Semillas nativas: la lucha comunitaria por la soberanía alimentaria en el Atrato
En El Carmen de Atrato, campesinos y científicos han descubierto que la única manera de salvar sus semillas es poniendo a dialogar lo ancestral con lo técnico. De ese encuentro nació un protocolo intercultural que hoy protege la vida del territorio. Ilustración por Luisa Fernanda Arango. Es luna menguante y Ligia Ortega ya tiene sus semillas preparadas. A sus 68 años —que a veces le pesan en el cuerpo pero no en la memoria— dice que sus manos han aprendido a reconocer las de mejor calidad, esas que pueden resistir un clima cada vez más cambiante. Como muchos otros campesinos de El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, Ligia se sabe custodia de uno de los patrimonios naturales más importantes de su pueblo: las semillas nativas. Es reconocida como una sabedora del territorio y se asume guardiana y narradora de prácticas que no deberían desaparecer. Nació en una familia de agricultores, en un hogar atravesado por la herencia antioqueña y la chocoana, donde cultivar la tierra era parte de la vida cotidiana. “El Carmen de Atrato es un municipio frío y montañoso —explica—. Estamos en una parte bajita, pero alrededor hay muchas cimas. Incluso el río Atrato nace en una de esas montañas inmensas. Cuando llega a nuestro municipio ya viene más crecido, y cuando avanza por el Chocó se vuelve navegable”. Así describe Ligia el territorio que la vio crecer. En su memoria hay un Carmen distinto; uno más frío, en el que vivían envueltos en neblina, y el río Atrato era “vida pura”, con peces grandes, agua cristalina y familias que se bañaban sin miedo a enfermarse. Hoy, dice con tristeza, “ese río ya no tiene color claro”, y los peces han ido desapareciendo, arrasados por la actividad minera. Hace unos veinte años, el municipio era conocido como la despensa agrícola de Quibdó, por la riqueza de sus suelos y la abundante producción que abastecía los mercados de la capital chocoana. Desde muy pequeña, Ligia ayudaba a su papá —agricultor toda la vida— en las labores del campo y recuerda que su familia siempre tuvo una profunda vocación agrícola. “Aquí se cultiva de todo —relata—. Antes solo dábamos café, naranja y un plátano que conocíamos como el enano. Pero ahora producimos guanábana, borojó, fríjol, marañón y cebolla en rama. Sin embargo, ya no es como antes: las veredas se han ido apagando, muchas semillas antiguas se han perdido y el clima ha cambiado tanto que ahora incluso tenemos más variedades de café”. Esa preocupación colectiva abrió el camino para que campesinos, sabedores e investigadores unieran esfuerzos en la recuperación y cuidado de las semillas nativas. *** En un convite formado por 20 campesinos de la zona y dos sabedores —entre ellos, Ligia—la comunidad se reúne en una jornada de trabajo colectivo con investigadores de Agrosavia —Corporación colombiana de investigación agropecuaria— para limpiar el terreno, seleccionar las semillas y proceder a sembrarlas. Allí se entrelazan sus saberes tradicionales, transmitidos de generación en generación, con nuevas técnicas validadas científicamente que, señala Ligia, son fundamentales para que los cultivos crezcan bien y sin plagas. Ella, así como sus compañeros de jornada, sabe que tanto la preservación de semillas criollas —aquellas que no han sido intervenidas genéticamente— como el rescate y la protección de la vocación ancestral de producción agrícola de El Carmen de Atrato es tal vez su misión más importante.Y es, al mismo tiempo, la manera que tienen de proteger esa relación profunda y simbólica que los une con el río. Durante las últimas décadas, las semillas han sufrido una profunda transformación y vulneración debido a la expansión de la minería industrial por parte de la empresa MINNER S.A., propiedad de la canadiense Atico Mining Corporation. A partir de las cerca de 6.356 hectáreas destinadas a la explotación de cobre y otros minerales, la actividad minera ha contaminado el territorio, deteriorado los suelos y el río, y reducido drásticamente la disponibilidad de alimentos. A esto se suma que, en mayo de 2025, la licencia de operación fue renovada por 30 años más. El municipio hoy enfrenta una crisis de seguridad alimentaria, la desaparición de semillas y cultivos tradicionales, el abandono del campo por parte de los jóvenes y la pérdida progresiva de conocimientos agrícolas ancestrales. Ramón Cartagena, miembro de los Guardianes del río Atrato, relata que hoy los jóvenes prefieren trabajar en la mina antes que cultivar la tierra y esa elección ha ido vaciando las veredas de campesinos. También, ha llevado al municipio a perder su capacidad de autoabastecimiento; hoy buena parte de los alimentos que consumen en Carmen de Atrato son traídos desde municipios como Urrao. Algunas semillas, como las de la calabaza ‘Victoria’ y dos variedades de fríjoles, ya han desaparecido.Unas cuantas más, como la del fríjol petaco, están en riesgo de extinguirse. Y a esto se suma un problema adicional: la dificultad de los caficultores para vender su producción, ya que desde el 2022, la tienda de la Cooperativa de Caficultores de Andes —que compraba la producción local— cerró, obligando a los productos a movilizarse hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su cosecha. Esto ha provocado que el café, que alguna vez sostuvo a muchas familias, hoy se quede embodegado en las fincas o sea vendido a intermediarios que pagan casi nada por él. Las palabras de Ramón destilan la nostalgia de un territorio que fue fértil antes de que la minería “cambiara al pueblo” y lo volviera un lugar donde los jóvenes ya no sueñan con el campo. Recuerda árboles desaparecidos —como el comino o el cedro— como si fueran familiares que se marcharon sin despedirse. También evoca semillas que ya no se encuentran en la región y cómo su ausencia se llevó consigo una parte de la memoria campesina. Y aun así, en medio de esa tristeza, hay una ternura enorme en la forma en que recuerda la siembra: “Muy empírico todo”, dice, un aprendizaje nacido de observar a los mayores, de manos que crecieron con ellos más que de
¿Cómo funciona el comercio privado en una universidad pública?
Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia explican la lógica del comercio formal (y privado) dentro de la universidad pública más importante del departamento**. Mapa de la oferta comercial en Ciudad Universitaria. Fuente: Página web Universidad de Antioquia. En medio de las llamadas «asambleas por convivencia», el impacto de la Resolución Rectoral 52880 del pasado lunes 10 de noviembre y el revuelo que ambas causaron en la comunidad universitaria, desde De La Urbe nos preguntamos cómo funciona el comercio privado dentro de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad de Antioquia y por qué, aún siendo una universidad pública, la mayoría de los locales son de privados y con precios elevados, parecidos al mercado externo a la U. Para esto, hablamos con Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano, quienes explican cómo funciona el comercio formal y privado dentro de la UdeA y por qué, aún con esa oferta, siguen creciendo las ventas informales, incluso al lado de locales activos como los Domo Café, en un campus en el que cada día circulan entre 28.000 y 30.000 personas. ¿Cómo es el proceso para alquilar un local dentro de la Universidad? Juan Gabriel García: En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión. Fue una directriz de [la oficina] jurídica, entonces ahora se hace de esa forma. Cuando tenemos un local desocupado porque alguien se fue, que renunció a la concesión y no firma la renovación o no pide renovación, el local se libera. Hay otras formas en las que los locales se liberan: cuando las personas no cumplen con el pago de la concesión mensual, tienen muchos atrasos o presentan dificultades con la interventoría que se les hace a los locales. ¿Cómo se hace la concesión? Juan Gabriel García: A través del portal se hace una convocatoria con el estudio de cuánto más o menos puede costar el local en el mercado. Las propuestas que lleguen a la Universidad se estudian y a la más pertinente se le asigna el local. ¿Hace cuánto funciona el modelo de concesión? Karen Ramírez: Desde hace cinco años estamos llevando contratos de concesión. ¿Quién hace la interventoría? Karen Ramírez: Lo que tiene que ver con los locales está pasando a la Vicerrectoría Administrativa para hacer la ordenación del caso, o sea, para actuar como los representantes de la Universidad que suscriben el contrato, y la interventoría la hace la División de Infraestructura Física. Hasta este momento era el Departamento de Desarrollo Humano el que tenía la interventoría técnica, pero siempre nos acompañamos de la Escuela de Nutrición y Dietética, con la que tenemos un acta de compromiso para que desde el punto de vista técnico realicen la interventoría a cada uno de los expendios de alimentos. ¿Cada cuánto se hace la interventoría? Karen Ramírez: A los locales se les realizan visitas periódicas. Podemos hacerlo una vez cada mes, cada dos meses o según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos algún reporte ante cualquier situación, la interventoría de inmediato actúa. ¿Cuántos locales hay en total en Ciudad Universitaria? Juan Gabriel García: En Ciudad Universitaria tenemos 33 locales comerciales. Obviamente no todos son de alimentos. Tenemos un local que ocupa la Cooperativa de Profesores de la Universidad (Cooprudea), tenemos papelerías. De alimentos tenemos 21. «En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión». Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario ¿Cuánto cobra la Universidad por cada local? Karen Ramírez: Dentro de la convocatoria se hace un análisis de mercado según las circunstancias concretas del momento específico. Se establece un precio, se saca una convocatoria donde se dice cuál es el valor, se establecen los requisitos, entendiendo que hasta el momento que nosotros administrábamos [antes del paso a la Vicerrectoría Administrativa] hay un incremento anual del 8 % y quienes están interesados se presentan y se les asigna con ese valor. ¿Cuánto duran las concesiones? Karen Ramírez: La idea es hacer prórrogas. No son automáticas. Una vez está por terminar el contrato, se hace una renovación con las partes que suscriben la prórroga por el periodo de un año. ¿En qué se invierte ese dinero que la Universidad recauda? Juan Gabriel García: Hasta el momento, porque este proceso está pasando a la Vicerrectoría Administrativa, el recurso llega a unos fondos especiales de la Dirección de Bienestar. Esos recursos se invierten en apoyos económicos a estudiantes, entre los que está el bono de alimentación. ¿Qué va a pasar [con el cambio de administración]? No lo tenemos todavía seguro, pero se está revisando. Los locales comerciales se han visto muy deteriorados en la Universidad y con la escasez de recursos no se alcanza a hacer adecuaciones. Entonces, con el paso a la División de Logística e Infraestructura de la Vicerrectoría Administrativa, se está revisando cuánto del ingreso va a pasar para apoyos a estudiantes por parte de Bienestar y cuánto para la readecuación y sostenimiento de los locales comerciales. ¿Han recibido quejas por los precios específicamente? Juan Gabriel García: Nosotros no hemos tenido quejas formales por los precios, sí hemos tenido comentarios de algunos decanos en reuniones donde nos dicen que en ciertos locales los precios son muy elevados. Sabemos que en la Universidad tenemos algunos productos que son muy específicos y que compran las personas que tienen los recursos, pero también tenemos otros apoyos en Bienestar como el servicio de alimentación para las personas que realmente tengan la necesidad y por eso pasan por una revisión con un trabajador social […] Digamos que en la Universidad hay una variedad de precios donde las personas pueden comprar. ¿Existe alguna regulación sobre los precios que deben tener los locales? Karen Ramírez: Habíamos reglamentado, inclusive, que un palito de queso tuviera un valor específico, que el