Los cambios que le impuso la realidad al Comité Nacional de Participación
Aunque la fase de diseño del proceso de participación de la sociedad en el proceso de paz entre el ELN y el Gobierno nacional sigue avanzando, el balance muestra que ha sido necesario implementar ajustes tanto en la estructura del CNP como en la metodología de los encuentros. La instalación del CNP en agosto significó el inicio de la implementación del acuerdo más ambicioso alcanzado en este proceso de paz. Créditos: Presidencia de la República. En junio de 2023 se firmó en Cuba uno de los acuerdos más ambiciosos en la historia de las negociaciones de paz con el ELN: el acuerdo sobre el proceso de participación de la sociedad en el actual proceso de diálogo. En resumen, el acuerdo planteaba la ruta por medio de la cual la sociedad haría no solo el diagnóstico de los distintos problemas que han alimentado el conflicto armado en Colombia, sino que también ella misma se encargaría de presentar posibles soluciones. La primera fase correspondía al diseño de esa participación y originalmente se le asignó una duración de seis meses, desde agosto de 2023 hasta febrero de 2024. Meses después de que comenzó a correr el tiempo y a días de que se cumpla el plazo, el Comité Nacional de Participación, la organización que tenía la tarea de liderar ese proceso, ha experimentado diferentes desafíos y necesidades que han forzado cambios en su estructura y en los planes que tenía para desempeñar su labor. Lo que se planeaba y sus limitaciones El 4 de agosto del 2023, día de su instalación, el CNP se presentó como una instancia temporal que solo se ocuparía del diseño de la participación. Actualmente está compuesto por 81 miembros de distintas organizaciones y movimientos pertenecientes a 30 sectores de la sociedad, como se explica en el Acuerdo N°9 sobre la participación pactado en el tercer ciclo de diálogos. Desde ese momento ya habían surgido críticas con respecto a la composición del CNP ante la pregunta de qué tan representativo de la sociedad era en realidad. Como lo señala Andrea Arango, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, muchas de las organizaciones convocadas son “afines a procesos de izquierda” y eso implica cuestionamientos de otros sectores políticos. Eso pese a que también se encuentran representados, por ejemplo, algunos gremios empresariales. Frente a esto, Helbert Choachí, integrante de Ciudadanías para la Paz y miembro de la Secretaría Técnica del CNP, dice que nunca se planteó que fuera la representación de toda la sociedad en su conjunto. Eso sí, de acuerdo con Choachí, “sí se buscaba que algunos sectores convocados tuvieran un carácter de voceros”. Una de las tareas del CNP es convocar y organizar encuentros que permitieran diseñar el modelo de participación. Originalmente se planearon 16 eventos nacionales y nueve regionales en donde participarían cientos de organizaciones de los sectores convocados. Todo esto se daría entre septiembre y diciembre de 2023. Sin embargo, desde este planteamiento ya se empezaba a notar otro desafío en el diseño del proceso, y es que no todos los sectores iban a tener sus propios encuentros sectoriales, a pesar de haber sido convocados a tener representantes en el CNP. Por ello, su participación se limitaría, cuando más, a las voces de unos cuantos representantes. Entre agosto y septiembre la presión de algunos representantes de organizaciones promovió la realización de encuentros nacionales de sus sectores y así aumentó la cantidad de encuentros sectoriales a 22, y regionales a 10. Por ejemplo, en octubre de 2023, Isegoría confirmó con Martha Ceballos, representante del Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice) y delegada del CNP, que efectivamente su encuentro no estaba contemplado dentro de los 16 originalmente pensados. Sin embargo, esto se logró revertir gracias a la incidencia de los representantes del sector y de organizaciones por fuera del Comité que consiguieron comprometer la realización del encuentro para finales de noviembre y principios de diciembre. A pesar esto, Ceballos manifestó preocupación por algunas de las razones que expuso la mesa de diálogos para no incluirlos en la programación inicial. “Nos habían dicho que no se iba a tocar el tema de víctimas en esta fase de diseño de participación porque iban a ser un punto bastante importante en el marco de la tercera fase”. Esta posición, defendida por el ELN, se soportaba en la tesis de que en realidad las víctimas no debían ser entendidas solo como aquellas impactadas por la violencia, sino todas las personas vulneradas por el sistema económico y político colombiano. En otras palabras, para Ceballos, según ese argumento, toda la sociedad sería “víctima del sistema capitalista”, lo que finalmente terminaría por excluir en esta fase a las víctimas afectadas de manera directa por el conflicto. Este punto de vista era en parte compartido por la delegación del Gobierno. Dayana Domicó, integrante de la delegación oficial, explicó que “las víctimas merecían prioridad y su propio punto aparte en la agenda”, y que por ese motivo inicialmente no fueron tenidas en los encuentros sectoriales del CNP. Oscar Castaño, politólogo e investigador de la Universidad de Antioquia, miembro del Comité Académico de Isegoría, explica que la búsqueda de lograr la representación completa de la sociedad siempre va a ser una tarea compleja. “La figura que por excelencia simboliza históricamente la participación es una constituyente. Y la constituyente precisamente es un escenario que también ha transitado por la idea de que la democracia participativa debe ceder un poco ante la democracia representativa en virtud de las dificultades metodológicas y fácticas que genera la pretensión de que todo el mundo participe”, explica el politólogo. Frente a los aspectos positivos de este acuerdo, Castaño reconoce que en un país donde el interés por la participación en procesos sociales y políticos suele ser escasa, “hay unos sectores representados que han hecho el esfuerzo también por asistir, han aceptado la convocatoria, han llevado sus propuestas”. Otro de los cambios que se han implementado en esta fase fue la realización de
Incendios y destrucción de carpetas: así borraron pruebas de los ‘falsos positivos’
Algunos militares han hablado de inundaciones, incendios y destrucción de carpetas para evitar que se conocieran los crímenes que hicieron pasar como falsas muertes en combate. Una explosión en el depósito de armamento del Bajes en Medellín, el batallón que más falsos positivos cometió, destruyó el archivo de varias unidades militares. En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia. Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país. Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones. Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero. Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia. Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos. “Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas. “Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno