto informal, sin la advertencia de que podrían hacerse públicas. Mintió otra vez. El tono de su voz fue categórico. En su caso, ese modo de decir es aún más certero, tratándose de un magistrado con su formación académica y su experiencia profesional. Justamente por eso, tampoco puede alegar que la conversación con un periodista, que le advierte las razones de su llamada, en el contexto de una investigación, necesita su autorización para ser divulgada. La entrevista nunca se planteó off the record o de modo confidencial. A continuación compartimos los audios y las transcripciones de algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos con Jorge Enrique Ibáñez Najar el 13 de agosto, justo el día internacional de la zurdera, pero es posible que esa fiesta nada le diga al presidente de la Corte Constitucional, que es diestro, lo sabemos. ¿En qué lugar ético queda su magistratura tras los reiterados intentos
Tiros de gracia: las dudas sobre la matanza de disidentes en Guaviare
Los 26 cadáveres organizados de disidentes con tiros de gracia sobre una vía del municipio de El Retorno, ponen en duda la idea de que murieron en combate. También muestran la conexión de la disidencia de “Iván Mordisco” con el Cauca y el drama del reclutamiento de niños. La vereda Kuwait, en el municipio de El Retorno, Guaviare, es quizá más conocida por el pequeño peaje comunitario ubicado en una tienda debajo de un árbol al lado de la vía que llega al caserío de La Paz. Desafortunadamente, en enero de 2026, se volvió noticia por la aparición de 26 cadáveres organizados sobre esa misma vía, todos miembros de la disidencia liderada por ‘Iván Mordisco’ que opera en la zona. Esta matanza podría ser el episodio más reciente en la confrontación entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá’, y el Estado Mayor Central (EMC) de ‘Mordisco’. Aunque esa disputa no es nueva, este hecho es algo sorprendente porque la intensidad de esa confrontación había disminuido: pese a las amenazas y presiones sobre las comunidades, no se habían dado enfrentamientos entre los dos grupos en los últimos seis meses. Su intensidad ha sido menor que la de confrontaciones en otros departamentos, como Norte de Santander o Cauca. Este hecho tan sangriento deja diferentes interrogantes, al tiempo que algunos detalles importantes para entender el conflicto en esta parte de Guaviare. ¿Qué pasó en Kuwait? Hay distintas versiones. La Fuerza Pública y reportes iniciales hablan de un combate entre miembros del EMBF y el EMC. Este último, publicó un comunicado repitiendo una versión que se movía por redes sociales y WhatsApp, en la que dicen que miembros del grupo del EMBF envenenaron a los del EMC y los asesinaron. Pero los videos de los cadáveres generan más dudas que certezas. Todos los cuerpos tienen heridas de «tiros de gracia», algo particularmente atípico. Aunque en un enfrentamiento un combatiente puede morir por un disparo en la cabeza, en este caso todas las víctimas murieron de la misma manera y sin impactos de bala en otras partes del cuerpo. A esto se suma que parece que todos fueron ejecutados directamente sobre la vía, sin señales visibles de combate. Este patrón indica que los integrantes del EMC no murieron en combate y que, además, habrían sido previamente despojados de sus armas, pues no parece que hubieran puesto resistencia. Es difícil entender cómo 26 miembros de un grupo armado ilegal llegaron a estar en una situación así: sin armas y a la merced de sus asesinos. Aquí la versión del envenenamiento coge algo de fuerza, igual que otra posibilidad: que haya sido un asunto interno del grupo. Ya varios medios, citando información de inteligencia, han reportado que ‘Calarcá’ le pagó $500 millones a alias ‘Korea’, un mando medio del EMC en la zona, por la información necesaria para emboscar a los disidentes de ‘Mordisco’. Estos problemas internos no son nuevos en el EMC en Guaviare. Por meses han rondado rumores fuertes de que algunos comandantes han «vendido» a otros por conflictos entre ellos, lo cual explicaría, según estas versiones, operaciones militares en contra de líderes del EMC que han llevado a la muerte de algunos de ellos, como alias ‘el Paisa’, ex jefe del Frente Primero, en Solano, Caquetá, en abril del 2025. Existen ejemplos desde la creación de la disidencia incluso. Alias ‘Aldemar’, uno de los mandos medios fundadores de la disidencia —y quien operaba en el sector de Kuwait, La Paz y el río Inírida— fue capturado en febrero del 2018. Según miembros del grupo armado en ese entonces, el mismo frente le entregó la información necesaria a la Fuerza Pública para ubicarlo y detenerlo porque se robaba plata. En otro caso, en 2017, el comandante financiero —también fundador del grupo— alias ‘Danilo’, se voló del Frente Primero con alrededor de dos mil millones de pesos; se escapó del caserío de La Paz. Pero todo cambió a finales de 2022 cuando alias ‘Frank’, comandante financiero del mismo frente, rompió con el grupo (otra vez) en La Paz. En ese momento, ‘Mordisco’ respondió violentamente y buscó atacar a ‘Frank’ donde estuviera. Luego ‘Frank’ fue capturado por las autoridades, pero escapó después de recibir casa por cárcel. Desde entonces, ‘Mordisco’ empezó a traer nuevos comandantes al frente, la mayoría desde afuera: ‘El Paisa’ llegó en 2023 desde Caquetá y luego alias ‘Yimmy’ desde el Cauca, por ejemplo. La instrucción de ‘Mordisco’ para ellos era «poner orden», sobre todo internamente. Esta era la prioridad, incluso por encima de mantener la relación política ya establecida con la población civil. Y cumplieron: poco después, habitantes en las áreas de operaciones de estos dos comandantes empezaron a quejarse de su maltrato e imprevisibilidad. Esto no es para afirmar que la matanza se deba a conflictos internos de las unidades del EMC en Guaviare, sino para plantear que es otra hipótesis que tampoco se puede descartar. ¿Y La Paz qué? La vereda Kuwait es vecina al caserío de La Paz, el pueblo más importante de este sector del río Inírida, y que es ampliamente conocido en la zona por ser un centro de operaciones de la disidencia del EMC. Los miembros del grupo a veces están uniformados y armados, y citan reuniones en el caserío, incluso con mandos importantes. Según diferentes fuentes, el mismo ‘Mordisco’ a veces pasaba por allá hace unos años. Ellos gobiernan en varios sentidos: imponen normas, resuelven diferencias entre la comunidad, ofrecen protección de enemigos externos, y regulan y participan en la economía de la coca. Ningún foráneo puede entrar sin el permiso del grupo. El control del EMC se extiende desde La Paz hasta la vereda Kuwait, un punto clave para impedir el ingreso de la Fuerza Pública allí, lo que hace indispensable para el grupo mantener dominio sobre este territorio. La Paz depende de la coca para su economía, aunque desde la pandemia también ha habido un aumento en la deforestación en la zona, lo cual ha significado más
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
Los juegos del cobre en Putumayo
La minera Libero Cobre, cuyo principal accionista es un reconocido empresario con inversiones en películas de Hollywood y proyectos extractivistas en distintos países, patrocina eventos y deportistas en el departamento del Putumayo. Según organizaciones sociales, esta estrategia busca mejorar su imagen frente a los señalamientos sobre los posibles efectos ambientales del que podría convertirse en el mayor proyecto de explotación de cobre en la Amazonía colombiana. Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”). En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad. Marcha realizada en mayo de 2025 en Mocoa, Putumayo, contra los planes de explotación de cobre en la región. Desde 2018 se han realizado al menos cuatro grandes marchas con el mismo objetivo. Crédito: Colectivo Yuyariy. La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”. En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. Crédito: Facebook Libero Cobre. Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo. Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía. El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos. El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz. El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo. La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero
El infierno de los justos: del palacio a las aulas
El 6 y 7 de noviembre de cada año se recuerda un episodio que marcó traumáticamente la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma del lugar por parte de las fuerzas militares. Casi un centenar de personas murieron en estos hechos de los que todavía queda mucho que contar. En este trabajo, que apuesta por la investigación periodística y la instalación artística, evidenciamos un ángulo no explorado hasta ahora. Ilustración: Isabella Londoño. Hace 40 años, la toma y retoma del Palacio de Justicia marcó a Colombia para siempre. Muchas historias se han contado a lo largo de estas décadas sobre los impactos de esta tragedia nacional. Pero nunca antes se había indagado en cómo, ese 6 y 7 de noviembre de 1985, las aulas de las facultades de Derecho quedaron vacías por la ausencia de los magistrados asesinados, que a su vez eran profesores… Hasta ahora. “El infierno de los justos: del palacio a las aulas” es una serie de pódcast producida por 070 Podcasts, La Liga Contra el Silencio y Revista Gaceta, que ahonda en cómo esta tragedia nacional impactó en la enseñanza del Derecho en esa época: en sus facultades, en los estudiantes, egresados, colegas e instituciones universitarias. De los 11 magistrados asesinados, ocho eran profesores de la Universidad Externado, uno del Rosario y otros varios, incluyendo también auxiliares, tenían estrechos vínculos con varias universidades en Colombia. Lo sucedido esos días en el Palacio de Justicia fue “un golpe enorme para todos los que teníamos que ver con el Derecho, porque era incinerar lo más alto que existía dentro de la profesión”, afirma Fernando Cepeda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en esa época. ¿Cómo fue ese golpe? A partir de las voces de egresados, docentes de la época y familiares, reconstruimos cómo se vivió la toma y retoma del Palacio de Justicia en los salones de clase y las facultades de varias universidades bogotanas, así como los impactos a largo plazo en la comunidad universitaria de esa época, que continúa cargando con una herida abierta, y la necesidad de hacer catarsis y memoria sobre lo sucedido. A raíz del trabajo colaborativo para la realización de esta serie de pódcast, en algún punto nos hicimos la pregunta: ¿Qué más puede ser esta historia, aparte de un formato sonoro? Por eso, en alianza con el Museo de la Independencia Casa del Florero, creamos y donamos la instalación artística Y las aulas quedaron vacías, una pieza sonora basada en esta serie de pódcast, que nos invita a un ejercicio: pausar para escuchar las voces de los testimonios que resuenan como eco de lo sucedido, y darles el lugar que merecen en esta historia. Y las aulas quedaron vacías quedará permanentemente en el Museo, como una donación de Cerosetenta, Revista Gaceta y La Liga Contra el Silencio. Pueden visitarla en el Museo de la Independencia Casa del Florero, en la Carrera 7 # 11-28, en Bogotá. Ya está al aire el primer episodio de “El infierno de los justos: del palacio a las aulas”. Escúchelo ya por 070 podcasts en su plataforma de podcast favorita, y espere los siguientes episodios en las próximas semanas.
Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo
En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara
El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare
Guaviare vive una guerra inédita entre los jefes de las dos principales disidencias de las antiguas FARC: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. Además de la violencia, la población lidia con las intimidaciones por WhatsApp. El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare. Ilustración: Cigarra. Los ojos negros y brillantes de Carlos*, un campesino que ahora mira por la puerta de su tienda a ver si viene alguien, ya no se cierran tan fácil. Hay noches en las que pasa derecho, dice después su esposa, que lleva puesto un vestido de seda hasta los pies. Va agarrada del espaldar de una silla de cuero negra, en una camioneta que esquiva los huecos de una trocha porosa en el departamento de Guaviare. Le dicen “la trocha ganadera”. Es una vía de 140 kilómetros, rasguñada por las llantas y la lluvia. Conecta a sesenta veredas y, desde hace unos meses, es un terreno en disputa de las disidencias de las antiguas FARC por ser una arteria estratégica para una guerra que aquí tiene dos nombres: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. El primero es el jefe del Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen quienes fueron señalados de poner dos cilindros bomba en una base aérea militar en Cali, solo unos días antes de que se publicara este texto, y por eso el presidente Gustavo Petro ahora pide meterlos en una lista de organizaciones terroristas. El segundo, en cambio, sigue negociando algún acuerdo de paz con el gobierno. Carlos sabe muy poco de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, pero lo que deciden en su guerra se mete con sus días y sus noches. Sabe que antes eran parte de un mismo grupo y ahora no. Sabe que si uno de sus hombres, de cualquier bando, pasa por su tienda, le toca atenderlo. Sabe que si viene un soldado del Ejército es mejor no hablarle porque se gana un problema. Sabe que si lo llaman a su celular y no contesta, después vendrán a reclamar. No sabe qué deparará esta pelea porque lleva toda su vida acostumbrado a tener que lidiar con un solo grupo. Es domingo. Ya pasó el intenso verano y el cielo está tapado de nubes. La camioneta esquiva las cicatrices de la tierra anaranjada de la carretera, se mece como una cuna de bebé y pasa por una iglesia pentecostal en la que unos 15 campesinos rezan. En las casas, al pie de la misa, el ritual es otro. Desde una puerta abierta fluye a todo volumen la voz de Rafael Orozco cantando un vallenato. Dos hombres fuman y toman cerveza recostados, uno en su moto y el otro en una silla. Desde otra puerta, que queda justo al frente, se oye música popular. Cinco indígenas atraviesan la competencia musical caminando. Un perro les ladra. Varios kilómetros adelante, la camioneta frena ante una cuerda que sostiene un joven que no pasa de 20 años. Es el “peaje” que entre los campesinos montaron para arreglar la vía. “COMITÉ PROCARRETERA TROCHA GANADERA, APORTE ARREGLO PASOS CRÍTICOS”, dice el papel. Moto: 2.000. Motocarro: 5.000. Camioneta: 10.000. Turbo Sencilla: 20.000. Turbo doble: 30.000. Camión: 40.000. Mula: 50.000. Volqueta Sencilla: 40.000. Volqueta doble troque: 50.000. Un día de junio, antes de que existiera este peaje, Carlos tuvo que cerrar su negocio porque la disidencia de ‘Mordisco’ impuso un toque de queda. Estaba en su casa cuando leyó un trino del presidente Gustavo Petro: “Invito a toda la población del Guaviare a hacer verbena popular todas las noches”. Él no entendía cómo era posible que Petro los llamara a bailar en las calles mientras él estaba encerrado a la fuerza, con la puerta de metal de su negocio rozando el piso, y con la mirada clavada en el celular, como todos en su vereda (a la que no identificamos por motivos de seguridad). Afuera solo se oían los pájaros. Él no era el único que sentía a Petro desconectado. Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se ganó un dardo público del Presidente después de decir “Petro viene, da un discurso en poemas y se va”, en una entrevista para La Silla Vacía. Se refería al día en que Petro estuvo en Guaviare lanzando un documental en junio, justo el mismo día que ‘Mordisco’ escaló el toque de queda —que confinó a 10 mil personas como Carlos— a un paro armado. El Presidente minimizó el poder de los grupos con frases como: “violencia obviamente que pulula por ahí y aquí deben estarme escuchando algunos de ellos, pero no es como se pinta en la prensa”. Petro le respondió al alcalde diciéndole: “Quien no le gusta el poema es porque su corazón está muerto”. Sentado en su oficina, mientras atiende llamadas para enviar remesas a familias damnificadas por la ola invernal, el alcalde Rodríguez dice que se mantiene en sus palabras y que “cuando Petro vino a lo del documental, acá estábamos confinados por la bala y el agua”. La zozobra de esta guerra entre las disidencias en Guaviare se vive con más fuerza ahora por WhatsApp. Antes, lo normal para un líder campesino como Carlos era recibir panfletos, mensajes de voz y comunicados de alias ‘Yimi’, un miliciano de las antiguas FARC-EP que viene del Cauca y hoy es comandante del Frente 44 de la disidencia de ‘Mordisco’, la unidad que controlaba esta zona y que no pasa de 70 hombres. Pero en marzo de este año, cuando ‘Calarcá’ anunció que quería meterse a pelear el control de la “trocha ganadera”, Carlos comenzó a recibir mensajes ya no solo de ‘Yimi’. También comenzaron a llegarle los de alias ‘Miller’, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016 que dejó las armas en Vista Hermosa, Meta, y fue uno de los guardias del contenedor lleno de fusiles que las FARC entregaron en su desarme en esa zona. ‘Miller’ pasó de cuidar esos fusiles que debían marcar el final de la guerra a volver a portar uno. Estaba en casa por cárcel cuando decidió irse, primero a las filas de ‘Mordisco’, para luego terminar en las de ‘Calarcá’. Hace unos
Miguel Ángel Pabón, el defensor ambiental que se oponía a una represa y desapareció en 2012
Entre 2009, cuando inició la construcción de Hidrosogamoso, y 2014, cuando empezó a funcionar la hidroeléctrica, fueron asesinados al menos seis defensores del territorio, y uno más fue desaparecido. Esta es la historia del último de ellos. Aunque en 2020 hubo una condena a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel, su cuerpo aún no ha aparecido. Foto: Jaime Moreno Vargas. ¿Quién era usted, Miguel Ángel? ¿Por qué caminaba tanto con unos zapatos muy incómodos, que además le sacaban ampollas? ¿Por qué vivía obsesionado con ayudar a los más pobres si a veces no tenía ni para las tres comidas diarias? ¿Por qué cuando les pedí que me dijeran que era lo que más recordaban de usted, dos personas coincidieron en que sus abrazos se caracterizaban por ser amplios, largos, sin medida de tiempo ni espacio? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información sobre las condiciones en que usted desapareció, a las 11 de la noche del 31 de octubre de 2012? ¿Quiénes eran los hombres armados que lo sacaron de su casa ese día? ¿Por qué querían hacerle daño? ¿Dónde está ahora, Miguel Ángel? De Miguel Ángel Pabón quedan pocos registros gráficos, pero muchísimos recuerdos entre los compañeros que, durante cuatro años, lo acompañaron a luchar contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidrosogamoso. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Existe un Día Internacional de Acción Contra las Represas. La mayoría de la gente —al menos la que no vive cerca o la que no trabaja en eso que el diccionario define como una “obra para contener o regular el curso de las aguas, generalmente de hormigón armado”— desconoce la efeméride, pero los líderes sociales y defensores ambientales de nueve municipios de Santander la tienen marcada en sus agendas desde hace por lo menos 15 años. Por eso eligieron el 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción Contra las Represas, para bloquear la entrada del campamento de los 4.000 obreros que desde hacía dos años avanzaban en la construcción de la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto hidroeléctrico que prometía ser uno de los mayores generadores de energía y desarrollo de Colombia. Aunque la protesta estaba agendada para las 6 de la mañana, Miguel Ángel Pabón estuvo ahí, en el campamento El Cedral, a 67 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conduce a Barrancabermeja, a las 4 de la madrugada. Ya era una cara visible de quienes defendían al río Sogamoso y a las comunidades de la zona. No solo porque el desvío del cauce del río estaba comenzando a alterar su seguridad alimentaria, en una región donde la pesca jugaba un papel muy importante en el sustento de la gente. También porque muchos se enteraron de la existencia de la hidroeléctrica cuando ya había empezado su construcción. Y porque no había claridad de si Isagen, la empresa a cargo del proyecto, había realizado todos los estudios necesarios para prever si el embalse aumentaría la sismicidad de la zona, en un departamento que acumula más del 60 % de los temblores de Colombia. Ese 14 de marzo, a los campesinos y pescadores se unieron estudiantes, ambientalistas, miembros de distintos sindicatos y varias decenas de volqueteros que trabajaban en la obra: hacía tres meses que Isagen no les pagaba sus servicios. Duraron tres días en la entrada del campamento. “Ese bloqueo fue un hecho político muy importante. Un punto de quiebre en nuestras luchas sociales”, me cuenta trece años después Mauricio Meza, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, que hoy dirige la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso, una oenegé creada en Santander hace casi 30 años. Hecho político. Punto de quiebre en las luchas sociales. Y acción que también influyó en la desaparición de Miguel Ángel. De eso está convencido Mauricio. “Esas volquetas luego se supo que eran de ‘paracos’ y de manes que robaban gasolina. Ellos dijeron que se sumaban al bloqueo y se iban detrás de nosotros para que les pagaran, pero cuando al segundo día de protesta nos mandaron al ESMAD y comenzaron a darnos con todo, uno de los contratistas de las volquetas que nos había ayudado sacó un revólver y empezó a dispararles, y eso me puso a desconfiar mucho porque significa que la movilización estaba infiltrada”, afirma. Ese contratista se llama Jorge Larrota Portilla y en 2020 fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel. El problema es que el cuerpo aún no ha aparecido y, por ello, oficialmente sigue reportado como desaparecido. Mauricio Meza, uno de los amigos más cercanos de Miguel Ángel Pabón, sostiene una foto del líder desaparecido en octubre de 2012. Foto: Jaime Moreno Vargas. *** Según un documental web de la organización ambientalista Censat Agua Viva, titulado “Remolinos de guerra y desarrollo en el río Sogamoso en Santander”, entre 2009, año en que comenzó la construcción de la represa, y 2014, año en que empezó a funcionar, al menos seis defensores ambientales fueron asesinados, y uno más resultó desaparecido. Luis Alberto Arango Crespo fue asesinado el 12 de febrero de 2009. Lideraba la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la ciénaga del Llanito, de Barrancabermeja. Herbert Sony Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2009. Era el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja. Marco Tulio Salamanca Calvo fue asesinado el 3 de septiembre de 2009. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marta, del municipio de Girón. Honorio Llorente Meléndez fue asesinado el 17 de octubre de 2009. Presidía la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches. Jairo Rodríguez Caro fue asesinado el 13 de abril de 2011. Era líder comunitario de la vereda Marta, la misma de Marco Tulio. Miguel Ángel Pabón Pabón fue desaparecido el 31 de octubre de 2012. Era uno de los creadores del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Los Acacios, en San Vicente de Chucurí, y miembro del movimiento Ríos Vivos Santander. Y Armando Caballero Toscano fue asesinado
Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe
Entre 1999 y 2006 se registraron varios ataques por parte de paramilitares de la Sierra Nevada contra los rockeros de Santa Marta. Hoy, la ciudad vive una ola de violencia que remite a esos años oscuros.
Los árboles que borran la sabana: la colonización ‘verde’ del Vichada
En los Llanos Orientales ocurre una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia: miles de hectáreas de sabana han sido convertidas en monocultivos de eucalipto y acacia. Este negocio “verde” está sembrado sobre la acumulación de tierras y el despojo a comunidades indígenas. Este texto integra el especial No es bosque, es despojo: La colonización ‘verde’ de los Llanos Orientales, de Mutante, La Liga Contra el Silencio y Runrun.es. Foto: Jorge Luis Rocha. Graciliano Fonseca vivió 40 años en los Llanos Orientales sin ver jamás un eucalipto. Hasta que, en 2020, una empresa privada plantó miles de esos árboles de origen australiano en la tierra en la que vive su comunidad. En dos años, los eucaliptos ya medían más de cinco metros, mientras los pequeños árboles de mango que él había sembrado seguían sin crecer. “Esas son matas científicas, me sorprendieron”, dice. No se equivoca. Son eucaliptos modificados genéticamente para desarrollarse más rápido que cualquier árbol nativo del Vichada. La llanura con árboles diversos como congrios y chaparros fue sustituida por una pared de árboles idénticos que tapó el horizonte. Los niños más pequeños de la comunidad indígena de Wasapana Dagua, a la que pertenece Graciliano, a tres horas por tierra de la capital Puerto Carreño, apenas tienen recuerdos de cómo se veía la sabana antes de los eucaliptos. “Crecieron delante de nosotros”, dice Cristian, de once años. Vichada es el departamento de Colombia con más hectáreas de plantaciones forestales, por encima de Antioquia. Foto: Jorge Luis Rocha Cristian tenía siete cuando los ingenieros llegaron a tomar medidas para la plantación, en febrero de 2020. En sus chalecos estaba grabado con letras verdes el nombre de una empresa de Medellín: Inverbosques. Es una de las protagonistas del auge de la industria forestal en Vichada. En pocos años, los eucaliptos y las acacias de origen australiano han redefinido el paisaje del segundo departamento más extenso de Colombia. Las plantaciones de estos árboles en las sabanas del Vichada abarcan 115.000 hectáreas, más de dos veces el área urbana de Bogotá. “Es una de las transformaciones ecológicas más grandes de Colombia, solo comparable tal vez a la pérdida de selva húmeda tropical en la Amazonía”, explica Sergio Estrada Villegas, ecólogo y profesor de la Universidad del Rosario. No solo ha cambiado el ecosistema, también la propiedad de la tierra. Durante los últimos 30 años, los discursos oficiales han presentado al Vichada como un espacio vacío, a la espera de ser llenado por el capital. “Una tierra plana, sin piedra, con agua y sin montaña”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en un discurso en 2003. Una tierra —agregó justo después— que podía colonizarse “sin el obstáculo ecológico de llegar con un hacha” porque no había siquiera árboles para cortar. Esa visión, impulsada por los bajos precios de la tierra, fue la que atrajo a los inversionistas de las plantaciones de eucaliptos y acacias. Su idea original era cortar los árboles y exportar la madera. El camino más rápido es a través del río Orinoco, que separa a Vichada de Venezuela y continúa su curso por ese país hasta el mar. Esa fue la ruta que propuso en 1999 el Consejo Regional de Planificación de la Orinoquía. El plan, sin embargo, dependía de la relación entre los dos países. Las tensiones políticas con Venezuela en las últimas décadas dejaron a los empresarios con las plantaciones sembradas, sin saber qué hacer con ellas. “En 2015 estábamos en un momento crítico en el que nos preguntamos qué íbamos a hacer con esa madera”, dijo Natalia Quevedo, la gerente de Inverbosques, en una entrevista con Mutante. Los negocios ambientales fueron la respuesta. En medio del interés mundial por opciones para contener la crisis climática, los hasta entonces inversionistas de la madera descubrieron en esas plantaciones un tesoro verde. Varias empresas se volcaron a la generación de energía con la madera de los árboles, como una forma de reemplazar los combustibles fósiles como el petróleo. Las dos especies de árboles más plantadas en la Orinoquía son Acacia mangium y Eucalyptus pellita. Foto: Jorge Luis Rocha. En 2021, el Grupo Santo Domingo, uno de los cinco más ricos de Colombia, inauguró en Puerto Carreño, capital del Vichada, una planta de energía a partir de la madera de las plantaciones. El principal proveedor de la planta es Forest First, una empresa estadounidense con 14.000 hectáreas de eucaliptos sembradas en Vichada (para profundizar en este tema, puedes leer el artículo “El negocio ‘verde’ de los Santo Domingo dejó a oscuras a la capital del Vichada”). Al principio, Inverbosques consideró entrar también al campo de la generación de energía. Pero, según la gerente Quevedo, encontró una opción más rentable. Desde 2017, la empresa antioqueña se dedica a vender bonos de carbono: un mercado en el que empresas contaminantes, como grandes compañías petroleras, pagan para compensar sus emisiones de CO2. La ganancia de Inverbosques comenzó a depender de dejar los árboles plantados, sin cortarlos, y recibir recursos de estas empresas extranjeras. “Salimos al mundo a ofrecer que el Vichada podía convertirse en la segunda Amazonía”, dijo Natalia Quevedo. Pero esa Amazonía artificial está sembrada sobre predios de origen baldío: tierras que el Estado debe adjudicar a sus ocupantes históricos o a personas sin tierra. En Vichada, son sitios habitados desde hace siglos por comunidades indígenas como la de Wasapana, que quedaron excluidas y despojadas en medio de la fiebre de compra de tierras de las últimas dos décadas. La ley en Colombia establece límites a la adquisición de tierras de origen baldío para evitar su acaparamiento. A este límite se le llama Unidad Agrícola Familiar (UAF). En la zona del Vichada en la que Inverbosques tiene sus plantaciones, el tope es de 1.293 hectáreas. El proyecto de esta empresa, sin embargo, ocupa 104.000 hectáreas, según reportó en un informe público de 2024. La explicación de la gerente Natalia Quevedo es que solo se dedican a gerenciar la siembra y el mantenimiento de las plantaciones, y que las tierras donde están plantados