Así viven los combatientes que salieron de prisión para aliviar la salud y promover la paz
Crédito: Cruz Roja. Uno de los temas en los que han llegado a acuerdos las delegaciones del Gobierno y el ELN son los alivios humanitarios para la población carcelaria de esa guerrilla. Para explicar de qué se trata, visitamos a un grupo de integrantes del ELN que salieron de prisión, debido a sus condiciones clínicas, para ejercer como promotores o gestores de paz. Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar. Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar. Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos. Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo. A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión. Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz. La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones. Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones. ¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado? Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad. El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades. En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico. De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública. Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses
El Frente Comuneros del Sur reitera su interés de participar en los diálogos regionales y el desminado humanitario
El Frente Comuneros del Sur del ELN expresó en un comunicado su intención de participar en los diálogos de paz regionales iniciados en el departamento de Nariño. Esto le suma un nuevo capítulo a la crisis por cuenta de las conversaciones paralelas en ese departamento. El Frente Comuneros del Sur reafirmó su intención de participar en los diálogos regionales iniciados el 9 de marzo en Samaniego, Nariño. En un comunicado en video publicado por RTVC el 12 de marzo, esa agrupación asumió también el compromiso de realizar labores de desminado humanitario. Por su parte, Otty Patiño, Alto Consejero para la Paz, celebró la decisión de este grupo y además anunció la conformación de un equipo operativo en pro de ayudar a concretar con éxito el desminado. A estos anuncios los antecede un pronunciamiento de la delegación nacional del ELN, que el 20 de febrero tomó la decisión de llamar a consultas a sus delegados y congelar los diálogos. El argumento central era que esta iniciativa regional, anunciada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, era un show mediático que pretendía disfrazar el incumplimiento del cese al fuego bilateral. En ese momento, aunque no de manera explícita, se hizo referencia al punto siete del nuevo protocolo de acciones específicas, acordado en el sexto ciclo, que dice que el gobierno no puede desarrollar operaciones de desmovilización individuales y/o colectivas y de desarticulación de ninguna forma a estructuras del ELN. Seis días después, Antonio García publicó una columna llamada La razón de la sinrazón. En su escrito, el Primer Comandante del ELN hizo alusión a una operación de inteligencia para acabar al Comando Central (COCE) y que, según él, fue puesta en marcha desde el 2014. Además, acusó al dirigente del frente Comuneros de ser un infiltrado, aliado con la Segunda Marquetalia y un grupo de paramilitares del pacífico. Ese mismo día, Otty Patiño en entrevista con Cambio, habló sobre la denominada crisis y comentó que le parecía extraña la reacción de Antonio García: “Para él, este proceso es una conspiración de inteligencia para quebrantar y fracturar al ELN y, desde luego, no se trata de eso”. Luis Fernando Trejos, profesor e investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, comentó que esta situación que expresaba el comunicado podía mostrar “que la unidad de mando dentro del ELN tiene fisuras. No está atomizada, pero tampoco es tan monolítica como se han esforzado en comunicarlo”. Sin embargo, el impase parecía superado, puesto que, en horas de la tarde del 26 de febrero, en un comunicado conjunto, la mesa anunció la continuidad de las actividades propuestas en los acuerdos firmados hasta ese momento, o sea el cese al fuego, el proceso de participación de la sociedad y las labores humanitarias. El 9 de marzo iniciaron los diálogos regionales en Nariño y la polémica parecía zanjada. Al evento desarrollado en el coliseo de Samaniego asistieron representantes de organizaciones sociales y comunitarias, así como defensores de derechos humanos. El inició de esas conversaciones se concibió como un puente de diálogo entre estructuras armadas presentes en el territorio y viró hacia la consolidación del programa gubernamental, Regiones de Paz. Estas últimas están enmarcadas en la ley de Paz Total, o Ley 2272 de 2022, y básicamente son definidas como espacios territoriales donde se pueden adelantar, con autorización presidencial, diálogos de paz. En el evento, el gobernador Escobar presentó las “Maquetas de Paz”, una serie de proyectos que contarán con el apoyo de Planeación Nacional y cuyo objetivo es invertir más de 230 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial, plantas de tratamiento de agua, fortalecimiento de la presencia universitaria, entre otros. En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 «> En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 «>En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 Justo ese mismo nueve de marzo Antonio García, en su cuenta de X, volvió a llamar la atención frente a los diálogos regionales que, según él, realmente iniciaron a finales de 2022, al mismo tiempo que fue descubierta la operación de infiltración del la que habló en su columna. García además insistió en que el Gobierno no solo continuó con dicho plan de desmovilización con el objetivo de mostrar a un ELN dividido, sino también protegió a la estructura con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz-UNIPEP y dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado. Frente a la coyuntura que suscitó el anuncio del Gobernador el 19 de febrero, de iniciar diálogos regionales en Nariño y precisamente con el ELN, en una entrevista realizada por María Jimena Duzán y publicada el 11 de marzo, Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, aclaró que uno de los planteamientos que tiene el presidente Gustavo Petro es llegar al territorio con transformaciones, y agregó que los gobernadores tienen como mandato contribuir a superar los problemas de su región y generar sus propios cambios, lo que es diferente a iniciar diálogos con actores armados. “La ley en Colombia no permite eso, un gobernador no se puede sentar a hacer diálogos con un grupo armado y llegar a acuerdos. Entonces diálogo hay que interpretarlo en este caso como