Editorial: De metáforas, bates y debates
El 30 de julio de 2025, un día después de la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó, en una entrevista con La FM, una amenaza abierta a la izquierda colombiana: “en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Aunque luego trató de matizar lo que quiso decir, fue claro en señalar que no considera a los políticos de izquierda sus contradictores, sino sus enemigos. Un par de semanas después, el 15 de agosto, De la Espriella reconoció que hay palabras que se pueden transformar en violencia directa. Pero no lo hizo como un mea culpa por sus declaraciones previas. En los mismos micrófonos aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay: “el régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, dijo. «Quiero que sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos» Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial Tweet En Colombia sabemos que la violencia engendra violencia. En su informe final, la Comisión de la Verdad recuerda que aunque la democracia colombiana ha sido “restringida, imperfecta, semicerrada”, los espacios de participación que se han conquistado con hitos como la Constitución Política de 1991 y los acuerdos de paz con las Farc en 2016 no han resultado de los tiros, sino de su silenciamiento. En ambos casos la sociedad presionó para conseguirlos: “la democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra”, dijo la comisión. La violencia está cargada de palabras y de símbolos. El pasado 7 de octubre, Andrés Felipe el Gury Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, salió con un bate de béisbol a intimidar a manifestantes en una marcha pro Palestina. Rodríguez quedó registrado en video cuando les declaraba “la guerra”. Luego, ante los cuestionamientos, el concejal decidió ser más provocador: grabó la palabra “diálogo” en el bate y prometió regalar algunos de esos “amansa mamertos”. Ese bate, además de un arma, es un símbolo que impone la confrontación sobre el diálogo. El Gury, quien es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por posible instigación a la violencia, parece olvidar que llegó al Concejo gracias a una democracia que se construyó desde el debate, no desde el bate. “La democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra” Informe final de la Comisión de la Verdad Tweet Otra instigación a la violencia que quisieron disfrazar de libertad de expresión fue la de la influencer Laura Gallego ‒ahora exseñorita Antioquia‒, quien en dos videos les preguntó a los precandidatos De la Espriella y Santiago Botero si, en caso de tener “solo una bala”, la usarían contra Petro o contra el exalcalde Daniel Quintero. Gallego defendió su opinión bajo la excusa de que los disparos eran una “metáfora de la justicia”. Opinar implica siempre responsabilidad sobre lo que se expresa, más cuando se emite ante una audiencia de casi 50 mil seguidores en redes sociales. El discurso de Gallego también es violencia y desde la “metáfora” prepara el terreno que legitima las agresiones físicas. Las palabras de la guerra han sembrado de sangre la política colombiana. Así sucedió desde los años 80 con la Unión Patriótica, cuyo exterminio estuvo legitimado por la estigmatización hacia sus integrantes. Así pasó también en los años 2000 cuando el entonces presidente Uribe se refería a sus opositores, a los que persiguió ilegalmente el DAS, como “guerrilleros de civil”. Y así ocurre todavía: según Indepaz, 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. La misma organización advierte que en el año electoral que se avecina esos crímenes podrían aumentar. 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. Indepaz Tweet En Colombia, donde los actores armados representan un riesgo permanente para la acción política, resulta aún más grave que funcionarios, precandidatos y figuras públicas alimenten un ambiente hostil para la deliberación democrática. Ya hemos transitado el camino de la violencia en la política y sabemos que la democracia, fundada en la legitimidad de la diferencia, la protección del disenso y el respeto por el otro, se hace pedazos cuando, en nombre de su defensa, se trata al opositor político como un enemigo que hay que “destripar”. En las elecciones del 2026 la sociedad colombiana debe condenar a quienes buscan instaurar un clima político violento, tanto simbólico como directo. Si no lo hacemos, la democracia corre el riesgo de convertirse en el recuerdo de un sistema que terminó sepultado en su propio nombre. Adenda: No se puede justificar que el subdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, al mismo tiempo, representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la UdeA. La izquierda conoce bien el papel represivo que han tenido las fuerzas de inteligencia del Estado en las universidades públicas. Que Wilmar Mejía ocupara ese puesto es inaceptable.
Editorial: La democracia muere en medio de un estruendoso aplauso
Foto: @J. Scott Applewhite Era noviembre de 2021 y hacía un año que Donald Trump había perdido las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un politólogo y abogado de Ohio, todavía con bajo perfil dentro del Partido Republicano, dio un discurso en la Conferencia Nacional del Conservadurismo, en Florida. En este habló de los riesgos que enfrentaba la nación, “de las mentiras y las falsas guerras culturales” y, en medio de aplausos, dijo que para salvar al país debían “atacar agresivamente a las universidades”. Era J. D. Vance, que en enero de 2025 tomó posesión como vicepresidente de Estados Unidos con el regreso de Trump al poder. En una carta enviada el 11 de abril, el Departamento de Educación de ese país le exigió a la Universidad de Harvard reformar los órganos de gobierno, modificar los reglamentos disciplinarios, cambiar las prácticas de contratación docente, cerrar los programas de diversidad, equidad e inclusión, entre otras cosas. Según el Gobierno, todo esto para combatir el antisemitismo y la discriminación en el campus. Si no lo hacían, les bloquearían cerca de 2200 millones de dólares de fondos federales para la investigación. Una semana después, Harvard demandó al Gobierno buscando descongelar esos fondos. Cuando le preguntaron a Alan Garber, presidente de la institución, si podían ganar esta lucha, respondió que no sabía: “Es tanto lo que está en juego, que no tenemos otra opción”. La historiadora Ruth Ben-Ghiat lo dijo para Democracy Now!: “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco”, el dictador español. Tenemos la certeza de que el fascismo sucedió, pero no la seguridad de que no vuelva a suceder. Además, hay que tener clara la diferencia que plantea el filósofo Jason Stanley: existen regímenes y políticas fascistas. “Estas últimas pueden ganar peso en la sociedad sin que necesariamente deriven en un Estado fascista a la antigua usanza”, dice. No por eso son menos peligrosas. Hoy parecemos mirar hacia otro lado ante la posibilidad de que regrese el fascismo y en medio del auge de Gobiernos que abrazan la autocracia y el totalitarismo perdemos de vista que está en juego la democracia misma. “Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos es un país ocupado que él va a liberar, este es también el lenguaje de Francisco Franco” Ruth Ben-Ghiat A 20 años del estreno del episodio tres de Star Wars, vale la pena recordar cuando en el clímax el canciller Palpatine da un discurso sobre los peligros internos y las luchas que enfrenta la República y le pide al Senado Galáctico nombrarlo emperador. En medio del bullicio, la senadora Padmé Amidala dice una frase que hoy resuena con tono profético: “Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso”. Este alboroto contrasta con el silencio cómplice frente al fascismo, sobre todo cuando algunas de las voces disidentes de nuestros tiempos se apagan. Un día antes de morir, el papa Francisco dijo: “Cuánto desprecio se despierta a veces hacia los vulnerables, los marginados y los migrantes”. Su mensaje de justicia social intentó calar en un mundo que parece alejarse de los valores humanitarios. Basta con escuchar al presidente argentino Javier Milei, que dice aborrecer esa justicia. Es pronto para prever el rumbo del papado de León XIV, sucesor de Francisco. No obstante, cuando aún era el cardenal Robert Prevost, este mostró una posición crítica con el Gobierno de su país. En su perfil de X compartió una columna de la teóloga Kat Armas en la que aseguraba que “J. D. Vance está equivocado” y cuestionaba que el vicepresidente usara la Biblia para defender las políticas antimigratorias. Cuando usted lea este editorial, habrán pasado semanas desde que Harvard empezará a ceder y anunciará que su Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión pasaría a llamarse Oficina de Vida en la Comunidad y el Campus. ¿Cuántos de estos cambios regresivos son necesarios para asumir el peligro de lo que está pasando? Según la filósofa estadounidense Susan Neiman: “Si esperamos hasta que se construyan campos de concentración para llamar a los protofascistas lo que son, será demasiado tarde para poder detenerlos”. Lo que pasa con Harvard y otras universidades es síntoma de unas políticas que empiezan a ganarse el apelativo de “fascistas”. Reemplazan la importancia de la razón por un discurso que idealiza un pasado mítico y busca imponer un relato conspirativo mediante la propaganda, al tiempo que censura y persigue opiniones y formas de vida disidentes. Sería ingenuo decir que este es el inicio, cuando los migrantes, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ+y afroamericanas o cualquier otro grupo que se distancia de la visión trumpista ya ha sentido el rigor de la “América grande” que amenaza a la democracia y a los derechos que la hacen posible. El mundo tendrá que decidir entre ser un testigo silencioso en medio de los aplausos o preocuparse por defender todo lo que está en riesgo.
Editorial: Celebrar en medio de la multicrisis
En el contexto de urgencia que vive la Universidad de Antioquia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Editorial de la edición 108 del periódico De la Urbe. Con la edición 108 del periódico De la Urbe celebramos nuestros primeros 25 años, y decir que son los primeros es un grito esperanzado por nuestra supervivencia porque, como de costumbre, estamos en medio de una tormenta que no sabemos cuándo ni cómo terminará. Como para variar, celebramos en medio de la crisis. Pero ¿de cuál? Usamos la palabra crisis como aprendemos a hablar. En América Latina, Colombia, Medellín y la Universidad de Antioquia siempre ha sido y será una palabra útil para describir casi cualquier cosa que nos pasa. Ese término corto, directo y contundente –aunque de profundas limitaciones explicativas– nos sirve para nombrar desde las violencias que sufrimos hasta las hecatombes que nos imaginamos y desde la incertidumbre por nuestro futuro en el planeta hasta la imposibilidad de que todas las personas tengan un plato de comida en su mesa. Pero este uso encarna una paradoja: la idea de crisis alude a un momento, a una coyuntura, a la aparición de una situación que irrumpe en cierta normalidad y amenaza con trastocarla y transformarla; no obstante, en nuestro contexto, parece que la crisis es la regla, tanto que es difícil identificar largos períodos desprovistos de esta. [Consulte aquí la versión digital del periódico De la Urbe 108] Decía el pensador italiano Antonio Gramsci en una de sus frases más célebres que “la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Muchas cosas viejas han muerto en estos 25 años. El mundo en el que nació De la Urbe ya no existe. En octubre de 1999, cuando circuló nuestra primera edición, no había finalizado la guerra en los países de la antigua Yugoslavia ni habían sido derrumbadas las Torres Gemelas. No había fracasado el proceso de paz con las Farc en el Caguán, ni había comenzado la era de la “seguridad democrática” que recrudeció el conflicto armado colombiano. Tampoco había salido al mercado el primer smartphone, así como la masificación de la internet y los computadores personales parecían más cercanos a la ciencia ficción que a la realidad. En ese momento, la Universidad de Antioquia vivía otras crisis más relacionadas con las violencias políticas, los asesinatos selectivos y las persecuciones que con su subsistencia financiera, pero la desfinanciación estructural ya estaba en proceso gracias a una ley aprobada siete años antes: la Ley 30 de 1992. Hoy, el proyecto de universidad pública está en vilo porque, entre otras razones, los reclamos de estos últimos 30 años no han logrado que los gobiernos y el Congreso reformen de fondo ese sistema de financiación lesivo y regresivo. «La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer» Antonio Gramsci En medio de esta crisis, la única salida propuesta por quienes toman las decisiones, tanto desde la rectoría como desde la Gobernación, es reducir la Universidad a su mínima expresión. Lo llaman “austeridad”, pero en realidad es una contracción que afecta las posibilidades de garantizar el derecho a la educación digna y de calidad. Y, de paso, aplaza las discusiones urgentes sobre la necesidad de que el sistema educativo se adapte y actualice para mantenerse vigente frente a las necesidades de la región. Es cierto que con frecuencia abusamos de la palabra crisis para nombrar problemas irresueltos o para inventar catástrofes de las que no tenemos certeza, pero también lo es que en este momento esa idea resulta apenas justa e incluso se queda corta porque ante la gravedad de los problemas, las soluciones son tímidas, incorrectas e insuficientes. En este contexto de urgencia, profesores y estudiantes han acuñado un término que resulta más preciso para nombrar lo que nos pasa: multicrisis. Lo que nos aqueja no se reduce al flujo de caja necesario para pagar la nómina de cada mes, tiene unas raíces e implicaciones más profundas. Estas atraviesan las concepciones del Estado sobre qué es y para qué sirve la educación superior, ponen de manifiesto las violencias basadas en género, raza y clase enquistadas en el sistema educativo y evidencian los condicionantes del modelo económico con su desvalorización social de la ciencia, la academia, el pensamiento crítico y un gran etcétera. Las páginas de nuestro periódico no alcanzarían para hacer el inventario de todas las crisis que nos atraviesan. Sin embargo, en esta edición de aniversario, la 108, abordamos algunas: además de la UdeA, hablamos de los cuidados y la pirámide demográfica, del envejecimiento del campo, de la crisis climática y las políticas locales de mitigación de sus efectos, de la inteligencia artificial y el trabajo… Hablamos del presente y del futuro, porque de algo estamos seguros: estos primeros 25 años nos han enseñado la importancia de estar no solo para contar aquello que muere, sino también para dar cuenta de lo que puede nacer.
Sobre la respuesta de Yohir Akerman
Aunque el columnista y consultor Yohir Akerman le resta importancia a sus labores en Guidepost, las actas de la empresa dan cuenta de su posición de poder. Editorial. El presidente para América Latina de Guidepost Solutions, Yohir Akerman, defendió el informe que la empresa que dirige y gerencia en Colombia hizo a favor de Chiquita Brands en el juicio que enfrentan directivos bananeros por la financiación de grupos paramilitares. En su más reciente columna de la revista Cambio, el consultor y periodista Akerman dijo que se había declarado impedido para conocer y participar de la elaboración del informe, que contenía una serie de omisiones y falsedades en defensa de Chiquita Brands, esas mismas que VORÁGINE documentó una a una, en un trabajo de recolección de testimonios, documentos oficiales y reportes de prensa de la época. Sobre esto último Akerman evitó referirse en detalle, aunque aseguró que VORÁGINE solo se centró en diez páginas de 56 “pescando elementos convenientes para insinuar un ataque en mi contra”, escribió. Al final del texto, Akerman se presentó como “investigador corporativo” en el “campo privado” y como “columnista” en el “público”. Lea: Los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands El periodista no mencionó que el informe de la empresa que dirige y gerencia seleccionó datos convenientes a la defensa de Chiquita Brands, como por ejemplo que antes de 1999 no existían registros públicos que denunciaban una connivencia entre las Convivir y los paramilitares. “Como dije al empezar esta columna, mi trabajo como presidente para América Latina de Guidepost, me llena de orgullo y satisfacción”, agregó en su tribuna periodística. Akerman tampoco se refirió a la tergiversación que hizo Guidepost para darles plena credibilidad a unos testimonios de exdirectivos de las Convivir que dijeron haber desconocido que Raúl Emilio Hasbún, excomandante del Bloque Bananero, era un comandante paramilitar. La compañía expuso como verdades los dichos de Arnulfo Peñuela Marín y Alberto Osorio, pero omitió que ambos fueron condenados por sus comprobados nexos con el paramilitarismo. En el caso de Peñuela el juez que lo condenó desmintió los apartes citados por Guidepost. Pese a las omisiones y falsedades descritas en el texto de VORÁGINE y que la opinión pública no conocía, Akerman dijo en su columna: “Ahora tengo que escribir sobre estos dos mundos en los que me muevo que se conectan por un factor: la búsqueda de los hechos, las pruebas y la verdad”. El informe de Guidepost distorsiona hechos probados por Justicia y Paz que dejaron miles de víctimas en el Urabá antioqueño y que, en el caso de Colombia, aún no han encontrado justicia. Las omisiones y falsedades del informe de la empresa, que no menciona Akerman en su columna, fueron presentadas en un juicio que tendrá consecuencias para las víctimas. El informe fue encargado a Guidepost por la firma de abogados Prias Cadavid, quienes a su vez trabajan para Chiquita Brands en su defensa jurídica. Hay una transacción de por medio que no había sido mencionada por Akerman pero que ya es pública gracias al reportaje que publicamos. El trabajo de VORÁGINE, no obstante, se centró en transparentar ante la opinión pública las falsedades del trabajo de Guidepost en un juicio de trascendencia histórica. No hicimos valoraciones éticas frente a los oficios de la empresa en el litigio en contra de Chiquita Brands, los lectores por sí mismos las están haciendo. Pese a que Akerman diga que se trató de un artículo que tenía la intención de afectarlo personalmente, tanto en el desarrollo de nuestro reportaje como en este editorial que publicamos hoy dejamos pruebas a los lectores que dan cuenta de que Akerman en Guidepost no es solo un empleado, así asuma parcialmente las responsabilidades del informe para Chiquita Brands y niegue las omisiones y falsedades que terminaron distorsionando la conexión entre los empresarios bananeros y la comprobada historia de violencia que dejaron los paramilitares en el Urabá antioqueño en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX. Akerman dijo en su columna que no conocía hasta la semana pasada el informe que elaboró la empresa que dirige y que representa. Esa no fue la sensación que nos quedó cuando lo llamamos el pasado viernes 21 de junio. El periodista y consultor, que habló off the record, en ningún momento dijo no conocer el documento. Al contrario, estaba enterado del trabajo que Guidepost hizo a través de la firma de abogados Prias Cadavid —que como dijimos defiende a Chiquita en Colombia— en torno a la consecución de evidencia y a los análisis que hicieron de las declaraciones de los paramilitares. No revelaremos sus respuestas off the record así él haya roto el pacto diciendo algo distinto en público, y matizado en su columna. Lo que sí podemos decir ahora es que Akerman nos notificó que el informe no lo había elaborado él sino su “socio” Andrés Otero Leongomez, y así lo expresamos con claridad en el reportaje. En la investigación que publicamos el pasado domingo dejamos claros dos hechos. El primero: que Akerman y Andrés Otero Leongomez son las caras visibles de Guidepost, en ningún momento dijimos que eran sus socios. Y si por el título se puede interpretar que Akerman es el dueño, nosotros, a diferencia de Akerman, no tenemos ningún problema en reconocer que se hubiese podido decir de forma más precisa. La autocrítica en el ejercicio periodístico hace parte de asumir la responsabilidad de cada línea que publicamos. En el cuerpo del artículo de VORÁGINE queda claro que Akerman no es socio ni accionista o dueño de Guidepost, pese a tener una figura claramente relevante en la representación de los intereses de la compañía, como se verá líneas más adelante. “Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y
Un no futuro sin agua es posible
La crisis que atravesamos, así como las que vendrán, nos enfrenta a dos retos en gestión de los recursos hídricos. Primero, su disponibilidad, cada vez menor; y segundo, su distribución, que históricamente ha sido desigual. Ambos problemas podrían agravarse si no tomamos medidas urgentes para gestionar mejor el agua. Ha vuelto a llover sobre Colombia. Mientras escribimos este editorial, los titulares de los medios de comunicación cuentan que, por fin, hay una recuperación en el nivel general de los embalses. Ya rodea el 30 % y comienza a alejarse del número crítico que amenazaba con un racionamiento energético (27 %). Pero no sabemos qué puede pasar desde este momento hasta que usted nos lea, si efectivamente llegará un período de estabilidad climática antes de la llegada del fenómeno de La Niña o si, al contrario, este se adelantará y pasaremos de sufrir por la escasez a padecer los estragos que nos puede traer la abundancia mal gestionada del agua. Aunque somos el país con más páramos en el mundo y uno de los que tiene mayores reservas hídricas, también enfrentamos la paradoja de que el 25 % de los colombianos no tiene acceso adecuado a agua potable, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que Bogotá, la capital, ha tenido que tomar medidas de racionamiento de agua que podrían extenderse hasta por un año, según el alcalde Carlos Fernando Galán. El problema no se reduce al “arrunche hídrico” que propuso el mismo Galán en un torpe intento pedagógico. América Latina y el Caribe son de las regiones con más recursos hídricos disponibles, según datos de la FAO. Sin embargo, como muestra el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, esa disponibilidad viene en caída, de más de 35.000 metros cúbicos per cápita en 2010, a menos de 30.000 en 2018. Tenemos mucha agua, pero no tanta. La tendencia del planeta dibuja un futuro con todavía menos agua disponible para el consumo humano, un futuro construido desde un presente en el que la gestión eficiente y la distribución justa de ese recurso nos están quedando grandes. En Antioquia, aunque el estrés hídrico parece menor, no hay que celebrar. Al corte del 23 de abril, y tras varios días de lluvias, el embalse Riogrande II estaba en 39.3 %, La Fe en 53.2 % y Piedras Blancas en 62.6 %. Estos tres embalses proveen el 94 % del agua del Valle de Aburrá. Aunque Medellín no ha enfrentado racionamientos, Barbosa, municipio del norte del valle, completó casi dos meses con cortes por el bajo nivel de agua de la fuente de suministro y porque, a raíz de la escasez, el consumo aumentó hasta 130 %. Pese a que la actualidad de la capital antioqueña luce menos grave, EPM sabe que el suministro del futuro no está garantizado ante el imparable crecimiento poblacional del área metropolitana. Es por eso que ha contemplado la posibilidad de hacer más embalses de agua en el Oriente antioqueño, una subregión donde el agua no es solo fuente de vida, sino también de conflictos debido a presiones como las del turismo, la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam en 2022, hasta ese año el uso doméstico del agua en Antioquia era de un poco más del 10 %. Casi un 35 % se destinaba a generar energía, mientras que un 40 % comprendía a los sectores agrícola, piscícola y pecuario. Por su parte, la minería demandaba el 10 %, pero esa cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que abarca la mitad de la demanda nacional de ese sector. Los porcentajes restantes se comparten entre la industria y los servicios. Y claro, estas cifras abren una discusión sobre quiénes deben asumir la tarea de ahorrar, pues cada sector tiene un impacto diferenciado en la demanda. Sin embargo, aunque su consumo sea inferior, a los hogares también les corresponde la responsabilidad de gastar menos. Solo en el área metropolitana se consumieron 310 millones de metros cúbicos de agua en 2023, según EPM. Esto equivale a imaginar un chorro por el que salen 9.8 metros cúbicos de agua cada segundo. Para ese año tuvimos 315 millones de metros cúbicos disponibles. El doctor en hidrología Julio Eduardo Collazos considera que el problema es que falta empoderamiento de las entidades públicas respecto a la importancia del agua. Por eso, incentivar la reducción de su consumo, como en Bogotá, no es suficiente; mucho menos cuando hay una altísima incertidumbre sobre la disponibilidad hídrica futura: “A más población, un mayor consumo que no se puede obviar”. Desde el 2010, Colombia tiene una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta obliga a todos los municipios a tener un plan integral para el agua. Pero, como afirma Collazos, una cosa es nombrar la gobernanza del agua y otra es adoptarla. En 2022, el Departamento Nacional de Planeación evaluó los resultados del PNGIRH y resaltó que las entidades nacionales necesitan: “mayores capacidades administrativas, humanas y económicas para mejorar los resultados en la gestión del agua”. El Niño que va terminando también es buen ejemplo de esto. Pese a que comenzó a mediados del 2023, y ante las múltiples alertas por una posible crisis, las medidas no parecen haber sido efectivas, oportunas ni suficientes. Y lo irónico es que esta crisis y esta conversación ocurren justo cuando el Gobierno, al mando de Gustavo Petro, tiene el agua como un eje de su discurso y de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 11 de abril, Petro aseguró que entre sus principales políticas de adaptación al cambio climático –otro de sus leitmotiv– está la dotación de agua a toda la población del país y un adecuado saneamiento ambiental. Efectivamente, el PND propende por un ordenamiento territorial alrededor del agua y considera la necesidad de atender los conflictos relacionados con la disponibilidad y el uso de esta. A falta de indicadores para medir cómo esa disposición se ha traducido en hechos, el enfoque es adecuado, pues
Educación y GenZ, esa conversación incómoda – Editorial
Es un momento crítico. Por eso, es necesario encontrar códigos que nos permitan entendernos y encausar esta discusión. Hasta el proyecto de universidad como lo conocemos está en riesgo y quizás sea necesario construir y acordar uno nuevo. Las descripciones sobre una generación se parecen mucho a los horóscopos que otorgan ciertas características a grupos de personas basadas en lo aleatorio de una fecha de nacimiento. Sin embargo, esas formas de etiquetar, que a su vez crean relatos que se transforman en identidades, tienen cierta utilidad. Requerimos de las categorías para entendernos, tanto como de la crítica permanente hacia las generalizaciones, los prejuicios, las injusticias, las cadenas y las condenas que esas etiquetas pueden entrañar. Hablar de los centennials o Generación Z –como ha sido con los millenials– encarna ese riesgo de reproducir como universales características que no lo son; de desdibujar las experiencias particularísimas de cada individuo en su contexto histórico y social, en su experiencia única, personal e intransferible. Esa es la primera salvedad necesaria para encarar una discusión urgente: ¿cómo nos estamos relacionando con la GenZ y sus necesidades en el sistema educativo? Y ¿cómo los GenZ se están adaptando a las demandas que este les impone? No son preguntas caprichosas: cualquiera involucrado en procesos pedagógicos podrá dar cuenta de las tensiones crecientes que implica esa relación, sobre todo si lo hace desde la docencia; y podrá confirmar que no es una preocupación abstracta, que se hace cada día más concreta, tanto desde los descalificativos que se refieren a una «generación de cristal», hasta aquellos que, aún con torpeza, tratan de adaptar sus métodos de enseñanza. Lejos de definir cómo son quienes nacieron más o menos entre 1995 y 2010, es posible describir en qué contexto crecen: un mundo hiperconectado en el que las desigualdades se convierten en barreras de acceso para millones; una multiplicación exponencial de información y contenidos que parecen «al alcance de la mano», pero nos llegan con la mediación tiránica de los algoritmos y las inteligencias artificiales; un quiebre radical respecto a las narrativas ideológicas de la modernidad que nos avoca a una crisis permanente de sentido; una desmaterialización de los entornos laborales y educativos que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de adaptación; una emergencia climática que podemos seguir minuto a minuto, pero frente a la cual no se han tomado decisiones drásticas para frenarla; y un largo etcétera que incluye nuevas guerras, pandemias y tantas otras herencias que las generaciones más adultas les han dejado a las jóvenes para que resuelvan… si pueden. Esta generación representa un quiebre en la relación con el conocimiento. Así lo sugiere el quiebre en el efecto Flynn, un fenómeno de aumento de la inteligencia que se mide por medio de ciertas pruebas, que ha sido significativo y sostenido desde 1930 en países como Estados Unidos y Noruega. Varios estudios, principalmente del norte global, señalan que ese efecto se estancó e incluso reversó en las últimas dos décadas. En una simplificación riesgosa, esto significaría que los nativos digitales son «menos inteligentes». Pero hay que insistir en que se trata de unas pruebas específicas que son insuficientes para medir todo lo que la inteligencia implica. La contracara de esa conclusión puede leerse en la advertencia que el filósofo francés Michel Serres hacía en Pulgarcita (2014): las generaciones más jóvenes piensan distinto: «Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas, ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza«. Reconocer el trecho entre acusarles de ser menos inteligentes y comprender que piensan distinto puede enmarcar mejor esta discusión, pero es necesario entender ese cambio en la forma de pensar. Hay nuevos sistemas de valores, más sensibilidad frente a la salud mental y la necesidad de equilibrar el trabajo con otras dimensiones de la vida; también sobre las identidades sexuales y de género y sobre la emergencia climática. Y, por supuesto, hay un cambio de actitud frente al sistema educativo que implica que menos jóvenes incluyen la educación superior tradicional en su proyecto de vida. En 2019, el filósofo y experto en educación Francisco Cajiao lo señalaba así para Razón Pública: «Las historias de jóvenes que se vuelven ricos de la noche a la mañana con un canal de YouTube, diseñando una aplicación o con una idea interesante hacen mella en quienes necesitan una excusa para no embarcarse en proyectos difíciles y de largo plazo». Según Cajiao, en la última década dejó de aumentar el número de matriculados y las universidades comenzaron a perder estudiantes. En la UdeA, por ejemplo, han decrecido los aspirantes: para el 2020-I, antes de la pandemia, fueron 50.490, mientras que para 2023-II fueron 27.119, casi la mitad. Pero quizás el «cambio de cabeza» aluda a algo más profundo. El filósofo y profesor tunecino Pierre Lévy –alumno de Serres– plantea cuatro revoluciones culturales: la escriba, la alfabética, la tipográfica y la algorítmica. La tipográfica parte de la invención de la imprenta y se corresponde con la revolución industrial y con la aparición del Estado-nación. También con la creación de la escuela moderna, masiva, obligatoria y con programas homogeneizados. Hoy atravesamos la revolución algorítmica. Es el momento de la economía de la información y de las humanidades digitales; también de la transformación hacia una inteligencia colectiva que se nutre de la individual mediante la «memoria común». Este momento implica otros relacionamientos en los que estar cerca de una fuente de conocimiento pierde relevancia. Como llama la atención Lévy, «el problema es repensar la educación en este entorno». ¿Significa que universidades como la nuestra caducaron? ¿Basta con volcar los esfuerzos hacia la integración de plataformas tecnológicas como nuevos canales para viejos discursos? ¿Es momento de
Editorial: “Ya, por favor, no más”
El 11 de noviembre, dos o tres semanas después de que este periódico llegue a las manos de sus lectores, se cumplirán dos años desde el domingo de 2018 en que un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá disparó contra Gonzalo Adolfo Montoya Porras. El joven, de 21 años, iba en una moto pequeña, llevaba un morral con libros, no atendió una orden de pare en un retén. Los policías lo persiguieron y lo detuvieron a tiros. Quizá la imagen es cada vez menos nítida, pero esa tarde en que Gonzalo murió por los disparos de un arma al servicio del Estado alguien grabó un video: se ve el cuerpo del joven muerto en la calle detrás de un centro comercial de Envigado. A su lado, varios papeles regados junto a su morral abierto. Muy cerca está su moto, que no alcanza la cuarta parte del cilindraje de la que usaban sus perseguidores. En el video una mujer grita, advierte que los policías intentan alterar la escena, les exige no tocar las pertenencias del joven al que acaban de asesinar. Grita de nuevo: «¡No sirven para nada, cómo así que matarlo, descarados!». Ya son casi dos años desde esa tarde en que Gonzalo, que validaba su bachillerato, fue convertido por un par de medios en «presunto fletero». Por cuenta de la combinación de esas dos palabras, se convirtió también en «buen muerto» y, por el paso del tiempo, en una estadística, en un caso aislado, en apenas un error. Tal vez una imagen más nítida hoy es la de Javier Ordóñez, reducido en el suelo por dos policías en la calle de un barrio de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. También hay un video: a Ordóñez, un estudiante de Derecho de 42 años, los policías lo golpean, le aplican varias descargas de taser, presionan su cuerpo contra la calle con sus rodillas. En el forcejeo se escuchan sus súplicas: «Ya, por favor, no más». Finalmente lo esposan y se lo llevan en una patrulla hasta el CAI del Barrio Villa Luz. Lo que ocurrió allí adentro esa noche «es materia de investigación»; lugar común. Lo cierto es que unas horas después, Ordóñez llegó sin signos vitales a una clínica cercana. Según el informe de la necropsia, su hígado estaba destrozado. Lo asesinaron los golpes de un grupo de servidores públicos que portaban los uniformes y las armas de dotación del Estado. Al día siguiente, Bogotá «vivió una jornada de caos»; otro lugar común. Cientos de personas protestaron contra la Policía y esa noche, mientras la gente tiraba piedras y le prendía fuego a varios CAI, de nuevo las armas del Estado se accionaron contra sus ciudadanos. En medio de las protestas, nueve personas murieron a tiros. Y de nuevo hay un video, o decenas de videos. Y en ellos está la imagen, también nítida, de los hombres que disparan, de los jóvenes que caen muertos, «al parecer», por los disparos de la policía. Esa noche Colombia vivió una masacre. Para usar un eufemismo de este Gobierno: «un asesinato colectivo». Las marchas se multiplicaron en varias ciudades. Hubo vidrios quebrados; un par de estatuas caídas; policías y manifestantes heridos; declaraciones airadas de personalidades políticas condenando la violencia; dos policías capturados por el asesinato de Javier Ordóñez; una petición de perdón de un ministro, camuflada en un giro discursivo, «por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución»; luego, una orden judicial para que ese ministro, ahora sí, presentara «disculpas por los excesos de la fuerza pública», no solo por el caso de Ordóñez sino por todos los ocurridos desde noviembre de 2019; después un nuevo giro discursivo del ministro para esquivar esa orden y «reiterar» que el «perdón» ya estaba pedido. Ahora, unas pocas semanas después, hay calma. Queda una sensación de silencio y de olvido. Ya son casi dos años desde que los disparos de un policía mataron a Gonzalo. También, muy pronto, será un año desde que otro policía mató a Dilan Cruz con la munición de un arma «no letal» durante una protesta del Paro Nacional el 23 de noviembre de 2019. Ya son casi cinco meses desde que los golpes de la Policía mataron también a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. Era de noche y Anderson estaba en la calle, violaba la cuarentena, vio una patrulla, decidió correr hasta su casa, alcanzó a tocar la puerta, hubo un forcejeo. Los policías lo golpearon en la cabeza con sus bolillos. Murió horas después en una clínica de Cali. Cuando este periódico llegue a manos de sus lectores, se habrá cumplido ya un mes desde que la Policía mató a golpes a Javier Ordóñez y, al día siguiente, sus hombres dispararon contra las personas que protestaban por su asesinato. Esta edición debería ser una celebración, pero es más un imperativo ético. O puede ser ambas cosas. La edición 100 de De la Urbe es la celebración de la vida a través del periodismo, es un reconocimiento a lo que ha pasado en estos 21 años; es un agradecimiento a muchas personas que en este tiempo le han abierto camino a un proyecto que, creemos, ratifica la premisa de que hacer periodismo desde la universidad pública no es una excusa sino un privilegio. Esa historia no admite menos que un compromiso claro con la idea de que el periodismo debe estar al servicio de la gente. Y este momento sí que lo exige, porque la indignación no basta. Ante las realidades complejas que enfrentamos, no queda otra opción que convertir la súplica en exigencia: «Ya, por favor, no más». Esa frase también nos llama a la autocrítica y nos lleva a preguntarnos por qué ante nuestros ojos la muerte y la injusticia se han vuelto paisaje. Por qué, a veces, la consigna le ha robado espacio al periodismo. Por qué, a veces, hemos mirado a otro lado y
Editorial: La edición de la incertidumbre
Decimos incertidumbre como decimos costumbre. Somos la generación del tapabocas, la del futuro inasible, la que se pregunta por un nuevo mundo, porque el de ahora, de a poco, está dejando de ser. En De la Urbe ondeamos una bandera roja mientras nos fijamos en una panorámica de Medellín. Ilustración de portada: Sara Ortega.