La explotación sexual no se erradica persiguiendo extranjeros
Durante los últimos meses, el alcalde Federico Gutiérrez ha emprendido una mediática cacería de extranjeros pedófilos en Medellín apoyado por la creciente opinión desfavorable hacia los “gringos” ‒ese genérico que usamos para referirnos a los extranjeros del “primer mundo”‒ y el rechazo hacia el turista que llega en busca de sexo. Esta iniciativa, que se fortaleció a raíz del caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, hallado en un hotel con dos menores de edad de 12 y 13 años a quienes habría explotado sexualmente, detonó medidas como el Decreto 0248 de 2024 que, con un enfoque prohibicionista, deja en evidencia la angosta mirada que tenemos en la ciudad sobre un problema que va más allá de los “gringos” y El Poblado. Es cierto que urge tomar medidas sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y que se agradece que esta Alcaldía parezca tenerla entre sus prioridades, pero el discurso que se ha ido tejiendo en Medellín alrededor de este tema se limita a exponer a los “gringos” como los principales culpables y deja en segundo plano a los abusadores locales, las redes y las víctimas adultas de explotación sexual, y otras zonas de la ciudad con esta problemática, como el Centro, la 33, la 70 y Castilla. El rechazo que ha crecido entre los habitantes de Medellín hacia esos “gringos”, aunque justificado, se queda corto frente al panorama completo de la explotación y deja tranquilas a las organizaciones criminales que gozan de un chivo expiatorio para no ser juzgadas. Los pederastas extranjeros no vendrían a la ciudad tan entusiasmados si no existieran redes de trata para respaldar sus deseos. Según un reportaje de Vorágine, en Medellín “la explotación sexual infantil está conformada por personas colombianas y venezolanas que usan a menores de edad como ‘anzuelo’ para moverse por las comunas y los colegios reclutando más niños y niñas”, por lo que centrarse en la persecución del eslabón final de la cadena de explotación no basta para erradicarla. En escenarios que trascienden a El Poblado es donde se gestan las estructuras de las redes de explotación. Aun si se pusiera un cerco gigante alrededor de toda la Comuna 14, la actividad delictiva seguiría desarrollándose en los barrios de Medellín y la prostitución solo se movería a los lugares aledaños. Además, la ESCNNA y el trabajo sexual se siguen demandando y pactando en el espacio digital, hasta ahora poco considerado por las estrategias de la Alcaldía, como quedó en evidencia con la “suspensión” física de la demanda de prostitución en el parque Lleras y sus alrededores. Expandir la visión sobre la explotación sexual implica tener en cuenta las actividades que se desarrollan en otras comunas y en internet, entendiendo que sucede y ha sucedido más allá del turismo “gringo”. El Decreto 0248 tiene un plazo de seis meses y rige en el espacio comprendido entre el parque El Poblado y la carrera 32D, dos cuadras más arriba de Provenza. El resto de los escenarios donde se dan los delitos asociados a la ESCNNA siguen gozando de la clandestinidad, mientras que las trabajadoras sexuales de la Comuna 14 quedaron a la deriva y se sienten estigmatizadas por las medidas transitorias que prohíben su actividad en el espacio público. La cartilla “Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023”, de la Universidad de Antioquia y la Mesa contra la ESCNNA Medellín, advertía, para finales de 2019, que un problema que persiste en la lucha contra la explotación sexual es la falta de enfoque territorial y diferencial en la respuesta a estos casos, así como el abordaje a los diferentes tipos de explotadores. La alcaldía de Daniel Quintero, en su intento de incentivar el turismo, no desarrolló una estrategia adecuada para prevenir o mitigar los problemas que pudiesen potenciarse con la visita de extranjeros, por lo que ahora le corresponde al gobierno de Gutiérrez ejecutar un plan integral que permita disminuir las cifras de víctimas ‒según el Observatorio de ESCNNA de la ONG Valientes Colombia, en 2023 fueron 329 las víctimas de delitos asociados con la ESCNNA en Medellín‒ y evitar que continúe el reclutamiento de menores con fines de trata y explotación. En medio de los debates sobre la gentrificación, el encarecimiento de la vida y la explotación sexual ha sido sencillo poner a los “gringos” en el centro de la culpa. Más allá de su grado de responsabilidad evidente, permeada también por el colonialismo y por la idea de que pueden cometer en otro país los delitos que no se atreven en el suyo, hay un legado de narcotráfico y misoginia además de una falta de regulación estatal que han permitido sostener las prácticas comerciales y delictivas que terminamos por padecer los habitantes de Medellín. Si el debate deja de limitarse a la idea de que los “gringos” son los artífices de los males de la ciudad, será posible desentrañar la verdadera complejidad de la explotación sexual, con todas sus víctimas y victimarios.
La jugada prohibicionista del alcalde
Foto: Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas. La «jugada» de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público. Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una «criminalización administrativa mediante restricciones policiales» y una «falsa solución a los problemas de seguridad». La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras. El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos. Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial. Esa fue la parte que le quedó faltando. Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto. El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos. A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019. Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados. En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos. Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa. En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.