Semillas nativas: la lucha comunitaria por la soberanía alimentaria en el Atrato
En El Carmen de Atrato, campesinos y científicos han descubierto que la única manera de salvar sus semillas es poniendo a dialogar lo ancestral con lo técnico. De ese encuentro nació un protocolo intercultural que hoy protege la vida del territorio. Ilustración por Luisa Fernanda Arango. Es luna menguante y Ligia Ortega ya tiene sus semillas preparadas. A sus 68 años —que a veces le pesan en el cuerpo pero no en la memoria— dice que sus manos han aprendido a reconocer las de mejor calidad, esas que pueden resistir un clima cada vez más cambiante. Como muchos otros campesinos de El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, Ligia se sabe custodia de uno de los patrimonios naturales más importantes de su pueblo: las semillas nativas. Es reconocida como una sabedora del territorio y se asume guardiana y narradora de prácticas que no deberían desaparecer. Nació en una familia de agricultores, en un hogar atravesado por la herencia antioqueña y la chocoana, donde cultivar la tierra era parte de la vida cotidiana. “El Carmen de Atrato es un municipio frío y montañoso —explica—. Estamos en una parte bajita, pero alrededor hay muchas cimas. Incluso el río Atrato nace en una de esas montañas inmensas. Cuando llega a nuestro municipio ya viene más crecido, y cuando avanza por el Chocó se vuelve navegable”. Así describe Ligia el territorio que la vio crecer. En su memoria hay un Carmen distinto; uno más frío, en el que vivían envueltos en neblina, y el río Atrato era “vida pura”, con peces grandes, agua cristalina y familias que se bañaban sin miedo a enfermarse. Hoy, dice con tristeza, “ese río ya no tiene color claro”, y los peces han ido desapareciendo, arrasados por la actividad minera. Hace unos veinte años, el municipio era conocido como la despensa agrícola de Quibdó, por la riqueza de sus suelos y la abundante producción que abastecía los mercados de la capital chocoana. Desde muy pequeña, Ligia ayudaba a su papá —agricultor toda la vida— en las labores del campo y recuerda que su familia siempre tuvo una profunda vocación agrícola. “Aquí se cultiva de todo —relata—. Antes solo dábamos café, naranja y un plátano que conocíamos como el enano. Pero ahora producimos guanábana, borojó, fríjol, marañón y cebolla en rama. Sin embargo, ya no es como antes: las veredas se han ido apagando, muchas semillas antiguas se han perdido y el clima ha cambiado tanto que ahora incluso tenemos más variedades de café”. Esa preocupación colectiva abrió el camino para que campesinos, sabedores e investigadores unieran esfuerzos en la recuperación y cuidado de las semillas nativas. *** En un convite formado por 20 campesinos de la zona y dos sabedores —entre ellos, Ligia—la comunidad se reúne en una jornada de trabajo colectivo con investigadores de Agrosavia —Corporación colombiana de investigación agropecuaria— para limpiar el terreno, seleccionar las semillas y proceder a sembrarlas. Allí se entrelazan sus saberes tradicionales, transmitidos de generación en generación, con nuevas técnicas validadas científicamente que, señala Ligia, son fundamentales para que los cultivos crezcan bien y sin plagas. Ella, así como sus compañeros de jornada, sabe que tanto la preservación de semillas criollas —aquellas que no han sido intervenidas genéticamente— como el rescate y la protección de la vocación ancestral de producción agrícola de El Carmen de Atrato es tal vez su misión más importante.Y es, al mismo tiempo, la manera que tienen de proteger esa relación profunda y simbólica que los une con el río. Durante las últimas décadas, las semillas han sufrido una profunda transformación y vulneración debido a la expansión de la minería industrial por parte de la empresa MINNER S.A., propiedad de la canadiense Atico Mining Corporation. A partir de las cerca de 6.356 hectáreas destinadas a la explotación de cobre y otros minerales, la actividad minera ha contaminado el territorio, deteriorado los suelos y el río, y reducido drásticamente la disponibilidad de alimentos. A esto se suma que, en mayo de 2025, la licencia de operación fue renovada por 30 años más. El municipio hoy enfrenta una crisis de seguridad alimentaria, la desaparición de semillas y cultivos tradicionales, el abandono del campo por parte de los jóvenes y la pérdida progresiva de conocimientos agrícolas ancestrales. Ramón Cartagena, miembro de los Guardianes del río Atrato, relata que hoy los jóvenes prefieren trabajar en la mina antes que cultivar la tierra y esa elección ha ido vaciando las veredas de campesinos. También, ha llevado al municipio a perder su capacidad de autoabastecimiento; hoy buena parte de los alimentos que consumen en Carmen de Atrato son traídos desde municipios como Urrao. Algunas semillas, como las de la calabaza ‘Victoria’ y dos variedades de fríjoles, ya han desaparecido.Unas cuantas más, como la del fríjol petaco, están en riesgo de extinguirse. Y a esto se suma un problema adicional: la dificultad de los caficultores para vender su producción, ya que desde el 2022, la tienda de la Cooperativa de Caficultores de Andes —que compraba la producción local— cerró, obligando a los productos a movilizarse hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su cosecha. Esto ha provocado que el café, que alguna vez sostuvo a muchas familias, hoy se quede embodegado en las fincas o sea vendido a intermediarios que pagan casi nada por él. Las palabras de Ramón destilan la nostalgia de un territorio que fue fértil antes de que la minería “cambiara al pueblo” y lo volviera un lugar donde los jóvenes ya no sueñan con el campo. Recuerda árboles desaparecidos —como el comino o el cedro— como si fueran familiares que se marcharon sin despedirse. También evoca semillas que ya no se encuentran en la región y cómo su ausencia se llevó consigo una parte de la memoria campesina. Y aun así, en medio de esa tristeza, hay una ternura enorme en la forma en que recuerda la siembra: “Muy empírico todo”, dice, un aprendizaje nacido de observar a los mayores, de manos que crecieron con ellos más que de
Raíces de resistencia: mujeres raizales que restauran manglares en Santa Catalina
En medio de la crisis climática, las mujeres raizales de Santa Catalina, en el Caribe insular colombiano, siembran semillas de manglares para reforestar la barrera natural que protegió a la comunidad del desastre ambiental del huracán Iota. Virginia Webster sostiene el manglar rojo en agua. Foto: Ana María Jessie. Virginia Webster está de pie en el patio de su casa en la isla de Santa Catalina, bajo un vivero remendado por tubos de hierro oxidados por la salinidad de la mar. Tiene varias mesas de madera en las que están organizados los manglares en bolsas de tierra que apenas comienzan a crecer botando sus primeras hojas verdes. En otra mesa están las semillas de mangles aboyando en envases plásticos llenos de agua donde brotan sus raíces. Con sus manos señala los manglares que está por trasplantar a la tierra o al mar, y al mismo tiempo se lamenta; hay algunos que se han marchitado, porque entre el trabajo del hospital local de Providencia y los quehaceres de su casa, el tiempo no le da para estar aquí y allá. Tiene que sobrevivir, en una isla donde es imposible sostenerse con el salario mínimo y la crisis climática con desastres ambientales, como el huracán Iota, llegan a empeorarlo todo. Pero ve los manglares que van floreciendo, la barrera marchitada con huecos gigantes que tiene solo mangles secos, y se recuerda a ella misma por qué empezó a sembrar de manera voluntaria estas plantas anfibias. “Esta idea me nació después del huracán Iota, los manglares protegieron a toda la comunidad y a los animales”, cuenta. La línea de manglares que bordea la isla de Santa Catalina fue una barrera contra la fuerza de las olas, que golpeaban la orilla con más de siete metros de altura, y del viento, que con fuerza se llevaba todo a su paso. La noche del 15 de noviembre del 2020, el huracán Iota —de categoría cinco— destruyó el 98 % de la infraestructura de Old Providence and Ketlina (Providencia y Santa Catalina) y el 90 % de su ecosistema marino y bosque seco tropical que conforma el archipiélago de San Andrés, Old Providence and Ketlina, localizado en el Caribe occidental, a cerca de 750 kilómetros del territorio continental colombiano. Cuando Webster se encontró con el desastre, el 16 de noviembre, lloró mucho al ver que su casa no estaba ni la de los vecinos. Todo lo que había construido en sus 53 años se lo llevó la mar furiosa. “Yo lloré, lloré mucho. Lo perdimos todo. Todo lo que uno ha trabajado para tener toda su vida lo perdimos en un solo día”. El huracán Iota causó la muerte de tres personas y dejó a 2.347 familias damnificadas, de acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD). En cuanto a infraestructura, dejó un saldo de 1.088 viviendas colapsadas, 877 averiadas y 150 equipamientos turísticos afectados, según la Veeduría Cívica Old Providence. Mientras las dos islas intentaban recuperarse y sobrevivir en medio de la ausencia histórica del Estado, Webster agradeció a Dios y a los manglares, y junto a seis mujeres raizales de su comunidad decidió buscar semillas en los manglares del suroeste de Providencia donde el manglar se enraiza con la tierra firme. “Los manglares de Santa Catalina crecen a orillas de la mar y cuando la semilla cae, la corriente se la lleva. Por eso junto a mis compañeras nos metimos manglar dentro, buscábamos las semillas y las poníamos en agua, para que comenzaran a echar raíces”, explica Webster mientras señala los tipos de manglares. “Aquí tenemos cuatro clases de manglares: está el rojo que crece más a la orilla, o sea al nivel del mar; el negro; el blanco, y el botón. Esos son los que existen en nuestra isla y todos son importantes”, explica Webster al tiempo que toca las hojas de los manglares que están floreciendo en su patio. Aunque han pasado cinco años del paso del huracán Iota en las dos islas, la barrera de manglares de Santa Catalina no se ha recuperado totalmente; de esos manglares verdes que de lejos parecían ser uno junto a la montaña, solo quedan cayos distanciados que intentan sobrevivir y donde los cangrejos apenas encuentran refugio. Barrera de manglares de Santa Catalina destruida por el huracán Iota. Foto: Ana María Jessie. “Antes de que pasara el huracán, los manglares eran muy frondosos. Cobijaban gran parte de las zonas costeras, no se alcanzaba a ver a través de ellos, no entraban vientos fuertes, estaban llenos de cangrejos, de aves. Eran altos y formaban parte del paisaje”, dice Paola James, trabajadora social y lideresa raizal de Providencia y Santa Catalina El biólogo marino, Fernando Cárdenas, quien trabaja actualmente con macroalgas marinas, explica que los manglares tienen varias funciones ecosistémicas y costeras que son clave en comunidades de primera línea del cambio climático. “La primera es que fungen como una barrera de protección física contra el oleaje y los vientos que vienen de ultramar. Con el arrecife de coral el oleaje pierde el 70 % de su fuerza, y el restante se ve contrarrestada por los manglares”, sostiene. Asimismo, James explica que los manglares son protectores de comunidades insulares: “Los manglares garantizan la vida en este lugar; hacen que los vientos no lleguen de forma directa. Santa Catalina está en la parte norte, entonces recibe bastantes vientos y la marea sube con más facilidad. Los habitantes están al nivel del mar prácticamente. Es fundamental restaurarlos para la vida y para mantener la salud de ese lugar”. Para las mujeres raizales que hacen esta labor comunitaria es importante que los manglares rojos florezcan y no mueran, debido a que este tipo es más resistente a tormentas y huracanes porque sus raíces se agarran con fuerza a la tierra. Después de poner las semillas de manglares por 15 días en envases de agua, Webster las pasa a bolsas de tierra donde van a empezar a sostenerse y crecer hasta que comienzan a echar hojas. “Los manglares que no son
Financiar la adaptación: entre promesas globales y realidades locales
Colombia necesita adaptarse al cambio climático y lo hace a través de deuda. Una experiencia en el Lago de Tota, muestra los retos y aprendizajes para aprovechar mejor la financiación climática que llega al país. Ilustración por Matildetilde (IG: @matildetil). Colombia se endeuda para financiar asuntos de biodiversidad y cambio climático: el 93 % del financiamiento destinado a estos temas en 2023 fue a través de préstamos. Aunque el Acuerdo de París responsabiliza a los países desarrollados —que más contaminan— de financiar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en los países del sur global —los más afectados—, muchos de estos recursos generan deuda para los Estados que los obtienen. Además, el dinero que actualmente sí se recibe para acciones de adaptación en forma de donación, desde fondos creados por organismos como la conferencias de las partes sobre cambio climático (COP), no se aprovecha completamente en los territorios debido a retos que aún persisten en distintos niveles: los organismos internacionales, el Estado receptor —en este caso, Colombia— y las comunidades locales. Enfrentar estas dificultades permitiría que los fondos que hoy se implementan tengan los resultados esperados y sean sostenibles en el tiempo, así como preparar a las comunidades para el financiamiento directo que se viene discutiendo en escenarios como las COP. La financiación para la adaptación es un acto de justicia Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2 ni de otros gases causantes del cambio climático global. De hecho, son los países desarrollados los que más han generado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, quienes tienen mayor responsabilidad de restablecer la salud e integridad de la Tierra, como lo indica el Principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto también lo reafirma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que señala, además, que los países desarrollados tienen el deber de apoyar a los más vulnerables para hacer frente a los efectos del cambio climático. En el territorio nacional, los impactos económicos del cambio climático y de la variabilidad climática son evidentes. Por ejemplo, en 2010 y 2011, Colombia vivió la fuerza del fenómeno de La Niña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las lluvias e inundaciones generaron pérdidas por 11,2 billones de pesos, afectaron a 3,2 millones de personas y concentraron el 82 % de los daños en vivienda e infraestructura. El evento dejó en evidencia la profunda vulnerabilidad del país y la falta de estrategias de adaptación frente a fenómenos extremos. Desde entonces, fenómenos exacerbados por el cambio climático —como los incendios y la sequía de 2024— muestran la urgencia de fortalecer capacidades locales e involucrar a las comunidades en la prevención y atención de desastres, mediante acciones de adaptación. Aquellas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático Pero esto requiere recursos y, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, el 93 % del financiamiento internacional que ha recibido Colombia para biodiversidad y cambio climático ha creado endeudamiento; solo el 7 % corresponde a donaciones. La COP30 y el dinero para la adaptación El tema de financiamiento climático, especialmente las cantidades de dinero que deben aportar los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones de adaptación, entre otras, es uno de los principales puntos de discusión durante las conferencias de las partes. En la pasada COP30, realizada en noviembre de 2025 en Brasil, se lograron avances importantes en financiación climática, aunque sin romper la tendencia dominante: la mayor parte de los recursos internacionales sigue llegando en forma de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo. María Paula González Espinel, abogada de Ambiente y Sociedad, indica que solo se hizo un llamado a trabajar en la posibilidad de que el financiamiento tenga mejores condiciones que las tasas del mercado o exista una mayor opción de subvenciones, pero no quedó como una obligación para las Partes. En la COP30 se definieron por primera vez indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA), orientados a medir avances en resiliencia —desde el acceso al agua hasta la mortalidad por calor extremo—, que permitirían identificar brechas en la inversión, sectores con mayor financiamiento y grupos poblacionales más expuestos (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas). Sin embargo, muchos fueron modificados a última hora, quedando incompletos o técnicamente inviables; por lo que seguirán siendo discutidos en las negociaciones previas que se realizan cada año, en Bonn (Alemania), antes de la próxima COP, y no es claro si los países estarán dispuestos a comenzar a utilizarlos. La conferencia concluyó con el compromiso de triplicar la financiación para adaptación hacia 2035, lo que significa destinar unos 120 mil millones de dólares anuales a adaptación dentro del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), adoptado desde la COP29. Sin embargo, esta cifra sigue muy por debajo de las necesidades reales, pues el IHLEG estima que solo las economías emergentes y en desarrollo –incluída Colombia– requerirán 400 mil millones anuales exclusivamente para adaptación, dentro de un total de 3,2 billones necesarios para el clima y la naturaleza. En respuesta a esta brecha, la Hoja de Ruta Baku to Belém plantea movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento externo para los países en desarrollo para 2035, aunque su cumplimiento dependerá del compromiso de las Partes y de una mayor cooperación internacional. Además, la financiación para la adaptación continúa dependiendo casi totalmente del sector público, ya que muchos proyectos esenciales —como la protección costera frente a inundaciones— ofrecen poca rentabilidad y no atraen inversión privada. Mientras estas discusiones siguen latentes en el escenario internacional, con el pequeño porcentaje que llega a los países del sur global en forma de donaciones —o dinero que no debe devolverse— ya se están financiando proyectos de adaptación al cambio climático. Estas experiencias permiten comprender el proceso de financiación desde el planteamiento hasta la llegada a los territorios, así como