Financiar la adaptación: entre promesas globales y realidades locales
Colombia necesita adaptarse al cambio climático y lo hace a través de deuda. Una experiencia en el Lago de Tota, muestra los retos y aprendizajes para aprovechar mejor la financiación climática que llega al país. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). Colombia se endeuda para financiar asuntos de biodiversidad y cambio climático: el 93 % del financiamiento destinado a estos temas en 2023 fue a través de préstamos. Aunque el Acuerdo de París responsabiliza a los países desarrollados —que más contaminan— de financiar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en los países del sur global —los más afectados—, muchos de estos recursos generan deuda para los Estados que los obtienen. Además, el dinero que actualmente sí se recibe para acciones de adaptación en forma de donación, desde fondos creados por organismos como la conferencias de las partes sobre cambio climático (COP), no se aprovecha completamente en los territorios debido a retos que aún persisten en distintos niveles: los organismos internacionales, el Estado receptor —en este caso, Colombia— y las comunidades locales. Enfrentar estas dificultades permitiría que los fondos que hoy se implementan tengan los resultados esperados y sean sostenibles en el tiempo, así como preparar a las comunidades para el financiamiento directo que se viene discutiendo en escenarios como las COP. La financiación para la adaptación es un acto de justicia Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2 ni de otros gases causantes del cambio climático global. De hecho, son los países desarrollados los que más han generado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, quienes tienen mayor responsabilidad de restablecer la salud e integridad de la Tierra, como lo indica el Principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto también lo reafirma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que señala, además, que los países desarrollados tienen el deber de apoyar a los más vulnerables para hacer frente a los efectos del cambio climático. En el territorio nacional, los impactos económicos del cambio climático y de la variabilidad climática son evidentes. Por ejemplo, en 2010 y 2011, Colombia vivió la fuerza del fenómeno de La Niña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las lluvias e inundaciones generaron pérdidas por 11,2 billones de pesos, afectaron a 3,2 millones de personas y concentraron el 82 % de los daños en vivienda e infraestructura. El evento dejó en evidencia la profunda vulnerabilidad del país y la falta de estrategias de adaptación frente a fenómenos extremos. Desde entonces, fenómenos exacerbados por el cambio climático —como los incendios y la sequía de 2024— muestran la urgencia de fortalecer capacidades locales e involucrar a las comunidades en la prevención y atención de desastres, mediante acciones de adaptación. Aquellas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático Pero esto requiere recursos y, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, el 93 % del financiamiento internacional que ha recibido Colombia para biodiversidad y cambio climático ha creado endeudamiento; solo el 7 % corresponde a donaciones. La COP30 y el dinero para la adaptación El tema de financiamiento climático, especialmente las cantidades de dinero que deben aportar los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones de adaptación, entre otras, es uno de los principales puntos de discusión durante las conferencias de las partes. En la pasada COP30, realizada en noviembre de 2025 en Brasil, se lograron avances importantes en financiación climática, aunque sin romper la tendencia dominante: la mayor parte de los recursos internacionales sigue llegando en forma de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo. María Paula González Espinel, abogada de Ambiente y Sociedad, indica que solo se hizo un llamado a trabajar en la posibilidad de que el financiamiento tenga mejores condiciones que las tasas del mercado o exista una mayor opción de subvenciones, pero no quedó como una obligación para las Partes. En la COP30 se definieron por primera vez indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA), orientados a medir avances en resiliencia —desde el acceso al agua hasta la mortalidad por calor extremo—, que permitirían identificar brechas en la inversión, sectores con mayor financiamiento y grupos poblacionales más expuestos (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas). Sin embargo, muchos fueron modificados a última hora, quedando incompletos o técnicamente inviables; por lo que seguirán siendo discutidos en las negociaciones previas que se realizan cada año, en Bonn (Alemania), antes de la próxima COP, y no es claro si los países estarán dispuestos a comenzar a utilizarlos. La conferencia concluyó con el compromiso de triplicar la financiación para adaptación hacia 2035, lo que significa destinar unos 120 mil millones de dólares anuales a adaptación dentro del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), adoptado desde la COP29. Sin embargo, esta cifra sigue muy por debajo de las necesidades reales, pues el IHLEG estima que solo las economías emergentes y en desarrollo –incluída Colombia– requerirán 400 mil millones anuales exclusivamente para adaptación, dentro de un total de 3,2 billones necesarios para el clima y la naturaleza. En respuesta a esta brecha, la Hoja de Ruta Baku to Belém plantea movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento externo para los países en desarrollo para 2035, aunque su cumplimiento dependerá del compromiso de las Partes y de una mayor cooperación internacional. Además, la financiación para la adaptación continúa dependiendo casi totalmente del sector público, ya que muchos proyectos esenciales —como la protección costera frente a inundaciones— ofrecen poca rentabilidad y no atraen inversión privada. Mientras estas discusiones siguen latentes en el escenario internacional, con el pequeño porcentaje que llega a los países del sur global en forma de donaciones —o dinero que no debe devolverse— ya se están financiando proyectos de adaptación al cambio climático. Estas experiencias permiten comprender el proceso de financiación desde el planteamiento hasta la llegada a los territorios, así como