Con poco gas se apaga nuestra seguridad energética
En medio del incremento a las tarifas del gas natural y la creciente necesidad de importarlo, toman relevancia las discusiones sobre la seguridad energética del país y el impulso de una transición hacia fuentes alternativas de energía.
Entre el águila y el dragón
La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos, desatada bajo el Gobierno de Donald Trump, sacude al mundo desde el llamado “Día de la Liberación”. En este contexto, Colombia se enfrenta a un panorama incierto en el que, por ahora, parece apostarle a fortalecer su relación con el gigante asiático, pero las consecuencias de esta decisión podrían jugarle en contra. En la pugna entre China y Estados Unidos por la hegemonía económica mundial, países como Colombia están quedando en la mitad. Ilustración: José M. Holguín. El 2 de abril fue llamado por el presidente Donald Trump como el “Día de la Liberación” en Estados Unidos. Esto porque era el día pactado para anunciar un paquete de aranceles del 10 % para la mayoría de los países, y otros más altos para países y comunidades políticas como Vietnam (90 %), Taiwán (64 %) y la Unión Europea (39 %). Estos impuestos llegaron acompañados de declaraciones sobre las relaciones comerciales: “Durante décadas nuestro país ha sido estafado por países cercanos y lejanos […], pero eso no va a volver a ocurrir”, dijo. Desde esa fecha el principal objetivo de los aranceles ha sido China. Iniciaron en 67 %, luego escalaron hasta 145 % y, finalmente, tras un acercamiento entre las dos potencias, se establecieron de forma temporal en 30 % el 12 de mayo. Colombia, aliado histórico de EE. UU. en el continente, está en medio de ese campo de batalla geopolítico en el que los aranceles y la guerra comercial han obligado a decenas de países a tomar un bando. Así, el país mira hacia Europa, África y, principalmente, al Pacífico en busca de mejores oportunidades. A pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2012 con EE. UU., Colombia fue uno de los países que recibió en abril el 10 % de aranceles. Esto provocó respuestas por parte de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, en conjunto, anunciaron que lideran “una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para nuestras exportaciones”. La canciller Laura Sarabia también declaró, durante el “Día de la Liberación”, que buscaría negociar la eliminación de los aranceles a Colombia, y que enviaría formalmente la petición el 11 de abril, aunque hasta ahora no ha habido avances significativos. Detrás de esta conversación hay una razón importante: Colombia no puede responder recíprocamente a los aranceles, como sí pudieron hacerlo Brasil, China y la Unión Europea. Según Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit, “Colombia no tiene cómo responder con la misma moneda”. Además, la profesora piensa que no hacerlo es una buena decisión: “Es reconocer lo pequeña que es nuestra economía, lo frágil y dependiente que somos de Estados Unidos hoy”. La situación se complejiza más porque la economía colombiana depende, en gran medida, de las exportaciones e importaciones de este país norteamericano. “Colombia no debería renunciar del todo a la relación económica, comercial y política con los Estados Unidos, porque sigue siendo el principal comprador de nuestros productos de exportación”. Javier Sánchez, coordinador del semillero de investigación en Estudios Asiáticos de la Universidad de Antioquia. Tweet Según el Dane, hasta marzo de 2025, el 32.3 % de nuestros ingresos por exportaciones provenían de las realizadas a EE. UU. Además, el 39 % de todas las inversiones extranjeras directas del 2024 vinieron de ese país: cerca de 5550 millones de dólares. Por esto, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo en enero a CNN que no es posible reemplazar las exportaciones enviadas a EE. UU., como sugirió el presidente Petro en enero ante las amenazas de las imposiciones arancelarias de Trump. La dependencia económica de Colombia con EE. UU. viene desde más atrás. Sin ir muy lejos, para el año 2000 el 30 % de las exportaciones colombianas llegaron a manos norteamericanas y, de acuerdo con el Dane y el U. S. Census Bureau, en 2015, poco después de la firma del TLC, las exportaciones a ese país alcanzaron su punto más alto: el 40 % de los productos colombianos. Mantener una relación preferente con EE. UU. es riesgoso. Como dice Javier Sánchez, “la imposición de aranceles a México y Canadá por parte de Trump demuestra la volatilidad de depender de un socio que prioriza sus intereses sobre la estabilidad regional”. Por su parte, quienes se han acercado a China han enfrentado consecuencias directas desde Washington: el 28 de febrero del 2025 Trump afirmó que el canal de Panamá estaba bajo influencia china, y amenazó con medidas arancelarias a este país. En consecuencia, Panamá decidió no renovar el acuerdo de entendimiento con China que está vigente hasta el 2026 y por el cual hace parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Yo creo que es interesante ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque Trump está en una dinámica un poco amenazante: ellos o nosotros; pero tampoco está ofreciendo beneficios a cambio de elegirlos a ellos. Puede que Panamá se quede sin el pan y sin el queso”. Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit. Tweet La vía hacia el Lejano Oriente Cientos de países se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que inició en 2013 con Xi Jinping, presidente de China. Esta estrategia se basa en la financiación de grandes proyectos de infraestructura por todo el mundo, como puertos en el océano Índico, el Sudeste Asiático, África y ciertos puntos de Europa, además de gasoductos y vías férreas entre Asia y Europa con el objetivo de consolidar la economía china. Panamá fue el primer país de la región en adherirse a este acuerdo en el 2017. Le siguieron Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina. Colombia fue el último en sumarse. El 14 de mayo Gustavo Petro firmó el ingreso del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante una
¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta cuando el Gobierno es de izquierda?
Aunque no hay avances sustanciales en la promesa de reformar la Ley 30 de 1992, que organiza “el servicio público” de educación superior, los universitarios todavía se debaten sobre qué posición tomar, como movimiento social, frente al Gobierno de Gustavo Petro. Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo. Ha pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos. La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma. La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz. A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política. Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior. Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió. El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política. Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla. “El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento. “El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la univerisdad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las conyunturas políticas, sociales y económicas del país”. Carlos Díaz A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”. En debate permanente El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz. Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil. Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros. La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar. Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC. Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en
