“La libertad de prensa está en fase terminal”: dirigente gremial ante nueva ola de censura en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado restricciones a la libertad de prensa en Venezuela tras las noticias del Nobel a María Corina Machado y el atentado a activistas venezolanos en Bogotá en octubre. El periodista y dirigente gremial Edgar Cárdenas explica cómo se vive hoy la censura en el país vecino. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Foto: TalCual. En pasado mes de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre nuevos casos de censura en medios venezolanos cuando se conoció que la líder opositora María Corina Marcha recibiría el Premio Nobel de la Paz y tras la cobertura del atentado en Bogotá contra Luis Peche y Yendri Velásquez, activistas venezolanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Los episodios de censura más notorios fueron las suspensiones de los espacios radiales de los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, ambos transmitidos por el circuito radial Unión Radio, tras informar sobre el Premio Nobel concedido a Machado. Denuncia del SNTP ante nueva ola de censura. Para profundizar en la situación actual de la libertad de prensa, y en el marco de la reciente entrega del Premio Nobel a Machado en Oslo, conversamos con Edgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, quien detalla cómo se manifiestan hoy las restricciones informativas en el país. ¿Usted percibió la censura que denuncia el SNTP? Sí, ciertamente hay una política de censura que forma parte de una política de agresiones a periodistas y medios, y lo que busca es silenciar la información. Se trata de que la gente no conozca lo que acontece. Según la visión del Gobierno venezolano, los ciudadanos deben conocer los hechos noticiosos solamente a través de las plataformas que dependen del sistema de medios públicos del Estado venezolano o de aquellos medios que les son afectos. Lo que implica, por supuesto, que no hay libre circulación de las ideas, que no hay pluralidad. Volviendo a los dos casos particulares [el caso de dos jóvenes activistas venezolanos que fueron atacados en Colombia y el caso del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado], ciertamente reventaron y colapsaron las redes sociales, pero hubo prohibiciones en los distintos medios de comunicación. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez. ¿Cómo se presentan estas prohibiciones? ¿de qué manera? Antes los institutos oficiales emitían una comunicación prohibiendo los contenidos, ahora no. Ahora son llamadas, no dejan rastro. Ahora es una llamada de una alta autoridad, de una alta esfera gubernamental, que le dice a un canal de televisión o a una emisora de radio que no puede tener este dictado, que no puede decir aquella otra palabra, y los medios, por supuesto, tratando de sobrevivir, asumen ese tipo de posición. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas utiliza el gobierno para censurar? En Venezuela actualmente tenemos 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar con imputaciones por “terrorismo” o por “incitación al odio”. Se ha venido estructurando un andamiaje jurídico que permite silenciar la información a través de estos instrumentos que lo que buscan es criminalizar la opinión y legitimar la censura. Hay una cantidad de condiciones que, por supuesto, limitan el ejercicio de la profesión, es arbitrario y termina aterrorizando a los medios de comunicación y periodistas porque es una forma de decir: «Esto es lo que les puede ocurrir a los periodistas que siguen informando de contenido sensible». Algunos periodistas ya llevan más de tres años privados de la libertad. Entonces, yo diría que la libertad de expresión en Venezuela no está en una situación ni siquiera complicada, está en una situación de fase terminal. Porque a medida que el gobierno intente ser el que fije la pauta noticiosa, en esa medida entonces estamos entregando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si ahora nos encontramos con que es el Estado o es el gobierno quien dicta esas pautas, la libertad de expresión prácticamente queda en cero. ¿Qué se puede decir de la autocensura? ¿La hay? Y si la hay, ¿es por miedo? Sí, por supuesto. Ejercer el periodismo, hoy en día, es de alto riesgo, sobre todo en Venezuela, y por supuesto que hay miedo. Vemos cómo todas esas detenciones arbitrarias de periodistas ocurren solamente por el hecho de informar. Hay casos tan lamentables como el de un colega periodista que por cubrir una protesta por falta de agua en una población del interior del país fue detenido e imputado por incitación al odio. ¿Qué se les aconseja a los periodistas desde el CNP en este contexto? Aquí lo más importante, en lo que nosotros insistimos, es que hay que salvaguardar la vida, por supuesto, pero también apegarse a los preceptos éticos que nos obligan a cumplir con nuestra labor, siempre y cuando la seguridad nos lo permita. Sin embargo, las audiencias hoy en día, y más en estos procesos con gobiernos donde la censura y la persecución a los periodistas es prácticamente parte del día a día, ya han comenzado a entender el contenido entre líneas. Por eso, los periodistas tienen que aprender a escribir precisamente ese contenido entre líneas, y sobre todo cuidar el uso de todas aquellas frases que puedan ser sensibles al gobierno, porque el problema de las altas esferas gubernamentales hoy día es su alta sensibilidad sobre determinados temas. ¿Cómo ve el panorama a mediano plazo? Yo no veo la posibilidad de que esto disminuya, pienso que esto va a seguir arreciando más bien, porque se perfeccionan más las fórmulas y las técnicas para censurar. Vemos ahora que sin cartas, sin documentos, solamente por una llamada ya te pueden censurar. Todo esto a raíz de que dos periodistas conocidos en la radio hicieron un simple comentario sobre que se le otorgó el premio Nobel a Maria Corina Machado e hicieron que el medio los retirara, es decir, salieron de los medios de comunicación [al
La Sociedad Colombiana de Pediatría quiere censurar a VORÁGINE
La organización denunció por injuria agravada al autor de dos investigaciones que revelaron conflictos de intereses de la directora ejecutiva y de otros directivos. Ante este intento de censura a través del acoso judicial, VORÁGINE se sostiene en lo que afirman ambos reportajes. Ilustración: Angie Pik La directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), Gloria Helena Zuccardi Hernández, y el presidente de esa organización, Mauricio Javier Guerrero Román, pretenden censurar a VORÁGINE, mediante un acoso judicial. En meses pasados, Zuccardi y Guerrero interpusieron una denuncia penal en contra del periodista Carlos Hernández Osorio por el delito de injuria agravada, a raíz de dos investigaciones publicadas en nuestro portal el 27 de abril, y el 12 de mayo de 2025. Es importante decir que en VORÁGINE nos sostenemos en que ambas investigaciones son rigurosas. Todas las afirmaciones que allí se hacen están debidamente sustentadas y documentadas. La denuncia interpuesta por los directivos de la SCP atenta, además, contra el ejercicio de la libertad de prensa y pretende acallar las investigaciones de interés público que este medio de comunicación adelanta con estricto apego a los estándares periodísticos. Los artículos Ambos artículos están dedicados a demostrar los conflictos de intereses en los que están inmersos Zuccardi y otros directivos de la SCP por la relación comercial que han forjado con la industria de productos ultraprocesados y la de las leches de fórmula. El primero, titulado “Alpinito, leches de tarro y conflictos de interés: la historia ultraprocesada de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, explica cómo esa organización ha recibido por 25 años financiación, de distintas formas, de la industria de productos ultraprocesados. Mientras, por un lado, la SCP ha divulgado un discurso de protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, y ha asesorado al Estado en distintas ocasiones con ese fin, por el otro se volvió socia y promotora de empresas dedicadas a vender productos muy pobres en su aporte nutricional, que hoy llevan sellos negros que advierten sobre su exceso de azúcares añadidos, sodio y grasas trans y saturadas, y que pueden incidir en el desarrollo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares si los niños no los consumen con mesura. Esta investigación periodística documentó ampliamente, a partir de actas de junta directiva y de asambleas de la SCP, de testimonios y de publicaciones de la propia Sociedad, las prácticas que esa organización, en cabeza de la directora Zuccardi, ha aplicado para obtener la financiación, y que a su vez facilitan e incentivan la cooptación de pediatras por parte de la industria. El artículo también cita los cuestionamientos que han recibido Zuccardi y la SCP de pediatras afiliados y de otras organizaciones de la sociedad civil. Ambos artículos están dedicados a demostrar los conflictos de intereses en los que están inmersos Zuccardi y otros directivos de la SCP por la relación comercial que han forjado con la industria de productos ultraprocesados y la de las leches de fórmula. El segundo artículo, titulado “El negocio a dos bandas de la directora de la Sociedad Colombiana de Pediatría”, cuenta que Zuccardi no solo ha liderado e implementado un modelo de financiación para la SCP que entra en contradicción con la promoción de la salud de los niños que esa organización dice defender. Desde su cargo de directora ejecutiva de la SCP, además, creó y mantiene a nombre propio una empresa llamada Exemedis, desde la cual ha hecho negocios de carácter privado con las industrias de productos ultraprocesados y farmacéutica, avalada por los demás directivos de la Sociedad. Esta investigación también documentó que el presidente de la SCP, el pediatra Mauricio Guerrero, y otros integrantes de la junta directiva aparecen en la página web de Exemedis como asesores. Zuccardi y Guerrero nunca aceptaron darle una entrevista a Hernández. Pidieron, en cambio, un cuestionario que respondieron el 12 de marzo, casi un mes después de haberlo recibido. El periodista, sin embargo, les hizo contrapreguntas en un nuevo cuestionario, ante lo cual le enviaron una comunicación en la que dieron por terminado el intercambio al afirmar: “como sociedad científica hemos considerado reservarnos el legítimo derecho a responder”. Tras la publicación del primer artículo, el abogado de la SCP, Fernando Peña Bennett, le envió al periodista una solicitud de aclaraciones y de rectificaciones (usó ambos términos de forma indistinta). Allí exigió incluir información adicional y rectificar otra. VORÁGINE no accedió a hacer ninguna rectificación, aunque sí estuvo de acuerdo en incluir tres datos que daban más contexto sobre los temas tratados, pero que en nada refutaban la esencia del reportaje. En una nota al final del texto la editora del artículo dejó claros cuáles fueron esos puntos. Por el segundo artículo, la SCP no hizo ninguna solicitud de rectificación. La denuncia penal Zuccardi y Guerrero anunciaron el 22 de mayo, a través de un comunicado y un video publicados en las redes sociales y en la página de la SCP, que le habían dado poder al abogado Jaime Lombana para interponer una denuncia penal por “injuria agravada y calumnia agravada”, como respuesta a lo que llamaron “campaña de desprestigio”. También anunciaron acciones internas, entre las que estuvo impedirles participar en actividades de la SCP a dos pediatras afiliados por haber “difundido y respaldado públicamente un artículo periodístico con afirmaciones lesivas contra el buen nombre de la SCP”. Una de esas pediatras fue citada en el primer artículo. Zuccardi y Guerrero interpusieron la denuncia penal por injuria agravada el pasado 16 de julio en la Fiscalía General de la Nación. El periodista fue notificado el 8 de septiembre. La injuria, según el artículo 220 del Código Penal, es un delito que comete “el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas”. En el texto de la denuncia, que lleva el membrete de “Jaime Lombana Villalba & Abogados”, afirman: “se evidencia que el sr CARLOS HERNÁNDEZ y el medio VORÁGINE realizaron afirmaciones abiertamente deshonrosas sobre GLORIA ZUCCARDI y la SCP, con pleno conocimiento de su connotación ofensiva y de su impacto sobre el prestigio profesional, institucional y social