El deslizamiento en La Gabriela: catorce años de escombros y voces no escuchadas
Catorce años después del deslizamiento en La Gabriela, la comunidad sigue exigiendo justicia y reparación a la Alcaldía de Bello por la pérdida de sus familiares. El municipio está condenado desde 2021 por omisión de los deberes de prevención en una escombrera ilegal, detonante de esta tragedia. El 5 de diciembre de 2024 se realizó una ceremonia en honor a las víctimas en el lugar de la tragedia. Fotografía: Sara Vanegas Cardona Lo ocurrido el 5 de diciembre de 2010 quedó marcado como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Bello, Antioquia. Ese día, un deslizamiento de tierra en la comuna Zamora sepultó el sector Calle Vieja del barrio La Gabriela y dejó 88 víctimas mortales y 37 viviendas destruidas bajo toneladas de lodo y escombros. Catorce años después, integrantes de la comunidad trabajan por mantener viva la memoria de las víctimas y luchan por la justicia y la reconstrucción del tejido social. La catástrofe no fue un hecho imprevisible. Desde 2005, entidades como Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres (DIPAD-BELLO) y la Fiscalía seccional 203 con sede en Bello, habían advertido sobre el riesgo en la zona. El día del desastre, alrededor de las 3:30 de la tarde, el terreno cedió y liberó una avalancha de tierra que arrasó todo a su paso. Witter Madrigal Maya es una mujer de 43 años. Trabaja vendiendo tenis y además es chef. También es sobreviviente de la tragedia, y se encontraba ese día en el barrio, en la casa de su madre. “Yo estaba en la misma casa (la de su mamá), pero en el tercer piso. Se escuchó un trueno grande, pero como estaba haciendo sol, salimos a ver que era, y vimos la tierra que bajaba como girando. Pensé que eso solo iba a sacudir la casa, pero no, la tumbó completa y fuimos a parar como a unos 10 metros”, relata Witter. Ella cuenta que los organismos de socorro llegaron de inmediato y la evacuaron, pero muchas personas quedaron atrapadas bajo los escombros. “Aún recuerdo como el drywall se me cayó en la cara; me reventó los oídos, la boca, la mano y caí de rodillas”. Witter tenía 29 años y ese día perdió a 10 familiares, entre ellos su hija de 8 años, su madre, tres hermanos y cinco sobrinos: “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. El 5 de diciembre de 2010 se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio La Gabriela, en Bello, que dejó más de 80 víctimas mortales. Fotografía: Colprensa. Negligencia y justicia dilatada El deslizamiento de La Gabriela pudo haberse prevenido. Según un artículo publicado por El Espectador, las investigaciones posteriores revelaron que el municipio de Bello había sido advertido en múltiples ocasiones sobre el peligro por la Fiscalía General de la Nación, Ingenieros funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y miembros de la Policía Ambiental. Estudios técnicos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) años antes del evento indicaban que la acumulación de escombros en la zona había afectado gravemente la estabilidad del terreno. A pesar de las advertencias, la Alcaldía no implementó controles sobre la escombrera ni evacuó a las familias que vivían en las áreas más vulnerables. Así lo confirma Witter, quien asegura que el municipio ya tenía órdenes de cerrar el lugar. Señala que debieron llevar personas experimentadas en el tema para evaluar los suelos, y lo más importante, informar a la comunidad: “si mi familia se entera de un riesgo así, se lo aseguro que nos íbamos, así fuera debajo de un puente, pero no nos quedábamos ahí”. Según Liliana Petro, abogada del grupo familiar de Witter, las víctimas comenzaron a presentar demandas en contra del municipio de Bello desde el 2013. Sin embargo, los casos se han prolongado debido a algunas maniobras dilatorias por parte de la administración local. Un ejemplo de esto fue en el 2020, cuando el municipio presentó una prueba extemporánea con la intención de incluirla en todos los procesos legales, algo que no era permitido por estar fuera de los términos establecidos. Dicha prueba consistía en una denuncia penal que atribuía la responsabilidad a un grupo al margen de la ley encargado de la operación de un parqueadero y un lavadero ubicados en el terreno. “Si ellos (el municipio de Bello) querían eso como prueba, debían ingresarlo en el momento probatorio disponible, no después. El juzgado no lo aceptó, y concluyó que esa no era la única causa porque el municipio, como autoridad, debía manejar la situación”, explica Liliana a propósito de la prueba presentada. “Mi vida cambió por completo. No vuelves a ser la misma; no dormía ni me hallaba despierta”. Witter Madrigal Maya, sobreviviente de la tragedia Sin respuestas de la Alcaldía La Alcaldía de Bello ha enfrentado por lo menos 57 procesos judiciales relacionados con la tragedia. En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al municipio en el caso de la demanda interpuesta por la firma de abogados Javier Villegas Posada, en representación de tres familias, y le ordenó indemnizar a cada una con 1.300 millones de pesos, al considerar que la administración local tuvo fallas en la atención y prevención del desastre. En junio de 2023, el mismo tribunal volvió a condenar al municipio de Bello. En esa ocasión le ordenó indemnizar a la familia de cuatro niños que perdieron la vida en la tragedia. Esta demanda también fue representada por el abogado Javier Villegas Posada, quien aún espera el fallo de otras 12 demandas en nombre de 248 familias más. Sin embargo, las familias de las víctimas no han recibido ninguna indemnización por parte del municipio. De hecho, Witter, sobreviviente de la tragedia, afirma que el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) sí le otorgó a su familia una indemnización, pero dice que del municipio nunca ha recibido nada. Según Liliana, su abogada, lo que han hecho
Mi primer corrupto
Esta es la historia de una primivotante en elecciones regionales, pero también una autoetnografía que explora las complejidades territoriales del clientelismo; una crónica sobre Bello que podría ser sobre casi cualquier municipio del país. Ilustración: Melanie Peláez. Me robé una edición del periódico El Colectivo. No lo conocía. Lo agarré de una mesa como si nada y lo guardé en el bolso. Solo cuando iba saliendo me di cuenta de que costaba cuatro mil pesos. Tampoco tenía con qué pagarlo. Más tarde, yendo en el Metro hacia mi casa, lo abrí y encontré el título “El pésimo ejemplo de los alcaldes de Bello”. Cometer ese delito me hizo sentir, por primera vez, parte de mi municipio. La columna, firmada por Betty Ciro, hablaba de los delitos cometidos por Óscar Andrés Pérez, los hermanos y la hermana Suárez Mira y Carlos Alirio Muñoz López. Esos apellidos me sonaban, pero no sabía quiénes eran ni qué habían hecho. Alguna vez escuché que un exalcalde falsificó su título de bachiller y que otro fue elegido mientras portaba un brazalete del Inpec. Esos eran chistes que me hacían acerca de vivir en Bello, pero no sabía cuál político había hecho qué cosa. Yo no habría leído ese artículo a comienzos del 2023, pero desde hace meses me martilla en la conciencia una necesidad de tomar partido en todo y una rabia con los hombres y la globalización que no me dejan vivir en paz. Mejor dicho, un día me desperté y no pude dejar de pensar en que tenía que hacer algo al respecto. Entonces me inscribí en la Escuela de Formación Política Marta Cecilia Yepes, cuyo nombre es en homenaje a una militante de ¡A Luchar!, movimiento social que impulsó importantes manifestaciones durante los 80. Marta defendió la lucha por el arte y la cultura en los sectores populares, particularmente en Itagüí, hasta que la asesinaron a sus 29 años, en 1985. En la primera sesión de la Marta ‒que se llamaba “Trayectorias militantes e identidad política” ‒ entendí, en resumidas cuentas, que nadie va a hacer nada por mí. El encuentro fue el mismo día en el que robé el periódico. Aunque justo antes estaba decidida a inscribir mi cédula para votar en Medellín, me bastaron diez minutos para concluir, en un ataque de pertenencia, que lo haría en Bello. De todas maneras se había acabado el plazo para cambiar el puesto de votación y yo ni me di cuenta. Además, para elegir entre Fico y Upegui, prefería votar por cualquiera a una cuadra de mi casa y en pijama. Me adentré en una búsqueda intensiva de los candidatos y las candidatas de Bello a la Alcaldía y al Concejo. Sobre los últimos solo vi propaganda en redes sociales y una lista en la página de la Registraduría: apenas aparecían 38 inscritos, la mitad eran del Centro Democrático y la otra de Gente en Movimiento. Supuse que estaba desactualizada, pero no lejos de la realidad, y la abandoné. En cuanto a la Alcaldía, encontré un debate organizado por la Universidad Uniminuto con seis de los nueve candidatos que para entonces estaban en el tarjetón. Anoté en mi libreta sus historiales, propuestas, expresiones y argumentos, y me hice una primera imagen de cada uno, una advertencia muy clara sobre por quién no votaría nunca en mi vida. También escuché datos que no conocía, mencionados por el entonces candidato Juan Felipe Restrepo, como que Bello tiene el porcentaje de inversión más bajo de los municipios del Área Metropolitana para la juventud ‒con 972 pesos para cada joven‒, que el presupuesto para la cultura es del 1 % y que la administración saliente desapareció la Secretaría de la Mujer. El panorama se me hizo desolador. A los candidatos y las candidatas más fuertes de la contienda se les podía cuestionar su cercanía con personajes de la política tradicional bellanita, mientras que el resto no tenía mucha experiencia. Corría el rumor de que uno había adquirido su candidatura con ayuda de las bandas delincuenciales del municipio y que estas harían todo lo necesario para que ganara. Por otra parte, tener alcaldesa se convirtió en una bandera que, para mí, no podía garantizar nada para las mujeres. A pesar de todo, no iba a votar en blanco. Qué tal que ganara y a Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, le diera por decir que es el “brillante ejercicio de la democracia” manifestándose en mi municipio otra vez. Y es que en 2011 se dio en Bello la primera victoria del voto en blanco en unas elecciones en Antioquia ‒y la segunda en el país‒ como respuesta a que Germán Londoño, aliado del clan Suárez Mira, era el único candidato. Se sintió como una cachetada a mi esperanza y a mi prematura formación política entender que, aunque me informara e intentara ser crítica, mis primeras elecciones a la Alcaldía de Bello serían, inevitablemente, las de mi primer corrupto. Al otro lado del río En mi cuadra, en La Gabriela, hay un sistema de transporte ilegal controlado por la banda delincuencial que opera en este y otros barrios aledaños. Quienes trabajan en ese “acopio” pagan por el puesto que ocupan y le generan otras rentas al grupo, por ejemplo, por medio de una remuneración por desinfectar los carros para protegernos de una pandemia que terminó hace meses. Esa y otras obligaciones sirven para intuir que cuando todos, sin excepción, aparecen con propaganda política del mismo candidato en sus carros, es por orden del grupo y no por mera coincidencia. En 2022 fue un candidato a la Cámara por el Partido Liberal y el año pasado fue un aspirante al Concejo de Bello por Cambio Radical y Mira. Pero eso no es lo único cuestionable de mi barrio y tampoco viene siempre de los mismos actores. Dos personas de La Gabriela, ambas de la misma familia, han ocupado una curul en el Concejo: una en 2016 y otra en 2019. Desde entonces he visto que varias y varios
La fiebre norteamericana que marchita las aguas de Bello
En medio del cerro Quitasol, en Bello, está Norteamérica, un barrio de mansiones de estratos 4 y 5 donde viven políticos, artistas y empresarios que llegan buscando la armonía de la naturaleza en un hogar cimentado sobre una zona de conservación ambiental. Quitasol desde los aires. Foto: John Fredy Ramírez. Entre los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, en Antioquia, está el cerro Quitasol, un baluarte del agua que alimenta al Valle de Aburrá. Tras de sí, se encuentran corredores de vida estratégicos que conectan el páramo de Las Baldías, las cumbres de Altos de Medina y el embalse Río Grande II, que suministra de agua al 96 por ciento del Valle de Aburrá. Además de la riqueza en biodiversidad, el cerro también es meca de cultura e historias. La más conocida es el camino de piedras que construyeron los indígenas nutabes, que habitaban esta zona antes de la colonia. En septiembre de 2020, después de años de estudios, Corantioquia declaró este cerro área protegida en el documento síntesis de ‘Distrito Regional de Manejo Integral Quitasol – La Holanda’, con el fin de “contener los procesos de urbanismo desordenado en el margen occidental del Valle de Aburrá, y preservar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento como el del agua”. En dicho informe técnico incluyeron 5.390 hectáreas de montañas entre los municipios de Bello, San Pedro de los Milagros, Barbosa, Girardota, Copacabana y Donmatías, de las cuales el 56 por ciento están en jurisdicción del primer municipio. Sin embargo, antes de que se consolidara la declaratoria, empezaron a construir en este cerro, a pasos agigantados, una ciudadela de mansiones que amenaza con marchitarlo. Dentro de las casonas hay poderosos inquilinos y detrás de este proyecto inmobiliario está una firma llamada Norteamérica. **** Nethie Ochoa, una mujer de 37 años, es guardiana del cerro. Su padre, Neyl Ochoa, es un artesano del municipio que habitó la finca Corrales en el Quitasol con su familia desde 1997, cuando recibió una oferta laboral como guardabosques. La finca queda, aproximadamente, 3 kilómetros arriba del casco urbano. Para esta familia de 6 hijos educados en casa por su mamá, Ruthie Laguado, fue el lugar ideal para pasar una de las mejores épocas de sus vidas. Según Nethie, “Corrales se convirtió en esos cinco años en un espacio de diálogos sobre la naturaleza y convivencia con campistas que subían cada ocho días. Se creó un espacio importante de encuentro ciudadano y construcción de paz”. Así fue hasta 2001, momento en que la Alcaldía de Bello construyó un parque ambiental, pero esto no incluyó la contratación de más guardabosques ni tampoco estrategias de educación ambiental; llegó un alud de peregrinos que trajeron consigo contaminación e inseguridad. Cuando la Contraloría inspeccionó la obra, Ruthie denunció falencias como su construcción con madera verde, que al secarse se deforma. Por esto empezaron a recibir amenazas y decidieron salir de allí en 2002. Nethie describe su sentimiento sobre la finca Corrales como una melancolía propositiva: “No veíamos las ruinas, sino que todavía se podía rescatar algo. Hay que esforzarnos por lograr que esto vuelva a ser un espacio habitado”. Ahora forma parte del Colectivo Corrales Quitasol, que busca rescatar esta finca del olvido. Hacen veeduría a la declaratoria de área protegida por parte de Corantioquia, y también al proyecto que lleva Edunorte para construir miradores en el camino de piedra (que hasta el día de hoy está en mora de cumplimiento). Edunorte fue creada por el Concejo de Bello para tercerizar contrataciones de obras públicas. Tiene congelada la construcción del Parque de Artes y Oficios, para la que subcontrató, por medio de una invitación abierta, a IDC Inversiones, empresa con un amplio historial de contrataciones públicas. Su propietario, Luis Felipe Agudelo, es un empresario aliado de Luis Pérez. Como esta, hay historias similares que han vivido miembros de los proyectos ambientales que iniciaron a finales de 1990. Por ejemplo, el Bello Proyecto Quitasol buscó defender este terreno plantando una línea de guayacanes amarillos y haciendo recorridos educativos. En una ocasión, varias personas que subieron al cerro fueron atracadas y amenazadas con armas de fuego, por lo que muchos desertaron del proyecto. Pero las administraciones se interesaron en otras cosas. En 2009 se ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial durante la primera alcaldía de Óscar Andrés Pérez, quien fue condenado el 9 de julio de 2023 por el Tribunal Superior de Medellín por “contrato sin cumplimiento de requisitos legales cometido en concurso heterogéneo con el delito de peculado por apropiación, por hechos relacionados con la suscripción y ejecución de un contrato en el año 2010”. Dicho ajuste dio entrada a las viviendas de estratos 4 y 5, generando un boom inmobiliario. Actualmente, Bello es el segundo municipio más poblado del Valle de Aburrá. De acuerdo con Planeación Nacional, es el que más recibe desplazamientos interregionales. Según el Dane, hoy cuenta con 561.955 habitantes y más del 98 por ciento es población urbana, aunque más del 86 por ciento es suelo rural. Ese fue otro de los cambios que vinieron con los ajustes al POT: la adjudicación de zonas rurales como zonas suburbanas y la creación de nuevas centralidades rurales por medio de los artículos 116 y 246. Entre ellas está un área de conservación del cerro Quitasol llamada Buenavista, adonde llegó Norteamérica S. A. S., erigiendo su nombre en la montaña con unas inmensas letras estilo Hollywood, en California. Conforme José Alberto López Vélez, gerente de Norteamérica S. A. S., desde 2008 se empieza a consolidar el consorcio Norteamérica para la construcción de estas parcelaciones, un proyecto que se presentó a la Secretaría de Planeación de Bello desde 2009. De este consorcio son accionistas John Jairo Suárez Martínez, quien fue representante a la Cámara en 2002-2006 por el partido Cambio Radical, y sus dos hijos, Esteban Suárez Vélez y David Suárez Vélez. También forman parte las firmas constructoras Equiproyectos S. A. S., Inversiones Editec S. A., Norconstrucción S. A. S. y Riomadera S. A. S. Para este cambio en el POT, la ciudadanía