Voces para entender la crisis que ahoga a la UdeA
Aunque hay algunos consensos sobre la situación que afronta la UdeA ‒como la responsabilidad de la Ley 30 de 1992 en la desfinanciación histórica de las universidades‒, también hay matices y desacuerdos. Este es un rompecabezas polifónico pero incompleto de una coyuntura que amenaza la calidad de la educación y la existencia misma de la universidad más importante de Antioquia. Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía ¿En qué consiste la actual crisis financiera? Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía La crisis está determinada por la desfinanciación estructural de las universidades públicas que está determinada, a su vez, por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 esta ley estableció el proceso para asignar el presupuesto de las universidades públicas, que aumenta anualmente a partir del Índice de Precios al Consumidor. El problema reside en que, año tras año, los gastos de las universidades son mayores que ese aumento. Por ejemplo, para 2018 la desfinanciación fue de 18.000 billones de pesos para todas las universidades públicas. Otro elemento es que en el 2002 el Gobierno promulgó el Decreto 1279 que define el proceso de asignación salarial de los profesores de las universidades públicas. Este decreto, creado con el objetivo de mejorar los salarios de los profesores universitarios, consiste en que las producciones académicas, científicas y artísticas de los docentes son calificadas en la medida en que vayan a revistas, editoriales o a instituciones científicas internacionales; esa evaluación lleva a una calificación dentro de la universidad y genera unos puntos salariales. Efectivamente esto permitió el mejoramiento del salario de los profesores, especialmente de aquellos que se han proyectado como profesores investigadores (…). El problema es que desde entonces los gobiernos no han cubierto el valor generado por esos puntos salariales. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Es una triada donde convergen tres fenómenos que hay que mirar de forma simultánea. El primero es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992. El segundo es que la Universidad ha crecido de forma desbordada, quizás con la mejor intención, pero sin fuentes de financiación permanentes. La Universidad asume la diferencia entre los costos de formación de un estudiante de pregrado y lo que la ley entrega. Hemos tenido que financiar con recursos propios el famoso Decreto 1279, además de que todo el crecimiento de la Universidad en regiones también ha sido con recursos propios. El tercero, resultado de los dos anteriores, son los problemas de caja. La Universidad tiene recursos muy limitados para atender su funcionamiento normal: tiene incumplimiento de pagos a proveedores que superan los 60 días y el nivel de riesgo creció sobre todo para las entidades financieras que estarían interesadas en prestarle. Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU ¿Cuándo y cómo empezó esta crisis financiera? Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU Para mí, empieza desde el momento en que empieza a imponerse el modelo de Estado neoliberal, con el gobierno de César Gaviria y la creación de la Ley 100 de 1993, sobre la salud, y la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior. Estas leyes privatizaban la sanidad y la educación públicas. Pero también empieza con la pérdida de identidad de la universidad pública. La UdeA era la que nos permitía abrir la mente, nos daba una forma de comprender mejor el mundo, apartada del discurso capitalista y neoliberal; eso lo estamos perdiendo como universidad. Este año se habla de que empezó cuando se retrasaron los pagos de algunos docentes, pero a principio de año ocurrió algo interesante que me deja con inquietud: si la Universidad venía tan mal, ¿por qué hubo 12 candidatos a la rectoría? Más de uno era parte del equipo administrativo del rector del período anterior. Eso también generó una crisis por la pelea de los dos extremos políticos que tiene atravesada a Antioquia: el uribista y la izquierda. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo A largo plazo, no podemos dejar a un lado la reforma de la Ley 30 de 1992. A mediano plazo, está mejorar la liquidez de la Universidad; finiquitar el proceso de venta de bienes inmuebles no misionales que la Universidad recibió en donación y están avaluados en 92.000 millones de pesos; y esperamos que los ajustes en la operación hagan unos 25.000 millones de pesos adicionales, porque el nivel de ingresos está por debajo del de gastos. A corto plazo, tenemos la autorización de un crédito por 90.000 millones de pesos para pagar la nómina de diciembre (con prima navideña, retroactivos, liquidación de productos, etc.). Hay un faltante adicional que corresponde a las obligaciones con proveedores: nos faltan cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí es donde le decimos al Gobierno nacional y departamental que necesitamos recursos adicionales. Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo John Jairo Arboleda, rector ¿Por qué la rectoría insiste en el actual modelo de regionalización y crecimiento? John Jairo Arboleda, rector La UdeA ha liderado la descentralización de la educación superior en el departamento, de esta manera hemos ofrecido oportunidades a miles de personas que no tenían acceso a la Universidad. Actualmente la Universidad no tiene planes de creación de nuevos campus en municipios o regiones de Antioquia. Ante la situación financiera que vivimos, la Dirección de Regionalización viene revisando la operación para identificar oportunidades de mejora que se traduzcan en la racionalización de la inversión anual, esto no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos ganado en las últimas décadas con nuestra presencia. Los cambios esenciales que se deben dar en el modelo de regionalización tienen que ver con el financiamiento. Necesitamos que los gobiernos reconozcan y compensen el esfuerzo que está haciendo la Universidad. ¿En qué consiste el plan de austeridad? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo Toda entidad
“No se puede manejar de la misma forma un batallón que una universidad pública”
John Jairo Arboleda, rector de la UdeA designado para un tercer período, habló del ambiente en el que el Consejo Superior Universitario se decantó por él. Además, respondió a varias de las críticas que le han formulado desde varios sectores de la Universidad, como que su gestión ha sido “permisiva”. El rector John Jairo Arboleda en el 10|12 Lab, donde se grabó la entrevista. Allí anunció propuestas sobre la duración del período de la rectoría. Foto: Juliana Restrepo Santamaría. El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) reeligió a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, con seis votos a favor. En la sesión extraordinaria que se realizó en la Gobernación de Antioquia, Arboleda recibió el apoyo del sector productivo, el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el representante del profesorado, el de las directivas académicas y el de los egresados. El período 2024-2027 será el tercero en línea para él, no obstante, en esta entrevista aseguró que será el último. A propósito de su designación, De la Urbe habló con Arboleda sobre lo que la comunidad universitaria puede esperar de esta nueva gestión; y le planteó algunas dudas y cuestionamientos que quedaron tras la campaña, como su figura de candidato-rector y su relación con sectores del empresariado antioqueño. En un inicio, usted no estaba en las cuentas de las candidaturas, ¿por qué decidió volverse a lanzar? La normatividad universitaria permite que haya una postulación en el ejercicio del cargo. Desde lo personal, uno tiene que tomarse unos tiempos distintos. Así es que las decisiones son muy al final del proceso, y por eso precisamente quedé en el último lugar de la inscripción. También había sucedido en la primera (para el período 2018-2021). Yo era decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (2016-2017), y pensaba mucho en la toma de la decisión porque ‒siempre lo he dicho‒ no es un cargo, es una enorme responsabilidad la que uno asume; y para eso tiene que tomarse su tiempo para pensarlo, para discutirlo con muchas personas cercanas y, sobre todo, para preguntarle a la familia si están dispuestos a acompañar tantas ausencias. Terminó una campaña donde hubo mucha desinformación con respecto a las candidaturas. ¿Qué lectura hace sobre ese panorama? Muy lamentable. Yo lo sufrí. Lo sufrí porque yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia a los académicos universitarios de la dirigencia política nacional es que nosotros nos basamos en hechos, en cifras, y en la proyección que creemos que debe tener la Universidad. Yo no creo que haya cabida en un debate de estos para noticias falsas, mentiras completas, verdades a medias o para algunos comentarios tendenciosos. Y eso, desafortunadamente, nos pasó. Pero ya por fortuna sucedió el proceso de designación y esperamos recuperar nuestro espacio. En medio de ese panorama, unos carteles lo señalaban entre los aspirantes “del GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño). ¿Tiene alguna relación con el GEA o con el empresario Manuel Santiago Mejía? Tengo una relación interinstitucional. La Universidad de Antioquia y quien ocupe su rectoría hacen parte de la Junta Asesora del CUEE 2.0 (Comité Universidad Empresa Estado), y allí se encuentran todos los empresarios del departamento: los grandes, los medianos y especialmente los pequeños. Yo he tenido relación con el doctor Manuel Santiago en virtud de su participación en el Consejo Superior Universitario por muchos años. Él hace parte de la Junta Directiva del Hospital Alma Mater de Antioquia desde que era IPS universitaria, y ha sido un egresado de la Universidad que siempre ha estado muy atento en generar puentes de comunicación cuando se trata de gobiernos locales, regionales o nacionales, y también con el resto del empresariado. Tengo muy buena relación con los empresarios de Antioquia, con algunos de Colombia, e incluso en otras regiones. A mí me parece que es una gran oportunidad para que ellos conozcan de cerca la universidad pública, y sobre todo para que acompañen y apoyen muchos de los procesos que desarrollamos en los territorios. El 2 de abril el sector productivo votó por usted, cuando en principio había votado por la profesora Natalia Gaviria. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que el gran valor de mi candidatura fue la consulta. La comunicación que se conoció del Intergremial es que ellos se acogían también a esa consulta y que postulaban mi nombre. Y a raíz de lo que se suscitó con la elección de rector en la Universidad Nacional, el señor presidente hizo dos trinos en los cuales decía: uno, que se haga público por quién votan, así sea secreto el proceso; y dos, que apoyen a quien ganó en las consultas. ¿Cree que ser candidato-rector lo favoreció de alguna manera? Yo creo que favorece, sin duda. Primero por trayectoria, segundo por conocimiento del desempeño y funcionamiento de la institución; y por supuesto, cuando uno lleva seis años en el cargo hay mucha más gente que lo conoce y que ha trabajado con uno, y seguramente entre esas personas hay alguna preferencia por algún nombre, alguna figura en particular. Pero también hay riesgos. Yo creo que, en situaciones tan difíciles como las que nos toca administrar a las universidades públicas en nuestro país, es más fácil cometer errores, tener opiniones contrarias a lo que uno haya hecho. Finalmente, lo que se critica es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho es difícil de criticar, aunque también pueden venir críticas en cosas que se dejan de hacer. ¿Qué tan involucrado quiere estar en el debate sobre la reforma a la Ley 30? Como rector, lo que me toque hacer como la figura que represento. Pero sobre todo yo quiero ser un gran promotor de la participación que debemos tener los universitarios y la sociedad, porque yo creo que no podemos perder esta hermosa oportunidad de construir, porque este es un tema del orden nacional. La Ley Estatutaria de Educación va a generar la imperiosa necesidad de establecer no una reforma de la Ley 30,