Los jóvenes, los verdaderos agentes del cambio
Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La crisis educativa se ubica entre las más peligrosas para el futuro de la humanidad. El cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible propone garantizar la educación de calidad, no obstante, el acceso a la educación inclusiva y con altos estándares resulta difícil cuando los problemas estructurales del modelo educativo tradicional no han sido solucionados. Naciones Unidas informó en el 2023 que 224 millones de niños y niñas se ven afectados alrededor del mundo por diversas crisis. De ellas, 127 millones no tienen educación inclusiva y de calidad y 72 millones no asisten a la escuela por problemas sociopolíticos. Una realidad como esa indica que, en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario, se debería replantear la enseñanza para generar competencias que sean una respuesta al ritmo y las labores que exige el nuevo mundo. El modelo educativo tradicional fue creado, en su momento, para suplir las necesidades del pasado. Sin embargo, el nuevo siglo llegó con retos que exigen cambios. La educación se debe transformar en respuesta al ambiente de transformación constante y garantizarles a todos los individuos el derecho al aprendizaje de calidad. A lo anterior se suma que la deserción escolar está aumentando en todo el mundo y es un problema que no se puede ignorar. Acceder al sistema educativo no puede ser entendido como un privilegio, sino como lo que es: un derecho. «No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso.» Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación Los jóvenes, en conjunto con las Naciones Unidas, se expresaron en el 2022 por medio de la Declaración de la juventud sobre la transformación de la educación. En esta, hicieron un llamado a los Estados miembros y al mundo en general para que los incluyeran en la transformación del modelo educativo actual. “No pretendemos alcanzar estos objetivos como beneficiarios pasivos, sino como socios y colaboradores a lo largo del proceso. No esperamos ninguna invitación para transformar la educación. En realidad, promovemos y generamos cambios; somos pioneros en las innovaciones, movilizamos a nuestros compañeros y comunidades, defendemos una educación universal y de calidad, y trabajamos sin descanso desde abajo para transformar la educación”, dice la declaración. Los jóvenes tomaron la iniciativa para el cambio y, más que una petición, les exigen a los responsables de tomar decisiones que los incluyan en la transformación, que inviertan recursos, generen estrategias para garantizarles una educación digna a todas las personas y mejoren la calidad en los niveles del sistema. Si los propios jóvenes están pensando en su educación y tienen en mente soluciones que pueden contribuirles no solo a ellos sino a las generaciones futuras, se debería tomar en cuenta su participación como ciudadanos activos en este proceso. *Coordinadora del equipo estudiantil de Bitácora, laboratorio de contenidos convergentes del programa de Comunicación Social de la Universidad Eafit.
Que la comunidad académica sea la sociedad toda
Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La universidad no es la única institución social cuyo papel llega a desdibujarse por las circunstancias que condicionan su viabilidad financiera (los medios de comunicación son otra). No obstante, la dilución de la función social de la academia tiene un mayor impacto, en tanto se trata de una prueba clave del desarrollo de las sociedades. Partimos de la idea de que la universidad no es solo un espacio para la formación académica, sino para el fomento del desarrollo personal y profesional; mucho más que una proveedora de conocimiento, es un medio que amplía la perspectiva del mundo de quienes, gracias a ella, hacemos comunidad. En medio de convergencias de saberes, culturas e individuos, la universidad, desde su función sustantiva de investigación, genera conocimiento que, entre los numerosos impactos sociales que tiene y que son esenciales para el avance de diversas disciplinas, comienza por abrir las mentes de los estudiantes y expandir sus horizontes más allá de lo puramente académico. La universidad es también una experiencia vital que ayuda a construir un orden y una estructura a las ideas y los proyectos de vida tanto en los estudiantes como en los docentes, por ejemplo, en la interacción con un espacio cuya naturaleza esencial es la diversidad y el respeto por diferentes perspectivas. «La universidad sabe proporcionar respuestas determinantes ante crisis globales, como lo hizo en la pandemia del covid-19, además de brindar aproximaciones más reflexivas frente a estas. Aun cuando padece sus defectos, hoy sigue siendo depositaria de las esperanzas de millones frente a otros fenómenos críticos». Semillero de Periodismo Urbano Contexto En esas circunstancias también resultan evidentes sus principales retos y problemas: la rigidez estructural y la insuficiente adaptabilidad para responder a los cambios que se están produciendo en la sociedad, el renovado protagonismo de formas de empleo que no requieren títulos profesionales, las nuevas demandas del mercado laboral, la necesidad de que emerjan nuevas disciplinas y una serie de cambios sociales y demográficos que afectan, en principio, su sostenibilidad financiera. La excesiva dependencia de procesos administrativos y la falta de flexibilidad en cuestiones básicas como los procesos de admisión construyen esquemas que atrapan a la universidad y la conducen a excluir personas que pueden hacer aportes muy valiosos a la comunidad académica y como profesionales. Las nuevas tecnologías, la integración de competencias que surgen fuera de las disciplinas tradicionales, la conexión con las realidades de las personas en formación (que no son solo los estudiantes) son algunos de los escenarios que retan las capacidades de la universidad. Esta requiere a su vez el apoyo de la sociedad que la ubique como promotora de una forma de ver y vivir el mundo que, al estar basada en valores esenciales que reafirman nuestra condición humana, resulta accesible, relevante y conveniente para la sociedad en su totalidad, en su complejidad. *Este texto surge de las discusiones del Semillero de Periodismo Urbano Contexto, de la Universidad Pontifica Bolivariana, en las sesiones del 17 y 18 de septiembre de 2024. El registro de estas se sistematizó y sintetizó con el apoyo de una inteligencia artificial. El docente coordinador efectuó la edición final y sometió el texto al visto bueno de los estudiantes participantes.
La crisis de la educación superior en la era tecnológica
Lo que pasa en la Universidad de Antioquia es apenas una de las consecuencias de las dolencias que aquejan a las universidades como instituciones de educación superior y proyectos culturales. Por eso, invitamos a varios integrantes de la Red de Periodismo Universitario – Nodo Antioquia, de la que hace parte De la Urbe, a que nos plantearan las reflexiones que hacen desde sus propios entornos universitarios. Esta es una de las columnas que surgieron como resultado. La universidad enfrenta una profunda crisis que se ve evidenciada en la incapacidad de adaptarse al avance vertiginoso de la tecnología. Esta situación refleja varias brechas: la pobreza es una de las más evidentes; la diferencia entre la educación urbana y la rural y la que existe entre lo que exige el mercado laboral y la formación de profesionales. Por ejemplo, un estudiante de escasos recursos que vive en una zona rural tiene dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas y al contenido actualizado que en su futuro empleo podría requerir. En algunos casos, los estudiantes no disponen de los espacios y los instrumentos necesarios para desarrollar su formación académica de manera adecuada, según expone Geidy Dahiana Demarchi en el artículo “Retos de la educación superior para responder a las exigencias sociales en Colombia” (revista Academia y Virtualidad). A pesar de tener una oferta en plataformas digitales, cursos en línea y metodologías de aprendizaje autónomo y dirigido, muchas universidades de Colombia continúan enseñando de forma tradicional. Sin embargo, como lo manifiesta Julián de Zubiría en el pódcast IDEP, de la Alcaldía de Bogotá, este escenario no solamente busca reducir estas fisuras educativas; también es una tarea política en busca de fortalecer nuestra democracia. La falta de una Ley Estatutaria de Educación debilita este proceso y deja en manos de políticas fluctuantes la estabilidad y la evolución de un sistema educativo inclusivo y moderno, esencial para la construcción de una ciudadanía informada y crítica. Unido a esto se presenta, en igual o mayor medida, una crisis económica que en el caso de las universidades públicas se refleja en la reducción de presupuestos gubernamentales, lo que debilita la infraestructura, la contratación de personal calificado y la inversión en tecnología educativa; y en el caso de las universidades privadas, la disminución de matrículas en razón de los altos costos y de efectos residuales de la pandemia, lo que ha llevado a las familias a replantearse la viabilidad de la educación superior privada. «La falta de una Ley Estatutaria de Educación debilita este proceso y deja en manos de políticas fluctuantes la estabilidad y la evolución de un sistema educativo inclusivo y moderno, esencial para la construcción de una ciudadanía informada y crítica». Carolina Echavarría Osorio, docente de Comunicación Social y Periodismo Estamos ante un estatus de mundo diferente. Esta realidad no solo busca que las estructuras tradicionales de la educación superior cambien, se adapten y se acojan al mundo interconectado, sino que, además, no sigan operando con los paradigmas del pasado. Esta situación puede comprometer en un largo plazo la capacidad de las universidades para formar estudiantes con habilidades competitivas, pues los métodos de enseñanza se encuentran estancados, asunto que ha disminuido su calidad. Es necesario, por lo tanto, innovar y repensar los modelos de sostenibilidad de la universidad. A pesar de estas limitaciones, hay docentes dentro de las universidades que impulsan proyectos innovadores y buscan aprovechar las herramientas digitales para democratizar el acceso al conocimiento, pero sin respaldo institucional sólido ni financiamiento adecuado. Esta falta de apoyo se evidencia en que las iniciativas permanecen como proyectos aislados, limitados a experiencias personales, lo cual restringe su impacto real en el ámbito universitario y la oportunidad de convertirse en prácticas educativas más amplias y sólidas. Una posible salida, además de ser un reto importante en la educación superior, es la formación de alianzas estratégicas, no solo en lo tecnológico y empresarial, sino también con iniciativas comunitarias y organizaciones no gubernamentales. Estas alianzas permitirían una perspectiva más multidimensional en la formación, en la cual los recursos y los conocimientos compartidos permitan la creación de programas de estudio más dinámicos y enfocados al aprendizaje aplicado. De esta manera, se contribuirá a que los estudiantes tengan oportunidades y experiencias educativas más completas, no solo a través de la conexión con el mundo real y sus desafíos, sino también por medio de movilización hacia alternativas externas. Superar esta crisis implica hacer reflexiones críticas y sólidas que conlleven a la misión de la universidad de nuestros tiempos, donde no solo sea transmitir conocimiento, sino, además, formar individuos con pensamiento autónomo y ético. Es importante, entonces, una acción colectiva y coordinada en la que las instituciones, el Gobierno y la sociedad en general concreten la responsabilidad de contribuir a un sistema educativo a la altura de los retos actuales. Este propósito debe estar respaldado por un entorno que valore y apoye los esfuerzos de transformación y reconozca el impacto de la educación en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible. De esta manera habrá una construcción de un sistema universitario resiliente y cambiante que responda a las demandas del mundo moderno y garantice una educación superior continua como fuente de desarrollo hacia un futuro justo y próspero. *Docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica Luis Amigó, sede Medellín.
Los problemas de los niños venezolanos en Medellín: sin escuelas ni seguridad
La cifra de los niños venezolanos no matriculados en Medellín es tres veces mayor que la de los niños colombianos no matriculados. Además, los niños venezolanos son las víctimas en el 89% de los delitos cometidos contra los niños migrantes en el distrito. Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBF. Medellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge: según Migración Colombia, 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado. Según la Secretaría de Educación, durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa. La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%. Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos. Migrar es perder la infancia Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos. Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023. Teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una. En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que «hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente. El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”. Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año. Conoce la historia de María José aquí. Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”. Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia. El Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”. La educación como refugio Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo
¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta cuando el Gobierno es de izquierda?
Aunque no hay avances sustanciales en la promesa de reformar la Ley 30 de 1992, que organiza “el servicio público” de educación superior, los universitarios todavía se debaten sobre qué posición tomar, como movimiento social, frente al Gobierno de Gustavo Petro. Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo. Ha pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos. La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma. La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz. A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política. Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior. Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió. El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política. Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla. “El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento. «El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la univerisdad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las conyunturas políticas, sociales y económicas del país». Carlos Díaz A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”. En debate permanente El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz. Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil. Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros. La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar. Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC. Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en
De refugio a elefante blanco: Santo Domingo espera la reapertura de la Biblioteca España
En abril la Alcaldía anunció que la recuperación de la biblioteca avanza en un 61%. Esto fue lo que perdieron las comunidades del nororiente de Medellín con el cierre de su parque biblioteca. Foto: Santiago Bernal Largo. En marzo de 2007 el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, inauguró el parque Biblioteca España en el barrio Santo Domingo Savio. Antes del acto oficial, en el que estuvieron el presidente Álvaro Uribe Vélez y los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Fajardo, en un encuentro con la comunidad de la zona dijo que todo lo que sucedía en ese sector era “construcción de desarrollo”. Dijo también que no había “una sola dificultad que no seamos capaces de superar”. Ocho años después, en 2015, el parque biblioteca cerró sus puertas por fallas en su fachada y su estructura. Se convirtió en un elefante blanco en medio de la ladera nororiental de Medellín y siguió así por cuatro años más. En 2020 el alcalde Daniel Quintero decidió ponerla en el foco de atención y desde entonces pasaron dos años hasta que en enero de 2022 comenzaron los trabajos para su recuperación. El 25 de abril de 2023 Quintero anunció que el avance del proyecto de reconstrucción iba en un 61% y, de acuerdo con Luisa Gómez, secretaria de Infraestructura: “Las fachadas para las cajas 1 y 2 estarían listas para finales de julio”. El proyecto original estaba conformado por tres cajas; edificios independientes en los que se distribuía la biblioteca, un espacio para niños y un auditorio. En 2013 esos módulos empezaron a mostrar fallas en sus fachadas: presentaban filtraciones de humedad, que provocaban grietas y desprendimientos de material. Tras el cierre, las fachadas de las cajas 1 y 2 fueron removidas; mientras que en la caja 3 fue necesario el desmonte total de la estructura. Por esa razón, el proceso de recuperación del Parque Biblioteca implica la reconstrucción de la fachada de los dos primeros edificios y la construcción total del tercero. Foto: Santiago Bernal Largo. La inversión en ese proyecto, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, es de $30.800 millones. El contratista al que le fueron adjudicadas las obras es IDC Inversiones, que fue el único proponente en el proceso de licitación y es cuestionado por los millonarios contratos que recibió durante la gobernación de Luis Pérez. El refugio que se perdió Maryul Sánchez vive desde 2005 en el barrio San Pablo de la comuna 1 y es representante comunitaria de los adultos mayores de esa zona. Ella ha participado de varios procesos relacionados con la biblioteca , desde su cierre hasta que comenzó la reconstrucción: “Es más difícil arreglar algo mal hecho que construir desde cero”, dice. Durante los años en que funcionó la biblioteca fue un espacio esencial en Santo Domingo, recuerda Maryul. Según ella fue el refugio que permitió que decenas de jóvenes pudieran acceder a ambientes de ocio y esparcimiento. El valor que ella y otros vecinos le daban a ese espacio lo demuestra una frase que pronunció el 30 de marzo, en una reunión informativa para socializar los avances de la reconstrucción. Pocos días antes hubo un temblor de tierra que se sintió fuerte en el barrio: “Es que cuando sentí ese temblor ni siquiera me preocupé por mi casa, en lo primero en que pensé fue en la biblioteca”. Y es que refugio, como dice Maryul, es la palabra que utilizan muchos habitantes de la zona para referirse a la biblioteca. Johny Bolívar, conocido como “Luthor”, es un bailarín de break dance desde hace 15 años y participa como guía en proyectos de turismo comunitario en la comuna 1. Fue usuario de la biblioteca desde que fue abierta en 2007 y solía frecuentar sus espacios diariamente, a pesar de vivir a unos 40 minutos. Foto: Santiago Bernal Largo. Luthor caminaba hasta este lugar para acceder a las salas de internet y, según dice, el proyecto ayudó a romper las fronteras invisibles en la zona, ya que cientos de personas se movilizaban todos los días por el sector . Los combos tuvieron que aceptar ese movimiento de personas desconocidas que llegaban a Santo Domingo para visitar la biblioteca. El impacto también quedaba demostrado con la llegada de turistas, la valorización de predios y los pequeños emprendimientos que surgieron alrededor. “Tras el cierre de la biblioteca muchas familias que tenían pequeños negocios se vieron afectadas, ya que los turistas dejaban de llegar. Por ejemplo, la señora que tenía el puesto de fritos o el puesto de obleas dejó de recibir ingresos y se vio obligada a irse a otra parte, porque simplemente ya no podía vender”, cuenta Luthor. Además, varios procesos culturales y formativos que tenían como sede la biblioteca se vieron interrumpidos. Muchos jóvenes de Santo Domingo y los barrios vecinos perdieron el refugio que habitaron durante ocho años. La biblioteca itinerante Marcial Aguirre es, desde 2013, gestor de fomento de lectura del Parque Biblioteca España. Él y su equipo de trabajo estuvieron allí los últimos dos años, antes de que la biblioteca cerrara. Describe ese periodo como uno de tránsito por cuenta de todo lo que estaba pasando con la estructura. Tras el cierre, todo el material que era resguardado en este espacio fue repartido en diversas bibliotecas de la ciudad. Pero esto no fue impedimento para seguir con los proyectos culturales y formativos. Así nació la biblioteca itinerante que permitió darle continuidad a varios procesos en el territorio. De esa forma, dice Marcial, se mantuvo vivo el arraigo de la comunidad hacia la biblioteca. Esa itinerancia logró un acercamiento que tal vez no habría sido posible sin el cierre de la biblioteca y, por esa razón, Marcial dice que está previsto que esa iniciativa de sacar los proyectos del edificio continúe una vez sea reinaugurado. Aún así, él, Maryul, Luthor y muchos vecinos esperan que la comunidad converja de nuevo en el espacio físico de una biblioteca que, más que cualquier obra pública, representa la reconciliación de este territorio consigo