El consumo de sustancias, en el centro de los debates de convivencia en la UdeA para 2026
El consumo de algunas sustancias psicoactivas en espacios compartidos dentro del campus es motivo de inconformidad en estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, la Dirección de Bienestar Universitario propone crear zonas específicas y establecer límites frente a los espacios donde se consume**. Los pasillos y mesas son los lugares donde más se perciben los efectos del humo y los olores. Foto: Ronaldo Kury. El consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia sigue siendo uno de los temas clave cuando se habla de convivencia. Aunque se han implementado proyectos institucionales para tratar la situación y fomentar el respeto en las mesas, pasillos y otras áreas compartidas, muchos integrantes de la comunidad universitaria se sienten afectados por los efectos del humo y de los olores en los espacios comunes. Una de las zonas con más dificultades de convivencia relacionadas con el consumo es la «Ele» que conforman los bloques 9, 12, 13 y 14. Una de las unidades académicas ubicadas allí es la Facultad de Comunicaciones y Filología (FCF), donde estudiantes, profesores y trabajadores han reportado afectaciones en sus actividades diarias de forma recurrente. Natalia Restrepo Saldarriaga, profesora de la FCF, dice que esta problemática ha impactado directamente su trabajo: «Mi oficina se llena de olor, a veces incluso de humo, y eso me da migraña, inapetencia, no me permite concentrarme. Entonces no puedo trabajar, tener reuniones, atender estudiantes ni almorzar en la oficina». Restrepo, quien lleva dos años en la universidad, aseguró que la situación ha empeorado con el tiempo, «cuando llegué ya se sentía, pero no en este nivel. Ha ido aumentando de manera paulatina, pero muy veloz, y cada vez está peor». La docente reportó el problema al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, pero no ha recibido una solución. «Nos visitaron una vez y tomaron fotos. Dijeron que me harían exámenes médicos para saber si el humo había hecho alguna afectación en mi cuerpo, pero no me volvieron a contactar», concluyó. Isabella Navarrete, estudiante de Periodismo de la Universidad, sufre de rinitis, una condición respiratoria que se agrava con la exposición al humo y a algunos olores. Esto le dificulta permanecer en algunos espacios de la universidad donde se realizan consumos de marihuana, cigarrillo y otras sustancias. «Siempre me debo ir», comenta, y explica que estas situaciones interrumpen sus momentos de estudio y concentración en los pasillos y otros lugares de la universidad. Pasillo del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, un lugar afectado por la problemática. Foto: Ronaldo Kury. Respecto a esta situación, la decana de la FCF, Olga Vallejo Murcia, manifestó que el consumo en los alrededores del bloque 12, donde queda la Facultad, «está causando muchísima interferencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión» de esta unidad académica. Según explicó, el humo proveniente del consumo de marihuana en los alrededores del bloque ha obligado a suspender sesiones de atención psicológica en la oficina de Bienestar de la Facultad, ubicada en el segundo piso y en la parte trasera del bloque, debido a que «nadie quiere tener una terapia en medio de una humareda». La decana agregó que varios profesores han optado por ausentarse de sus oficinas debido al humo de marihuana. «Es imposible estar cuatro o cinco horas de trabajo en esas condiciones», aseguró Vallejo. Además señaló que esta situación le ha generado una «gran impotencia» como administradora de la Facultad, ya que a pesar de los intentos de diálogo y sensibilización, «parece que no hay una solución». María Fernanda Barreto, coordinadora de proyectos de la Dirección de Bienestar, señala que la estrategia institucional ante esta problemática no es punitiva y que, al contrario, busca promover una línea pedagógica: «La dirección de Bienestar lo que busca es que, a través del diálogo y la conversación, podamos llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en lo que se refiere a este tema», explicó Barreto. La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con dos proyectos para abordar estos asuntos, ambos del Plan de Acción Institucional de la Universidad (PAI): «Conciencia Colectiva», que se encarga de la convivencia y «Somos Comunidad», que se enfoca en el uso adecuado de los espacios. Uno de los enfoques de ambos programas es sensibilizar frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus. Como parte de los esfuerzos por disminuir el consumo en los espacios comunes, el pasado viernes 24 de octubre, la Dirección de Bienestar Universitario organizó una asamblea de venteros universitarios, en la que se acordó, entre otros puntos, limitar el consumo de sustancias en los lugares donde se ubican los puestos de venta. Sin embargo, el consumo también es habitual en otros sitios del campus donde no hay presencia de venteros. Extracto de los acuerdos alcanzados en la asamblea de venteros llevada a cabo el 24 de octubre del 2025. Barreto explicó que el cierre de la pista de atletismo por remodelación causó una dispersión de los consumidores por la universidad, pues al lado de está queda la zona conocida como «El Aeropuerto», sitio que históricamente ha concentrado el consumo. A pesar de que la pista fue reabierta en julio de este año, el consumo permanece en otras zonas de la Universidad. Según la decana Olga Vallejo, esto ocurre por «comodidad» de los consumidores, que prefieren seguir en otros lugares antes que desplazarse a la pista. Ante esto, Bienestar sigue buscando alternativas para manejar la situación. También explicó que, como uno de los objetivos del proyecto «Somos Comunidad», se realizará un Plan de Redistribución de los Espacios Comunes (PREC) con el cual «se está tratando de revisar cómo podemos llegar no solamente a unos acuerdos mínimos, sino también a establecer lugares para que estas prácticas puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de afectar la misionalidad universitaria«. La pista atlética solía ser el punto de concentración del consumo, pero ahora se ha dispersado por todo el campus | FOTO: UdeA web. Estas zonas se establecerían con el objetivo de que Bienestar Universitario pueda realizar intervenciones con el Programa Educativo
La jugada prohibicionista del alcalde
Foto: Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas. La «jugada» de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público. Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una «criminalización administrativa mediante restricciones policiales» y una «falsa solución a los problemas de seguridad». La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras. El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos. Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial. Esa fue la parte que le quedó faltando. Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto. El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos. A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019. Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados. En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos. Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa. En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.