Paz es paz, pero plata es plata
El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro. Ilustración: Sara Uribe de los Rios El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali. La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico. Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016. Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la
Ese edificio ya no verá nacer
La unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación cerró sus servicios en octubre del 2023. Medellín perdió más de 90 años de experiencia en la atención a las madres y los recién nacidos con los casos más complejos de Antioquia. Esta es la crónica de los últimos días de esa unidad. El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que atendía los casos más complejos de Antioquia. Foto: Renata Taborda. Un niño disfrazado de Batman caminaba de la mano de una mujer por el sendero que los dirigía a la unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación. Eufórico, daba pequeños saltos. Con sus dedos sostenía una cubeta naranja de la que asomaban los dulces que recogió durante el día. El sol de la tarde reflejaba sus acciones en el suelo. Atrás de ellos, una joven vestida con una bata azul y una venda en su cabeza conversaba con otra mujer, tal vez su madre. Ese 31 de octubre, algo en el San Vicente se percibía diferente. El edificio que vio nacer personas durante más de 90 años se erguía igual. No obstante, a través de una ventana abierta en la parte trasera ya se anunciaba la ausencia: una habitación vacía, con camarotes a ambos lados y colchones manchados de viejos. Todo empezaría a desocuparse porque ese era el último día de la unidad que nació en 1929 y donde tantas escenas, llantos de nacimientos, suspiros repentinos y el azar de existir, sucedieron por primera vez. El hospital decidió cerrarla. Adentro del edificio, al fondo, la luz se reflejaba sobre una estatua de la virgen María con su mirada hacia el cielo, envuelta en prendas oscuras. A los lados se extendían pasillos con habitaciones en las que había 12 camas, ocho de parto y cuatro de cuidados especiales. En la entrada del bloque 12, a la derecha, un grupo de mujeres conversaban en una pequeña sala de espera. Se daban consejos sobre cómo cuidar y cangurear a sus bebés y sobre los tiempos en que comían y dormían. Algunas seguían en observación después de su parto, otras estaban en controles con sus recién nacidos. “Las mujeres somos la mayor parte de la población, entonces necesitaríamos tener un servicio decente y digno donde se nos atiendan nuestras necesidades en todo el ciclo vital”, dijo una enfermera joven que estaba en turno ese día. Mientras ella y otra enfermera mayor se lamentaban por el cierre de la unidad, entraron a un bebé recién nacido, en una incubadora, envuelto en mantas azules. Los médicos a su alrededor comprobaban que todo estuviera bien. Las enfermeras desviaron su mirada y lo contemplaron dormido. La unidad de ginecobstetricia del San Vicente era la única de Medellín que atendía casos de alta complejidad. Para la enfermera mayor, esto hacía más significativo su trabajo: “Era maravilloso darles un mejor cuidado y brindarles la mejor atención para que tanto ellas como los bebés salieran adelante”. Un pito repetitivo que daba cuenta de los signos vitales del bebé se escabullía en la conversación, mientras ellas miraban a los lados para asegurarse de no ser escuchadas: “Creemos que es importante que se sensibilice a la población de la gravedad del asunto y que se adopten medidas de salud pública para evitar el cierre masivo de los servicios de obstetricia”, dijo la más joven. Explicaron que este no es solo un problema del San Vicente. La Clínica del Rosario cerró sus servicios maternos el 30 de junio y otras como la de las Américas solo tienen una sala de partos. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en el 2012 Antioquia tenía registradas 1049 camas de obstetricia. En el 2023 esta cifra se redujo a 495 camas, de las cuales 237 están en Medellín. El deterioro de este campo de la salud viene dándose desde hace más de una década y las razones en su mayoría son financieras. “Desde hace mucho tiempo nosotros venimos regidos por un manual tarifario que tiene subvalorados los procedimientos que se hacen en el área obstétrica. Es decir, lo que se invierte en una actividad obstétrica realmente no se recupera, porque no se factura ni se cobra lo que vale”, cuenta Sandra Cuervo, docente de la Universidad de Antioquia y directora de Nacer, un grupo de investigación, docencia y extensión con énfasis en salud sexual, reproductiva y de la infancia. Esta problemática viene colapsando la red de salud, además de sobrecargar al personal médico y negar que las mujeres embarazadas tengan un parto humanizado, que ahora es obligatorio gracias a la Ley 2244 de 2022. En Medellín hubo 35.157 partos en 2022 y 18.917 en el primer semestre de 2023, según el Dane. Andrés Zapata Cárdenas, director médico del San Vicente, cuenta que ese hospital atendía alrededor de 900 cada año: “Nosotros no teníamos una participación de gran volumen en la atención obstétrica. En cambio, hay una atención igual o peor con los niños. En el hospital tenemos 200 camas destinadas a esta población y una mayor capacidad, por lo que decidimos enfocarnos en esta demanda pediátrica”. El cierre sería ese 31 de octubre. Así lo confirmaron las dos enfermeras. Afuera, terminaba el día. La unidad de ginecobstetricia fue fundada en 1929. Sus servicios cerraron el 31 de octubre del 2023. Foto: Renata Taborda. Los primeros cimientos La iglesia blanquecina del Hospital San Vicente Fundación reposaba ante un cielo nublado de octubre. Adentro, en uno de los bancos de madera café, una mujer rezaba arrodillada. Sostenía un rosario entre sus manos ante la cúpula decorada con un trío de pinturas en las que resaltaban las vestiduras blancas de su protagonista, Jesús. Un poco más abajo, un ramo de flores se asomaba en el costado derecho de una virgen María mediana envuelta en un manto verde oscuro y un vestido crema con el que sobresalía su embarazo. Al final del pasillo central, atravesando por el umbral de vitrales y cuadros, un patio exponía también a la madre de
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno